NACIONAL
Deficiencias en su estructura dejan vulnerables a defensoras
CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- Integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas denunciaron que esta instancia de la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene deficiencias en la implementación efectiva y eficaz de medidas de protección, en la atención de peticionarios y en el seguimiento de cada caso.
En una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los consejeros Édgar Cortez, Jade Ramírez, Jorge Israel Hernández, José Buendía, Juan José Perdomo, Michael Chamberlain, Pablo Romo y Rogelio Hernández, pidieron al funcionario que fortalezca este mecanismo que se instaló en noviembre de 2012 y que garantice la justicia en casos de agresiones a personas defensoras y periodistas.
A propósito del primer aniversario del mecanismo, los consejeros ciudadanos expusieron en un comunicado que es necesario analizar las dificultades y debilidades institucionales que no permiten su buen funcionamiento.
“Hay que recordar que experiencias similares en otros países tomaron para su construcción varios años de esfuerzo, aplicación de recursos y permanente revisión”, dijeron.
En la reunión ayer los consejeros expusieron que entre los problemas que dificultan el avance del mecanismo está su tardía organización interna, retraso que ha impactado negativamente en las evaluaciones de riesgo, el seguimiento e implementación de medidas otorgadas, la documentación y la evaluación de procesos.
También denunciaron que no hay una Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis como marca la ley, por lo que hay una incapacidad de generar datos que permitan sistematizar información sobre el funcionamiento del mecanismo, y propiciar la mejora de su funcionamiento, así como la generación de políticas públicas preventivas.
Por otro lado señalaron que por alguna razón, no justificada, no se puede acceder a los recursos del Fondo Fiduciario destinados a garantizar las medidas de protección, y además hay una falta de colaboración entre los distintos órdenes de gobierno que ya mereció un extrañamiento del Senado.
Los consejeros dijeron que el mecanismo está lejos de tener incidencia ante la impunidad, y que la Procuraduría General de la República (PGR) y su Fiscalía Especial para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión deberían tener un papel protagónico, pero en realidad su actuar en muchos casos ha representado un obstáculo.
Incluso denunciaron que la PGR no ha nombrado un enlace ante el mecanismo. En este escenario, los consejeros dijeron que la voluntad de la procuraduría debe expresarse en investigaciones robustas que permitan configurar sanciones a los responsables de las agresiones.
Agregaron que desde su instalación hasta el 30 de septiembre pasado, según datos de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, el mecanismo había recibido 96 casos (58 de personas defensoras y 38 relacionados con la labor periodística), 29 de los cuales han sido calificados como “extraordinarios”.
No obstante, de todo este universo de solicitudes de protección, la Junta de Gobierno sólo ha conocido una tercera parte debido a que existe un importante rezago en el procesamiento de los casos de acuerdo con los tiempos que marca la ley.
“La voluntad debe ir acompañada de eficiencia y al día de hoy no es suficiente la rapidez y oportunidad con la que se evalúan los casos e implementan las medidas dictadas por la Junta de Gobierno”, aseguraron.
Los consejeros afirmaron que el Mecanismo de Protección es una respuesta a la realidad que cotidianamente afecta negativamente a periodistas y personas defensoras, por lo que dijeron que mantienen la confianza en esta instancia, aunque subrayaron que todo esfuerzo será insuficiente si las autoridades no cumplen su mandato.
Agregaron que muchos periodistas, defensoras y defensores de Derechos Humanos requieren y cuentan con medidas temporales de protección, pero señalaron que éstas serán insuficientes en tanto no estén acompañadas de investigaciones sólidas y sanciones a los responsables de amenazas, hostigamientos y otras agresiones.
“El combate a la impunidad, la sanción y la reparación del daño son las mejores medidas de protección que el Estado puede dar a defensores, defensoras y periodistas”, sentenciaron.
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