Salvador García SotoLo que comenzó como un asunto de algunos estados y ciudades de la Unión Americana, que reclamaban que el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera respondiera en sus cortes por delitos cometidos en sus territorios, se convirtió ya en un tema de política exterior y de seguridad para el gobierno de Estados Unidos que, a través de enviados directos de Washington ha comenzado a ejercer presión política y diplomática para que El Chapo, líder del Cártel del Pacífico, sea extraditado y juzgado en su país.
El efecto de esta presión se notó de inmediato en los funcionarios del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que pasaron del “no se va a extraditar en ningún caso a El Chapo y se le va a juzgar y a procesar aquí”, a matizar su postura con frases como “en el corto plazo no habrá extradición, pero es un tema que se está analizando” y “una vez que responda a los delitos en México se analizarían las peticiones para extraditarlo”.
Si en apenas cinco días transcurridos desde la captura del capo sinaloense el procurador Murillo Karam, que ya recibió una llamada de su homólogo el procurador estadunidense Erick Holder, ha suavizado la negativa de la extradición, la duda es cuánto tiempo podrá resistir el gobierno mexicano la presión de la Casa Blanca para llevarse al delincuente que, tras la ejecución del terrorista Osama Bin Laden, era el número uno en la lista de los más buscados por el FBI.
En esa presión de Washington que irá subiendo de intensidad pesan desde el argumento de una posible nueva fuga del Chapo del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano -algo que según afirman en Los Pinos el presidente Peña Nieto ha encargado evitar como prioridad al secretario de Gobernación-, hasta el hecho innegable de que bajo el mando de Joaquín Guzmán el Cártel de Sinaloa traspasó las fronteras y estableció células operativas que distribuían la droga en varios estados y ciudades importantes de la Unión Americana, por lo que existen varias denuncias en su contra lo mismo en cortes estatales que federales.
Otro elemento que será utilizado por la administración Obama para presionar una extradición, es el hecho de que otro narcotraficante que siempre quisieron llevarse los Estados Unidos, Rafael Caro Quintero, haya sido liberado por un recurso legal interpuesto por sus abogados y concedido por un Tribunal Federal que aunque ya fue revocado por la Suprema Corte de Justicia que ordenó reponer y corregir esa sentencia, hoy se encuentra prófugo y ya ha sido pedida formalmente su extradición por la Casa Blanca.
El interés de los estadunidenses en El Chapo es exactamente el mismo por el que el gobierno de Peña Nieto se niega en principio a conceder la extradición: como figura emblemática que fue del narcotráfico mexicano Joaquín Guzmán Loera es un preso con alta rentabilidad política y de imagen para cualquier gobierno; pero además la información que posee el capo sobre sus redes de cómplices políticos y económicos es un jugoso botín por el que la DEA, el FBI y muchas otras agencias estadunidenses estarían dispuestas a ofrecerle pactos y negociaciones a cambio de que el sinaloense cante en un proceso judicial ante su sistema de justicia.
Anticipándose a ese argumento, de que en Estados Unidos El Chapo puede aportar más información útil para combatir al narcotráfico, aquí la administración de Peña Nieto ha dicho también que su siguiente paso, tras el éxito de la captura, es ir a fondo contra las redes de corrupción política y financiera que sostuvieron el emporio y la libertad de Joaquín Guzmán durante los últimos 13 años. El problema es que para sostener ese discurso, que se le ha escuchado al vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, se requeriría que, en lo inmediato, el gobierno peñista diera nuevos golpes contra ex funcionarios, empresarios y políticos de alto nivel, desde alcaldes o gobernadores, que pudieran ser parte de esa red de complicidades que mantuvieron libre al capo de Badiraguato.
Sólo con acciones inmediatas que demuestren su real intención de profundizar en el combate y desmantelamiento del Cártel del Pacífico, el gobierno mexicano podrá calmar la presión de Washington y atenuar la disputa política y diplomática que ya comenzó a librarse por la cabeza del Chapo Guzmán, un codiciado trofeo que quieren en los dos lados de la frontera.
NOTAS INDISCRETAS… Con su mensaje de retiro de la contienda panista, Josefina Vázquez Mota no sorprendió a nadie pero sí decepcionó a muchos. La ex candidata presidencial tuvo miedo de enfrentar una segunda derrota estrepitosa en su carrera política y prefirió apostar por una mesura que tampoco le ayuda mucho en su imagen pública. Eso sí, aunque no quiso enfrentarlos ni apoyarlos, la ex candidata presidencial criticó sin mencionarlos a Gustavo Madero y a Ernesto Cordero y de paso cuestionó el proceso interno en su partido. Aun así dijo que seguirá luchando por el panismo pero desde la barrera se ven mejor los toros… Ruedan los dados. Cayó Serpiente.
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