"Esto es un retroceso, me parece lamentable (...) significa que va a haber un alza en abortos clandestinos y lo otro, lo más probable, es que aumenten los embarazos adolescentes en menores de 14 años"
Santiago
de Chile, 05 feb. 14. AmecoPress/SEMlac.- La píldora del día después no
podrá ser entregada sin que un médico informe posteriormente al padre o
la madre de las niñas menores de 14 años, según el dictamen
recientemente emitido por la Contraloría General de la República.
Ese
dictamen contraviene la norma definida en marzo del 2013 por el
Ministerio chileno de Salud, en la que se aprobaba la entrega de la
anticoncepción de emergencia a todas las mujeres que lo necesitaran.
El
fallo se definió tras un requerimiento de la ONG "Comunidad y Justicia"
y del alcalde de la comuna de Puente Alto, Germán Codina, militante
derechista; que imputaron la norma, puesto que contravenía el derecho a
información de los padres, según indicaron.
El director
ejecutivo de la ONG, Tomás Enríquez, indicó que en Chile los menores de
14 años no tienen libertad de autodeterminación sexual, por lo que
siempre que un menor de esta edad tenga relaciones sexuales se
calificará como delito de violación, por lo cual habrá obligación de
informar, inicialmente, al Ministerio Público y a los padres.
"Así como el
criterio del médico le deja el espacio abierto para que le informe a
otro adulto responsable que no sea el papá o la mamá, también era
necesario resguardar el derecho de los papás y mamás para efectos de
que puedan tomar conocimiento de una cuestión que involucra e impacta
la salud de los niños y su formación personal", señaló Enríquez.
Para la
presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, esta modificación de
la Contraloría violaría el derecho a la confidencialidad que tienen
todas las personas y sería contraproducente con la regulación de los
embarazos adolescentes, ya que si una niña queda embarazada, podría
terminar teniendo al bebé o abortando con tal de no enfrentar a los
progenitores, tras conocer su estado.
"La realidad
nacional es que los niños se inician sin preguntar y la probabilidad de
que aumente el embarazo adolescente con este dictamen es altísima",
afirmó.
Claudia Dides,
investigadora en salud sexual y reproductiva del Centro de Estudios
Sociales y Opinión Pública de la Universidad Central, indicó: "Esto es
un retroceso, me parece lamentable (...) significa que va a haber un
alza en abortos clandestinos y lo otro, lo más probable, es que
aumenten los embarazos adolescentes en menores de 14 años".
El presidente
de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades,
Felipe Delpin, señaló que presentará un informe ante la Contraloría
dando cuenta de la realidad de los consultorios, con el fin de tener en
cuenta el temor que la medida podría generar en las niñas que no
quieren que sus padres sean notificados sobre su eventual condición.
El ministro de
Salud, Jaime Mañalich, ratificó la entrega de píldoras del día después
a menores de 14 años, pese al fallo de Contraloría, ya que -según él-
la niña que solicita la píldora podría señalar como adulta responsable
"a una hermana mayor de 18 años, si así prefiere. Lo importante es que
el dictamen de Contraloría no condiciona de manera alguna la entrega
del anticonceptivo de emergencia y no habrá cambios en esta materia".
Más del 15 por
ciento del total de embarazos del país corresponden a madres
adolescentes, de las cuales un 2,5 por ciento corresponde a niñas que
tienen entre los 10 y los 15 años, lo que significó un total de casi
900.000 niñas en 2012.
La encuesta
CASEN (Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional) registró en
2009 adolescentes embarazadas y amamantando desde los 13 años de edad,
e indica que el embarazo es una causa relevante de la deserción
escolar, ya que solo un tercio de las madres adolescentes asisten
regularmente al colegio, cifra que aumenta a más del 80 por ciento en
aquellas que no tienen hijos ni se encuentran embarazadas.
La
anticoncepción de emergencia ha tenido una larga lucha en Chile desde
que en 2001 se intentó comercializar por primera vez un medicamento de
este tipo, cuando el Instituto de Salud Pública autorizó la fabricación
y venta de la píldora.
Inmediatamente,
grupos autodenominados "Provida", anti derechos reproductivos y
sexuales de las mujeres, interpusieron un recurso en tribunales
alegando el carácter abortivo de la pastilla, recurso que fue aprobado
por la Corte de Apelaciones, que prohibió la comercialización del
producto, lo que provocó el rechazo público del movimiento de mujeres.
Un subterfugio
técnico permitió a las autoridades de salud salir del paso, ya que la
prohibición era específica para una marca del medicamento, por lo que
el Instituto de Salud Pública autorizó ese mismo año a otro laboratorio
para comercializar el mismo componente bajo otra marca.
En 2004 el
Ministerio de Salud permitió el acceso a este tipo de anticoncepción en
los Protocolos de Atención a Personas Víctimas de Violencia Sexual; sin
embargo, la entrega gratuita del medicamento en los servicios públicos
a todas las mujeres solo fue una realidad desde 2006, debido a las
Normas de Regulación de la Fertilidad promulgadas en el gobierno de
Michelle Bachelet.
Ese mismo año,
parlamentarios derechistas interpusieron nuevamente un requerimiento de
inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional, que acogió el
recurso en abril de 2008, prohibiendo la distribución del medicamento
de emergencia en los consultorios públicos, si bien se continuaba
permitiendo su venta privada.
Ese año se
enfrentaron en el país dos fuerzas opuestas: de un lado, colegios
femeninos católicos llevaban a sus alumnas a rezar a la Catedral por
las almas de quienes supuestamente morirían debido al medicamento
"abortivo"; por otro. el movimiento de mujeres que convocó a numerosas
movilizaciones. La más recordada fue la que se realizó en abril, cuando
más de 35.000 personas protestaron en varias ciudades de Chile en
contra "de la dictadura moral y religiosa" de la Iglesia Católica.
En aquellas
movilizaciones participaron, sobre todo, hombres y mujeres jóvenes,
quienes denunciaron la intromisión de la Iglesia Católica en asuntos de
políticas públicas, realizando una acción colectiva de apostasía,
consistente en que más de 500 jóvenes bautizados por la fe católica
renunciaron a esta religión de manera formal mediante una carta
dirigida a las autoridades eclesiásticas.
En 2010 se
autorizó nuevamente la entrega gratuita y universal, pero en la
práctica esta se realizaba en las municipalidades de autoridades
proclives a la medida, lo que fue denunciado en varias oportunidades
por distintas organizaciones no gubernamentales.
Foto: Archivo AmecoPress.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario