Cédula de control
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
MEXICO, D.F., 13 de noviembre (apro).- En su talante autoritario, Felipe Calderón primero militarizó la seguridad pública; ahora, va por el control de los datos de la población. El próximo miércoles 18, la Secretaría de Gobernación deberá dar a conocer los resultados de la licitación que lanzó en septiembre pasado para contratar el Servicio Nacional de Identificación Personal, cuya tarea primordial será la elaboración de la Cédula de Identidad de los mexicanos.
Sin precedente en el mundo, Calderón propone crear un ambicioso Sistema Nacional de Identificación Personal (SNIP) que no sólo pasa por encima de la Constitución, sino de las experiencias y recomendaciones internacionales. Apenas el 1 de junio de este año, el propio Calderón publicó el decreto de reforma al artículo 16 de la Constitución, dentro del capítulo de la tutela de garantías individuales. El Congreso añadió un segundo párrafo a ese ordenamiento que teóricamente coloca al Estado mexicano a la vanguardia internacional en la protección de datos personales, pero que Calderón anulará en la práctica si es que logra, con el aval del PRI en el Congreso, poner en marcha la emisión de la cédula de identidad.
La adición constitucional establece: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley". Esa ley "establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros".
La ley a la que se refiere la modificación es la Ley Federal de Protección de Datos Personales, cuya discusión y aprobación está pendiente en el Senado. En un auténtico madruguete, Calderón pretende iniciar la operación de la cédula a partir del próximo año, si es que el PRI le autoriza los mil 52 millones de pesos, en el Presupuesto de Egresos del próximo año, para que la Secretaría de Gobernación inicie el registro e identificación de la población. El SNIP tiene como componente central a la cédula, pero considera también el registro de los menores de edad.
Las estimaciones de Gobernación es que hacia el fin del gobierno calderonista estén registrados 110 millones de mexicanos. Además de la violación a la Ley General de Población, que exige un Programa del Registro Nacional de Población previo a la emisión de la cédula, Calderón hace de lado recomendaciones de Naciones Unidas respecto de la protección de los datos de identidad. En 1990, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución para que los países miembros del organismo que emitan cédulas de identidad, garanticen que éstas sean operadas por autoridades independientes.
No es el caso de lo que se propone Calderón, pues la base de datos de la población estará en manos de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad Personal, dependencia de la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación. De esa manera, el Ejecutivo dispondrá del control de la población a través de sus datos de identidad personal. No hay, por tanto, ninguna garantía de que esa base de datos se vaya a usar sólo para registro y no para fines políticos y persecución. Ningún país democrático ha tolerado un proyecto de este tipo. Cuando aún se discute internacionalmente qué datos biométricos deben estar bajo control de los gobiernos, la administración calderonista quiere crearle a cada habitante del país un archivo con la información biométrica del rostro, el iris y los diez dedos de las manos, además, desde luego, de sus datos personales, incluidos sus antecedentes paternos. Otra de las recomendaciones internacionales es evitar a toda costa la prestación de servicios externos, pues hay un altísimo riesgo de que las bases de datos con la información privada de los mexicanos sean traficadas por empresas privadas, como ocurrió ya con Choice Point.
La protección de los datos personales, la identidad y la seguridad son derechos sobre los que se está legislando en el mundo antes de emitir documentos de identidad, pues lo que está en juego es la vida privada de los individuos y el control que éstos deben tener sobre sus datos. Ese es un debate que a Calderón no le interesa. Lo que busca es tener el control de la población, haciéndose eco del falso dilema de la era Bush entre seguridad y libertad.
El expresidente estadunidense fracasó en un intento para imponer un documento de ese tipo. Calderón por la vía de los hechos, lo quiere imponer.
jcarrasco@proceso.com.mx
Sin precedente en el mundo, Calderón propone crear un ambicioso Sistema Nacional de Identificación Personal (SNIP) que no sólo pasa por encima de la Constitución, sino de las experiencias y recomendaciones internacionales. Apenas el 1 de junio de este año, el propio Calderón publicó el decreto de reforma al artículo 16 de la Constitución, dentro del capítulo de la tutela de garantías individuales. El Congreso añadió un segundo párrafo a ese ordenamiento que teóricamente coloca al Estado mexicano a la vanguardia internacional en la protección de datos personales, pero que Calderón anulará en la práctica si es que logra, con el aval del PRI en el Congreso, poner en marcha la emisión de la cédula de identidad.
La adición constitucional establece: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley". Esa ley "establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros".
La ley a la que se refiere la modificación es la Ley Federal de Protección de Datos Personales, cuya discusión y aprobación está pendiente en el Senado. En un auténtico madruguete, Calderón pretende iniciar la operación de la cédula a partir del próximo año, si es que el PRI le autoriza los mil 52 millones de pesos, en el Presupuesto de Egresos del próximo año, para que la Secretaría de Gobernación inicie el registro e identificación de la población. El SNIP tiene como componente central a la cédula, pero considera también el registro de los menores de edad.
Las estimaciones de Gobernación es que hacia el fin del gobierno calderonista estén registrados 110 millones de mexicanos. Además de la violación a la Ley General de Población, que exige un Programa del Registro Nacional de Población previo a la emisión de la cédula, Calderón hace de lado recomendaciones de Naciones Unidas respecto de la protección de los datos de identidad. En 1990, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución para que los países miembros del organismo que emitan cédulas de identidad, garanticen que éstas sean operadas por autoridades independientes.
No es el caso de lo que se propone Calderón, pues la base de datos de la población estará en manos de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad Personal, dependencia de la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación. De esa manera, el Ejecutivo dispondrá del control de la población a través de sus datos de identidad personal. No hay, por tanto, ninguna garantía de que esa base de datos se vaya a usar sólo para registro y no para fines políticos y persecución. Ningún país democrático ha tolerado un proyecto de este tipo. Cuando aún se discute internacionalmente qué datos biométricos deben estar bajo control de los gobiernos, la administración calderonista quiere crearle a cada habitante del país un archivo con la información biométrica del rostro, el iris y los diez dedos de las manos, además, desde luego, de sus datos personales, incluidos sus antecedentes paternos. Otra de las recomendaciones internacionales es evitar a toda costa la prestación de servicios externos, pues hay un altísimo riesgo de que las bases de datos con la información privada de los mexicanos sean traficadas por empresas privadas, como ocurrió ya con Choice Point.
La protección de los datos personales, la identidad y la seguridad son derechos sobre los que se está legislando en el mundo antes de emitir documentos de identidad, pues lo que está en juego es la vida privada de los individuos y el control que éstos deben tener sobre sus datos. Ese es un debate que a Calderón no le interesa. Lo que busca es tener el control de la población, haciéndose eco del falso dilema de la era Bush entre seguridad y libertad.
El expresidente estadunidense fracasó en un intento para imponer un documento de ese tipo. Calderón por la vía de los hechos, lo quiere imponer.
jcarrasco@proceso.com.mx
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