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Corrupción en los juzgados federales

El Colegio de Abogados de Mexicali que preside el Lic. José Luis Huape Rodríguez anunció la Asociación de Periodistas de Mexicali, que ha denunciado formalmente al Consejo de la Judicatura Federal.

La Voz de la Frontera

11 de noviembre de 2009

Por Gustavo García Rivas

Una grave denuncia de corrupción y tráfico de influencia y amenazas de parte de magistrados en el Partido Judicial de la federación en Baja California, conformada por el Décimo Quinto Circuito de Tribunales Colegiados, fue hecha pública ayer por el Colegio de Abogados de Mexicali, que preside el licenciado José Luis Huape Rodríguez.

Esta denuncia ya fue hecha llegar al Consejo de la Judicatura Federal, y va firmada por varios ex presidentes de este organismo conformado por acreditados profesionistas del derecho, como el licenciado Daniel Solorio Ramírez, Milton Castellanos Gout, Rosendo Cervantes García y Francisco Postlethwaite Duhagón, quienes ante sus quejas, han recibido amenazas anónimas contra su integridad física.

Cuatro de los integrantes del Colegio estuvieron ayer como invitados en la reunión de este martes de la Asociación de Periodistas de Mexicali (APM), que preside la compañera Alma Rosa Burciaga Salazar, ante quienes expresaron que las cosas han llegado a extremos insostenibles, y que son muchos los litigantes y sus clientes que a sabiendas que tuvieron la razón jurídica de algún asunto, por cuestiones de "coyotaje" recibieron un fallo adverso.

Cada quien en su oportunidad coincidió en sus alocuciones que la denuncia es temeraria y que seguramente saldrán defensores gratuitos de los acusados y que están pidiendo una investigación a fondo al Consejo de la Judicatura, ante el daño que estas acciones le están provocando al sistema de impartición de justicia en el país y advirtieron que le darán puntual seguimiento a lo que realice dicho organismo.

Ante la insistencia de los representantes de los medios de comunicación para que dijeran nombres de los funcionarios judiciales en sospecha, dijeron que quien opera muchas de las cosas malas que suceden en estos tribunales federales, es el licenciado Pedro Fernando Reyes Colín, quien es coordinador de la extensión del Instituto de la Judicatura en Mexicali.

Huape Rodríguez, dijo que por desgracia no hay elementos y pruebas plenas para comprobar lo señalado, ya que "los han señalado de corruptos pero no de tontos", y en cuanto a las amenazas las han recibido vía telefónica o por medio de emisarios que llevan mensajes subliminales, "que pueden ser perjudicados porque traen muchos asuntos en sus jurisdicciones y pende la censura sobre los mismos...".

Por otro lado, dijo que estos actos negativos se pueden realizar porque los asuntos los resuelven en privado, aunque ahora hay un esquema nuevo en que se gravan audiencias, no obstante, existe la confianza de que la denuncia se compruebe por la existencia de indicios, como las fortunas que algunos magistrados han amasado, el uso de "coyotillos" que entran y salen por las instalaciones como por su casa y resoluciones que suenan ilógicas. Como el principal "coyote" señalan al Lic. Francisco Pérez Armenta

Entregaron un documento con la denuncia de hechos, fechada el 28 de octubre pasado, en donde establecen que la misma, tiene la particularidad de no referirse a actos que transgreden intereses individuales y específicos, "sino a una actividad ilícita que lesiona la independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia en la impartición de justicia en agravio de la sociedad...".

Agregan que "nuestra denuncia tiene por objeto hacer del conocimiento de ese órgano de control y vigilancia del Poder Judicial de la Federación el ejercicio de ese cabildeo ilícito o gestión espuria de negocios judiciales...".

"Nuestra denuncia se finca en la tesis establecida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que concibe la independencia y la autonomía judicial como una garantía de la sociedad de contar con servidores idóneos que aseguren una impartición de justicia, pronta, completa e imparcial en los términos señalados en el artículo 17 constitucional...".