(07 de agosto,
2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Desde su aprobación, la reforma
educativa ha sido blanco de críticas por diversos motivos, uno de ellos
se centra en la manera en que fue diseñada, pues como ha sido demandado
por el magisterio, para su elaboración no se tomó en cuenta la
participación de uno de los elementos importantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje: los profesores.
De igual forma, desde que el Congreso
aprobó estos cambios en el sector, la reforma ha sido señalada como una
reforma laboral más que educativa, además de ser vista como uno de los
pasos para llevar la educación en México a la privatización.
En tal sentido Laurentino Villegas,
integrante de la dirección política de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), manifestó que la reforma educativa
impulsada por el gobierno peñista no sólo atenta contra los derechos
laborales del magisterio, sino además va encaminada a acabar con la
educación pública en México.
Al participar en un diálogo organizado
por el Circulo de Estudios Central, el docente reiteró las demandas de
los profesores y subrayó que la reforma promovida por el gobierno
federal es laboral y administrativa, que implementa una evaluación
“punitiva” que busca castigar en lugar de ayudar a mejorar.
“Lo que pretende la reforma (o
contrarreforma) a los artículos 3ro y 73 es a acabar en el fondo, a
corto, mediano y largo plazo, con el espíritu revolucionario del
artículo 3ro constitucional, de acabar con la escuela pública, con la
escuela gratuita y dejar en manos de privados la educación(…) El
magisterio nacional se ha levantado, ha hecho protestas porque no sólo
la intención es acabar con los derechos de los trabajadores sino de
acabar con la escuela pública y de ahí estamos planteando la necesidad
de que hoy más que nunca es necesario el llamado a la unidad de todos
los sectores de la sociedad”, apuntó.
El integrante de la CNTE puntualizó que
esta coordinadora ha trabajado en propuestas alternas sobre reformas al
sector educativo, en donde se atiende el proceso pedagógico para la
mejora, y no se centran en cuestiones administrativas como los actuales
cambios hechos por el gobierno federal. Añadió que el magisterio en pie
de lucha no acepta la “mentira” que ha difundido las autoridades, a
través de la cual se hace creer al pueblo que sólo con una evaluación a
los profesores se solucionará el rezago educativo que vive la nación.
“Nosotros instemos que existe toda una
protesta educativa por parte de la CNTE. En el caso concreto de la
Sección 22 lleva por nombre Plan para la transformación de la Educación
y ahí planteamos cómo mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje; cómo
mejorar las condiciones de infraestructura, porque hay muchas
necesidades en las escuelas. También tocamos esta parte de lo
administrativo. Reitero, al final de cuenta esta reforma no tiene nada
educativa, sino una es reforma evidentemente laboral y administrativa.
“En todo los estados, rincones y
municipios, los compañeros están trabajando con protestas alternativas,
que no son como se plantea desde la SEP, que atenta contra muchas cosas
(…) definitivamente no aceptamos que sólo sea a través de un examen
estandarizado, con el cual se quiera mentir, se quiera engañar al
pueblo, diciendo que esa es la única solución para enfrentar el rezago
educativo del país”, sentenció.
En lo referente, el profesor Laurentino
mencionó que con los actuales modelos promovidos por la SEP se pretende
acabar con el enfoque de la enseñanza de la historia, además “pretenden
ir acabando con la identidad de los mexicanos”.
El licenciado en educación primaria, con estudios de maestría en ciencias de la educación,
recordó que estos intentos para transformar la visión de educación
gratuita en el país se han querido formalizar desde hace varias
décadas. Dijo que por lo menos desde los años 70, gobierno tras
gobierno han pretendido quitar el carácter social de la Constitución de
1917.
“Esto de la reforma no es nuevo. Se ha
buscado una reforma para acabar con el espíritu revolucionario del
artículo tercero en donde se especifica que es el Estado mexicano quien
se hará cargo de la educación pública, laica y gratuita, y que en los
últimos años, con esta última reforma de 2012, se trata de afianzar.
Cada sexenio ha buscado la forma de cómo modificar toda la vértebra
social que sostiene a la constitución de México. Sexenio tras sexenio
han sido atropellados artículos que poseen las victorias sociales, como
el 123, el 27 o el propio 3ro”, dijo.
Por otro lado, Villegas hizo mención de
la criminalización que se ha desatado en medios de comunicación en
contra de la lucha magisterial. Manifestó que han jugado un papel
importante en el intento de imponer la reforma educativa, haciendo
menos las exigencias de los docentes. De igual forma habló sobre el
contexto de represión y uso de las fuerzas castrenses y federales.
Mencionó el caso específico que se vivió en últimas fechas en Oaxaca en
donde se reconfiguró al Instituto Estatal de Educación Pública de
Oaxaca (IEEPO) con una militarización de la entidad.
“A través de un decreto, Gabino Cué
determina acabar la relación con la propia sección 22 y el asunto de la
desaparición del IEEPO. El gobierno del estado, pero sobre todo con el
apoyo del gobierno federal determinan desconocer esta parte. Ellos le
apostaron a la agresión, a la militarización en el estado de Oaxaca, de
asaltar al IEEPO, de desconocer a nuestros compañeros maestros de la
CNTE que formaban parte del IEEPO. Hemos visto una denostación de la
lucha social, de la CNTE. Y no sólo al magisterios, sino que hay todo
un despliegue militar en la zona sureste del país y la lectura es
clara: buscan someter al magisterio en lucha a través de la
militarización.”, señaló.
Necesaria la organización para enfrentar la imposición de las reformas
De acuerdo con el profesor Laurentino
Villegas ante el escenario en donde el gobierno federal ha aprobado las
llamadas reformas estructurales, la única salida que queda es la
organización de la sociedad, en aras de abrogar estos cambios
legislativos que “pretende privilegiar a los privados, a costa del
pueblo mexicano”.
El docente manifestó que los actuales
cambios constitucionales se han intentado realizar en el país desde
hace 40 años, sin embargo, detalla, con el regreso del PRI a Los Pinos
esta situación se alcanzó. Además, dijo, hoy el gobierno peñista vive
una presión de organismos internacionales en busca de que las reformas
se operativicen.
“Desde 1970 toda esta serie de reformas
que pretenden entregar nuestros recursos al imperialismo, a las
empresas trasnacionales, que hoy conocemos como reforma energética, de
salud, telecomunicaciones, laboral, se han pretendido afianzar y todo
esto se recrudece con el asalto de la presidencia de Enrique Peña
Nieto. Nosotros decimos que el Estado mexicano ante las exigencias de
organismos internacionales como la OCDE están presionando para que se
operativicen cada una de las reformas (y una forma es la
militarización)”, apuntó.
Ante este escenario de imposición, dijo
que será fundamental coordinar todas las luchas que se viven en estos
momentos, como la de los pueblos originarios que defienden los
recursos, o como la de los trabajadores del sector salud que en últimas
fechas han iniciado la resistencia ante la propuesta de universalizar
al sector: Manifestó la necesidad de formar un frente único en busca de
echar para atrás las reformas de Peña Nieto.
“Planteamos que hoy más que nunca es
necesaria la unidad de todos los sectores de la sociedad. No sólo para
exigir o plantear la necesidades de abrogar la contrarreforma a los
artículo 3ero y 73, sino que estamos planteando que sólo mediante la
unidad y la organización del pueblo, con todos los sectores, de los
referentes será posible echar abajo las contrarreformas (…) Planteamos
que hoy más que nunca es necesario construir un frente único nacional
de lucha rumnbo a la huelga nacional.
“Vemos como la clase en el poder, los
políticos, los empresarios, ellos sí están unidos, Mexicanos primero,
los medios a su servicio, y la militarización del país en esa lógica de
imponer a sangre y fuego, no sólo al reforma educativa, sino todas. El
imperio se ha dado cuenta que hay una resistencia importante a nivel
nacional, pero donde hay un proceso consolidado de lucha social, y
magisterial es en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y
es ahí donde están concentrado las fuerzas armadas: el ejército, la
marina, y la gendarmería. Esto es una declaración de Guerra hacia el
pueblo nosotros decimos que no vamos a permitir esto( …)Ninguna de las
reformas estas pensadas para resolver los graves problemas económicos,
o extrema pobreza, sino que es en beneficio de unos cuantos”, finalizó.
