Canadá, paraíso judicial para trasnacionales mineras

William Sacher y Alain Deneault*

Setenta y cinco por ciento de las empresas mineras del mundo están registradas en Canadá, mientras que 60 por ciento de las que emiten acciones en bolsa se inscriben en el Toronto Stock Exchange (TSX), el cual administra 90 por ciento de las acciones emitidas en este sector. Es así como empresarios de todo el planeta convergen en la plataforma bursátil de Toronto, a partir de la cual financian actividades mineras alrededor del mundo, en particular en países del sur geopolítico. Dada la imagen de aldea apacible y ecologista que suele tener Canadá, estos países podrían en teoría alegrarse de la posición de líder de la industria minera que ocupa el país de la hoja de arce. Sin embargo, una voluminosa documentación oficial (Naciones Unidas, comisiones parlamentarias, académicos, la prensa internacional, ONG, etcétera) reporta casos de abusos y crímenes cometidos o apoyados por empresas mineras canadienses en las últimas dos décadas. 

En los cinco continentes las mineras canadienses están asociadas a casos de corrupción, evasión fiscal, contaminación masiva, ataques a la salud pública, criminalización de la resistencia, complicidad en la violación y asesinato de opositores a la minería, pactos con grupos paramilitares, expropiaciones violentas, tráfico de armas, etcétera: la lista es interminable. ¿Por qué razones Canadá es hoy el líder del sector minero mundial, y cómo explicar que el nombre de este país de tan buena reputación esté asociado a esta letanía de quejas? La respuesta es que la permisividad de los reglamentos del TSX, y el apoyo financiero, político, moral y diplomático del gobierno canadiense a las trasnacionales mineras son únicos alrededor del mundo, y han convertido a Canadá en un verdadero paraíso para el sector minero.

La gran especialidad del TSX es el financiamiento de proyectos mineros a través de capital de riesgo, un sector preciado en el actual periodo de auge del capitalismo financiero. Las bolsas de valores canadienses son unos templos de la economía-casino, y su larga historia es una cadena de fraudes y escándalos. Su reglamentación interna siempre ha favorecido la especulación. Hoy en día, de las mil 600 mineras registradas en Toronto, la gran mayoría son juniors, es decir, pequeñas empresas que se financian por acciones, sacan sus ganancias de la especulación bursátil y se dedican a la identificación de nuevos yacimientos. 

Este oficio conlleva muchas incertidumbres: las posibilidades de éxito de un proyecto de exploración son de una entre 500 o mil. Comprar acciones de una junior equivale a apostar a un número de ruleta. Cuando una junior descubre un yacimiento rentable (en este juego las cartas suelen estar marcadas), su destino probable es venderse a una empresa major luego de una jugosa operación bursátil. A diferencia de las juniors, las majors disponen de los medios financieros, técnicos, humanos y políticos necesarios para explotar grandes minas. En la actualidad, la especulación en Toronto alrededor de las juniors es el gran impulsor de la expansión de la frontera minera alrededor del mundo. Verdaderos conquistadores modernos, las juniors no solamente realizan prospecciones geológicas, también exploran y preparan el terreno político y social. Se encargan del trabajo sucio y de entregar a las majors yacimientos mineros listos para desarrollar.

Pero las mineras encuentran en Canadá una serie de otras ventajas con el apoyo indefectible del gobierno y de las instituciones del Estado. En el ámbito fiscal, existen disposiciones específicas para el sector, así como incentivos a los fondos de pensión, las aseguradoras, los bancos, los pequeños ahorristas y las instituciones financieras públicas para que compren masivamente acciones de las empresas mineras. Por su lado, la diplomacia y las diversas agencias canadienses de cooperación brindan servicios financieros y políticos claves al sector minero. No escatiman esfuerzos en presionar a las autoridades de países extranjeros para que apoyen a las mineras canadienses, presentes en sus territorios, reprimiendo y despojando a poblaciones recalcitrantes, diseñando legislaciones a medida, preparando el territorio e invirtiendo el dinero público en la construcción de infraestructuras energéticas y de transportes. Además, la jurisprudencia muestra que los tribunales canadienses nunca dan seguimiento cabal a eventuales demandas en contra de mineras de Toronto en los casos de abusos y crímenes que se les atribuyen. Esta impunidad, de hecho, ha sido denunciada y documentada por organizaciones internacionales e incluso en informes del Parlamento.

La jurisdicción canadiense permite tanto a empresas juniors como majors minimizar sus costos sin tener que rendir cuentas sobre sus prácticas en el terreno. Esta impunidad abre la puerta a exacciones múltiples en contra de los pueblos, trabajadores y el medio ambiente. Asimismo, el control mediático y las narrativas gubernamentales en favor de la megaminería terminan convenciendo a los accionistas de la bolsa de Toronto y al público en general de que tales acusaciones carecen de fundamento. Es así como Canadá es para los empresarios mineros lo que Panamá es para los armadores de buques: una jurisdicción sumamente amigable. Se trata de un mineralo-estado que pone sus instituciones al servicio del capital minero trasnacional, de un paraíso judicial para cualquier empresario que quiera desarrollar un proyecto minero con el mínimo de costos y el máximo de protección judicial.

* Autores de Paradis sous terre. Comment le Canada est devenu la plaque tournante de l’industrie minière mondiale, Rue de l’Echiquier-Ecosociété, París-Montreal.