La Secretaría de la Función Pública detecta un fraude en Pemex Refinación por 23.5 millones de dólares, vinculado al arrendamiento de cuatro buquetanques. En la auditoría se presume que Arrendadora Ocean Mexicana –filial de Blue Marine Technology Group– y TMM “se coludieron” para obtener los contratos. La contraloría federal inhabilitó a 14 funcionarios que “manipularon la licitación y contrataron con sobreprecio” las embarcaciones. Las sanciones suman más de 5 mil millones de pesos
Las empresas Arrendadora Ocean Mexicana y Transportación Marítima Mexicana (TMM) habrían cometido un fraude a las arcas de Pemex Refinación por 23.5 millones de dólares, descubre una auditoría del Órgano Interno de Control en esa subsidiaria de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El caso, ventilado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el pasado 26 de enero, implica la adjudicación “irregular” de contratos para el arrendamiento de cuatro buquetanques a casco desnudo “con sobreprecio de entre 29 y 35 por ciento”, indica el comunicado de prensa 09/2011.
Los contralores detectaron que, en 2006, Arrendadora Ocean Mexicana y TMM “se coludieron” para adjudicarse la licitación pública 18576057-016-05. Además, en sus observaciones presumen que el proceso fue “manipulado” por funcionarios de la paraestatal en beneficio de las dos empresas.
De acuerdo con información oficial extraída de la auditoría, el sobreprecio de 23.5 millones de dólares se originó porque se “manipularon los estudios de costo-beneficio”. Éstos no corresponden a las características del servicio contratado, indica la auditoría en sus conclusiones.
Para los contralores, 14 servidores públicos de Pemex Refinación participaron en el supuesto fraude al “direccionar” las bases de la convocatoria.
“Se presentaron estudios de mercado que justificaban el arrendamiento de buquetanques a tres años; sin embargo, la licitación fue por contratos de cinco años a casco desnudo”, indican los datos a los que tuvo acceso Contralínea.
En estas condiciones de “favoritismo”, TMM arrendó las embarcaciones Amatlán II y Choapas II, y Arrendadora Ocean Mexicana, los buques Faja de Oro II y Potrero del Llano II.
En 2007 y 2008, Contralínea documentó algunas de las irregularidades detectadas en esa contratación, que ahora confirma la Función Pública. Por esas revelaciones, este semanario y sus periodistas Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Nancy Flores y su cartonista David Manrique fueron condenados en primera instancia por daño moral.
El 3 de enero de 2011, la jueza 54 de lo Civil del Distrito Federal, Yassmin Alonso Tolamatl, resolvió que las revistas Contralínea y Fortuna y los reporteros deberán restituir el patrimonio moral a favor de las empresas Blue Marine Technology Group, Arrendadora Ocean Mexicana y Subtec, y de sus accionistas Antonio Juan Marcos Issa, Alfredo Reynoso Durand y Juan Reynoso Durand.
Según la sentencia, los periodistas hicieron “uso abusivo de sus derechos de expresión e información” porque el petróleo y las contrataciones y adquisiciones de Pemex y del gobierno federal “no son de interés público”. La resolución obliga a no publicar más acerca de los demandantes y a pagarles una indemnización aún no determinada.
Sanciones e inhabilitaciones
En 2006, una vez que los contratos fueron asignados a TMM y Arrendadora Ocean Mexicana, el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación inició la auditoría al fletamento de los cuatro buquetanques a casco desnudo por un periodo de cinco años.
Aunque la investigación se concluyó en 2008 y en ella se determinó que había elementos suficientes para citar a proceso sancionatorio a diversos funcionarios de Pemex Refinación, las inhabilitaciones y sanciones se aplicaron hasta el 21 de diciembre de 2010. Según la Función Pública, esto se debió a “los medios de defensa que los inculpados ofrecieron”.
La dilación no sólo retrasó el proceso sancionatorio contra los servidores públicos, también mantuvo a salvo los millonarios negocios de las empresas. Fuentes de la SFP aseguran que, por los tiempos, no se les pudieron rescindir los contratos y, puesto que ya no son vigentes, las compañías tampoco serán inhabilitadas.
En su resolución, la Función Pública señala que 11 funcionarios de la Gerencia de Operaciones Marítimas son responsables de “emitir estudios de costo-beneficio deficientes y tendenciosos, lo que originó la adjudicación de contratos de arrendamiento de buquetanques a tarifas entre un 29 por ciento y 35 por ciento excesivas”.
Otros tres servidores públicos de la Gerencia de Administración fueron sancionados por haber autorizado el pago de las propuestas únicas presentadas, aun cuando dichas propuestas excedían, sin justificación, el estudio de mercado en 18 por ciento.
