La segunda administración perredista en Baja California Sur acelera la privatización de sus costas, la operación de minas tóxicas a cielo abierto y los desarrollos inmobiliarios que ponen en riesgo al ambiente. A una semana de elegir gobernador y presidentes municipales, el mandatario saliente Narciso Agúndez Montaño –acusado de nepotismo durante toda su gestión– se apresura a cumplir con los grupos oligárquicos que lo llevaron al poder. Pobladores de las zonas afectadas y organizaciones civiles piden a los candidatos al gobierno estatal la preservación del ecosistema y políticas que beneficien a los habitantes, no a las trasnacionales
La administración de Narciso Agúndez Montaño, gobernador de Baja California Sur postulado hace seis años por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), concluye como empezó: privilegiando los negocios con los recursos naturales de la entidad. Sin importar que las elecciones estén en puerta, acelera el proceso por el que se entregan las costas a trasnacionales que desarrollan servicios turísticos. El temor de impulsar políticas antipopulares en tiempos electorales es menor al de no tener tiempo de cumplir los compromisos adquiridos con los grupos empresariales que lo llevaron al poder.
A diferencia de otros procesos electorales que se realizan en la república mexicana, el de Baja California Sur no está marcado por la violencia; pero tampoco por un debate democrático. Las plataformas políticas de los tres principales candidatos apenas se distinguen entre sí. Privilegiar los negocios mineros, turísticos e inmobiliarios es la principal propuesta de los contendientes. Para los tres, siguen siendo invisibles los miles de jornaleros agrícolas y trabajadores de la construcción que viven en pobreza extrema y en condiciones de servidumbre.
Famoso por sus bellezas naturales, Baja California Sur abarca 73 mil 922 kilómetros cuadrados; el 35 por ciento de su territorio es suelo de conservación, y representa el 20 por ciento de las áreas naturales protegidas a nivel nacional.
De acuerdo con el Informe de desarrollo humano en México 2000-2005, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sus cinco municipios (La Paz, Comondú, Loreto, Los Cabos y Mulegé) tienen un alto índice de desarrollo humano, y es considerado uno los estados con menos pobreza en México.
Sin embargo, el 70 por ciento de su población es migrante. Atraídos por el trabajo en los centros turísticos, las cosechas o la construcción de proyectos inmobiliarios en las costas, 35 mil hombres, mujeres y niños, provenientes principalmente de Guerrero, Veracruz, Puebla y Oaxaca, llegan anualmente a la península.
“Viven en condiciones de extrema pobreza y marginación en los alrededores de los centros turísticos como Los Cabos, conformando cordones de pobreza”, relata Mónica Jasís, directora del Centro de Mujeres AC, quien asegura que la población migrante “invade” territorios para asentarse en casas muchas veces hechas de cartón y madera: “Trabajan en la zona turística”.
A decir de la activista, no hay estudios de la población migrante que permitan conocer cuántos de ellos se quedan temporalmente en el estado y cuántos siguen migrando en busca de campos de cultivo o nuevos proyectos inmobiliarios. Jasís señala que uno de los temas pendientes de la administración perredista es el reconocimiento de esta población para garantizar sus derechos no sólo laborales, sino de salud, educación y vivienda.
Medio ambiente, en peligro
Roberto López, director de la asociación civil Sociedad de Historia Natural Niparajá, expresa su preocupación respecto de los proyectos impulsados por el gobierno de Narciso Agúndez Montaño, principalmente aquéllos que atentan contra el ecosistema.
Tal es el caso del proyecto turístico Cabo Cortés, ubicado en el municipio Los Cabos, sobre el Mar de Cortés: 4 mil hectáreas de playa de arena blanca serán urbanizadas –por la española Hansa Baja Investments, S de RL de CV, del Grupo Hansa Urbana, SA– para dar paso a campos de golf, hotelería, residencias, desarrollos comerciales y un aeropuerto privado.
Cabo Cortés colinda con el Parque Nacional Cabo Pulmo, zona a la que amenaza debido a su tamaño (semejante al existente en Los Cabos) y a la demanda de recursos que traería consigo el desarrollo. “Afortunadamente, el proyecto se encuentra detenido porque no cumple a cabalidad con el ordenamiento ecológico municipal”, refiere Roberto López.
