Cambio de Michoacán
En días pasados el diario Reforma
de la Ciudad de México difundió su más reciente encuesta acerca de la
percepción de la figura presidencial. Los resultados, sorprendentes, no
podrían ser más desalentadores para quien encabeza el Ejecutivo y para
su equipo de trabajo. Enrique Peña Nieto como presidente tiene en la
actualidad la aprobación de sólo el 23% de los ciudadanos, y éstos en
general califican su gestión con un reprobatorio 3.9, frente a un 4.4
que recibió apenas en abril pasado y 6.3 en abril de 2013. El 69% de los
1.200 mexicanos consultados opinó que la inseguridad pública ha
empeorado; y un apabullante 76% considera que el país va por un mal
camino. Después de que Peña pidiera perdón por el escándalo ya conocido
como la casa blanca, el 59 por ciento expresó que su percepción
del presidente no había cambiado; pero un 27 por ciento dijo que ésta
había empeorado. Sólo 6 de cada cien manifestó que su opinión había
mejorado.
Pero la mencionada encuesta refleja una percepción
ciudadana que sin duda va más allá de la figura presidencial y expresa
un malestar social más general. O, mejor dicho, es sólo una de las
manifestaciones de este descontento.
Cierto es que hay motivos
suficientes para personalizar en el presidente Peña Nieto muchos de los
males que aquejan al país, particularmente el de la corrupción. El
mencionado escándalo de la casa blanca de las Lomas de
Chapultepec, como ostentación de una riqueza mal habida y producto del
compadrazgo y el tráfico de influencias, caló fuerte en la sociedad
mexicana como un mero ejemplo, palpable, del enriquecimiento de las
elites políticas y particularmente del presidente y su familia, y vino a
deteriorar prontamente la imagen presidencial.
Un nuevo
escándalo es el del departamento que Angélica Rivera, esposa del
presidente, posee en un lujoso edificio de la ciudad de Miami, Florida, y
el haber recibido de uno de sus vecinos ahí, Ricardo Pierdant,
empresario, amigo personal del propio Peña Nieto y posible contratista
del gobierno federal, no sólo el préstamo de otro apartamento sino
incluso el pago —por alrededor de medio millón de pesos— del impuesto
predial del de ella. Ninguno de los actores ha negado la relación de
amistad; pero no han logrado explicar por qué esta cercanía llega al
punto de que el amigo se haga cargo del pago de obligaciones fiscales que corresponden a la consorte.
Con anterioridad también, desde que era gobernador del Estado de
México, se ganó Peña la fama de represor, particularmente por el caso de
San Salvador Atenco. Cuando de esa acción policiaca se jactó, durante
su campaña presidencial, ante los alumnos de la Universidad Ibero
Americana, desató la oposición activa de los estudiantes de educación
superior que integraron en 2012 el movimiento Yo Soy 132. ¿Y qué
decir de las múltiples muestras de ignorancia y de torpeza que ha dado
ante diversos auditorios y en diferentes circunstancias, las que han
hecho las delicias de los usuarios de las redes sociales?
Sin
embargo, decía, son varios otros factores los que determinan la crisis
política actual. La inseguridad pública —que EPN se comprometió al
inicio de su gobierno a reducir en un año— sigue no sólo sin menguar
sino incrementándose día a día en el país. 27 mil desaparecidos
reconocidos por la Secretaría de Gobernación, el hallazgo casi cotidiano
de fosas clandestinas y sangrientos crímenes y ejecuciones que llenan a
diario las planas de los periódicos dan cuenta de ello, por no abundar
en los robos con violencia a comercios, transeúntes y automovilistas que
también asuelan a la población. Las matanzas de Allende, Tlatlaya,
Apatzingán, Tanhuato, así como la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, han colocado al gobierno mexicano como uno de los más
represivos del mundo, inmerso en los que los organismos internacionales
han caracterizado como una crisis grave de derechos humanos.
En
la economía, a pesar de las grandes expectativas generadas en 2012 y
2013 por la operación legislativa de las llamadas reformas estructurales
—particularmente las de telecomunicaciones y energética— el crecimiento
no se ha concretado, sin poder rebasar un ese sí ya estructural 2 o 2.1
por ciento; y ahora esa confianza en las reformas se ha revertido con
los incrementos a las gasolinas y la electricidad. La drástica caída de
los precios petroleros ha incidido de manera importante en el
estancamiento; pero la política económica aplicada, restrictiva y con
incremento en los precios de los energéticos, lejos de contribuir a la
reanimación productiva y comercial, la frena.
