El país de los vacíos de poder

Alberto Aziz Nassif

Más que hacer pronósticos, que casi siempre salen mal, considero que para iniciar 2014 sería mejor presentar uno de los graves problemas de México: los vacíos de poder que han sido llenados por los peores intereses particulares. Para ello se puede ir al reciente libro de Edgardo Buscaglia, Vacíos de poder en México; cómo combatir la delincuencia organizada. Su tesis es que sin controles institucionales y sociales no será posible cambiar el panorama de destrucción, violencia, captura y corrupción que ejerce el crimen organizado en el país.

Los controles que propone son de cuatro tipos: judiciales, patrimoniales, sociales y contra la corrupción. Uno de los hilos que conduce el argumento es que en México se ha dado un proceso de transición inacabada (fallida) a la democracia, porque no se lograron desmontar las viejas estructuras del régimen autoritario para construir otras instituciones y relaciones sociales y detener la corrupción, la impunidad y, sobre todo, para llenar los vacíos de poder que han sido ocupados por los poderes fácticos, los monopolios y las redes del crimen organizado. Dice Buscaglia que una “de las tantas caras que tiene la transición inacabada mexicana es la existencia de un sistema judicial descoordinado y sin dientes que no puede controlar, castigar, ni enmendar las manifestaciones antisociales. Este sistema es idóneo para no castigar a los culpables y sí a los inocentes, y para que, ante una acción judicial emprendida por alguna autoridad, cualquier fuerza política asegure que las acusaciones tienen un trasfondo meramente político. Un claro ejemplo de lo anterior es el Michoacanazo”.

En materia de controles judiciales se hace un recorrido por las diferentes oportunidades para el crimen y la corrupción, como la violación de los topes de campaña, por donde se da una “infiltración criminal”; el estado “feudal” de los ministerios públicos, que ahora supuestamente empezarán su reconfiguración para ser autónomos; los controles a las policías, que hasta la fecha no se han logrado.

Los controles patrimoniales son el mecanismo para detener la corrupción de las élites político-empresariales y sindicales. Para generar estos controles se necesita presión social, una sociedad organizada y fuerte, de la que estamos todavía muy lejos. El autor se plantea el problema en los siguientes términos: “En México cualquier funcionario, sindicalista o empresario con una red de contactos políticos puede abusar de sus discrecionalidad administrativa o judicial, malversar fondos o realizar cualquier otro tipo de conducta socialmente dañina, y, mientras exista un padrino con poder de por medio, existirán pocos canales reales para que esta persona sea castigada”. Se necesita conformar las listas de candidatos de forma abierta, para enfrentar a las oligarquías partidistas; se necesita un servicio civil de carrera que funcione, no la simulación que se hizo con el panismo y que hoy está en ruinas. Hay que terminar con el dispendio de los altos sueldos de la burocracia mexicana y con el alto costo de los poderes Legislativo y Judicial. México tiene el “quinto congreso más caro del mundo” y sus resultados son radicalmente inferiores al costo.

Los controles sociales son otra de las piezas para desmantelar el viejo régimen. Políticas eficientes de prevención y organización de redes sociales que combaten los riesgos del crimen organizado. El panorama es lamentable, porque, dice Buscaglia, en México no existen ese tipo de redes. ¿Serán los grupos de autodefensa una forma de control social de emergencia? México padece los 23 tipos de delitos del crimen organizado —que enumera el autor— y está muy lejos de proteger los 58 derechos que componen la seguridad humana, de acuerdo con los criterios de la ONU.

En el libro se establecen medidas para llenar esos vacíos de poder. La elaboración de controles no estuvo prevista en el Pacto por México; tampoco las formas de terminar con el modelo de capitalismo de “cuates” que tenemos, y para ello se establece la necesidad de realizar pactos políticos para prevenir corrupción, fomentar las capacidades disuasivas del sistema judicial, contar con jueces independientes, desmantelar empresas criminales, movilizar a la sociedad y combatir corrupción administrativa. En suma, o llenamos esos vacíos de poder con instituciones y dinámicas sociales eficientes y democráticas o el país no tiene viabilidad para salir del agujero en el que estamos. Este será un resto no sólo de 2014, sino al menos de una década...

Investigador del CIESAS