4/12/2018

Prensa México Jueves 12 de abril 2018



REFORMA
Aparecen pistas de Iguala... en EU
A más de tres años y medio de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, surgen nuevas pistas sobre lo acontecido en Iguala, Guerrero, como que todo fue orquestado desde Chicago, Estados Unidos.De acuerdo con un reporte del diario Reforma, líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, situados en Chicago pidieron a sus sicarios en Iguala, detener los camiones con los estudiantes, al parecer porque pensaron que se trataba de rivales de Los Rojos.Agencias de Estados Unidos interceptaron, con autorización de un juez, conversaciones entre líderes, quienes la noche del 26 de septiembre, desde Chicago ordenaron desaparecer hasta 60 personas, revela Reforma.Aunado a lo anterior en la “operación” estarían involucrados policías de los municipios de Cocula, Huitzuco e Iguala.La investigación detalla que los criminales se comunicaron a través de Blackberry, en esa comunicación se alerta de que delincuentes pertenecientes a Los Rojos, enviados por su líder Santiago Mazari, “El Carrete”, pretendían tomar la plaza de Iguala, pero en realidad se trataba de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”.

EL UNIVERSAL
Cibersegurdad, pieza clave para elección de 2018
El ex director de Ciberseguridad del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, John F. Banghart, y el ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente participaron en el foro de análisis y discusión “Ciberseguridad en las elecciones” (LUCÍA GODÍNEZ. EL UNIVERS). 12/04/2018. 02:14. Carina García y Alberto Morales.

MILENIO
Tras la advertencia de Jaime Rodríguez Calderón, de que denunciará al Instituto Nacional Electoral (INE) ante la fiscalía especializada, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, respondió que la autoridad no debate con los candidatos.“Respeto las declaraciones de todos los interesados, aunque por supuesto el órgano electoral no se pone a debatir con los contendientes”, dijo luego de su participación en el foro “Ciberseguridad en las elecciones”.El titular del INE rechazó la duda planteada por el candidato presidencial independiente sobre la confiabilidad de la información que la autoridad electoral resguarda, después de que se detectaron fallecidos o gente con doble clave de elector entre sus apoyos.Subrayó que México “cuenta con el padrón electoral más auditado, verificado y seguro con el que vamos a las elecciones del próximo 1 de julio. Afirmar que el padrón tiene inconsistencias o problemas tiene que estar sustentado en hechos y en pruebas, no en dichos”.Por otra parte, el consejero presidente manifestó la disposición absoluta de entregar toda la información que solicite la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), a fin de agilizar la investigación sobre las irregularidades detectadas en las firmas de los aspirantes independientes.Detalló que la autoridad electoral tiene una constante y fluida comunicación con la fiscalía, por lo que confió en que las indagatoria puedan culminar antes de la jornada comicial.

EXCELSIOR
INE denuncia a El Bronco ante Fepade
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia contra Jaime Rodríguez Calderón por presuntos delitos electorales cometidos durante la recolección de firmas para obtener su registro como candidato presidencial independiente.Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dijo estar a la espera de que el INE le entregue la documentación complementaria para iniciar las investigaciones.“Tenemos que investigar; no podemos definir fecha, y quiero ser claro: la materia de jurisdicción electoral va a una vía y la penal es otra”, explicó.En tanto, El Bronco adelantó que presentará una denuncia contra el INE en la Fepade por denigrar su imagen. También demandará a quien resulte responsable de la suplantación de auxiliares para recopilar sus firmas.Lorenzo Córdova, presidente del INE, indicó que, en caso de que se comprueben delitos al gobernador con licencia, puede perder su registro.Fepade investiga a El BroncoSólo está a la espera de la información complementaria que le envíe el instituto, informa el fiscal electoral Díaz Santana.Por presuntos delitos electorales cometidos durante la recolección de firmas para obtener el registro como candidato presidencial independiente, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia en el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade)  contra el gobernador con licencia y ahora candidato Jaime Rodríguez Calderón El Bronco.

