La maquinaria legislativa de la oligarquía colaboracionista está lista
para aprobar las reformas constitucionales requeridas por el capital
trasnacional para apoderarse de Pemex y de la energía eléctrica que aún
pertenecen a la nación y al pueblo, que es, por cierto, el sujeto
socio-político en quien radica la soberanía, acorde con el artículo 39
de la Constitución. Con esta acción vergonzosa se consumaría el crimen
de lesa patria que haría de Enrique Peña Nieto y de quienes voten a
favor de su iniciativa, traidores al interés nacional y, como tales,
tendrían que rendir cuentas ante la historia de este país ocupado por
corporaciones y agentes extranjeros, y ante las generaciones de
mexicanos que tendrían, con esta medida, hipotecado su futuro.
Protegido por muros de acero y con todo el aparato represivo a su
disposición, el Senado de la República desoye el clamor de heterogéneos
sectores de la sociedad que se oponen a la desnacionalización y
privatización de los energéticos. De nada valen foros, análisis,
propuestas consultas, conclusiones de expertos, desplegados,
manifestaciones, cercos y protestas, ante la decisión ya tomada por los
partidos del Estado neoliberal, que abdicando al ejercicio de la
soberanía económica y a sus obligaciones sociales y nacionales,
establece las condiciones óptimas para la expansión-reproducción del
capitalismo y para la dominación-control de la fuerza de trabajo.
No ha sido posible construir un frente nacional capaz de oponerse de
manera efectiva a las reformas estructurales, que es el término
eufemístico que los neoliberales utilizan para las concesiones de todo
tipo a las empresas extranjeras. La Unidad Patriótica por el Rescate de
la Nación no ha tenido todavía la pujanza suficiente para constituirse
en el aglutinador de las fuerzas opositoras, en parte porque salvo la
CNTE, el SME, el MLN y otros sindicatos y grupos políticos que integran
sus contingentes a las movilizaciones y participan en sus iniciativas,
muchas otras organizaciones prefirieren no sumarse a esta entidad
unitaria, o hacerlo con una representación simbólica y/o vergonzante,
para capitalizar en su favor protestas acotadas, personalizadas,
testimoniales y sujetas a lógicas electorales y a un referéndum lejano
y marcado por hechos consumados.
Por su parte, el Partido de
la Revolución Democrática participó en el llamado paradójicamente Pacto
por México, en nombre del cual se llevaron a cabo reformas
laborales-educativas que aumentaron exponencialmente la inestabilidad
de la fuerza de trabajo y la flexibilización en las formas de
contratación, y que han resultado muy perjudiciales para millones de
trabajadores, incluyendo el magisterio nacional, avalando en los hechos
las políticas entreguistas y represivas de Enrique Peña Nieto durante
su primer año de gobierno, sumándose a la oposición contra la reforma
energética en el último minuto y motivado por el cálculo pragmático de
las consecuencias electorales y políticas que tendría permanecer en el
pacto. La complicidad de esta izquierda domesticada con el gobierno de
Peña Nieto la ha trastocado en funcional al régimen y en un recurso
útil en sus campañas mediáticas. Esta complicidad sistémica del PRD se
ha extendido a sus gobiernos que, como el de la ciudad de México, han
hecho de la represión, práctica cotidiana, participando activamente en
actos de provocación y encapsulamiento de activistas encarcelados
injustamente, y que son presos políticos de gobiernos supuestamente de
izquierda.
El movimiento social y de resistencia en defensa
de los derechos humanos y contra la ocupación neoliberal, por su lado,
ha realizado enormes esfuerzos en su lucha contra la militarización, la
guerra sucia, la criminalización de las oposiciones, las
mineras, los megaproyectos de todo tipo, la privatización del agua y
contra las violencias del Estado y de la delincuencia organizada, que
pretenden apoderarse de los territorios, amenazan la vida misma y,
sobre todo, pretenden destruir las formas de organización colectiva y
comunitaria. Estos movimientos no sólo han resistido, sino que en
muchos casos han participado activamente en la construcción de procesos
autonómicos de alcances históricos que, como el zapatista, practican
formas de autogobierno basadas en el principio de mandar obedeciendo.
Asimismo, el Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México, ha
visibilizado en los dos últimos años, en los ámbitos nacionales e
internacionales, el carácter criminal del Estado mexicano, permitiendo,
a su vez, la coordinación de numerosas luchas en defensa de los
derechos humanos, la justicia, la vida, el medio ambiente y los
territorios.
Estos esfuerzos organizativos de los pueblos y
de la sociedad civil han llevado la lucha antisistémica al límite de
sus capacidades, y en condiciones de militancia caracterizadas por
embestidas constantes a sus estructuras políticas, con asesinatos y
desapariciones forzadas de sus dirigentes, desplazamientos de
población, que afectan en muchos casos su efectividad y continuidad.
Sería injusto pedir más de organizaciones que en medio de estas
condiciones extremas han participado, no obstante, en acciones contra
las reformas estructurales, aunque no haya sido posible coordinarse con
el conjunto de las resistencias contra la ocupación neoliberal, tal
como lo reclama la situación de emergencia nacional que vive nuestra
patria.
La hegemonía nacional de una fuerza política se
define en la práctica concreta: 1) por su capacidad para representar
tendencialmente al conjunto de la sociedad y, en consecuencia,
articular las reivindicaciones de todas y cada una de las luchas, por
más sectoriales y locales que sean; 2) por contar con un proyecto de
nación democrático-popular, realmente alternativo al existente, y 3)
por superar todo corporativismo, que constituye el polo equidistante de
la hegemonía, esto es, la tendencia a actuar en función sólo de
intereses propios.
¡Estos son los retos ante el crimen de lesa patria!
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