Cartera vencida e irresponsabilidad

Editorial La Jornada 

De acuerdo con cifras reportadas ayer por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el monto de los créditos bancarios no pagados ascendió a 102 mil 145 millones de pesos en diciembre pasado, un incremento de 46.6 por ciento en comparación con la cantidad registrada en 2012, lo que coloca a la cartera vencida en su máximo nivel en una década. Otras cifras difundidas recientemente por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) revelan que uno de cada nueve créditos otorgados por los bancos del país está en moratoria de pagos, circunstancia atribuida por ese organismo a un problema de insuficiencia de ingresos o de sobrendeudamiento para la economía de muchas familias.

En forma significativa, semejante crecimiento en la morosidad de los préstamos bancarios se produjo en el mismo año en que las instituciones financieras que operan en nuestro país –la mayoría de las cuales forman parte de grandes consorcios internacionales– registraron ganancias por 107 mil 73 millones de pesos, cantidad que superó en 20 mil 384 millones a las obtenidas en 2012. Para ponderar la importancia que el mercado nacional tiene para esas compañías, debe señalarse que la filial mexicana del banco BBVA reportó a su matriz española 40 por ciento del total de sus utilidades globales durante los primeros trimestres del año pasado.

La aparente contradicción entre el crecimiento sostenido de la cartera vencida y el aumento exorbitante en las ganancias de los bancos en el país tiene como factor explicativo la persistencia de malas prácticas de los segundos, como queda de manifiesto con la aplicación por la Condusef de 256 multas por 32 millones de pesos a siete instituciones financieras en el país debido a diversas irregularidades, muchas de ellas relacionadas con la emisión desenfrenada de tarjetas de crédito.

En efecto, el sobrendeudamiento personal y familiar aludido por las autoridades en la materia está motivado principalmente por la irresponsabilidad de las propias instituciones financieras que, en su afán frenético de obtener ganancias económicas, han incurrido en prácticas como la colocación desmedida de plásticos, los cuales privilegian el endeudamiento de los usuarios por sobre el financiamiento de las actividades productivas y tienden a incrementar los niveles de morosidad y, por ende, la inestabilidad y riesgo financiero. A la postre, los costos de esa irresponsabilidad son transferidos a los propios usuarios a través de tasas de interés leoninas y de comisiones exorbitantes, rubros que explican en buena medida los márgenes de utilidad de los bancos y las dificultades crecientes de los deudores para mantenerse al día en sus pagos.

Con estas consideraciones en mente, es claro que la corrección de los vicios y las conductas depredadoras de la banca en el país no pasa por la aplicación de correctivos como las multas mencionadas, mucho menos cuando éstas representan una ínfima parte de los márgenes de utilidad obtenidos por las instituciones financieras. Se requiere, en cambio, de la aplicación de medidas de control y regulación oficial de esas instituciones que, hoy por hoy, tienen en México un mercado de rapiña, mucho más ventajoso que en sus entornos de origen, y que es alentado por la actitud omisa de las propias autoridades.

La fe ciega de los gobiernos neoliberales en los principios de autorregulación y libre competencia puede resultar muy costosa para las economías nacionales, como quedó demostrado con el colapso del sistema financiero estadunidense y con la crisis económica que se vive en diversos países europeos. Si no se modifica en forma sustancial el marco legal que ha permitido las distorsiones enunciadas en el sistema financiero mexicano, y si no se adoptan medidas de asistencia y protección a los usuarios de los servicios financieros –particularmente a los deudores–, se corre el riesgo de que el país asista a un nuevo quebranto económico severo.