¿Quién defenderá el estado de derecho?
JESúS CANTú
Hace poco más de un mes, el pasado 6 de octubre, el alcalde electo de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, anunció por primera vez que conformaría su “escuadrón de la muerte”, y hasta hoy ninguna autoridad competente le ha marcado el alto. Primero lo hizo en una declaración al diario regiomontano El Norte, que lo publicó en su edición del 7 de octubre; después lo reiteró en su toma de posesión, el 31 de octubre, frente al mismo gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina; y ahora lo presume, a voz en cuello, en medios de comunicación local y nacional. Aunque niega que su “grupo de inteligencia y limpieza” sea un escuadrón de la muerte, declara enfáticamente: “Me voy a tomar atribuciones que no tengo”. Y advierte a los criminales: “Lo van a entender por las buenas o por las malas”.
En una entrevista radiofónica, Joaquín López Dóriga le preguntó directamente si “el grupo de limpieza actuará al margen de la ley”; el alcalde respondió: “Pues de alguna forma es correcto”. Sin eufemismos o rodeos, Fernández reconoce que viola la ley y su argumento es: “Como está el país, no lo vamos a arreglar, y de aquí a que lo cambien, no me voy a esperar”. Más allá del debate en torno a la ejecución de Héctor El Negro Saldaña y otros tres presuntos secuestradores y narcotraficantes, encontrados por las autoridades capitalinas cuatro horas después de que el munícipe lo diera a conocer en su toma de posesión, lo preocupante es la insolencia y desenfado con que anuncia que viola y violará la ley, y la pasividad de las autoridades competentes.
Tímidamente, el secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Jáuregui, se atrevió a señalar: “Las atribuciones son las que marca la ley, todo el mundo nos debemos regir (por) lo que marcan las leyes estatales, federales, municipales, y no podemos transgredir esa parte”. Pero, al menos por lo que publica El Norte en su edición del lunes 2 de noviembre, de inmediato lo contradijo el procurador de Justicia del Estado, Alejandro Garza y Garza, pues al ser cuestionado sobre la actuación del edil, respondió: “Es fabuloso”. Por su parte, las autoridades federales no han dicho esta boca es mía y Fernández presume que cuenta con el respaldo del asesor presidencial, Jorge Tello Peón.
Todas las experiencias de los escuadrones de la muerte son nefastas. Surgidos con los más diversos pretextos (exterminar comunistas, grupos terroristas, prostitución, tráfico de drogas y demás), siempre terminan fuera de control. Su misma naturaleza los convierte en violadores de los más elementales derechos humanos, pues los ejecutores seleccionan a sus víctimas sin darles el más mínimo derecho de audiencia, ya no se diga de defensa, y propicia toda clase de abusos, atropellos y asesinatos de inocentes. Además, siempre está el riesgo de que se repita el ejemplo de Los Zetas, que tienen su origen en el Ejército Mexicano y terminaron como el brazo armado de uno de los cárteles de la droga para, posteriormente, deshacerse de sus patrones y asumir directamente el control del cártel.
Finalmente, los ejecutores son “mercenarios” al servicio del mejor postor y no siempre será el alcalde el que los contrate. El que sea la misma autoridad la que violente el estado de derecho es simplemente regresar al origen de los males en México, pues la inseguridad tiene su origen precisamente en la constante violación de la ley por parte de las mismas autoridades. No es únicamente su pasividad o complicidad la que ha propiciado la impunidad, sino su participación directa en las actividades ilegales y delictivas. Hacerlo, y además ostentarlo, lo único que genera es más inseguridad. El alcalde sampetrino recurre a prácticas que ya demostraron reiteradamente su fracaso. Pero lo más preocupante es que, a pesar de que constituyen un delito en sí mismas, ninguna autoridad lo contenga y que haya sectores de la comunidad neoleonesa que lo aplaudan.
El combate a la inseguridad requiere energía y decisión, pero siempre con estricto apego a la ley. Muchos atropellos se cometen ya por parte de los cuerpos responsables de la seguridad en México (militares, policía federal, policías estatales y municipales), como se ha documentado reiteradamente en este semanario, para además integrar “cuerpos de limpieza” que actúen desde la clandestinidad y al margen de la ley, pero bajo el mando de un presidente municipal.