MÉXICO,
D.F. (apro).- La ejecución de 22 personas en Tlatlaya, Estado de
México, y la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, son
dos “atrocidades” lo suficientemente serias para cambiar el rumbo del
gobierno de dos años del presidente Enrique Peña Nieto, afirma la
revista inglesa The Economist.
Por separado, los diarios estadunidenses USA Today, The New York
Times y The Washington Post, cuestionaron las declaraciones que hizo el
Ejecutivo sobre la supuesta disminución de la violencia en México.
En su nueva edición que empezó a circular el pasado viernes 17, The
Economist asegura que Peña Nieto “ha priorizado las reformas económicas
y subestimado la ley y el orden como manera de modernizar México, sin
reconocer que ambas son igual de importantes”.
Las atrocidades registradas en Iguala, apunta, muestran lo lejos que
está México de ser un país de leyes, y ponen de relieve que se necesita
orden y normas, tanto como reformas económicas para modernizar al país.
En un artículo titulado “Cuando el crimen se sale de control”,
resalta que a 200 años de haberse redactado la primera Constitución en
Apatzingán, el área que rodea esa ciudad muestra la distancia que tiene
que recorrer México para ser “un país de leyes”.
Tierra Caliente, sostiene, se ha vuelto la escena de secuestros
masivos y masacres, ambos presuntamente cometidos por fuerzas de
seguridad del Estado contra civiles no armados.
“México se ha convulsionado por el secuestro de 43 normalistas en
Iguala, presuntamente por la policía municipal (…) El área es campo de
asesinatos, con fosas masivas esparcidas y tensiones altas”.
Añade: “La absoluta anarquía del área, a unas cuantas horas de
distancia de la capital por carretera, encuentra eco en una presunta
masacre en junio en Tlatlaya, no lejos de Iguala, en la que soldados
mataron a 22 personas sospechosos de ser delincuentes”.
Prosigue: “Al margen de los secuestros, lo que es especialmente
aterrador son las afirmaciones de que el crimen organizado gobierna
Iguala, al instalar a dos de los suyos –el alcalde (José Luis Abarca) y
su esposa (María de los Ángeles Pineda)–, quienes usan a la policía
municipal para saldar cuentas violentamente con escaso temor de ser
aprendidos.
“La falta de confianza de los mexicanos en las autoridades a cargo
de la procuración de justicia significa que el número de crímenes no
investigados, así como el total de delitos, es apabullante”.
Para demostrarlo lo anterior, The Economist publica una gráfica
titulada “Una Forma de Vida”, que muestra que los delitos no
investigados o no reportados en México han aumentado de 92 a 93.8%
entre 2010 y 2013.
“Tres cargadas palabras resumen el reto que ahora enfrenta Peña y
México en su conjunto: impunidad, rendición de cuentas y
gobernabilidad”, sostiene.
En Estados Unidos, el diario USA Today publicó, como lo han hecho
otros medios impresos y electrónicos, que la desaparición de los 43
normalistas es un “recordatorio alarmante” de que la violencia
delictiva persiste en México, pese a que Peña Nieto insiste en lo
contrario al señalar que la situación de seguridad está mejorando.
En su edición de ayer, The New York Times difundió un artículo en
primera plana en el que destacó los dichos de Peña Nieto, quien dijo
que la búsqueda de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de
Ayotzinapa es la prioridad número 1 de su administración.
“Pero si de algo ha servido la búsqueda es para confirmar que la
crisis del crimen organizado en México, donde se sabe fueron matadas
decenas de miles en la guerra a las drogas de años recientes, podría
ser peor de lo que han admitido las autoridades”, apuntó el diario en
su nota titulada: “México halla muchos cadáveres, pero no a los
estudiantes perdidos”.
El gobierno federal, añadió, ha celebrado estadísticas recientes
sugiriendo un declive en los homicidios, “pero la proliferación de
fosas en Guerrero –incluidos 28 cuerpos humanos calcinados que
resultaron no ser los normalistas– arroja nuevas dudas sobre el conteo
del gobierno, potencialmente apuntando hacia un número más grande de
muertos que no han sido contados”.
En tanto, The Washington Post resaltó que a nadie debió sorprender
que ninguno de los 28 cadáveres encontrados en las fosas fuera de los
43 normalistas, toda vez que la sierra arriba de Iguala es un conocido
basurero humano.
“Mientras que la noticia de que no eran los normalistas alentó a sus
familiares, para el resto de México fue una parada más en la rueda de
la fortuna del horror, reforzando la creencia de que hay fosas
clandestinas en todo el país donde se han esfumado un número
incalculable de mexicanos”.
Las fosas no son las primeras y tampoco las más grandes que se
descubren en años recientes. “No obstante, han destrozado la campaña de
relaciones públicas de EPN para desviar la atención internacional de
los fracasos en materia de seguridad”, concluyó el diario.
Creo
que en 1988, ya hace más de 25 años, el historiador de tendencia
radical Adolfo Gilly afirmó que Cárdenas y el PRD serían el puente que
llevaría a México al socialismo. Gilly militó para que los partidos y
grupos de izquierda de la época, especialmente los de tendencia
marxista se disolvieran y sus militantes entraran al PRD. Los años de
esfuerzos y sacrificios por crear partidos obreros revolucionarios
quedaron en la nada. El PRD fue la boa que deglutió a casi todos los
grupos socialistas del país. Cientos o miles de militantes dejaron de
luchar para que la clase trabajadora rigiera los destinos del país. Su
nuevo norte fue apoyar al hijo del Tata Lázaro Cárdenas. Éste había
sido un miembro prominente de la dictadura perfecta. Como priista,
junto con su padre se retrató pocas semanas después de la matanza de
Tlatelolco, en 1968, con el presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Hoy
sabemos, luego de la matanza de fines de septiembre en Iguala,
Guerrero, que el PRD a lo que llevó a los estudiantes de Ayotzinapa fue
al fascismo o al nazismo. No se puede denominar de otra manera la
represión en la que fue desollado y en la que le vaciaron los ojos a un
joven y en la que, según confesión de cuando menos dos de los asesinos
materiales, ejecutaron a sangre fría e incineraron a decenas de jóvenes
campesinos e indígenas.
El 8 de octubre una multitud increpó
y expulsó a Cuauhtémoc Cárdenas de la marcha en la que miles de
citadinos se solidarizaron con los normalistas de Guerrero. Lo
acompañaba Adolfo Gilly, que fue asesor de Cárdenas cuando fue
gobernante del DF. Les gritaron asesinos, traidores, les dijeron que el
PRI, PAN y el PRD eran lo mismo. Gilly recibió un proyectil y manó
sangre de su rostro asustado y descompuesto.
**
El PRD y distintas autoridades ensayan distintas explicaciones para
exculpar al PRD y al gobernador Ángel Aguirre de la barbarie en suelo
guerrerense. Dicen que el problema es que se infiltró el narco en la
policía. O que se infiltró un narco, el presidente de Iguala, en el
PRD. No debe olvidarse que en diciembre de 2011 la policía de Aguirre
asesinó a dos jóvenes de Ayotzinapa. No hubo castigo para el
mandatario. Al contrario. Un sonriente Carlos Slim apareció poco
después junto a un Aguirre exultante en fotografías que el gobierno
estatal difundió profusamente. Mac Carlos anunció cuantiosas
inversiones en Acapulco. Tal vez nunca se conozcan conversaciones entre
ambos personajes, como aquella en la que un empresario corrupto
felicitó al “góber precioso” de Puebla, en 2006, por haber vejado y
maltratado a la periodista Lidia Cacho. Aquí no hacen falta audios como
ésos. El mensaje de Slim fue que la alta burguesía estaba con el
gobernador al que no le había temblado la mano –pero sí sangrado- para
poner en cintura a los “guerrilleros” de las normales rurales.