SINEMBARGO
Suegra, sobrino, chofer, más 15 leales de “El Bronco” usan su mismo modelo… y son candidatos
No sólo la candidatura independiente de Jaime Rodríguez Calderón a la Presidencia de La República presenta irregularidades en las firmas necesarias para el registro, el patrón de “travesuras” –como lo llama el propio Gobernador con licencia– también lo tienen su sobrino, suegra y chofer, así como otros 15 de sus ex funcionarios que se apuntaron para contender por un cargo público en Nuevo León.Juan Manuel Ramos, vocero de la red de organizaciones civiles #QueSirvan, recuerda que quien en su toma de protesta declaró que “se le acabó la fiesta a los bandidos” repitió las mismas conductas ligadas a los partidos políticos, donde hay familias en cargos públicos, acusó. “Ya no supimos si se le acabó la fiesta a los bandidos y empezó la fiesta de otro”, sostiene.El sobrino, suegra y chofer de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, y 15 funcionarios de su gobierno siguieron el mismo patrón para conseguir una candidatura independiente a algún cargo público en Nuevo León o federal: firmas inválidas, rebase excesivo del umbral de apoyos requeridos, e incluso, acusan, el uso de la estructura de Gobierno local.Pese a las irregularidades señaladas por las autoridades electorales locales, los tres cercanos a “El Bronco” obtuvieron su postulación y no son investigados, criticó la red de organizaciones civiles #QueSirvan, integrada por Redes Quinto Poder en alianza con AMEDI Capítulo NL, Alianza Cívica NL, Colectivo Nosotros, Curul43, Evolución Mexicana y FUNDENL, la cual informa sobre redes familiares, escándalos o conductas sistemáticas de los aspirantes para fomentar un voto informado de los neoleoneses.José Esequiel Rodríguez Calderón, su sobrino que busca una diputación local por el distrito 19, necesitaba mil 500 firmas para el registro, mandó 8 mil 445, pero 4 mil 549 eran inválidas. María Teresa Martínez Galván, su suegra, quien va por la Alcaldía de Santa Catarina, envió 21 mil 521 firmas de las 6 mil 219 requeridas, aunque 5 mil 95 no eran válidas. Carlos Alberto Guevara Garza, su chofer, quien quiere la Alcaldía de García, ocupaba 4 mil 400 firmas, mandó 33 mil  285 apoyos, pero 10 mil 829 resultaron inválidos, de acuerdo con los datos del último corte de la Comisión Estatal Electoral del Nuevo león, hecho el 6 de febrero pasado.María Teresa es madre de su esposa Adalina Dávalos, a quien comparó con su caballo en enero pasado.

PROCESO
Acusados como presuntos responsables de un fraude con recursos entregados por familias campesinas y de colonias populares de Romita para viviendas, la diputada local del PRI, Guadalupe Velázquez Díaz y el exfuncionario de Desarrollo Social de ese municipio, José Carmen Rodríguez Arias, fueron citados por un juez de oralidad penal para ser imputados por este delito.Sin embargo, la legisladora no se presentó.La audiencia debió celebrarse este jueves en una sala de oralidad en Silao, al proceder la denuncia penal de 69 afectados, aunque en total se habla de unos 200 defraudados, muchos de los cuales pidieron préstamos para entregar el dinero que se les pidió para entrar en un programa de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).Sin embargo, aunque sí acudió el exfuncionario, la audiencia no se desahogó porque la legisladora no se presentó, y en su lugar su defensor mostró un amparo que se solicitó para ella, así como un documento expedido por un médico para justificar su ausencia, argumentando que se encuentra enferma.Ambos fueron señalados de manera pública en mayo de 2016 por manifestantes que acudieron al Congreso del estado y la encararon, señalándola como quien intervino para ofrecerles un apoyo de la Conavi para un programa de vivienda subsidiada.Según afirmaron entonces vecinos y mujeres de las comunidades de La Gavia de Rionda, San Vicente, Santa Ifigenia y otras, tanto la diputada como el exalcalde Rogelio López promovieron y registraron a supuestos beneficiarios para el programa “Esta es tu casa” de la Conavi en agosto del 2014 –es decir, desde hace casi cuatro años-, en el jardín principal de Romita.Para recibir el apoyo, las familias debieron entregar diversas cantidades, principalmente a través del entonces funcionario de la Dirección de Desarrollo Social, José Carmen Rodríguez Arias.Después de un tiempo, descubrieron que ese dinero nunca ingresó a las arcas municipales.La diputada del PRI habló con los manifestantes y les dijo que el problema había estado en la administración municipal de Rogelio López, así como con una asociación de Jalisco promotora del programa, denominada “Impulso por el desarrollo de México”.

