En el texto, México Evalúa celebró la “sensibilidad” de los legisladores por reconocer la necesidad de un nuevo modelo anticorrupción para atender este fenómeno en el país.
Sin embargo, afirma tener “preocupación” en distintos ordenamientos jurídicos de lo que se busca aprobar en el Congreso, en especial, a la falta de claridad en la coordinación que llevarán a cabo la comisión que se propone crear en la legislación y la nueva fiscalía que se formará a partir de la reforma política.
“Es preciso compartirles nuestra preocupación respecto a distintos ordenamientos jurídicos que se buscan aprobar en el Congreso en esta materia, (…) en aquellos casos en que el órgano anticorrupción detecte la comisión de delitos por parte de funcionarios públicos, éste debe compartir con la Fiscalía especializada en la materia los resultados preliminares de sus investigaciones para llevarlos hasta sus últimas consecuencias. Por el otro, preocupa la imprecisión de cómo se garantizará una coordinación efectiva entre estas dos nuevas autoridades”, dice la misiva.
El centro de estudio indica que la nueva comisión anticorrupción debe tener los “dientes institucionales” necesarios para sancionar a los funcionarios públicos que comentan delitos.
“Hacemos eco de aquellas voces que señalan que un órgano anticorrupción sin los dientes institucionales para perseguir a todo aquel funcionario público corrupto verá mermada su eficacia”.
Te presentamos la carta íntegra que México Evalúa envió a los senadores.
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México, DF a 13 de diciembre de 2013
Estimados Senadores de la República:
El combate eficaz en contra de la corrupción en México sigue siendo lamentablemente una tarea pendiente en el país. El último informe de competitividad global preparado por el Foro Económico Global (WEF) señala que en México el principal factor que afecta la realización de negocios es la corrupción. Recientemente el Global Financial Integrity (GFI) indicó que México se convirtió en el tercer mayor exportador de flujos de dinero ilícito detrás de China y Rusia. Asimismo, la posición del país en el índice de percepción de la corrupción publicado por Transparencia Internacional ha empeorado al pasar del lugar 72 en 2008 al 105 en 2012.
Atender la problemática de la corrupción es una cuestión de seguridad nacional en tanto este flagelo afecta el desarrollo económico del país. Por ende, México Evalúa, como miembro de la sociedad civil, celebra que finalmente, a un año de la reforma que contempla la creación de un órgano anticorrupción para sustituir a la Secretaría de Función Pública, ustedes lleguen a un acuerdo para legislar en la materia.
El proyecto de dictamen al que México Evalúa tuvo acceso prevé la instalación de un nuevo modelo anticorrupción, en el que acertadamente se reconoce la necesidad de privilegiar un enfoque sistémico que contempla la necesidad de una acción coordinada de las distintas autoridades cuyas competencias atienden directa o indirectamente el fenómeno de la corrupción en el país junto con el sector privado y la sociedad civil.
Un análisis preliminar de dicho dictamen nos lleva a reconocer la creación de un órgano con un titular cuyo nombramiento estará a cargo del Senado de la República y al que se le brinda un carácter autónomo. Celebramos que dentro de las facultades que se contempla otorgarle a dicho órgano, está la posibilidad de que su actuación no esté limitada por el secreto fiscal ni bancario, garantizándole una mayor capacidad para realizar eficazmente sus labores de investigación. Sin duda, es positivo establecer constitucionalmente la obligación por parte de las entidades federativas de crear a su vez organismos que emulen los esfuerzos de combate a la corrupción a nivel local. Reconocemos la sensibilidad legislativa para establecer explícitamente la posibilidad de compensar a todo particular que resulte afectado por irregularidades administrativas llevadas a cabo por malos servidores públicos.
No obstante, es preciso compartirles nuestra preocupación respecto a distintos ordenamientos jurídicos que se buscan aprobar en el Congreso en esta materia. Por un lado, el dictamen contempla que, en aquellos casos en que el órgano anticorrupción detecte la comisión de delitos por parte de funcionarios públicos, éste debe compartir con la Fiscalía especializada en la materia los resultados preliminares de sus investigaciones para llevarlos hasta sus últimas consecuencias. Por el otro, preocupa la imprecisión de cómo se garantizará una coordinación efectiva entre estas dos nuevas autoridades. Se debe evitar a toda costa los errores que existen en el modelo vigente en que la SFP una vez que integra los expedientes de funcionarios acusados por corrupción envía la información para que la PGR continúe con la investigación pertinente y de ser el caso, comience el ejercicio de la acción penal en contra de los acusados. Lamentablemente en la práctica es muy recurrente que la PGR no termine por integrar los expedientes ni continúe la investigación, por lo que no hay eficacia en cómo se combate a los funcionarios federales –qué decir los de otros niveles de gobierno y órganos del Estado- con lo que la impunidad en la materia se convierte en la regla y no en la excepción.