Algo parecido ocurrió luego de que el presidente narco de Iguala y del
PRD, José Luis Abarca, en junio del año pasado mandó a secuestrar a
ocho opositores, tres de los cuales fueron brutalmente asesinados.
Tengo frente a mí el diario El Sur, de Guerrero, del 6 de junio de
2013. La noticia principal de portada dice: “Apoya Aguirre al alcalde
de Iguala; no aceptará presiones políticas, le dice”. Abajo está una
foto en la que aparece José Luis Abarca, solo y tranquilo, luego de una
reunión con el gobernador. En esos días este hombre también recibió el
apoyo enfático de Jesús Zambrano, entonces mandamás del PRD.
Los monstruos ya existían y en estos meses engordaron y se hicieron más temibles.
**
En 1994 estalló en Chiapas la insurrección armada del EZLN. Sería un
error pensar que luego todo quedó en negociaciones con los
neozapatatistas traicionadas por los sucesivos gobiernos. El
levantamiento campesino-indígena-popular siguió irradiándose, sobre
todo a los estados cercanos. En 2006 hubo otro levantamiento, el de
Oaxaca. En años recientes en Guerrero. A principios de 2014 en
Michoacán. Desde hace años desde las alturas del Poder aprecian que en
una vasta región del país miles y miles protestan, se organizan,
luchan, se arman… Oaxaca hace ocho años fue frenada con 30 asesinatos.
Michoacán con 300 autodefensas en la cárcel. Guerrero con numerosos
asesinatos de luchadores sociales y con Nestora Salgado, policías
comunitarios y opositores a la presa La Parota, presos. Pero no ha sido
suficiente. La matanza de Iguala es un nuevo y salvaje intento –e
inútil- de terminar con el proceso insurgente que con altas y bajas no
se ha detenido en el sur y sureste del país desde hace 20 años.
**
Ya era evidente la bancarrota política y moral del PRD. Ahora es
irreversible. Su cuerpo tumefacto y purulento no tiene cura. López
Obrador intentó separarse de ese descrédito y ha sido en vano porque en
los sucesos de Iguala y Guerrero también está implicado.
El
puente hacia el socialismo y la democracia en México no puede ser otro
que la clase trabajadora, los campesinos, los indígenas y los jóvenes
organizados y en lucha. También una herramienta política, un partido
que sea a un tiempo maestro y alumno de esas masas, como dijo Marx hace
tantos años en disputa con Luis Feuerbach. Hoy más que nunca se
necesita un partido revolucionario y socialista.
Ya se anuncian
caravanas solidarias desde distintos puntos del país hacia Ayotzinapa.
Al cumplirse un mes de la represión y desaparición de los normalistas,
el 26 de octubre, se hace necesaria una enorme y extendida protesta,
marchas en todo el país, paros en escuelas y universidades, mítines en
embajadas y consulados. Que ese día el luto y la ira se transformen en
la mayor jornada de lucha conocida.
El Estado no es el ente que se suele
confundir con el gobierno, sino, según Manuel Villa, “una estructura de
organización y acción que garantiza la unidad de la nación, mediante
una jerarquía de fuerzas sociales e intereses”. Dentro del Estado se
encuentra también el régimen y el sistema político, la clase política,
los partidos políticos y la sociedad civil organizada y no organizada.
El Estado mexicano, por tanto, no es
diferente a esa concepción estatal. Para no dar más rodeos, es dentro
de nuestro sistema político donde se decide la ruta a seguir para
tratar de satisfacer todas las necesidades que tiene nuestro país, por
ejemplo las demandas en educación, salud, deporte, empleo y, por su
puesto, seguridad.
Pero como todos los sistemas políticos,
el nuestro también tiene fallas. Son muchas y diferentes las fallas
propias del sistema mexicano respecto a todos los demás sistemas del
mundo, y que tienen qué ver con su cultura, su cultura política, sus
prioridades, sus grupos de intereses e incluso los grupos criminales
que operan dentro del Estado mexicano y que incluso pueden influir en
la toma de decisiones, y por tanto, en el actuar del gobierno.
En las clases sobre sistema político de
la universidad, lo primero que se enseña y se aprende es la definición
Eastoniana donde se representa a este elemento como una caja negra
donde no se sabe qué es lo que sucede bien a bien respecto del proceso
de toma de decisiones, pero en la cual ocurre un proceso de
retroalimentación entre lo que el autor llama inputs (entradas) que son
las demandas presentadas por la sociedad y los outputs (salidas) que
son finalmente los resultados que se producen para responder a esas
demandas.
Sin embargo, ¿qué sucede cuando las
respuestas que da el sistema político no son suficientemente
satisfactorias, o bien, inoperantes? Lo que sucede en México y la
inseguridad provocada por el crimen organizado, principalmente el
narcotráfico particularmente desde el sexenio de Felipe Calderón, es
que estas demandas no han sido bien cubiertas en la gran mayoría del
territorio nacional.
Los estados de la federación que han
sido azotados por el crimen organizado no tienen capacidad de respuesta
al desafío que representa este hecho y el gobierno federal se ha
quedado lejos en sus respuestas. Estos estados, especialmente los
sureños que concentran altos índices de pobreza, se han visto
particularmente afectados desde hace décadas por la desigualdad en la
que viven sus habitantes, lo que ha logrado que los grupos del crimen
organizado tengan el escenario idóneo para llevar a cabo sus
operaciones, atrayendo a parte de la misma población y a la burocracia
local y federal.
Cuando es el crimen organizado quien
impone su ley a la fuerza (hay que recordar que el Estado reclama para
sí “el legítimo monopolio de la violencia física legítima”, según Max
Weber) sobre el régimen, es decir, el Estado de Derecho que debería
prevalecer sobre cualquier otra ley, entonces el Estado puede sufrir
una descomposición tal que puede llevar a los hechos terribles de
matanzas de civiles que hemos presenciado en México los últimos años.
El caso de los estudiantes secuestrados
por elementos de seguridad pública local en Ayotzinapa, Guerrero, de
las fosas encontradas en Iguala en ese mismo estado y de Tlataya,
Estado de México, son los hechos más recientes de una serie de actos
cometidos por la autoridad y/o por el crimen organizado en contra de
los ciudadanos.
Cuando el sistema político se vuelve
ineficiente y la respuesta a través del gobierno -federal o local- lo
es también en un tema tan sensible como la inseguridad provocada por
grupos del crimen organizado, que enfrentan abiertamente al Estado
mexicano y le disputan también el “legítimo monopolio de la violencia
física legítima”, entonces no es ni será de extrañar que estos casos
sigan apareciendo continuamente en nuestro país.
Tras
casi una semana de balaceras continuas en las calles y de que la
sicosis y el miedo se apoderaron de sus habitantes, el Puerto de
Tampico y su zona conurbada de Ciudad Madero viven hoy la tensa calma
que procede a las batallas armadas. Durante varios días dos facciones
del Cártel del Golfo, Los JR y los Sheilas, se
disputaron a tiros el control de ese grupo delictivo, luego de que dos
de sus principales líderes fueran detenidos; el saldo hasta ayer era de
28 muertos, en su mayoría presuntos sicarios, y una ciudad que se
recupera con estupor de la refriega armada.
El Ejército, la Marina y la policía estatal proclamaban ayer haber
retomado el control de las calles de Tampico-Madero y la presencia
militar y policíaca era notoria en las calles con casi cuatro mil
elementos enviados ante la emergencia; aunque en el vox populi se decía
que en realidad la guerra amainó porque uno de los dos grupos que se
disputaban la plaza finalmente se impuso y se quedó con el control del
Puerto.
