Integrantes de la academia rechazan retrocesos en DH
Personas de la academia de todo el país exigieron al Senado que rechace las acciones encaminadas a revertir los avances legislativos obtenidos por el movimiento feminista y el colectivo de la diversidad sexual.
Al entregar un pronunciamiento con más de 400 firmas de especialistas que laboran en 36 universidades, federaciones y colegios en diversos estados de la República, reiteraron que no permitirán retrocesos en conquistas como la interrupción legal del embarazo (ILE) y la unión civil entre personas del mismo sexo, con la posibilidad de adoptar en pareja.
Cortesía Senado de la República
Por: Mario Alberto Reyes
Cimacnoticias | México, DF.- En conferencia de prensa, Antonio Medina, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), calificó como “preocupante” la creación en el Senado de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, encabezada por José María Martínez, del Partido Acción Nacional (PAN), quien en días pasados dijo que combatiría “el aborto y la moda de familias homoparentales”, así como la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos temas.
El documento fue propuesta de un amplio grupo de docentes de la UACM, el cual convocó a los gremios académicos de todas las universidades del país a pronunciarse contra el “retroceso político que significa esa acción de cabildeo” al interior del Senado.
Medina Trejo calificó como un “insulto” a la sociedad la pretensión de otorgar a esa comisión 300 mil pesos mensuales para gastos de operación, y advirtió como un “peligro” que iniciativas con “tufos conservaduristas” permeen en el Poder Legislativo.
Lucía Melgar, investigadora en Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, subrayó que no se puede institucionalizar la discriminación en uno de los órganos más importantes del país en materia legislativa, a la vez que definió las declaraciones de José María Martínez como “una forma de pretensión para institucionalizar la violencia”.
La también coautora del libro “Familias en el siglo XXI” dijo que actualmente la mayor parte de las familias mexicanas no responden al modelo tradicional –padre, madre e hijos–, defendido por grupos conservadores, y llamó a dejar atrás visiones “familistas” impulsadas por el Vaticano y propias de un Estado confesional.
Melgar aseguró que el respeto a la diversidad es la base y sustento de las sociedades democráticas, y reiteró que iniciativas como la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano atenta contra las libertades y derechos de las mujeres garantizados en los artículos primero y cuarto constitucionales.
En tanto, Angélica de la Peña, senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, debe aclarar cuáles son las tareas y objetivos específicos de la comisión, pues si bien no se debe regresar a los tiempos en que las personas eran perseguidas por sus ideas, tampoco se deben permitir iniciativas que atenten contra los preceptos antidiscriminatorios emanados de la Constitución.
Respecto a una posible sanción a José María Martínez por impulsar esa iniciativa, De la Peña comentó que tendría que haber un procedimiento jurídico e impulsar el desafuero aunque, acotó, “no sé si sea el caso”.
“La Junta de Coordinación Política debe dejar en claro cuáles son los objetivos específicos de esta comisión para así determinar si es constitucional o no porque ha entrado en una ‘litis’, en un problema de afectación a la Constitución”.
Tras la rueda de prensa y acompañados por la legisladora del PRD, las y los académicos acudieron a las oficinas de Jorge Luis Preciado, líder de la bancada del PAN en el Senado, para entregar el pronunciamiento e informarle que el próximo sábado 28 de junio, fecha en la que se realizará la XXXVI Marcha del Orgullo LGBTI de la Ciudad de México, un contingente se manifestará en repudio a la iniciativa de José María Martínez, por considerarla “discriminatoria y violatoria de la laicidad del Estado mexicano”.
Finalmente, exigieron a las y los senadores defender los avances legislativos sin incitar al odio social y sin fomentar la estigmatización de la población históricamente excluida de las políticas públicas.
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