Para Roberto, otro foco rojo de la administración de Agúndez Montaño es la reactivación de minas tóxicas a cielo abierto en áreas naturales protegidas, como las actividades mineras que actualmente amenazan la Sierra La Laguna, nombrada Reserva de la Biósfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura.
Según el medioambientalista, existen dificultades para conservar las áreas naturales estatales debido a que la tierra fue privatizada. López narra que en 2008, mediante decreto municipal, se le dio la categoría de Área Natural Protegida a la Playa de Balandra, ubicada en Los Cabos. Ante el hecho, los propietarios interpusieron un amparo en los juzgados contra el decreto. El juicio aún no concluye.
En materia ecológica, dice Roberto López, a los gobiernos municipales de La Paz y Loreto, y al gobierno estatal saliente les falta concluir los programas de ordenamiento ecológico, instrumentos que regulan el uso del suelo y de los recursos naturales. “Esta falta de planeación genera incertidumbre tanto para los inversionistas como para el medio ambiente”.
La organización solicita a los gobiernos electos garantizar el respeto al marco legal vigente en cuanto a la normatividad ambiental; la conservación marina y de tierras; la búsqueda de la sustentabilidad; el buen aprovechamiento de las pesquerías; el fortalecimiento de las comunidades pesqueras y rancherías que dependen directamente de los recursos naturales, con el objeto de mantener el patrimonio natural de Baja California Sur.
Desarrollo inmobiliario
El gobierno de Agúndez Montaño se ha centrado en el desarrollo de infraestructura para el estado, tanto en la construcción de carreteras, como en el desarrollo inmobiliario. Hay mucha obra pública que ha generado pérdida de calidad de vida, producto de la falta de capacidad del gobierno para ejecutar políticas que conduzcan al bienestar de los habitantes de la península, dice Lorena Barajas, directora de Comunidad, Visión y Desarrollo, AC.
En el estado, 25 mil personas padecen pobreza alimentaria, según declaraciones de Heriberto Félix Guerra, secretario de Desarrollo Social. Barajas especifica que los beneficiarios del desarrollo turístico son los capitales extranjeros. “Ojalá más personas resultaran beneficiarias, incluyendo a los habitantes de Baja California Sur”.
Escenario electoral
En el proceso electoral del 6 de febrero de 2011, se elegirá al gobernador del estado, cinco ayuntamientos y 21 diputados locales (16 por mayoría relativa y cinco por representación proporcional). Se instalarán 815 mesas receptoras de votos para alrededor de 420 mil potenciales electores.
La contienda la encabezan Luis Armando Díaz, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo; Ricardo Barroso Agramont, de la alianza conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México, y Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, por el Partido Acción Nacional (PAN).
A pesar de que se dio a conocer recientemente que el Partido Nueva Alianza utilizó recursos públicos para introducir propaganda electoral en más de 1 mil escuelas de toda la entidad, José Antonio Beltrán Morales, investigador-profesor de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y especialista en temas electorales, prevé una contienda cerrada entre los tres principales partidos: “Una de las elecciones más competidas en nuestra historia local, donde, por vez primera, el PAN y el PRD se disputan los principales espacios de decisión local”.
El hecho es atribuido por Mónica Jasís a que “en el estado no existen ideologías partidarias”; es decir, a que todos los candidatos han militado en el PRI, el PAN y el PRD.
Pendientes de la administración perredista
Académicos y representantes de las organizaciones civiles consultados por Contralínea coinciden en la exigencia de mayor seguridad para el estado; en mayores oportunidades para sus habitantes; transparencia en el ejercicio de los recursos públicos; políticas de preservación de las áreas naturales; empleo; menor desigualdad social, y un aparato procurador de justicia más pronto y expedito.
Víctor Manuel Castro Cosío coincide en que existe rezago en la procuración de justicia. Para el diputado federal, militante del PRD, la procuración de justicia es el tema más importante para el estado y sobre el que más hay que trabajar.
Aunque los académicos y activistas no ponen énfasis en las acusaciones que existen contra los gobiernos perredistas de Leonel Cota Montaño y Narciso Agúndez Montaño por supuesto nepotismo, Castro Cosío asegura que el nepotismo se justifica con los resultados de la administración.
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