Antonio Gershenson
El
domingo 6 de octubre estaba anunciado como la fecha de aprobación de
las leyes de entrega de las empresas de la energía, y del cambio de los
artículos 27 y 28 de la Constitución. Iba a haber discursos diarios
para
argumentar. Sólo el primer discurso, de Cuauhtémoc Cárdenas, se pronunció el lunes inmediato anterior, y luego siguió el silencio. Ese anuncio no se cumplió. Todavía hubo un intento muy poco duradero, de quien dijo que el día 15
ahora sí. Tampoco hubo nada.
Ahora empieza un nuevo
final. Desde el principio de la primera semana de diciembre se hablaba de que el domingo próximo (el 8) se aprobarían los nuevos cambios legales. Ahora el descontento era mayor. El cerco de opositores enfrentó a un cerco policiaco. Ya para el jueves se había frenado el proceso derechista, y se anunciaba que el domingo 8 ahora habría un nuevo principio del proceso, ya con un proyecto.
El descontento se pone de manifiesto nuevamente. Desde antes,
sectores empresariales se frotan las manos por lo que van a recibir.
Empresas trasnacionales planean sus futuros negocios, y ven con qué
funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) o del gobierno se van a
poner de acuerdo.
Hacen cuentas por la futura propiedad de áreas profundas con
petróleo o con gas. No les preocupa el hecho de que en más de 10 años
se gastó un dineral sin que se haya producido ni una gota de petróleo
ni de gas en las áreas profundas que ambicionan.
También se frotan las manos con el shale gas para que sea de su propiedad, aunque no esté clara la producción ni los problemas que se generan.
¿Y por qué no también, que pasen a propiedad de trasnacionales otros volúmenes probados de crudo y gas?
Por otro lado, muchos rodean el Senado y la Cámara protestando por el posible despojo.
Por otro lado más, hay muchos ingenieros, técnicos y demás,
trabajando para Pemex en zonas como Tabasco y lugares cercanos de
tierra, y en áreas marinas como Litoral de Tabasco. Por supuesto que
quieren que se respeten sus trabajos.
Otros
más trabajan en zonas urbanas, no sólo en áreas administrativas sino en
otras, técnicas o profesionales, y claro que quieren seguirlo haciendo.
Otra diferencia es entre el PRI y el PAN, el cual quiere que a como
dé lugar se modifique el artículo 27, y parece ser que también darles
plena seguridad a las trasnacionales. También quieren, cada quien, la
mayor parte del botín. Y el gobierno se quedará con el gran pastel.
Con todo este lío, ya no quedan leyes para proteger a los mexicanos.
Parece que las protestas van a aumentar, porque a Pemex, a la Comisión
Federal de Electricidad y a los afectados mexicanos ya no les va a
quedar nada.
Hay casos en los que las trasnacionales ya no pueden pedir más
porque ya lo tienen casi todo. En Burgos ya tienen 15 o 20 años del
territorio, los bienes, los derechos, el personal, las operaciones,
etcétera.
En Chicontepec, contratos de cuatro años, por un dineral en cada caso, el mando del personal y de todas las operaciones.
En los contratos por 20, 25 y 30 años, tienen el dominio total. Y así sucesivamente.
Con todo este lío, ¿es seguro que este domingo se va a resolver
todo, como iba a suceder el 6 y el 15 de octubre, y el pasado domingo?
¿De qué tamaño serán ahora las protestas?
¿De qué calibre serán las protestas públicas ahora?
¿Quiénes estarán de acuerdo con quiénes?
Dentro del PRI, ¿seguro que habrá unanimidad? ¿Y dentro del PAN?
Quedan algunos días hábiles del año. Y para tener un acuerdo, ¿lo
restante del periodo será suficiente? ¿Será suficiente la oposición
para detener el plan oficial?
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