Por: Antonio Aranda
(09 de
mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El pasado 21 de abril, la
Cámara de Diputados aprobó reformas al Código de Justicia Militar y un
nuevo Código Militar de Procedimientos Penales, que crea la Fiscalía
General de Justicia Militar y la figura de jueces de control, que podrán
ordenar el cateo a domicilios particulares, oficinas del gobierno
federal e incluso a las dos cámaras del Congreso: el Senado y San
Lázaro, aunque la Constitución define que los recintos legislativos son
inviolables.
Según la nueva legislación, la figura
del cateo se extiende al Poder Judicial, así como a los organismos
constitucionales autónomos, esto es, a las sedes de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), del Instituto Nacional Electoral (INE),
del Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros.
El código prevé también la intervención
de llamadas telefónicas de militares y particulares y deja fuera la
responsabilidad de las fuerzas armadas cuando existan víctimas de
violaciones a derechos humanos.
La primera instancia en expresar su
desconcierto ante estos cambios legislativos que engrandecen a las
fuerzas militares fue la oficina del Alto Comisionado de los Derechos
Humanos de la ONU.
El 27 de abril, dirigió a los
coordinadores parlamentarios del Senado y a los presidentes de las
comisiones dictaminadoras, un documento en el cual advirtió que el
proyecto de decreto tenía aspectos sustantivos que debían revisarse para
evitar mayores violaciones a los derechos humanos, sin embargo los
legisladores ignoraron el llamado a recapacitar.
En este sentido, diversos defensores de
derechos humanos, expertos juristas y especialistas en
telecomunicaciones, coincidieron en señalar que las nuevas medidas se
encaminan a convalidar las violaciones a los derechos humanos por medio
de la creación de un fuero de excepción que beneficia al Ejército.
CNDH se guarda de emitir opinión alguna
El artículo 105 de la Constitución
Política Mexicana faculta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) a impulsar una acción de inconstitucionalidad por la posible
contradicción entre esta norma castrense y la Carta Magna, contando con
30 días naturales a partir de la publicación de esta norma; sin embargo,
a 18 días de haberse anunciado los cambios, ni la CNDH ni el Instituto
Federal Electoral (IFT) han emitido ninguna opinión al respecto.
Aunque Revolución TRESPUNTOCERO
buscó la posición oficial de la CNDH y el IFT ante los cambios jurídicos
que podrían afectarlos, las oficinas de comunicación social de ambas
dependencias pretextaron falta de tiempo para responder a nuestra
solicitud de información.
Revolución TRESPUNTOCERO dialogó
con Carlos Ríos Espinosa, experto en justicia procesal penal y ex
integrante de la Comisión Nacional de Víctimas. En su opinión, los
cambios al Código de Justicia Militar y el nuevo Código Militar de
Procedimientos Penales crean un código completo que permitirá a los
castrenses “tener un sistema penal paralelo, autónomo, no subordinado a
la justicia civil, que ciertamente fortalece el fuero militar que tanto
ha sido criticado por órganos internacionales y nacionales de defensa de
derechos humanos”.
Para el jurista, es casi increíble que
se hayan validado aspectos como el no reconocer como víctimas a aquellos
ciudadanos que hayan sufrido violaciones a sus derechos humanos; que
los menores de 12 años serán exhortados para que se conduzcan con
verdad, al tener calidad de testigo en procesos penales militares;
impedir materialmente la cobertura periodística de los juicios orales de
las fuerzas armadas, entre otros.
“El Estado de excepción se crea por esta
tendencia de involucrar a los militares en tareas de seguridad pública e
investigación del delito, este incluye la posible intromisión del
Ejército en las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos lo que a mi consideración, no sólo viola su autonomía; sino que
pone en riego el trabajo libre de la institución”, destacó Ríos
Espinosa.