Como quiera, la normalidad volvía poco a poco a la vida de los
tamaulipecos que durante los últimos días se ausentaron lo mismo de las
escuelas que de sus actividades cotidianas y se escondieron en sus
casas ante el temor de los fuegos cruzados en las calles. Este viernes,
previo a la Semana Santa, se busca mandar el mensaje de recuperación de
la tranquilidad por el llamado “Playazo”, el fenómeno turístico por el
que jóvenes y familias de Nuevo León y del mismo estado llegan a las
playas de Tampico y Miramar. En las carreteras se desplegaron
operativos del Ejército y la Marina y en las zonas turísticas del
Puerto se desplegaron operativos especiales.
El viernes, en esa idea de normalización, hasta el Centro de
Convenciones de Tampico llegarán los 31 procuradores de los Estados del
país y del DF para reunirse con el procurador General de la República,
Jesús Murillo Karam, en un encuentro donde hablarán de los temas se
seguridad y procuración de justicia.
El otro municipio que registró una crisis en los últimos días por la
irrupción de grupos armados que intimidaron a la población fue Mier.
Ayer el Ejército entró al territorio municipal y tomó el control de la
seguridad, luego de que el acalde de extracción panista reclamara la
presencia federal en su municipio.
Sobre lo que ocurrió en Tampico, ayer el gobernador Egidio Torre lo
calificó como “hechos aislados” y aseguró que, junto con el comisionado
Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, se reforzó el operativo
“Grupo de Coordinación Tamaulipas” en el que militares, marinos y la
Policía Federal realizan la vigilancia carretera, marítima y portuaria
para abatir la delincuencia en esas y otras zonas específicas del
estado. Al gobernador le preguntaron en una conferencia de prensa si
consideraba necesario el envío de un “comisionado federal” a su estado,
a lo que rápidamente Torre Cantú atajó: “No necesitamos de un
comisionado porque aquí estamos trabajando todos de manera integral y
mejorando estrategias”.
Sin embargo, ayer en las redes sociales en el estado circulaba una
convocatoria para una “Marcha Blanca” contra la inseguridad en Tampico.
“La Libertad de los tampiqueños ha sido silenciada por las detonaciones
de armas de fuego. Nuestras familias viven el encierro del miedo
producido por una guerra”, decía la convocatoria que llamaba a alzar la
voz y convocaba a una movilización para este domingo 13 a las 10 de la
mañana por la avenida Hidalgo del Puerto. “No tengas miedo, somos
muchos más que ellos…Vístete de blanco y exijamos al gobierno federal
su intervención”.
Las batallas en Tampico y Madero se produjeron luego de la detención
de dos líderes del Cártel del Golfo en la zona, Jesús Alejandro Leal
“El Simple”, ocurrida en Reynosa el 1 de abril, y de Javier Garza “El
Porrón”, lo que dejó sin cabezas al Puerto y desató el enfrentamiento
entre los dos grupos, Los JR y los Sheilas, por el
control de la plaza. Al final uno de los dos grupos se impuso y eso
paró los enfrentamientos armados. La pregunta es si la paz momentánea
será duradera y si ésta depende realmente del control gubernamental de
la zona o más bien de que no haya nuevos reacomodos entre los
delincuentes del Cártel del Golfo.
NOTAS INDISCRETAS… Joel Ortega se ha convertido en un funcionario
problemático para el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Primero
con su decisión de aumentar la tarifa del metro y luego con el cierre
de la Línea 12 que ahora dice se prolongará por varios meses más.
Muchos en el equipo mancerista ya se preguntan por qué tanta confianza
a un colaborador que le ha causado tanto desgaste. Sobre todo cuando a
Ortega lo escuchan en las mesas políticas amenazar que tiene
expedientes comprometedores contra hombres cercanos a Mancera como Luis
Serna, secretario particular del Jefe de Gobierno. Además de crearle
problemas hacia fuera, ahora Joel apunta hacia adentro del grupo
mancerista… Se baten los dados. ¿Serpiente o Escalera?
Denuncia de violación sexual fue acallada por Felipe Calderón
Archivo | CIMACFoto
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza dar entrada
al caso de la presunta violación sexual cometida por militares contra
la indígena náhuatl de 73 años Ernestina Ascencio Rosario, quien murió
tras el ataque y cuyo caso fue cerrado luego de que las autoridades
afirmaron que la mujer murió por una “gastritis mal atendida”.
A siete años de la muerte de esta indígena, ocurrida el 26 de febrero
de 2007, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara Litigio
Estratégico, la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la
Sierra de Zongolica, y Abogadas y Abogados para la Justicia y los
Derechos Humanos, informaron que el caso se presentó ante la CIDH,
instancia que en unos meses podría definir si lo acepta o no.
El 13 de enero de 2011 las agrupaciones presentaron el caso ante el
organismo internacional con el argumento de que Ernestina fue víctima
de violencia sexual e institucional de las autoridades que no
esclarecieron los hechos, toda vez que el Estado mexicano no le brindó
protección judicial, y porque la sociedad mexicana tiene derecho a
conocer la verdad de lo ocurrido.
En conferencia de prensa, Carmen Herrera y Julia Suárez, integrantes de
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, dijeron
que en noviembre de 2013 recibieron una notificación de la CIDH
respecto a que el caso está en etapa de admisión y que consultará al
gobierno mexicano para que dé observaciones.
A decir de las agrupaciones, el Estado no protegió a Ernestina Ascencio
ni le garantizó justicia, por lo que violó la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belém
Do Pará.
Patricia Benítez, del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara
Litigio Estratégico, y Julio Atenco, de la Coordinadora Regional de
Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, subrayaron que el
caso no se puede olvidar.
POLÉMICA
El 25 de febrero de 2007, Ernestina –originaria de la comunidad de
Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa en Veracruz– fue
presuntamente violada por militares, pero según la Procuraduría de
Justicia del estado no hubo delito que perseguir porque ella “murió por
una gastritis”, así que en mayo del mismo año cerró el caso.
En su momento, la muerte de Ascencio Rosario causó revuelo porque
ocurrió apenas tres meses después de que Felipe Calderón asumió el
Ejecutivo federal, y él desde su cargo tomó partido luego de que en una
entrevista a un diario nacional afirmó que la indígena murió por una
gastritis.
Tal declaración hizo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) y las autoridades veracruzanas sostuvieran la hipótesis de que
Ernestina padecía una enfermedad crónica y dejaran de lado la
investigación de la violación sexual, pese a que los primeros
dictámenes forenses señalaron que la indígena había sido golpeada y que
sufrió una hemorragia, además de que se encontró líquido seminal.
En ese momento el entonces Ombudsman nacional José Luis Soberanes,
señaló: “El Ombudsman nacional ha supervisado sus labores en todo
momento.
Los avances de este trabajo científico son contundentes: la señora Ernestina Ascencio no fue víctima de una violación.
Su deceso fue causado por una anemia aguda por sangrado de tubo
digestivo secundario a úlceras gástricas, pépticas, agudas en una
persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna, un proceso
neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis
mesentérica”.
En 2009 Cimacnoticias reportó que la familia de la indígena, que en
un principio exigió justicia por la presunta violación y homicidio, al
final “se conformó” y “aceptó” el dictamen de que la muerte se debió a
causas naturales.
En ese año, los familiares guardaron distancia con los medios de
comunicación y “olvidaron su reclamo de justicia”. Javier Pérez
Pascuala, entonces alcalde de Soledad Atzompa, dijo en entrevista que
tras la muerte de Ernestina las mujeres de la comunidad “tenían miedo”.
Otro caso emblemático de violaciones cometidas por soldados en el que
ha intervenido la CIDH es el de las indígenas tlapanecas Inés Fernández
y Valentina Rosendo, agredidas por militares en 2002.
Por estos hechos, en agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CoIDH) emitió dos sentencias contra el Estado mexicano por no
garantizar justicia a ambas mujeres.
MÉXICO,
D.F. (proceso.com.mx).- Es irresponsable suponer que la cantante
Melissa Plancarte, hija de Enrique Plancarte, uno de los líderes de
“Los Caballeros Templarios”, recibió la autorización del gobierno de
Michoacán para grabar el videoclip “Desde que te fuiste” en el Palacio
de Justicia de Morelia. Fue un error minúsculo, un descuido. El
gobernador Fausto Vallejo lo explica mejor: “No se puede desvirtuar,
por ese hecho, que está en manos de la burocracia (…) No sé si un
conserje autorizó”.