ARISTEGUI NOTICIAS
El centro de derechos humanos que coordina la defensa de los padres de los normalistas aseguró que la explicación oficial del caso ha sido insatisfactoria.Las conversaciones entre miembros del cártel Guerreros Unidos publicadas por Reforma corroboran que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH tenía razón en pedir al Estado Mexicano que agotara la línea de investigación sobre el trasiego de drogas entre Iguala y Chicago, dentro del caso Ayotzinapa, aseguró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.En un comunicado el Centro Pro afirmó que el reportaje firmado por Roberto Zamarripa, director de Información Nacional de Reforma, advierte que Guerreros Unidos es “una compleja red trasnacional de tráfico de drogas en vías de expansión, vinculada al trasiego de heroína en autobuses, coludida con niveles de gobierno municipal, estatal y federal y cuyo organigrama real es aún desconocido”.Las conversaciones interceptadas por agentes de seguridad estadounidenses también muestran, a juicio del Centro Pro, “la debilidad de la llamada verdad histórica”.Un mensaje enviado a las 15:28 horas del 27 de septiembre de 2014, en la conversación entre miembros de Guerreros Unidos, habla de “60 paquetes ya guardados y otros con San Pedro”. Suponiendo que la palabra “paquetes” se refiera a personas, el mensaje habla de 60 personas guardadas, pero según la versión de la Procuraduría General de la República a esa hora los estudiantes ya habían sido incinerados.Además, añade el Centro Pro, la conversación entre los integrantes del grupo criminal permite afirmar que ellos supieron desde el principio que en los autobuses que atacaron viajaban normalistas de Ayotzinapa, derribando la hipótesis de que los miembros del cártel se hubieran confundido o hubieran pensado que el grupo de estudiantes estaba infiltrado por narcotraficantes.Sin embargo, el propio texto de Reforma indica que “los integrantes de GU (Guerreros Unidos) creían que un grupo de Los Rojos, enviado por Santiago Mazari, alias “El carrete”, pretendía tomar la plaza de Iguala y supusieron que la movilización estudiantil era parte de la operación rival“.“A casi 43 meses de los hechos, los mensajes confirman que el caso no puede cerrarse y que la explicación oficial que se ha dado es insatisfactoria. A la luz de la revelación de Reforma, exigimos que la PGR agote todas las líneas de investigación que surgen de los mensajes, evitando un cierre precipitado con tintes electorales y que se profundice el escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la colaboración de las agencias norteamericanas”, concluye el comunicado.
Datos recabados sobre la actuación judicial en casos de feminicidios registrados en los últimos cuatro años a nivel nacional, permiten documentar una ruta de impunidad compuesta por resistencias, omisiones, negligencias y actos violatorios de los derechos de las víctimas, de acuerdo con un informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.El 4 de octubre de 2010, aproximadamente a las 9:30 horas, Rosa Diana Suárez Torres se encontraba sola en la cocina de su casa, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, cuando escuchó que abrieron la puerta. Era Gilberto, su exnovio, quien le exigió entregarle su teléfono celular. Ante la negativa de Rosa, él la sujetó del cuello y comenzó a estrangularla. Solo porque ella le entregó el teléfono, la soltó, pero la amenazó de muerte. Rosa acudió al ministerio público a denunciar los hechos y a solicitar una orden de restricción en contra de Gilberto. El funcionario que la atendió le dijo que “eso solo existía en Estados Unidos”. No se hizo nada. Semanas después, el 31 de diciembre, Rosa fue asesinada por Gilberto, quien abandonó su cuerpo en un predio que sirve de jardín de juegos infantiles sobre la Avenida Felipe Ángeles, en Atizapán de Zaragoza. Aunque el mismo día de los hechos se abrió la carpeta de investigación, no fue sino hasta ocho meses después, el 19 de agosto de 2011, que se ejecutó la orden de aprehensión librada en contra de Gilberto. En ese entonces se le procesó como probable responsable de la comisión del delito de homicidio calificado, toda vez que al momento de los hechos no existía el tipo penal de feminicidio. Al feminicida se le dictó una pena de sesenta y siete años y seis meses de prisión. Concluido el juicio, Victorina y José Diego, padres de Rosa Diana, interpusieron una denuncia en contra de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ante las omisiones y negligencias en que incurrieron previo al feminicidio de su hija. Lo único que han conseguido hasta ahora es una amonestación para los funcionarios. El caso de Rosa Diana forma parte del historial que antecede a los 8,904 asesinatos de mujeres que las Procuradurías de Justicia y Fiscalías estatales del país tienen registrados en los últimos cuatro años, de 2014 a 2017. Apenas el 30 por ciento de estos casos, 1,886 asesinatos, se ha investigado como feminicidios y de estos, muy pocos llegarán a una condena.

Esta semana, senadores de la bancada del PT- Morena recibieron a un grupo de migrantes centroamericanos que formaban parte de la caravana migrante, y exigieron a México suspender la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos.Por el caso de la recolección y envío a Estados Unidos de los datos biométricos de los migrantes que son detenidos en México, la senadora Ana Gabriela Guevara pedirá al gobierno mexicano que rinda cuentas al Senado.Este jueves, Guevara, senadora del PT y secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, presenta un punto de acuerdo para que la Secretaría de Gobernación designe a un funcionario que acuda a la Cámara alta, y explique lo que el gobierno mexicano hace para Estados Unidos“(Que informe) con detalle respecto a la información pública que indica ‘acceso sin precedentes’, y la permisibilidad oficial a las cárceles mexicanas para capturar datos biométricos de migrantes arrestados en México (fotografías, iris oculares, huellas dactilares, incluidos tatuajes y cicatrices) y los objetivos de tal práctica”, pidió Guevara.