El silencio de la CNDH contribuye a la militarización
En tanto, Julio Mata Montiel, secretario
ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos fue
más duró al criticar el silencio en el que ha caído la CNDH después de
que se difundieron los cambios al Código de Justicia Militar y el nuevo
Código Militar de Procedimientos Penales.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO
explicó: “yo no las llamo reformas, para mí son ‘el fuero de guerra’,
es un avance dentro de las formas legales de violaciones a los derechos
humanos; esto confirma que no podemos creer en la independencia de la
CNDH, desde su creación ha servido para fines políticos y garantizar la
impunidad en México. La CNDH en estos momentos es parte de los
instrumentos para perpetuar la impunidad en México”.
Mata Montiel considera que el silencio
de la CNDH contribuye a la militarización de la vida política del país y
a que la sociedad civil pierda espacios de manifestación y organización
ante el robo de las garantías constitucionales.
“Los diputados y senadores no deberían
haber votado estos dictámenes, ahora ellos son responsables de entregar
los derechos humanos a las fuerzas militares y restar autonomía a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos”, afirmó.
En el mismo tono de reclamo a la CNDH,
Elsa Arista coordinadora de la Red Universitaria de Monitores de
Derechos Humanos afirmó a Revolución TRESPUNTOCERO que ante las
situaciones como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o
el caso Tlatlaya, el Estado mexicano lo que está haciendo es protegerse
con reformas que buscan justificar sus acciones para evadir su
responsabilidad.
“La realidad es que el movimiento por la
defensa de los derechos humanos lo hace la sociedad civil, no se me
hace raro que actué así la CNDH, como una libre comparsa del Estado, la
comisión tendría que estar velando porque no se violenten nuestros
derechos, pero si no se pronuncia en contra de esta violación a su
autonomía generará más desconfianza entre los ciudadanos”, explicó Elsa
Arista.
IFT, también supeditado a un solo poder: el Ejército
Otra dependencia “autónoma” que bajo las
reformas al Código de Justicia Militar y el nuevo Código Militar de
Procedimientos Penales podrá ser cateada si los jueces militares así lo
ordenan, es el Instituto Federal Telecomunicaciones (IFT).
Por mandato de ley, el Instituto Federal
de Telecomunicaciones es el órgano encargado del desarrollo eficiente
de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México por lo que
regula, promueve y supervisa el uso, aprovechamiento y explotación del
espectro radioeléctrico; también garantiza el acceso equitativo a
infraestructura y otros insumos esenciales para las tecnologías de la
información y comunicación, incluidos la banda ancha e Internet.
Con el fin de abundar en los alcances
que tendrá la posible intromisión de los militares en esta dependencia,
Michel Hernández Tafoya, abogado especialista en tecnologías de la
información y consejero de la organización no gubernamental Observatel
-dedicada al análisis de la evolución del sector de las
telecomunicaciones en México- expresó en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO,
que su principal preocupación es que este nuevo código desconoce la
naturaleza jurídica de las instituciones autónomas y las supedita a un
solo poder: el Ejército.
“Desde el punto de vista jurídico lo veo
totalmente injustificado porque para eso hay mecanismos de
colaboración, lo primordial deberían ser las estrategias de coordinación
no veo como el IFT pueda rehusarse a facilitar información a otro poder
para que cumpla con sus funciones ya sean militares o del fuero común;
sin embargo, el hecho de imponer estas medidas nos habla de una falta de
conocimiento preocupante sobre este tipo de órganos”, detalló Hernández
Tafoya.
El especialista agregó que la
implicación de una invasión legal a un órgano como el IFT podría derivar
en que las autoridades militares soliciten información directamente a
las empresas de telecomunicaciones sin reconocer la participación del
IFT como cabeza del sector.
“La geolocalización en tiempo real, el
origen-destino de la comunicación entre usuarios de estas redes, tus
números de contacto, tus mensajes, todo estaría bajo escrutinio de los
militares, a nadie le gustaría que ellos supieran con quién hablas para
qué hablas, de qué platicas, desde dónde lo haces. Este nuevo código
relaja los candados que protegen la privacidad y permitirá que los
ciudadanos no sepan que se tiene acceso a su información”, concluyó el
experto.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario