Leyes obligan a la paridad, pero mujeres son excluidas de cargos
El 3 de julio de 1955 fue la primera vez que las mexicanas pudieron
emitir su sufragio en elecciones federales, y con ello también lograron
la posibilidad de ser votadas para ocupar cargos públicos.
Casi 61 años después es doloroso, pero necesario admitir y visibilizar
que, a pesar de todo el aparato jurídico destinado a velar por ese
derecho, la participación política femenina aún es obstaculizada y
frecuentemente violentada en todo el país, sin que el estado de
Chihuahua sea una excepción.
A pesar de tener una participación más activa en votaciones nacionales,
ser un poco más de la mitad de la población y de la lista nominal
electoral en México, las mujeres representan un porcentaje mínimo en
puestos de poder y toma de decisiones políticas a nivel estatal y
federal.
Chihuahua no escapa al panorama nacional, ya que la participación
equilibrada de mujeres y hombres en espacios públicos y políticos no se
ha logrado del todo.
En el Congreso estatal hay 14 diputadas (44 por ciento del total).
Destaca la legisladora por el PRI María Elvira González Anchondo, quien
apenas hace unos meses asumió la presidencia de la Cámara baja local.
Sin embargo, la presencia de las mujeres no asegura que se siga una
agenda de género, como lo demuestran las iniciativas de María Elvira
González (diputada titular de la Unidad de Enlace de Género).
Elvira González realizó el pasado 8 de Marzo (Día Internacional de la
Mujer) la campaña “Ponte guapa”, con la que ofreció cortes de cabello,
manicure y cursos de maquillaje, sin ninguna reflexión política sobre la
efeméride.
VIOLENCIA POLÍTICA, USUAL EN EL ESTADO
Al respecto, Francisca Jiménez Barrientos, integrante del Observatorio
de Participación Política de las Mujeres en Chihuahua y la Red por la
Participación Ciudadana, observó que el aparente equilibrio en el
Congreso local se debe a la cuota de género, ya que en otros espacios
donde no es obligatoria no existen puestos políticos ocupados por
mujeres, y puso como ejemplo al gobierno del estado, donde todos los
puestos directivos del Ejecutivo están ocupados por varones.
Jiménez Barrientos también comentó que la violencia política hacia las
mujeres es usual en Chihuahua, y ejemplo de ello es nominar a las
candidatas en distritos que de antemano se saben perdedores, asegurando
así su exclusión y cumpliendo al mismo tiempo la cuota de género.
La violencia política de género se entrecruza con el poderío del
narcotráfico en la entidad, como en el caso de la candidata suplente
para el Distrito 22 por el PAN, Adela Varela, quien renunció a la
fórmula debido a amenazas de grupos delictivos.
Otro caso es la postulación de mujeres que tienen nexos familiares con
miembros del crimen organizado en zonas rurales, según han publicado
diversos medios.
Un ejemplo más es el de la directora del Instituto Chihuahuense de la
Mujer (Ichmujer), Emma Saldaña Lobera, quien denunció violencia
institucional por parte del secretario de Desarrollo Social estatal,
José Luis García Rodríguez.
Al respecto, la politóloga y analista política Mariela Castro dijo que
si ese funcionario es capaz de ejercer violencia contra una mujer con un
cargo público para erradicar la desigualdad (y a la que se le puede
considerar incluso “privilegiada”), es la persona menos indicada para
implementar políticas públicas con perspectiva de género en la entidad.
SIN CANDIDATAS A LA GUBERNATURA
En el proceso electoral 2016 apenas emprendido no existe aspirante a ser
gobernadora de Chihuahua, pero en varias de las campañas y medios de
comunicación se resalta el papel de las esposas de los candidatos,
haciendo énfasis en su labor de acompañamiento y “valores familiares”, a
partir de estereotipos de género.
Hasta ahora de los seis postulantes, sólo Javier Corral Jurado (del PAN)
ha declarado que en caso de ser electo habrá paridad de género en su
gabinete.
En contraste, el candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal-PT, Enrique
Serrano Escobar, fue criticado por más de 24 organizaciones defensoras
de Derechos Humanos ante el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred), debido a que durante su campaña “ofreció” a
mujeres de Ciudad Juárez como “novias” para jóvenes de la comunidad
rural de Carichí.
Su discurso fue “sexista, misógino y discriminador que lastima
profundamente a las mujeres en general, y en especial a las de Ciudad
Juárez, al ofertarlas como mercancía”, acusaron las organizaciones
demandantes.
La contienda por la alcaldía del municipio de Chihuahua, capital del estado, tiene a tres candidatas, de un total de cinco.
Lucía Chavira, del PRI, fue consejera de Fátima IBP (organización que
atiende a personas con VIH/Sida) y del Ichmujer. También ha anunciado
paridad de género en el gabinete municipal en caso de ser electa, y ha
cuestionado la ausencia de mujeres en puestos de primer nivel en la
actual administración municipal.
La candidata por Movimiento Ciudadano es Abril Padilla y su campaña,
además de abogar por la transparencia, enfatiza en los roles maternos
asociados a las mujeres, al exclamar que su trabajo será “por el
Chihuahua que queremos dejar a nuestros hijos”.
María Eugenia Campos Galván (PAN) fue diputada federal, desempeñándose
como secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Se le ha
recriminado su postura homofóbica como diputada, al declararse en contra
de la legislación del matrimonio de personas del mismo sexo y de
adopción por parte de parejas homosexuales. Campos Galván las consideró
“personas sin condiciones aptas para el desarrollo integral del niño”.
Por: Laura Carrasco Gutiérrez, corresponsal
Cimacnoticias | Chihuahua, Chi.-
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