El negocio de los barcos
De acuerdo con información de la SFP, actualmente Pemex Refinación explora la posibilidad de adquirir buques directamente con las compañías armadoras en lugar de arrendarlos en el mercado nacional. Con ello, se busca evitar sobrecostos por la operación comercial.
El 28 de noviembre de 2010, Contralínea publicó que, para renovar su flota, esa subsidiaria planeaba adquirir cinco buquetanques sin licitación de por medio, por más de 2 mil 700 millones de pesos.
La adquisición beneficiaría a empresas intermediarias, según denuncias hechas por armadoras trasnacionales que habían quedado fuera de la restringida invitación.
Las adjudicaciones directas aún podrían darse, admiten fuentes de la Secretaría de la Función Pública consultadas, pues la licitación pública internacional R0-LP-906-001, que comprometía recursos públicos por 200 millones de dólares (equivalentes a más de 2 mil 700 millones de pesos) se declaró desierta el 8 de octubre de 2010 tras protagonizar un cuestionado proceso.
De acuerdo con las bases, ésta tenía como fin adquirir “hasta cinco buques tanque de doble casco, con año de terminación de construcción de 2007, 2008, 2009 o 2010, para efectuar el transporte de productos petrolíferos de un importe mínimo de 40 mil toneladas de peso muerto, a precio fijo”.
Esas mismas bases impidieron la participación de las compañías que producen y son dueñas de las embarcaciones ofertadas, denunciaron a este semanario fuentes de la propia paraestatal y representantes de armadoras trasnacionales, quienes califican el proceso como “amañado”.
También advirtieron que, cinco días después de declarar desierto el proceso, el 13 de octubre, la Dirección General de Pemex, que encabeza Juan José Suárez Coppel, habría encargado directamente a su filial PMI Comercio Internacional buscar y localizar los navíos con los requerimientos técnicos establecidos en la licitación.
Los sancionados e inhabilitados
| Gerencia de Operaciones Marítimas | ||
| Nombre | Cargo | Sanciones |
| Jorge Armando Basualto Ramírez | Gerente de Operación y Mantenimiento Marítimo | Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos |
| Mario Magallón Cruz | Subgerente de Tráfico Marítimo y Fletamento | Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos |
| Gilberto de Hoyos Peña | Jefe de la Unidad de Control de Gestión | Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 354 millones 918 mil 409 pesos |
| Hugo Alfonso Zermeño Díaz | Superintendente General de Análisis de Fletamentos | Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos |
| Alejandro Dorantes Valderrama | Superintendente General de Tráfico Marítimo | Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos |
| Carlos Alberto Martínez de la Fuente | Superintendente General de Evaluación | Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos |
| Antonio Refugio González Martínez | Encargo del Despacho de la Unidad de Control de Gestión | Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 145 millones 994 mil 323 pesos |
| José Luis Ortiz Ochoa | Gerente de Coordinación de Operaciones | Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 354 millones 918 mil 409 pesos |
| Augusto Guillermo Acosta González | Superintendente General de Evaluación de Operación Marítima | Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos |
| Cruz Jaime Olvera Rico | Subgerente de Operaciones Marítimas | Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos |
| Francisco Guillermo Cuneo Pérez | Superintendente General de Evaluación de Operación Marítima | Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 500 millones 912 mil 730 pesos |
| Gerencia de Administración | ||
| Guillermo González Lozano | Gerente de Recursos Materiales | Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 90 millones 413 mil 190 pesos |
| Edith Eugenia Blancas García | Subgerente de Contratación para Producción y Embarcaciones Marítimas | Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 90 millones 413 mil 190 pesos |
| Juan Antonio Zapata Muñoz | Superintendente de Compras 008 | Destitución e inhabilitación por 10 años, y sanción económica por 90 millones 413 mil 190 pesos |
Otros sancionados
Por el supuesto fraude en Pemex Refinación, la Secretaría de la Función Pública abrió un procedimiento en contra del subdirector de Almacenamiento y Distribución, Pedro Carlos Gómez Flores, y del gerente de Recursos Materiales, Guillermo González Lozano, “por haber adjudicado contratos, sin contar con la suficiencia presupuestal, ni autorización presupuestal multianual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de la totalidad de los recursos comprometidos derivados de la Licitación Pública Nacional 18576057-016-05 para el arrendamiento de buquetanques a casco desnudo con acuerdo técnico”.
Información de la contraloría federal indica que, derivado de este proceso, el 2 de diciembre de 2010 ambos funcionarios fueron inhabilitados por seis meses.
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