Asa Cristina Laurell
En
diciembre pasado se publicó el Programa Sectorial de Salud (PSS)
2013-2018. Quienes hemos exigido la explicitación de las
características del futuro
Sistema Nacional de Salud Universal(SINASU) seguimos sin tener definiciones claras.
El PSS está construido para cumplir los requisitos del esquema del
Marco Lógicoy con los indicadores exigidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y no para informar al público. Aún así la lectura literal y entre líneas permite hacer algunas aproximaciones. Al respecto interesa especialmente el eje 6
Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud.
El primer hecho importante es que sólo se determinan seis líneas de
acción para construir el SINASU y tres indicadores para medir su
avance, pero no se describen sus características ni se comprometen
plazos para alcanzarlo. O sea, no están explícitos el qué y el cuándo.
Aún así queda claro que la principal tarea del Estado, por medio de la
Secretaría de Salud (SSa), es regular el SINASU sin integrar un sistema
único y público de salud y que éste descansa sobre el aseguramiento,
público y privado, con un
manejo eficiente de riesgos.
De esta manera se pretende incentivar la inscripción a la seguridad
social mediante nuevos esquemas financieros (no especificados),
(re)afiliar al Seguro Popular y agilizar el aseguramiento privado. Se
prevé además darles
libertad de selección de prestadora las personas. Se insinúa también que se
ampliará gradualmente las intervenciones cubiertas por el Seguro Popularsin ninguna especificación de padecimientos o de plazos.
Ocupa un lugar importante en el PSS cambios en el marco legal para
darle sustento al SINASU. Entre estos cambios destacan el
establecimiento de una planeación interinstitucional única y de una
unidad administrativa que regule y verifique la calidad de los
establecimientos de salud; la actualización de la regulación de las
Instituciones de Seguros Especializados en Salud (ISES); el
fortalecimiento de la vinculación con las entidades federativas para el
seguimiento de las políticas públicas y programas nacionales de salud,
y el fortalecimiento de los mecanismos para integrar la información del
SINASU al Sistema Nacional de Información en Salud.
Estas medidas significan, por un lado, garantizar el poder de la SSa
sobre las instituciones públicas de salud, particularmente sobre los
institutos de seguro social y los Sistemas Estatales de Salud con una
clara recentralización del sistema de salud y, por el otro, darles
mejores condiciones de integración a las ISES al SINASU.
Estas
medidas se fortalecerán además con el desarrollo de sistemas de
monitoreo y evaluación del desempeño de los servicios con especial
énfasis en su productividad y la supervisión del uso de los recursos.
No se explica cuales serían los indicadores a utilizar, pero se puede
suponer que son cuantitativos, como consultas por hora, ocupación de
camas, etcétera, lo que prefigura la instrumentación de una
racionalizaciónde los servicios por su
maldesempeño.
El soporte del sistema de evaluación propuesto y la inclusión del
sector privado a él es el Sistema Universal de Información en Salud.
Este sistema sería loable si se tratara de mejorar las parchadas
estadísticas de salud. Sin embargo, tal como está planteado es ante
todo un instrumento para integrar un padrón general de salud de
derechohabientes, beneficiarios, asegurados, afiliados, pacientes y
profesionales de la salud cuyo finalidad es
gerenciarla competencia y la facturación entre aseguradores y prestadores de salud. Abre además el acceso a la información médica de las personas a decenas de miles de prestadores y eventualmente a las aseguradoras, acceso que no se protege más que con una simple declaratorio de
conducta ética.
Los indicadores a medir del eje 6 son sólo tres porcentajes: el de
la población que carece de cualquier tipo de seguro, el de la población
con seguro público que se atiende en los servicios públicos y el de los
hogares más pobres que sufren un gasto catastrófico de salud. Como se
observa dejan fuera prácticamente todas las propuestas y su avance.
Interesa además señalar que se reconoce que 21.5 por ciento de los
mexicanos carecía de un seguro en 2012 y que se pone como meta 6 por
ciento para 2018, o sea el aseguramiento no será universal.
Esta lectura permite afirmar que el SINASU es un paso firme hacia un
sistema de salud basado en la competencia y el mercado con un paquete
básico de servicios restringido y con la apertura a los aseguradores y
prestadores privados cuando las evidencias demuestran que este tipo de
sistemas no garantizan el derecho a la salud e incrementan la
desigualdad.
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