Es insostenible la actual política de seguridad. Si a los gobernantes no les han importado los 32 mil desaparecidos, 280 mil asesinados y 300 mil desplazados, tal vez –sólo tal vez– sí les afecte saber cuánto nos cuesta tratar de contener la violencia: 493 mil millones de pesos (únicamente en 2017). Es decir, casi medio billón de pesos.Los gastos relacionados con la seguridad se han venido incrementando año tras año desde que, atendiendo las “recomendaciones” de Estados Unidos, Felipe Calderón inició la “guerra” contra el narcotráfico. El entonces presidente, con déficit de legitimidad, sólo pudo asumir el poder militarizando el país. Para ello orquestó una supuesta guerra contra el narcotráfico que hasta hoy padecemos.Cada año el presupuesto resulta insuficiente. Lo sorprendente es que se insista en la misma vía cuando no hay ningún resultado positivo. La “guerra” contra el narcotráfico sólo benefició a los cárteles: se convirtieron en los más poderosos del mundo; diversificaron sus negocios; se hicieron del control de amplias regiones del país, y adquirieron una capacidad de fuego que no soñaron antes de la “guerra”. Mientras, el presupuesto de las instituciones aumentó cientos de miles de millones de pesos al año. Un verdadero barril sin fondo.El Índice de paz México 2018. Evolución y perspectiva de los factores que hacen posible la paz, elaborado por el Institute for Economics and Peace, dedica un capítulo a documentar el presupuesto público. Se titula: “Gasto gubernamental federal en contención de la violencia”. Aunque esa organización promueve la aplicación de la misma estrategia de seguridad que ha dejado resultados desastrosos, los datos concretos que reúne son elocuentes.El informe señala que por sí solo el gobierno federal gasta directamente en contención y atención de las consecuencias de la violencia 493 mil millones de pesos (unos 28 mil millones de dólares). En la cifra se incluyen los gastos en encarcelamiento, seguridad interna, Fuerzas Armadas y en el Sistema Judicial. Cabe insistir que en esta cifra no están incluidos los gastos de cada uno de los gobiernos de los estados de la República y los municipios en materia de procuración de justicia y seguridad pública.

LA JORNADA 
El neoleonés entablará demanda por denigrar su imagen 
Siguen procesos penales por la ilegal recolección de firmas: Córdova 
El instituto maniobró para evitar mi candidatura: Rodríguez Calderón 
César Arellano, Georgina Saldierna, Alonso Urrutia y Dennis García
fotoportada
El presidente estadunidense habla en la Casa Blanca luego de firmar una ley contra la trata de personas. Más tarde, al abordar el tema sirio en un tuit, expuso: nuestra relación con Rusia está ahora peor que nunca, y eso incluye la guerra fría Foto Ap 
Advierte en tuit: prepárate Moscú, porque (los misiles) son bonitos e inteligentes 
No deberías ser socio de un animal que mata con gas a su pueblo, le dice 
GB despliega submarinos; Putin insta a no violar la soberanía del país árabe
Descarta que el relevo de Peña pueda revertir las reformas estructurales 
Aminora los posibles peligros crediticios
Empresas extranjeras desplazaron a las nacionales, expresa el integrante de México Cumbre de Negocios 
Pide establecer un pacto de largo plazo que también permita cohesión social
Equivale a 5 puntos del PIB, exponen legisladores 
Carcome la confianza en instituciones: magistrados
Algún día se sabrá quién estuvo detrás de los cuatro magistrados que se llenaron de lodo. 
Pido perdón a las víctimas y a todos los que ofendí 
Alude al obispo Barros, quien solapó los abusos de cura expulsado 
Recibió 64 descarnados testimonios recabados por enviado especial 
Convoca a Roma a 32 prelados y a afectados para abordar el tema
Declara un juez la competencia de la PGR; también sería atraído el proceso contra El Larry
Resuelve por segunda vez que la Ley de Salud tiene artículos inconstitucionales
Al recibir el trofeo de la Copa del Mundo pide a la selección que se corone
Fotocontraportada
El percance ocurrió cerca de la base de Boufarik, en un campo agrícola a las afueras de la capital, Argel. Entre las víctimas están los 10 integrantes de la tripulación; la mayoría de las víctimas son militares y sus familias. Es la mayor tragedia aérea en ese país africano y la causa del siniestro aún se desconoce. El presidente Abdelaziz Buteflika ordenó tres días de duelo Foto Afp 
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