Es legítima la preocupación de algunos legisladores de romper el monopolio de acción penal del Ministerio Público, lo cual es técnica y económicamente costoso. Sin embargo, a su vez, hacemos eco de aquellas voces que señalan que un órgano anticorrupción sin los dientes institucionales para perseguir a todo aquel funcionario público corrupto verá mermada su eficacia. Para ello, sería necesario contemplar un mecanismo similar al que rige hoy las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el que la autoridad debe fundar y motivar expresamente cualquier incumplimiento con dichas recomendaciones. El marco legal debe establecer explícitamente como la Fiscalía recogerá las notificaciones del órgano anticorrupción para completar la investigación y sujetar a un proceso penal, de ser el caso, al funcionario acusado por presunta corrupción.
Desde las modificaciones a la Ley de Administración Pública Federal, México Evalúa ha expresado su preocupación con la disposición de que los responsables de los Órganos Internos de Control (OICs) de cada Secretaría sean nombrados por sus titulares. Aunque la propuesta bajo análisis contempla que los responsables de los OICs serán evaluados por el Órgano anticorrupción, se considera que esto no garantiza su independencia respecto a quienes precisamente están encargados de auditar. Peor aún es el hecho de que las investigaciones que llevara a cabo el órgano anticorrupción se podrán ver mermadas por la información potencialmente incompleta que generen estos organismos. Por ende, es indispensable establecer jurídicamente un nombramiento de los responsables de los OICs sin intervención de los titulares de las Secretarías y Órganos respectivos. Asimismo, es necesario precisar la forma en que dichos OICs estarán vinculados con el Órgano Anticorrupción como parte de la visión sistémica que proponen en la materia, de forma tal que en verdad el órgano anticorrupción cuente con las facultades necesarias para actuar dentro de las instituciones vigiladas con una cooperación garantizada por parte de los titulares de los mencionados OICs.
Precisamente, aunque reconocemos el énfasis que el dictamen hace sobre la necesidad de contar con una visión sistémica para el combate contra la corrupción, en el que exista una coordinación efectiva entre el nuevo órgano anticorrupción, la fiscalía anticorrupción que se contempla dentro de la fiscalía general autónoma, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información, los OICs y otras autoridades cuya función puede contribuir a los esfuerzos de investigación anticorrupción, no existe hasta ahora en la propuesta legal una claridad institucional de cómo se logrará en los hechos dicha coordinación. Este punto es esencial para llevar a buen puerto todos los esfuerzos que el Estado mexicano desarrolle para combatir la corrupción.
Existen en la propuesta diversas omisiones jurídicas que generan incertidumbre para garantizar un correcto funcionamiento del Estado de derecho. El dictamen reconoce por ejemplo que será necesario precisar en la legislación secundaria dos aspectos claves en la reducción de la posibilidad de actividades corruptas dentro del servicio público: uno, el marco que regule las compras públicas y dos, las garantías para fortalecer el servicio civil de carrera. Si en el caso de la creación de la Fiscalía General autónoma, no se ha proporcionado una justificación técnica satisfactoria para su entrada en vigor hasta 2018, en el de los rubros anteriormente mencionados, un plazo de un año sin un marco jurídico que los regule parece excesivo e incluso peligroso para abrir la puerta a actos de corrupción que son los que precisamente se busca combatir.
Finalmente, la propuesta legislativa contempla un Consejo Consultivo dentro del órgano anticorrupción, integrado por el propio titular de dicho órgano, tres ciudadanos nombrados por el Senado, un representante del Poder Ejecutivo, un representante de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación y un representante del organismo garante del artículo 6 de la Constitución. Sin embargo, la propuesta no establece cómo el Senado nombrará a los ciudadanos contemplados, ni define el papel que dicho Consejo desempeñará. Estas omisiones pueden derivar en una politización nociva de dicho Consejo que afecte el correcto funcionamiento del nuevo Órgano anticorrupción.
Señores legisladores, entendemos que ha sido un largo camino para lograr acuerdos en una materia compleja como lo es el dotar al país de un marco jurídico para un mejor combate a la corrupción. No obstante, las indefiniciones legales mencionadas tienen que ser atendidas con urgencia. De lo contrario, la eficacia de la agenda de reformas que con tanto esfuerzo han impulsado durante los últimos doce meses con el fin de modernizar al país y generar un mayor bienestar para sus ciudadanos se verá erosionada. Es por ello que los exhortamos a definir con precisión la legislación en materia de lucha contra la corrupción, la cual debe ser una condición sine qua non para el desarrollo nacional.
Atentamente,
México Evalúa
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