Tampoco es válido sospechar que el gobierno federal contrató al
sicario Juan José Farías Álvarez “El Abuelo”, del cártel de “Los
Valencia”, para liderar a los grupos de autodefensa en Michoacán. Sí,
Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral
en esa entidad, fue fotografiado con el capo, pero, como él mismo
aclaró, fue un hecho incidental: “Es como si te invitan a una boda y
después sale que en la mesa de al lado estaba tal (…) y esa persona se
te acercó cuando vas al baño o como cuando tú vas a un mitin”.
Que el exgobernador de Coahuila y expresidente nacional el PRI
Humberto Moreira pague 3 mil 500 euros mensuales (unos 55 mil 300
pesos) por un chalet en el exclusivo barrio de Sant Cugar, el segundo
municipio más rico de toda Cataluña, no quiere decir que haya saqueado
a su estado, endeudado durante su administración con 34 mil 898
millones de pesos. Cuando el periódico Reforma le preguntó cómo
solventa sus lujos en España, su actual residencia, él mismo disipó las
dudas: “De mi salario (de maestro) y de mis ahorros”.
En el México del neopriismo no hay feminicidios, sino mujeres
irresponsables que se arriesgan a caminar a horas inmorales. Ningún
periodista es asesinado, son personas comunes con problemas personales.
¿Crímenes por homofobia? ¡Jamás! Homicidios pasionales.
El escritor irlandés Jonathan Swift, admirado por su capacidad de
sátira y autor de “Los viajes de Gulliver”, explicó en un artículo
titulado “El arte de la mentira política” por qué los gobernantes
necesitan del engaño “(…) Para hacerse del poder y conservarlo (…)
Hemos visto cómo muchos de los dineros de la nación acabaron en manos
de aquellos que, por su cuna, educación o mérito, no habrían podido
aspirar más que a cuidar de nuestras cuadras”.
La mentira es un código de la clase política mexicana, resume la
socióloga Sara Sefchovich en su obra “País de mentiras”, un asombroso
compendio ensayístico sobre la capacidad de cinismo de nuestros
gobernantes. Lo explica así: “(…) Cuando la mentira no es una conducta
extraña que se cuestiona y hasta castiga sino que es un discurso de
todos, repetido y reiterado, ya no es una decisión individual de quien
la emite ni es tampoco algo que una persona pueda decidir cambiar (…)
La cultura mexicana no sólo genera y permite sino que exige, aplaude y
premia este modo de funcionar. Si en México se miente es porque se
puede mentir y más todavía, porque se tiene que mentir”.
Pero hay de mentiras a mentiras. Está la cuidada, la fina, donde el
actor estudió obsesivamente su papel hasta interpretarlo con maestría.
Ahí está Carlos Salinas periódicamente presumiendo en los medios los
milagros de su sexenio, su inocencia en los magnicidios cometidos
durante su administración y su nula responsabilidad en la crisis del
94. Y no hay entrevistador a modo que logre acorralarlo.
Y existe otra mentira: La malograda, más cercana al cinismo, a la
sátira. A nadie convence, quien la escucha simplemente no la cree. Se
desacredita por sí misma. En su sonido hay notas de burla. Esa es la
que nos ofrece el peñismo, acuñada en su máximo esplendor con el caso
de la menor Paulette Gebara Farah, quien nueve días después de ser
reportada como desaparecida, fue “encontrada” muerta por la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México en una rendija
situada entre el colchón donde dormía y un mueble que formaba parte de
su cama, el mismo sitio donde su madre, LIsette Fraah, daba entrevistas
a los medios de comunicación para pedir ayuda para localizar a su hija.
La mentira sirve para ocultar la verdad, para gobernar en secreto.
¿Qué nos esconde el gobierno de Peña Nieto? ¿Negocia con grupos
criminales afines para afectar a los contrarios? ¿Qué oculta la reforma
energética que requiere de millones de pesos en anuncios para
persuadirnos de sus supuestas bondades? ¿Cuál es la relación del
Ejecutivo con los grupos de autodefensa?, ¿Por qué con el gobierno de
Duarte han sido asesinados diez periodistas y en las conclusiones de
los casos ridiculizan la memoria de las víctimas? ¿Cuánto costó la
presidencia y quién la financió? ¿Cuál es el verdadero papel de Carlos
Salinas, cuyos principales colaboradores están de regreso en la arena
pública?, ¿Por qué los grandes capos como “La Tuta”, “El Chapo” o “El
Mayo” permanecen activos y visibles?
En su ensayo “Democracia y secreto” el filósofo y politólogo
italiano Norberto Bobbio advierte que cuando un gobierno toma las
decisiones bajo la oscuridad, funciona como una autocracia. “La
democracia es idealmente el gobierno de un poder visible, es decir, el
gobierno cuyos actos se realizan ante el público y bajo la supervisión
de la opinión pública”, define Bobbio, quien añade que la penumbra es
el color idóneo para el esparcimiento de la corrupción.
No hay duda de que el actual gobierno y sus emisarios mienten como
máximo recurso de supervivencia. Sólo así puede funcionar su aceitosa
estructura. La pregunta es: ¿Cuánto de lo que escuchamos de sus labios
es verdad? Pareciera que, con indigesta resignación, como público nos
acostumbramos a ser espectadores de una mala telenovela. La verdad casi
nunca emerge y los corruptores envejecen resguardados en sus mansiones.
La experiencia nos ha enseñado que la clase política tergiversa,
oculta y calla para financiar sus chalets suizos. ¿Cuáles son las
consecuencias sociales? Sefchovich las resume con precisión:
desconfianza, falta de respeto, desmemoria, desinterés, doble moral,
corrupción, desesperanza. “Los ciudadanos no se sienten con la
obligación ni con el deseo de respetar ni a la ley, ni a las
instituciones, ni a las investiduras, ni a las autoridades, ni a las
personas”.
Lo más desalentador es que, tratándose de un código, resulta casi
imposible su erradicación. Con su infinita ironía, desde el siglo XVIII
Swift advertía el derrotero de esta práctica: “Considerando la natural
propensión del hombre a mentir y de las muchedumbres a creer, confieso
no saber cómo lidiar con la máxima tan mentada que asegura que la
verdad acaba imponiéndose”.
Mientras tanto, tal parece que el futuro inmediato está desierto de
bálsamos. Amarrados a nuestra butaca, (¿disfrutaremos?) el humor
involuntario del bufonesco neopriismo. Genial para humillarse,
magistral para enriquecerse en secreto.
P.D. Este domingo 23 de febrero al mediodía se realizarán
manifestaciones en las principales plazas públicas del país para exigir
un alto a los homicidios contra periodistas. En el Distrito Federal la
cita será en el Ángel de la Independencia.
La proliferación y expansión de los grupos de autodefensa en varias entidades ha divido a la opinión sobre su deseabilidad y legitimidad. Recordemos que el punto de partida es, en términos de Hobbes, el “estado de naturaleza”, donde cada individuo (o grupos de individuos) se halla con su propia fuerza para defenderse de la posible agresión de los demás, algo muy probable porque la naturaleza humana tiende al egoísmo, a la búsqueda de su satisfacción y al bienestar por encima de los derechos de los otros. Si no hay una entidad de fuerza superior (el Estado) capaz ofrecer una protección eficaz, cada individuo (o grupo) puede y debe buscarla por sus propios medios.
De ahí que en ese estado de naturaleza “existe continuo temor y peligro de muerte violenta; y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve” (Leviathan). Y por ello el fuerte incentivo para el surgimiento del Estado, una entidad con fuerza suficiente para someter a todos y cada uno de los miembros de la sociedad a un marco de reglas de convivencia pacífica y civilizada. Eso, mediante un pacto político que implica la renuncia de cierto monto de libertad por parte de cada individuo para dotar de tal fuerza al Estado, que pueda cumplir su principal cometido; imponer una situación de orden y seguridad en la convivencia cotidiana. En ese momento la violencia que cada individuo o grupo pueda ejercer en su propio interés se vuelve ilegítima, pues si cada quien la preserva, el Estado no logra acumular la fuerza suficiente para someter a cada componente de la sociedad.
