La imagen creada de las mujeres involucradas en delitos relacionados con drogas, que es estilo La Reina del Sur,
como líder de un cártel, está lejos de la realidad. Normalmente son
detenidas por posesión con fines de comercio o transporte, “mal llamadas
mulas, que están abajo de la pirámide criminal”, señalaron
representantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
(WOLA) y Equis Justicia para las Mujeres.
Isabel Erreguerena, coordinadora de políticas públicas de Equis
Justicia para las Mujeres, expuso que según un estudio realizado por la
investigadora Catalina Pérez Correa, en seis centros penitenciarios, 90
por ciento de las mujeres detenidas por esos delitos lo hicieron sin
violencia, no tenían ningún arma, mientras 85 por ciento no contaba con
antecedentes penales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la
Libertad, 70 por ciento de las mujeres en esta condición solamente
tienen educación básica, mientras datos de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos muestran que 90 por ciento son madres o tienen
dependientes económicos que incluye a personas con discapacidad o de la
tercera edad.
Coletta Youngers, asesora principal de WOLA, expuso que en América
Latina y Asia la tasa de encarcelamiento de mujeres por delitos
relacionados con drogas
está aumentando a un ritmo alarmante. Indicó que en el caso de México ellas han sido una de las víctimas principales de la llamada guerra contra las drogas.
Erreguerena destacó que cifras de 2018 del censo de población
penitenciaria arrojan que en el fuero federal 43 por ciento de mujeres
están presas por delitos relacionados con la salud, y de 2016 a 2018 se
incrementaron en 103 por ciento los ingresos de ellas por estas faltas,
casi el doble más que los hombres.
Ambas organizaciones lanzarán mañana la campaña
#LiberarlasEsJusticia. Youngers explicó que el fondo de esta iniciativa
es intentar cambiar la percepción errónea que se tiene sobre las mujeres
encarceladas por delitos relacionados con drogas.
Erreguerena destacó que uno de los objetivos es que se busquen mecanismos para
subsanar los derechos de todas las mujeres que fueron privadas de la libertad por esta política de drogas que ya se reconoció que fue injusta y no funcionó. Algunas de las propuestas son el indulto, amnistía o a través de reformas legislativas que logren reducir las penas, además de que también se requieren políticas de reinserción social.
Jessica Xantomila
Periódico La Jornada
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