José Gil Olmos
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Gamboa festina la aprobación de la reforma energética. Foto: Octavio Gómez |
MÉXICO,
D.F. (apro).- Entre la medianoche del martes y la madrugada del
miércoles 11, cuando todos dormían, furtivamente, como lo hacen los
delincuentes, senadores del PRI, PAN y PVEM aprobaron
las reformas constitucionales para la privatización del petróleo y la
energía eléctrica, consumando así la meta más ambiciosa del gobierno
neoliberal de Enrique Peña Nieto.
Durante mucho tiempo el PRI tuvo la intención de cambiar la
Constitución para abrir a la iniciativa privada la explotación
petrolera y la generación de electricidad, actividades que estaban
consideradas facultad exclusiva del Estado mexicano. En varios momentos
hubo intentos de llevarlo a cabo, pero priistas y panistas se topaban
con inercias internas y una gran oposición popular a esta iniciativa
que contravenía el espíritu soberano de controlar el sector energético
con un claro sentido social.
Después de varias décadas, frente a una sociedad cansada,
indolente, hastiada y distanciada de la clase política, manipulada por
los principales medios de comunicación convertidos en grupos de poder,
inmersa en una crisis y espiral de violencia, el PRI y sus secuaces
encontraron el momento más oportuno para llevar a cabo su plan
subrepticio de desnacionalizar al petróleo y la energía eléctrica, bajo
el eufemismo de autorizar los contratos con privados nacionales y
extranjeros para exploración y explotación de hidrocarburos y gas.
Todo sucedió de noche, aunque ya llevaban 18 horas discutiendo en
el Senado; de última hora, en la madrugada del martes 10, los actores
principales de esta historia pusieron en marcha su estrategia
privatizadora. De manera sorpresiva, los priistas Enrique Burgos, de la
Comisión de Gobernación; David Penchyna, de Energía, así como el
panista Raúl Gracia, modificaron el predictamen que se discutió en
comisiones para ampliar la inversión privada en Pemex y la CFE,
permitir que las empresas mineras puedan entrar al negocio del gas,
autorizar a corporativos petroleros dar servicio de energía eléctrica y
sacar al sindicato petrolero del Consejo de Administración de Petróleos
Mexicanos.
El coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, y el
priista José Ascensión Orihuela, reconocieron que los cambios se
concretaron en la madrugada de ese día.
Peor aún, pues para que la ciudadanía no mirara lo que pasaba
dentro del Senado, la Secretaría de Gobernación rechazó la petición
perredista de que el debate se trasmitiera en cadena nacional en radio
y televisión, bajo el argumento de que su difusión “resultaría
desproporcionada, dada la incertidumbre de su duración, y limitaría el
derecho a la información del que goza la sociedad respecto del resto de
los asuntos de interés general, objetivo primordial de la
radio-difusión, de acuerdo con e artículo sexto de la Constitución
federal”.
De nada sirvieron los gritos de protesta de un grupo de hombres y
mujeres manifestándose fuera del recinto legislativo, resguardado por
cientos de policías y granaderos apostados detrás de una larga barrera
de vallas metálicas de más de dos metros de altura.
Antes de discutir la reforma energética los mismos partidos: PRI,
PAN y PVEM se protegieron contra las movilizaciones de repudio al
aprobar, una semana antes, sin discusión y negando la entrada a
miembros de más de 70 agrupaciones defensoras de derechos humanos, la
Ley de Manifestaciones, marco legal que atenta contra el derecho de
expresión e incluso autoriza “disolver” las marchas no autorizadas.
Así, lejos de la mirada pública, con 95 votos a favor y 28 en
contra, priistas, panistas y legisladores del Partido Verde lograron su
cometido: se fraguó la reforma constitucional más importante en las
últimas décadas, quizá desde que en 1992 Carlos Salinas de Gortari
también impulsó el cambio al artículo 27 en materia agraria para
permitir que la propiedad del ejido fuera privada y no sólo comunal.
Este miércoles 11 el paquete de iniciativas de reforma
constitucional pasó a la Cámara de Diputados. Y un nuevo cerco
policiaco se levantó alrededor de las calles aledañas al Palacio
Legislativo de San Lázaro.
Más tarde, la oposición de izquierda tomó la tribuna y el recinto
legislativos sólo para demorar la aprobación de los cambios a los
artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que permitirán los contratos
con empresas nacionales y extranjeras para la exploración y explotación
de hidrocarburos y gas, como lo hacían antes de 1938, cuando el general
Lázaro Cárdenas se las arrancó de las manos con un decreto
expropiatorio.
Twitter: @GilOlmos
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