El Estado es como un banco de poder; recibe cantidades pequeñas de poder individual, que con todas sumadas logra detentar gran cantidad de él, suficiente como para castigar a individuos y grupos particulares que rompan las reglas de convivencia (el derecho). Pero eso sólo puede ocurrir en virtud de que los miembros de esa comunidad renuncian a su propia fuerza armada. De ahí la definición weberiana del Estado moderno; el monopolio de la violencia legítima. En la medida en que grupos fuera del Estado detenten fuerza armada (sean señores feudales, caciques locales, corporaciones de la sociedad civil, guerrillas, paramilitares o sicarios), el Estado se vuelve incapaz de cumplir cabalmente su cometido. Y de ahí que el Estado debe usar su propia fuerza para desarmar a los grupos particulares que detenten fuerza armada.
El problema es cuando el Estado no es tan fuerte como para preservar en medida suficiente la seguridad y el orden. Es decir, que cumpla mínimamente su objetivo y compromiso, pues entonces los individuos y grupos desamparados se dan el derecho de brindarse a sí mismos lo que el Estado no puede ofrecer. Renace la legitimidad de la fuerza fuera del Estado (como en el “estado de naturaleza”). Dice Hobbes, “cada hombre debe esforzarse por la paz mientras tiene la esperanza de lograrla; y cuando no puede obtenerla, debe buscar y utilizar todas las ayudas y ventajas de la guerra”.
El problema es que esa debilidad inicial del Estado se acentúa con ese proceso de recuperación de la fuerza legítima en manos particulares. Es como cuando gran parte de los cuentahabientes de un banco retiran sus cuentas; sobreviene la quiebra de ese banco (el banco de poder, en este caso). Y en tal caso, dice Hobbes, “puede percibirse cuál será el género de vida cuando no existe un poder común que temer, pues el régimen de vida de los hombres que vivían bajo un gobierno pacífico, suele degenerar en una guerra civil”.
Ahí está el dilema; las comunidades desprotegidas por deficiencia del Estado reclaman legitimidad para protegerse a sí mismas por encima del pacto político, pero eso mismo debilita ese acuerdo y por tanto al Estado que de ahí surgió. De ahí que en principio el Estado no pueda fácilmente reconocer la legitimidad de la violencia extraestatal, pues va en su propio deterioro. Muchos opinan que resulta racional para el Estado primero confrontar al crimen organizado, incluso con ayuda de los grupos de autodefensa, y sólo entonces exigir el desarme de las comunidades autoarmadas. El problema en Michoacán y otros estados es que además, algunos temen (o saben) que varios grupos de autodefensa responden a otros cárteles rivales de Los Templarios. Y aún así, la experiencia colombiana sugiere que más vale enfrentar a los cárteles de uno en uno y no a todos al mismo tiempo, pues eso arroja resultados contraproducentes, como hemos visto en México. Además, mientras más tiempo pase, las autodefensas ser irán profesionalizando y será más difícil y socialmente costoso su desarme.
Más que hacer pronósticos, que casi siempre salen mal, considero que para iniciar 2014 sería mejor presentar uno de los graves problemas de México: los vacíos de poder que han sido llenados por los peores intereses particulares. Para ello se puede ir al reciente libro de Edgardo Buscaglia, Vacíos de poder en México; cómo combatir la delincuencia organizada. Su tesis es que sin controles institucionales y sociales no será posible cambiar el panorama de destrucción, violencia, captura y corrupción que ejerce el crimen organizado en el país.
Los controles que propone son de cuatro tipos: judiciales, patrimoniales, sociales y contra la corrupción. Uno de los hilos que conduce el argumento es que en México se ha dado un proceso de transición inacabada (fallida) a la democracia, porque no se lograron desmontar las viejas estructuras del régimen autoritario para construir otras instituciones y relaciones sociales y detener la corrupción, la impunidad y, sobre todo, para llenar los vacíos de poder que han sido ocupados por los poderes fácticos, los monopolios y las redes del crimen organizado. Dice Buscaglia que una “de las tantas caras que tiene la transición inacabada mexicana es la existencia de un sistema judicial descoordinado y sin dientes que no puede controlar, castigar, ni enmendar las manifestaciones antisociales. Este sistema es idóneo para no castigar a los culpables y sí a los inocentes, y para que, ante una acción judicial emprendida por alguna autoridad, cualquier fuerza política asegure que las acusaciones tienen un trasfondo meramente político. Un claro ejemplo de lo anterior es el Michoacanazo”.
En materia de controles judiciales se hace un recorrido por las diferentes oportunidades para el crimen y la corrupción, como la violación de los topes de campaña, por donde se da una “infiltración criminal”; el estado “feudal” de los ministerios públicos, que ahora supuestamente empezarán su reconfiguración para ser autónomos; los controles a las policías, que hasta la fecha no se han logrado.
Los controles patrimoniales son el mecanismo para detener la corrupción de las élites político-empresariales y sindicales. Para generar estos controles se necesita presión social, una sociedad organizada y fuerte, de la que estamos todavía muy lejos. El autor se plantea el problema en los siguientes términos: “En México cualquier funcionario, sindicalista o empresario con una red de contactos políticos puede abusar de sus discrecionalidad administrativa o judicial, malversar fondos o realizar cualquier otro tipo de conducta socialmente dañina, y, mientras exista un padrino con poder de por medio, existirán pocos canales reales para que esta persona sea castigada”. Se necesita conformar las listas de candidatos de forma abierta, para enfrentar a las oligarquías partidistas; se necesita un servicio civil de carrera que funcione, no la simulación que se hizo con el panismo y que hoy está en ruinas. Hay que terminar con el dispendio de los altos sueldos de la burocracia mexicana y con el alto costo de los poderes Legislativo y Judicial. México tiene el “quinto congreso más caro del mundo” y sus resultados son radicalmente inferiores al costo.
Los controles sociales son otra de las piezas para desmantelar el viejo régimen. Políticas eficientes de prevención y organización de redes sociales que combaten los riesgos del crimen organizado. El panorama es lamentable, porque, dice Buscaglia, en México no existen ese tipo de redes. ¿Serán los grupos de autodefensa una forma de control social de emergencia? México padece los 23 tipos de delitos del crimen organizado —que enumera el autor— y está muy lejos de proteger los 58 derechos que componen la seguridad humana, de acuerdo con los criterios de la ONU.
En el libro se establecen medidas para llenar esos vacíos de poder. La elaboración de controles no estuvo prevista en el Pacto por México; tampoco las formas de terminar con el modelo de capitalismo de “cuates” que tenemos, y para ello se establece la necesidad de realizar pactos políticos para prevenir corrupción, fomentar las capacidades disuasivas del sistema judicial, contar con jueces independientes, desmantelar empresas criminales, movilizar a la sociedad y combatir corrupción administrativa. En suma, o llenamos esos vacíos de poder con instituciones y dinámicas sociales eficientes y democráticas o el país no tiene viabilidad para salir del agujero en el que estamos. Este será un resto no sólo de 2014, sino al menos de una década...
La crisis humanitaria en el país no cesa: en el primer año del
actual gobierno, más de 17 mil civiles fueron asesinados; una veintena
de ellos eran defensores de los derechos humanos y otros seis,
periodistas; en ese mismo lapso se registraron 68 desapariciones de
carácter político. Aunado a esto, la CNDH investiga más de 7 mil
violaciones consideradas por convenciones internacionales como crímenes
de lesa humanidad, ocurridas desde diciembre de 2006, tras la
militarización del territorio. La violencia que asuela a la población
preocupa a 87 países, advierte el representante de la Oficina de la
Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU en México
Más de 90 mil militares “patrullan”
ciudades y áreas rurales… carreteras, calles, plazas. Lejos de combatir
la criminalidad, la presencia de esos 76 mil 546 soldados y 17 mil 25
marinos en labores de seguridad pública ha incrementado las violaciones
graves a los derechos humanos.
