Amparo a la nación

 Manuel Bartlett

Legisladores federales solicitamos amparo al Poder Judicial, contra la reforma constitucional energética; los conceptos de violación, pese a la manipulación mediática, son conocidos por la ciudadanía, fidedignos, por lo que demandamos protección ante nuestros derechos constitucionales violados. Remitida la demanda al juzgado 8vo administrativo, solicitamos sea atraída por el Pleno de la Suprema Corte por ser de trascendencia indubitable. Confiamos que esté a la altura de su responsabilidad histórica, como lo fue el Poder Judicial de 1938.

Tres planteamientos:

1) Inconstitucionalidad del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo; 

2) Graves violaciones de procedimiento;

3) Trastocamiento de decisiones políticas fundamentales.

Primero: la improcedencia del amparo establecida en el artículo 61 contra reformas constitucionales, coloca al órgano revisor de la Constitución por encima de todo control de constitucionalidad, rompiendo el estado de derecho, porque ningún órgano del Estado debe poder violar los procedimientos que lo regulan, sin supervisión constitucional. Segundo: el proceso de reforma sufrió violaciones en cada una de sus etapas, deviniendo ilegal; algunas: existiendo dos iniciativas presentadas con oportunidad del PAN y del PRI para ser dictaminadas, las presidencias de las comisiones dictaminadoras impusieron una tercera iniciativa, desconocida, que denominaron fraudulentamente “dictamen”, elaborada en sedes extraparlamentarias por legisladores del PAN y PRI, con funcionarios de Hacienda y Energía, misma que pusieron a discusión en comisiones con menos de 12 horas de anticipación para conocer y debatir 300 cuartillas, albazo violatorio a los términos reglamentarios indispensables. Iniciada la discusión en el Pleno, presentamos Moción Suspensiva, por violación a la Ley de Responsabilidad Hacendaria, el Ejecutivo no evaluó el impacto presupuestal, ni los legisladores, ni las comisiones, así, la reforma de mayor impacto posible al presupuesto nacional no fue analizado, desechando la moción e imponiéndose un salto económico al vacío. Iniciada la discusión en el Pleno apareció clandestinamente un “adendum”, modificando cuestiones ya votadas en comisiones, alterando sorpresivamente la materia de la reforma, auténtico golpe constitucional. 

En la Cámara de Diputados se violaron impúdicamente todos los procedimientos, llevándose al pleno sin dictamen 300 cuartillas desconocidas, imponiéndose la mayoría prianista sin debate. Finalmente, la aprobación requerida de la mayoría de los Congresos Estatales, tan determinante como la del Congreso de la Unión, fue impuesta en los estados en minutos, entre violaciones escandalosas, descritas por la prensa nacional y local. El procedimiento parlamentario final fue burlado públicamente, convocada la Comisión Permanente para computar esta supuesta aprobación de la mayoría de los Congresos Estatales, el Presidente de la misma suplantó a la Comisión al hacer la declaratoria por sí mismo sin que los integrantes de la Comisión hubieran podido analizar la documentación, desconocida, en uno de los mayores desacatos en la historia constitucional: en las entidades de la República ni se conoció, ni se aprobó legalmente la reforma, por tanto la violación el procedimiento regulado en el artículo 135 de la Constitución, hace nula de pleno derecho la reforma energética.

En cuanto al contenido, en estas condiciones de irregularidad, se trastocaron decisiones políticas fundamentales, que conforme a la doctrina constitucional, no son facultad de un constituyente ordinario y teniendo el instrumento constitucional de la consulta, habiendo sido solicitada por miles de ciudadanos concentrados en el Zócalo, antes de la aprobación, como debía ser, se negó Peña a consultar al pueblo, sabiéndolo mayoritariamente en contra. La intervención de la SCJN para revisar la irregularidad en el procedimiento se ha hecho, ahora, tratándose de una reforma que compromete la soberanía nacional y el dominio inminente de nuestro territorio, la SCJN debe proteger a la nación del fraude constitucional que denunciamos.

Senador de la República