Comentario a tiempo:
Teodoro Rentería Arróyave
especial para ARGENPRESS.info
El sueño ideal de todo dictador siempre ha sido: mandar a su antojo y sin que nadie lo observe, lo analice o lo juzgue. De ahí que sea el enemigo público más brutalmente acabado de las libertades y del derecho a la información. Eso precisamente se pretende con la Ley Mordaza del estado de Sinaloa que ideo el gobernador “Malova” y su congreso títere. Ante tal oprobio, el gremio organizado del país lanzo el siguiente comunicado titulado: “A Derogar la Ley Mordaza de “Sinaloa”, que reproducimos integro.
“Constantes y cíclicos los intentos por limitar las Libertades de Prensa y Expresión para cancelar el Derecho a la Información. A la lucha de los periodistas de Sinaloa se suma el gremio organizado, comunicadores del país y diversas voces de sociedad civil para echar abajo la reciente modificación a la Ley de la Procuraduría estatal que prohíbe el trabajo de informar en lugares en donde se hayan cometido ilícitos. Vergonzosa y cómplice la postura del Congreso de Sinaloa con el gobernador, Mario López Valdez “Malova”.
No cabe duda que los intentos por socavar las libertades de prensa y expresión, así como el derecho a la información, son constantes y cíclicas, pero más grave es que exista una actitud cómplice, desobligada e irresponsable, entre poderes, en este caso el Ejecutivo y Legislativo, del estado de Sinaloa.
A pesar de los esfuerzos de los compañeros sinaloenses, quienes han dado una férrea batalla en contra de la “Ley Mordaza” presentada para su análisis por el gobernador Mario López Valdez “Malova” ante el Congreso, se aprobó por unanimidad la modificación a la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado de Sinaloa –artículo 51 Bis- mediante la cual se prohíbe a representantes de los medios de comunicación estar presentes en lugares donde ocurran eventos delictivos, así como fotografiar, grabar o filmar a los involucrados, también a los funcionarios del área se le prohíbe hacer declaraciones y conceder entrevistas a los comunicadores, con el propósito avieso de dejar como única fuente de información los comunicados, conocidos de siempre como boletines de prensa.
La reacción firme y de franco rechazo a la “Ley Mordaza de Sinaloa” por parte de los periodistas locales, del gremio organizado, informadores de otros estados, y diversos sectores no se hizo esperar ante la clara y frontal postura de afectación al trabajo de informar, lo que provocó que el propio gobernador, Mario López Valdez, más conocido como “Malova” y autor del engendro, reculara ante tal despropósito.
Los comunicadores y periodistas deben tener garantizada las más amplia libertad, sin frontera alguna, para poder informar y difundir todo tipo de comunicación, como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de esta forma, el Ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva, instó a los legisladores sinaloenses a dar marcha atrás estos preceptos y por el contrario fortalecer la libertad de expresión en su estado.
Jesús Hernández Chávez, presidente de la Diputación Permanente, también ante la presión social, anunció en conferencia de prensa que “ante las expresiones de rechazo e inconformidad de organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de expresión de México y el extranjero, la Junta de Coordinación Política decidió convocar a un periodo extraordinario a finales de agosto, para cancelar la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia”.
Debe recordarse que existe el reconocimiento por parte de diputados de que la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo no se analizó, no se discutió, no se debatió y algunos confesaron que ni siquiera la leyeron.
El 30 de julio los diputados de la LXI Legislatura del Congreso de Sinaloa aprobaron un paquete de dictámenes que fueron iniciativas del Ejecutivo, entre ellas la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia. En la iniciativa, de la que fue leída sólo un fragmento por la amplitud de lo redactado y bajo una aprobación de dispensa por los diputados en el Pleno, se señalan diversas disposiciones que empatan con el Código Nacional de Procedimientos Penales para el nuevo sistema de justicia, sin embargo, en ésta se adicionó el artículo 51 Bis. La reforma fue aprobada por unanimidad, minutos después publicada en una edición vespertina del Periódico Oficial.
Es claro que este mes se caerá en otra nueva intentona del gobernador Mario López Valdez y del sometido Congreso de Sinaloa por limitar el trabajo de los periodistas; ya lo habíamos denunciado en reciente visita a ese estado, frente a la vocera oficial, Elisa Pérez Garmendia, sobre la posición contraria al trabajo libre de los reporteros y la conocida postura del Gobernador del control sobre los medios a través de la pauta publicitaria gubernamental.
El gremio organizado del país: Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; el Club Primera Plana y la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, se solidariza con los compañeros de Sinaloa en la exigencia no solamente de que el Congreso estatal abrogue el artículo 51 bis, sino que además finalice la actitud frontal del Ejecutivo en contra de la Libertad de prensa y Expresión, el Derecho a la Información y en forma directa con los informadores sinaloenses”.
Encabeza el licenciado Teodoro Raúl Rentería Villa, Presidente del Consejo Directivo de FAPERMEX, la nómina de los dirigentes firmantes
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