Privación de la vida, desaparición
forzada, tortura y tratos crueles son algunas de las consecuencias
directas de la militarización del territorio mexicano. Ésta junto con
el incremento de la violencia atribuida al crimen organizado son las
secuelas vigentes de la “guerra” contra el narcotráfico que impulsó el
expresidente Felipe Calderón durante su administración, y que se ha
continuado en la actualidad.
En ese contexto, más de 17 mil civiles
fueron asesinados en el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto,
indica información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De esas víctimas mortales, al menos una
veintena eran defensores de los derechos humanos. En esa lista se anota
el nombre de Luis Olivares Enríquez, líder de la Organización Popular
de Productores de Costa Grande, y su esposa Ana Lilia Gatica Rómulo,
asesinados el 10 de noviembre pasado en Coyuca de Benítez, Guerrero.
Ambos eran opositores a la actividad minera y a la tala clandestina.
Rocío Mesino Mesino es otra activista que integra esa lista. La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur fue ejecutada el 20 de octubre en Atoyac, Guerrero. También se apunta a Herón Luciano Sixto López,
integrante del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas,
asesinado el 20 de julio en San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Oaxaca.
Entre los activistas victimados están
los dirigentes de la Unidad Popular. Arturo Hernández Cardona, Rafael
Banderas Román y Ángel Román Martínez fueron asesinados a inicios de
junio de 2013 en Iguala, Guerrero.
Para Abel Barrera, director del Centro
de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, la crisis que aún
enfrenta el país se debe, en parte, a la militarización: es un problema
que se complica sobre todo en los pueblos originarios.
Agrega: “no ha cedido; al contrario, se
ha incrementado la presencia de militares y esto ha hecho que los
abusos y los casos que siguen afectando la situación de los pueblos
indígenas [de Guerrero] se sigan dando”.
Respecto del actual gobierno federal,
el defensor de derechos humanos indica: “en este año se han
incrementado la violencia y la inseguridad, y el sistema de justicia no
ha podido garantizarle a las víctimas acceso real y, sobre todo,
apropiado para que tengan justicia”.
Tales son los casos de los seis periodistas que
se cuentan entre las víctimas de 2013, y que continúan impunes. Se
trata de los crímenes de Jaime Guadalupe González, cuyo homicidio
ocurrió en Chihuahua el 3 de marzo; Alonso de la Colina Noriega,
asesinado el 14 de abril en Puebla; Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa,
ejecutado en Coahuila el 24 de abril; Mario Ricardo Chávez
Jorge, victimado el 26 de junio en Tamaulipas; Alberto López Bello,
asesinado en Oaxaca el 17 de julio; y Alberto Angulo Gerardo, cuya
muerte violenta ocurrió el 6 de noviembre en Sinaloa.
Crisis humanitaria, vigente
En materia de derechos humanos hay
muchos temas pendientes, asegura Jaqueline Sáenz Andujo, coordinadora
del Programa de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis e
Investigación. Uno de ellos, indica, es la crisis humanitaria que vive
el país.
“La militarización sigue y la violencia
sigue, y pareciera que lo que ha cambiado es el discurso: que en la
CNDH [Comisión Nacional de los Derechos Humanos] tenemos menos quejas
ahora, menos recomendaciones.”
Y es que aunado a los miles de asesinatos, la población continuó sufriendo desapariciones forzadas, levantones,
secuestros. El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta
Encontrarlos señala que en este año ocurrieron 68 desapariciones de
carácter político.
La situación que enfrenta el país es tal que preocupa a los 87 países que intervinieron en el Examen Periódico Universal de México, ocurrido en octubre de 2013,
considera Javier Hernández Valencia, representante en México de la
Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Ésta no es una preocupación de
personas, de individuos y en particular de mi persona, sino de 87
países. El Consejo [de Derechos Humanos de la ONU] tiene 47 miembros,
esto quiere decir que muchos más países de los que sólo participan del
Consejo han tenido interés en el tema mexicano. Entre esos 87 países
estuvieron 14 de América Latina y el Caribe. Es decir, no son sólo
europeos y del Norte, del mundo industrial o del primer mundo
quienes tienen preocupación y quieren mantener un diálogo vivo para
mejorar la situación de los derechos humanos en México; son también
países hermanos de sangre, de cultura, de lengua. También intervinieron
los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad.”
Consultado el 27 de noviembre de 2013 al término de su participación en la presentación del reporte Jurisdicción militar y derechos humanos: elementos para las reformas pendientes
–editado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña,
Tlachinollan–, Hernández Valencia señaló que la situación de México en
materia de derechos humanos sí sigue siendo una preocupación para la
Oficina de la Alta Comisionada. Por ello dijo: “Estamos tratando de
ayudar a que estos debates produzcan, tanto a nivel legislativo como a
nivel de conductas, de cambio institucional, de reformas en políticas
públicas, los cambios que las ciudadanas y ciudadanos han pedido desde
hace mucho tiempo”.
Crímenes de lesa humanidad
Ese tiempo del que habla Hernández
Valencia se remonta a la Guerra Sucia, pero sobre todo se centra en el
sexenio pasado. Y es que de 2007 a 2012 se registraron más de 100 mil
asesinatos de civiles, 30 mil desapariciones y 250 mil desplazamientos
por violencia, entre otras consecuencias de la militarización y la
criminalidad.
Desde diciembre de 2006, cuando se
inició la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos ha investigado y documentado más de 7
mil quejas por presuntas violaciones en las que incurrieron agentes del
Estado –federales, estatales y municipales– en contra de civiles.
Los reportes generales de las quejas –de los que Contralínea
obtuvo copias por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental– refieren que hasta enero de 2013
ese organismo autónomo abrió 210 expedientes por los delitos de
“privación de la vida” y “violación al derecho a la vida”, es decir,
asesinatos cometidos por servidores públicos de los tres niveles de
gobierno, pero en su mayoría por las fuerzas federales.
El primer expediente relacionado con
una ejecución extrajudicial en este gobierno implicó a personal de la
Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Sinaloa. De acuerdo con el Reporte general (quejas)
de la CNDH, se trata del archivo 2012/10930-Sin-2, abierto el 18 de
diciembre de 2012 por tres presuntas violaciones: emplear
arbitrariamente la fuerza pública, imputar indebidamente hechos y
privar de la vida.
De diciembre de 2006 a enero de 2013,
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también integró 437
expedientes por desaparición forzada; 95 por tortura; y 6 mil 667 por
tratos crueles, inhumanos y degradantes, que también pudieron
constituir hechos de tortura. Cada expediente se refiere a una o más
víctimas y siempre implica a servidores públicos.
Las tres primeras quejas por
desaparición forzada que recibió la CNDH en este sexenio presuntamente
involucran a integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la
Secretaría de Marina y la Policía Federal. Así lo indican los
expedientes 2012/138613, 2012/ 139959 y 2013/10633.
El primero de ellos, que se registró el
17 de diciembre de 2012, indica: “Manifiesta el quejoso que
aproximadamente a las 19:00 horas del 4 de diciembre de 2012 arribaron
a su domicilio un regimiento de militares y navales debidamente
uniformados y encapuchados en varios vehículos, introduciéndose al
mismo con lujo de violencia deteniendo arbitrariamente a [la víctima],
sin mostrar ninguna orden para ello; que la golpearon, la envolvieron
en una sábana y se la llevaron, sin conocer su paradero, ya que no ha
sido puesta a disposición de ninguna autoridad”.
Respecto de las presuntas autoridades
responsables de esa violación, la CNDH identifica a la Secretaría de la
Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.
