a más tardar el 13le negará el permiso y entonces sí
tendrá que cerrar
Minera San Xavier está operando legalmente, afirma la Semarnat
Sostiene que ha acatado todas las resoluciones judiciales sobre la explotación en Cerro de San Pedro, SLP
Foto María Meléndrez
Miércoles 11 de noviembre de 2009, p. 40
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acatará la resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), por lo que a más tardar el próximo 13 de noviembre negará el permiso de impacto ambiental a la Minera San Xavier y la empresa tendrá que cerrar, sostuvo Mauricio Limón, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental.
Desde que la empresa canadiense comenzó a operar –en junio de 2006– en Cerro San Pedro, San Luis Potosí, hasta el viernes próximo opera en la legalidad
, puntualizó. El funcionario señaló que la Semarnat ha acatado todas las resoluciones legales que ha dispuesto el tribunal, y mientras la empresa tenga un permiso autorizado puede operar
.
Aseguró que en 2005 el TFJFA ordenó a la Semarnat emitir un nuevo permiso de impacto ambiental, considerando los argumentos que en el tribunal colegiado se habían establecido, y así lo hizo
la dependencia en abril de 2006.
Explicó que en contra de este nuevo permiso, diversos grupos sociales interpusieron un recurso de queja, por lo que siguió una historia de amparos y recursos de revisión; ahora el tribunal nos ordena negar el permiso. Tenemos hasta el 13, pero desde el principio hasta el día que nosotros lo neguemos, las operaciones de la empresa son absolutamente legales
.
En conferencia de prensa –convocada en principio para hablar sobre medidas de protección a las importaciones de árboles de Navidad–, aseveró que la Semarnat ya determinó retirar el permiso de impacto ambiental
. Defendió que lo que ha hecho la minera ha estado bien y a partir del día que le notifiquemos la negativa, ese día tendrá que cerrar
.
Todo empezó cuando el 26 de febrero de 1999 el Instituto Nacional de Ecología de la Secretaría de Medio Ambiente autorizó de manera condicionada a la Minera San Xavier el cambio de uso de suelo, así como la preparación, desarrollo y operación en 374 hectáreas –290 de ellas pertenecientes al núcleo ejidal– del municipio Cerro de San Pedro para el desarrollo del proyecto de explotación de oro y plata mediante un tajo a cielo abierto.
Los pobladores, apoyados por expertos, concluyeron que la mina dejaría daños al acuífero de San Luis Potosí por contaminación con cianuro y sobrexplotación, así como perjuicios al patrimonio ambiental e histórico de la nación. Además, la zona donde se desarrolla el proyecto, en 1993 fue declarada por 20 años como área para la preservación, protección y restauración de la vida silvestre. Pro San Luis y otras organizaciones interpusieron recursos legales y el 23 de junio de 2004 el noveno tribunal colegiado en materia administrativa resolvió que ni de forma condicionada debió otorgarse la autorización de cambio de uso de suelo
y anuló el proyecto minero. En cumplimiento de dicho amparo, el TFJFA emitió el 5 de octubre de 2005 una sentencia definitiva convalidando la resolución.
Siguió el proceso legal y de acuerdo con la resolución del pasado 24 de septiembre del tribunal, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat incurrió en incumplimiento a la sentencia dictada por el TFJFA el 5 de octubre de 2005
al dar una nueva autorización en 2006, por lo cual le dieron 20 días para cumplir la sentencia. El plazo vence el viernes.
Ya no cuenta con ningún otro recurso para revertir la anulación del proyecto, señala
Miércoles 11 de noviembre de 2009, p. 40
Pese a que existe una sentencia judicial que deja sin efectos la autorización para que la Minera San Xavier pueda operar en el estado de San Luis Potosí, dicha compañía sigue trabajando en Cerro de San Pedro.
El Frente Amplio Opositor (FAO) a la minera denunció lo anterior, al señalar que la actitud de la empresa constituye un reto a las ya de por sí deterioradas
instituciones de procuración de justicia en México.
Juan Carlos Ruiz puntualizó que la compañía ha aumentado el ritmo de trabajo y el número de detonaciones que realiza, pese a que debió dejar de explotar el lugar desde el pasado 15 de octubre, un día después de ser notificada de la resolución que emitió el noveno tribunal colegiado de primer circuito. Dicho fallo deja sin efecto el permiso para trabajar que le fue otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Junto al desacato judicial, el FAO denunció que la empresa ha iniciado una campaña de desinformación en medios mexicanos y de Canadá, en la que se recurre a falsedades para justificar su posición.
Por ejemplo ha dicho que la decisión del tribunal no afecta el permiso de uso de suelo y la continuidad de la operación de la mina. También que la decisión se limita a un punto relacionado con el impacto ambiental y que éste se puede apelar.
Con ese tipo de argumentación, el FAO destacó que se miente a los inversionistas y se incurre en un delito tipificado en la legislación canadiense. Además refirió que la minera ya no cuenta con ningún recurso legal a su alcance para revertir la anulación de su proyecto.
Jesús González Schmal, ex diputado federal de Convergencia, dijo que el fallo del tribunal es muy importante, similar al registrado en 1938 cuando las empresas petroleras extranjeras no quisieron acatar el laudo para la reinstalación de trabajadores y el gobierno de Lázaro Cardenas ordenó la nacionalización.
Frente al desacato de la compañía, mencionó que el tribunal tiene facultades para obligarla a cumplir la resolución. En caso extremo puede pedir el apoyo del Ejército, subrayó.
Juan Carlos Ruiz informó que el frente ha considerado la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en caso de que no se cumpla la sentencia, y ya prepara una ofensiva jurídica en Canadá, para obligar a la empresa a dejar de operar y de provocar daños irreversibles en el patrimonio ambiental e histórico del país.
El FAO dijo que en la operación ilegal de la minera se encuentran involucrados el anterior gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos, el ex presidente Vicente Fox y otros funcionarios y personajes que deberán ser investigados.
Luego de señalar que presentará denuncias penales en contra de los mencionados, el frente consideró preocupante la inactividad del nuevo gobernador Fernando Toranzo. Destacó que hasta la fecha no ha dado señales efectivas de que respetará el mandato de hacer cumplir la ley.
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