La Procuraduría General de la República debe frenar de inmediato esta violación flagrante al estado de derecho. Ignorar el hecho o mantener su silencio y pasividad es incurrir en responsabilidades, además de autorizar y alentar tácitamente la integración de cuerpos paramilitares o parapoliciacos y, por lo mismo, impulsar la inseguridad y la impunidad. Fernández tiene razón al señalar que hay que modificar urgentemente la estrategia de combate al crimen organizado y la inseguridad; pero la nueva estrategia tiene que basarse en una acción integral del Estado mexicano (no únicamente por la vía de la acción policiaca) y siempre con estricto apego a los derechos humanos y a la ley. Y, desde luego, eso implica poner fin a la impunidad, particularmente cuando los delitos los comete la misma autoridad.
En una entrevista radiofónica, Joaquín López Dóriga le preguntó directamente si “el grupo de limpieza actuará al margen de la ley”; el alcalde respondió: “Pues de alguna forma es correcto”. Sin eufemismos o rodeos, Fernández reconoce que viola la ley y su argumento es: “Como está el país, no lo vamos a arreglar, y de aquí a que lo cambien, no me voy a esperar”. Más allá del debate en torno a la ejecución de Héctor El Negro Saldaña y otros tres presuntos secuestradores y narcotraficantes, encontrados por las autoridades capitalinas cuatro horas después de que el munícipe lo diera a conocer en su toma de posesión, lo preocupante es la insolencia y desenfado con que anuncia que viola y violará la ley, y la pasividad de las autoridades competentes.
Tímidamente, el secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Jáuregui, se atrevió a señalar: “Las atribuciones son las que marca la ley, todo el mundo nos debemos regir (por) lo que marcan las leyes estatales, federales, municipales, y no podemos transgredir esa parte”. Pero, al menos por lo que publica El Norte en su edición del lunes 2 de noviembre, de inmediato lo contradijo el procurador de Justicia del Estado, Alejandro Garza y Garza, pues al ser cuestionado sobre la actuación del edil, respondió: “Es fabuloso”. Por su parte, las autoridades federales no han dicho esta boca es mía y Fernández presume que cuenta con el respaldo del asesor presidencial, Jorge Tello Peón.
Todas las experiencias de los escuadrones de la muerte son nefastas. Surgidos con los más diversos pretextos (exterminar comunistas, grupos terroristas, prostitución, tráfico de drogas y demás), siempre terminan fuera de control. Su misma naturaleza los convierte en violadores de los más elementales derechos humanos, pues los ejecutores seleccionan a sus víctimas sin darles el más mínimo derecho de audiencia, ya no se diga de defensa, y propicia toda clase de abusos, atropellos y asesinatos de inocentes. Además, siempre está el riesgo de que se repita el ejemplo de Los Zetas, que tienen su origen en el Ejército Mexicano y terminaron como el brazo armado de uno de los cárteles de la droga para, posteriormente, deshacerse de sus patrones y asumir directamente el control del cártel.
Finalmente, los ejecutores son “mercenarios” al servicio del mejor postor y no siempre será el alcalde el que los contrate. El que sea la misma autoridad la que violente el estado de derecho es simplemente regresar al origen de los males en México, pues la inseguridad tiene su origen precisamente en la constante violación de la ley por parte de las mismas autoridades. No es únicamente su pasividad o complicidad la que ha propiciado la impunidad, sino su participación directa en las actividades ilegales y delictivas. Hacerlo, y además ostentarlo, lo único que genera es más inseguridad. El alcalde sampetrino recurre a prácticas que ya demostraron reiteradamente su fracaso. Pero lo más preocupante es que, a pesar de que constituyen un delito en sí mismas, ninguna autoridad lo contenga y que haya sectores de la comunidad neoleonesa que lo aplaudan.
El combate a la inseguridad requiere energía y decisión, pero siempre con estricto apego a la ley. Muchos atropellos se cometen ya por parte de los cuerpos responsables de la seguridad en México (militares, policía federal, policías estatales y municipales), como se ha documentado reiteradamente en este semanario, para además integrar “cuerpos de limpieza” que actúen desde la clandestinidad y al margen de la ley, pero bajo el mando de un presidente municipal.
La Procuraduría General de la República debe frenar de inmediato esta violación flagrante al estado de derecho. Ignorar el hecho o mantener su silencio y pasividad es incurrir en responsabilidades, además de autorizar y alentar tácitamente la integración de cuerpos paramilitares o parapoliciacos y, por lo mismo, impulsar la inseguridad y la impunidad. Fernández tiene razón al señalar que hay que modificar urgentemente la estrategia de combate al crimen organizado y la inseguridad; pero la nueva estrategia tiene que basarse en una acción integral del Estado mexicano (no únicamente por la vía de la acción policiaca) y siempre con estricto apego a los derechos humanos y a la ley. Y, desde luego, eso implica poner fin a la impunidad, particularmente cuando los delitos los comete la misma autoridad.
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