El segundo expediente, 2012/139959,
señala: “El quejoso expresó que en la madrugada del 15 de diciembre de
2012, el agraviado, su hermano Antonio González Bañuelos, se encontraba
en una fiesta con varios amigos y estaban tomando bebidas embriagantes
y al terminarse éstas fueron a comprar más, por lo que abordaron un
coche y cuando se encontraba circulando sobre la avenida Prolongación
San Isidro, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, se encontraron con
varias patrullas de la Policía Federal; y los elementos les marcaron el
alto, pero el conductor hizo caso omiso y emprendió la huida, por lo
que comenzaron a dispararles y el conductor perdió el control del
vehículo, chocando contra un poste de teléfono y estando [la víctima] y
otros en el interior del coche, los elementos policiacos les siguieron
disparando; luego sacaron [a la víctima] y [a] sus amigos del interior
de esa unidad y los introdujeron a una de las patrullas y se retiraron,
y desde entonces no sabe nada del paradero de su familiar ni de los
otros que lo acompañaban. Agregó que lo ha buscado en las policías
municipales, estatales y federales, en las diversas procuradurías
generales de justicia y en la Procuraduría General de la República, sin
resultados positivos”.
Como autoridad responsable, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos identifica a la Policía Federal,
dependiente de la Secretaría de Gobernación.
El tercer expediente –el 2013/10633,
registrado el 30 de enero de 2013– indica: “Manifiestan los quejosos
que el 28 de diciembre de 2012, aproximadamente a las 13:30 horas, [las
víctimas] transitaban en un vehículo por la avenida Ejército Mexicano,
colonia Primero de Mayo, en Boca del Río, Veracruz, siendo intervenidos
[sic] para que detuvieran la marcha, llevándose detenidas a las
dos personas, motivo por el cual han solicitado información sobre el
paradero de los agraviados en distintas instancias estatales y
federales, pero aún desconocen dónde se encuentren, que presentaron
denuncias ante las autoridades competentes, iniciándose la
investigación ministerial en la Agencia Séptima del Ministerio Público
Investigador de Veracruz, Veracruz, y la investigación ministerial en
la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador de Boca del Río,
Veracruz”.
La Secretaría de Marina figura como la autoridad presuntamente responsable de dichas desapariciones forzadas.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, de
la Corte Penal Internacional, entre los crímenes de lesa humanidad se
encuentran el asesinato, el desplazamiento forzoso, la tortura, la
violación, la encarcelación o persecución por motivos políticos, la
desaparición forzada, el secuestro o cualquier acto inhumano que cause
graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien
los sufre, cuando dichas conductas se cometan como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil y con
conocimiento de dicho ataque.
En el tema de tortura, el primer
expediente (2012/ 201) integrado por la CNDH en este sexenio implica a
funcionarios del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la
Secretaría de Gobernación, y de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Veracruz.
Además de la tortura, las víctimas
sufrieron otras violaciones: “acciones y omisiones que transgreden los
derechos a los migrantes y de sus familiares; detención arbitraria;
efectuar una detención sin contar con la orden correspondiente fuera de
los casos de flagrancia; faltar a la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos,
cargos o comisiones; prestar indebidamente el servicio público; trato
cruel, inhumano o degradante”.
Defensores de los derechos humanos
consideran que la militarización ha ido de la mano de la impunidad. En
breve entrevista, Santiago Cantón –director del Centro Robert F Kennedy
para la Justicia y los Derechos Humanos– señala que es importante que
el Estado mexicano tome acciones decisivas y concretas de avanzar en la
lucha contra la impunidad.
Al respecto, dice, es necesario lograr
un efectivo control civil sobre las Fuerzas Armadas y que no haya
impunidad por las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido.
“El debate sobre la impunidad militar es fundamental y esperemos que el
gobierno tenga la voluntad política de avanzar en la aprobación de la
ley [sobre el fuero militar] este año, porque sería un avance muy
importante para lograr una supervisión civil sobre las Fuerzas Armadas”.
Jaqueline Sáenz Andujo considera que
“si hubiera habido de verdad una decisión por parte del Ejecutivo
federal de retirar al Ejército también hubiera avanzado la parte del
fuero militar, es decir, parece que va en un pacto político una cosa
con la otra”.
Rauda y contundente apareció la semana pasada Alejandra Sota, vocera de Calderón, a negar que en México operan grupos paramilitares: se trata de delincuentes que pertenecen o quieren apoderarse del control de las actividades criminales de otro grupo criminal (sic). Presto y veloz, el embajador de Calderón en Washington, Arturo Sarukhán, salió al paso de la buena disposición del precandidato republicano Rick Perry para enviar tropas estadunidenses a nuestro país. Lo más claro que dijo fue: esa opción no está sobre la mesa. Y tiene razón: por ahora, está debajo de ella.
Pero vamos cosa por cosa. La fulminante declaración de inexistencia de paramilitares en México nos coloca ante nuevos misterios. Por ejemplo, ¿quiénes han venido realizando, en años recientes, manifiestas operaciones de limpieza social como las masacres de adictos en centros de rehabilitación del norte del país o la colocación de cadáveres en uno de los principales cruceros de Veracruz-Boca del Río? Otro misterio es de orden idiomático: ¿cómo ha de llamarse entonces a los efectivos de la Marina señalados por desapariciones forzadas en Tamaulipas, a los soldados acusados por homicidio de civiles en Chihuahua, a los miles de policías estatales y municipales que periódicamente son sujetos de arrestos en masa por sus vínculos con la delincuencia organizada? ¿Qué es el grupo rudo formado por el alcalde de San Pedro Garza García, quien asegura haber logrado en su municipio, y por ese medio, niveles de seguridad superiores a los de Estados Unidos? Y ultimadamente, ¿cuál es el origen de los zetas?
En cuanto a la posibilidad de otorgar visas masivas a marines, rangers, boinas verdes y demás grupos institucionales de matones del norte del Río Bravo, es cosa de preguntarse en qué momento esa perspectiva empezará a ser propuesta de manera formal por los gobiernos de los dos países. Si México no cambia de libreto de manera radical, será inevitable. Por lo pronto, la CIA, la FBI y la DEA ya operan, de manera regular y con la aprobación del calderonato, en el territorio nacional, y grupos de veteranos de guerra gringos ayudan de diversas maneras a las fuerzas públicas mexicanas en tareas que ya nadie sabe en qué consisten. Lo que sí se sabe es que las intervenciones de Washington en países extranjeros tienen dos modelos: el de la invasión, como en Irak, y el de la escalada, como en Vietnam y Colombia, y que aquí la injerencia ha marchado en forma muy parecida.
Por cierto, la paramilitarización (también se sabe) forma parte de los manuales de la superpotencia para sumir países en el desastre con propósitos de control geoestratégico. Fue un eje fundamental del Plan Colombia, referente inevitable de la Iniciativa Mérida: se impulsó la creación de guardias blancas y escuadrones de la muerte, se declaró la guerra en contra de ellos y luego se puso fin al conflicto en forma simple y eficaz: colocando en el Palacio de Nariño al máximo operador de los paramilitares, el honorable Álvaro Uribe.
La sociedad mexicana aprendió hace muchos años (esta enseñanza es mérito de los priístas) que la mejor manera de conocer los designios gubernamentales reales consiste en reunir las negativas oficiales y ponerlas en afirmativo: no habrá incremento de impuestos, no se perderán empleos, no se reprimirá, no se atentará contra los derechos humanos. Por ahora, la opinión pública no tiene pruebas fehacientes de la organización de grupos paramilitares desde las oficinas federales, estatales y municipales, o bien desde cúpulas empresariales, pero la práctica de la ejecución sistemática está presente en muchas regiones y es huella inequívoca de esos instrumentos de gobierno a los que recurren los regímenes que han extraviado el sentido de país. En cuanto a la incursión de militares estadunidenses al sur del Río Bravo, la perspectiva no la abrió una declaración de Perry (no es el primero en aludir a la posibilidad, por cierto), sino que forma parte de un guión que conocemos de sobra, aunque muchos querrían olvidar.
Para qué esperar a que el régimen actual reconozca que los paramilitares son una realidad actuante y que la intervención extranjera está en curso. Mejor deshacerse a la brevedad de este régimen. En julio de 2012, por ejemplo.