Pero,
impensadamente, no fue en la reforma energética —donde las izquierdas
esperaban que se daría la madre de todas las batallas—, sino en la
educativa, donde la resistencia magisterial-popular encabezada hace ya
tres años por la CNTE, ha logrado frenar (pero aún no revertir) un
proyecto diseñado no sólo sin los profesores sino contra
el profesorado. La tenacidad y muchas veces heroísmo con que los
docentes han enfrentado la sordera e insensibilidad gubernamental
encabezada por Peña Nieto, Aurelio Nuño y diversos gobernadores,
exaspera al sector del empresariado más interesado en la reforma, que
pide contra el magisterio rebelde aplicar todos los medios posibles de
represión, desde los económicos hasta los físicos.
Las
renovadas —que no nuevas— amenazas de privatización del sistema de salud
(IMSS, ISSSTE, SS y Seguro Popular) por la vía de las subrogaciones,
las asesorías y convenios con empresarios de los servicios médicos y el
alquiler de equipo e infraestructura ha abierto entre los trabajadores
del sector otro frente de resistencia que empieza a crecer paralelamente
al del magisterio. Las luchas locales contra las empresas mineras y
megaproyectos hídricos, hidroeléctricos, turísticos, eólicos, etcétera,
se multiplican por los rincones del territorio nacional.
La
crisis de legitimidad se ha extendido a los diferentes órganos de
gobierno, alcanzando a las fuerzas armadas y a los partidos políticos.
Las elecciones, cada vez más costosas, suponen una creciente derrama de
dinero en propaganda tanto como en la compra de sufragios; y el divorcio
entre los legisladores y los intereses genuinos de sus electores es la
regla a la que hay escasas excepciones que hacer. Pocas instituciones
mantienen credibilidad en la sociedad; el desgaste de la legitimidad y
una justicia social siempre inalcanzada son las coordenadas de una
crisis en la que el sistema como conjunto se empieza a ver envuelto.
Y el colofón: el distanciamiento entre el gobierno de Peña Nieto y uno
de sus aliados más sólidos, la Iglesia Católica, a consecuencia de
haberse pronunciado a favor de legalizar de manera general en el país
los matrimonios homosexuales. Ese distanciamiento deriva, además, en una
más difícil relación con Acción Nacional, engallado por sus recientes
triunfos en varios Estados considerados bastiones del priismo.
Corrupción, estancamiento económico, violencia e inseguridad son los
factores que más han mermado la legitimidad de un régimen impasible
frente a las demandas populares, pero presto a reaccionar ante la menos
presión del sector empresarial. Con ello, sin embargo, se ha dejado
arrastrar a una crisis gubernativa de grandes dimensiones, acaso la más
aguda desde la instauración del régimen de partido de Estado.
¿Qué salida tendrá esta crisis? La disfuncionalidad del régimen puede
derivar en una mayor desarticulación del bloque de poder vigente,
compuesto por el PRI, el PAN, la gran burguesía mexicana y extranjera,
el gobierno estadounidense, las fuerzas armadas y la Iglesia. Eso podría
conllevar a la profundización de la crisis gubernativa hacia una crisis
de régimen. Sin embargo, no aparece uno de los factores que podrían
contribuir a ello, una oposición poderosa, unificada y orientada a la
desarticulación del mismo régimen. En su ausencia, una salida
conservadora es más factible.
En ese escenario, los grupos
empresariales dominantes, en su mayoría, parecen apostarle a una
restauración conservadora que frene el avance de las fuerzas populares,
una “revolución pasiva” en los términos de Gramsci, que les permita
recomponer autoritariamente el bloque gobernante. El impulso mediático a
Margarita Zavala como candidata del PAN parece apuntar en ese sentido,
ante el desgaste profundo de la presidencia peñanietista que ha
arrastrado al PRI hacia el abismo.
De las fuerzas populares y
su movilización; pero sobre todo de su acoplamiento como un frente
político-social ante la crisis, depende darle a ésta una salida
antioligárquica que evite la agudización de la miseria, la represión y
la precariedad laboral a la que han llevado a los trabajadores. Y no es
para 2018; el tiempo ya se agota.
Eduardo Nava Hernández, Politólogo – UMSNH
Fuente original: http://www.cambiodemichoacan.
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