10/16/2014

Política neoliberal del Estado mexicano viola derechos y expone a poblaciones a la injusticianeoli




Adital

Al analizar la continúa "política de desprecio, discriminación, injusticia, impunidad y muerte” enfrentadas por los pueblos, comunidades y procesos de organización mexicanos, en el informe Los derechos humanos a debate: entre el cinismo oficial y la dignidad de los pueblos se hace una síntesis de la realidad de la población del Estado de Chiapas, en el sudeste del país. Elaborado y divulgado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en el documento se ofrecen datos relativos al período comprendido entre enero de 2013 y julio de 2014.


En lo que se refiere a las expoliaciones, el Frayba señala que los gobiernos estaduales de México buscan mercantilizar tierras y territorios, mientras los pueblos originarios se organizan para no ser cómplices de proyectos que invierten en la producción de agro-combustibles, en la concesión y explotación de proyectos mineros entre otros tantos considerados "planes de desarrollo” de la Meso América. Según el relevamiento, tales políticas neoliberales son parte de la negativa histórica al reconocimiento pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas por parte del Estado mexicano.

"Estas políticas forman parte de los grandes negocios de este siglo, entre ellos el llamado ‘oro verde’, ya que el capital extranjero y nacional tienen la mira puesta en la explotación de la gran biodiversidad que hay en el estado, lo que representa un choque con la diversidad de sistemas de vida que tienen sus raíces e identidades subyacentes desde antes de la colonización española hasta la actualidad”, se señala en el informe.


Un resultado de este tipo de política gubernamental es el desplazamiento forzado de los pueblos. De 2013 hasta ahora, el Frayba hizo el registro de 36 personas que se vieron obligadas a separarse de sus comunidades de origen, 170 que sufrieron desalojo de sus tierras y cuatro familias que tuvieron que dejar su domicilio en el Estado de Chiapas.


En la defensa de los derechos humanos, el Centro señala que existen repetidas promesas de promoción, respeto y garantía de compromisos ratificados en instancias internacionales por parte del Estado. Sin embargo, lo que se nota en la práctica cotidiana es una negación de derechos y libertades básicas, que se expresa a través de la constante criminalización de la población civil, con detenciones arbitrarias, vigilancia, hostilidad, amenazas de muerte, asesinatos de defensores comunitarios y tortura sistemática como método represor para "gobernar”.

"La estrategia de seguridad nacional que implementada por el gobierno del [presidente] Enrique Peña Nieto, con el argumento de combatir a la delincuencia organizada y tener un país más seguro, es el pretexto que tiene el Estado para no respetar los derechos humanos y evadir su responsabilidad internacional ante las instancias internacionales, con un discurso vacío en contraste con los datos y casos que han presentado organizaciones de la sociedad civil (OSC) de México”, evalúa el Centro de Derechos Humanos.

En relación con los impactos del conflicto armado interno en Chiapas, el Frayba destaca la continuidad de los proyectos de contrainsurgencia, como la Cruzada Nacional Contra el Hambre que, según la organización social, ha fomentado una división y polarización de las comunidades. La entidad señala también una gran ingerencia del Estado en los medios de comunicación, lo que generaría "desinformación” en la población mexicana.

En 20 años de conflicto armado, según el Frayba, el gobierno mexicano no ha respetado acuerdos establecidos en mesas de diálogo, además de ser complaciente con prácticas de impunidad por delitos de lesa humanidad. En relación con este último, en el documento se registran 138 casos de privación arbitraria de la vida y 38 casos de desapariciones forzadas, además de señalar la presencia constante de violación al derecho a la integridad y seguridad personal, a la libertad personal, a tener personalidad jurídica, a la protección y garantías judiciales y al derecho de la mujer a vivir libre de violencia.

Entre a leer el informe completo.

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Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com

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