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| Manuel Velasco se aproxima a Peña Nieto durante un encuentro con gobernadores. Foto: Octavio Gómez |
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- En el inigualado Excélsior de Julio Scherer, así como
en El estilo personal de gobernar (título al que aludí en mi
colaboración anterior), Daniel Cosío Villegas señaló que Luis
Echeverría tenía “la necesidad fisiológica de hablar”. Hoy sabemos que
esa “fiebre verbal” del entonces mandatario, originada en una mezcla de
megalomanía y demagogia, condujo a la catástrofe económica del país,
resultado de la decisión presidencial de transformar el desarrollo
estabilizador en “desarrollo compartido”; además de haber profundizado
el autoritarismo político bajo la máscara del “diálogo” y la
“autocrítica”, que culminó en el peor atentado contra la libertad de
expresión en la historia del siglo XX mexicano: el golpe a Excélsior.
El mandato de Echeverría representó la cima del régimen que, tras una larga agonía, acaba de fenecer: el nacionalismo revolucionario. (La gestión de José López Portillo, quien se autonombró “el último presidente de la Revolución”, puede considerarse un epígono del echeverriato.) A primera vista, el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien acaba de poner fin al último bastión ideológico del régimen surgido del levantamiento armado de 1910, representaría la antítesis del de Echeverría. Sin embargo, existe cierta semejanza entre los estilos de ambos gobernantes que conviene señalar, no sólo como ensayo de analogía histórica, sino para prevenir un desenlace similar al ocurrido hace 37 años.
Aparte de la divergencia de los proyectos de gobierno de los presidentes Echeverría y Peña, es claro que la pulsión rectora del actual mandatario no es la locuacidad. Sin embargo, ambos comparten una característica distintiva del partido que los llevó al poder: el culto a la apariencia. Se trata, es cierto, de una peculiaridad más de forma que de fondo, pero no por eso desdeñable, dado que como bien dijo otro distinguido priista: “en política, la forma es fondo”.
El culto a la apariencia ha sido constitutivo del PRI desde el nacimiento de ésta hasta el presente. Con el fin de disimular su carácter de partido de Estado o de “partido casi único”, como lo llamó otro presidente salido de sus filas, se ha construido una “democracia de fachada” o “cuasi-democracia”, así definida por S.E. Finer, maestro de la Universidad de Oxford, en el apartado dedicado a la autocracia y la oligarquía de su libro Comparative Government (1970). Debido a la inconclusa transición a la democracia y al defectuoso pluralismo existente en el país, tal caracterización del régimen no ha perdido vigencia. El culto a la apariencia sigue siendo un instrumento de simulación política, como lo muestra la distancia entre la estructura institucional y su funcionamiento real, así como el amplio margen de incumplimiento de la ley que ubica al estado de derecho en un lejano futuro.
Cosío Villegas consideraba que “ningún otro presidente nuestro se ha expuesto tanto a la mirada pública” como Echeverría, debido a su “desmedido vigor físico y su inclinación irrefrenable a predicar”. Al mismo tiempo, el historiador criticaba el hecho de que la televisión había resultado absolutamente impermeable al espíritu democrático pregonado por dicho mandatario, quien mantuvo una relación tensa con Televisa e incluso intentó, sin éxito, nacionalizar el consorcio. En contraste, durante la campaña del actual presidente hubo una alianza abierta con la televisora, que no parece haberse fracturado pese a la reforma en materia de telecomunicaciones. No obstante esas diferencias, hay algo que no ha variado en las cuatro décadas que dividen a ambos gobiernos: la utilización del poder de la pantalla televisiva para promocionar la imagen presidencial (y, ahora, la de los aspirantes a ese cargo).
Antes, los concesionarios de la televisión confesaban públicamente ser “soldados del presidente”. Hoy, la comunidad de intereses entre el poder político y el mediático es un secreto a voces que se ha intentado mantener oculto, tratándose de un amasiato de conveniencia en el que ambas partes se han beneficiado del “negocio de la democracia”. Más allá de esas diferencias, la televisión sigue siendo el instrumento idóneo para el cultivo de la apariencia.
En México y en otras partes del mundo, la mercadotecnia política ha alcanzado su máxima meta: “vender” a un presidente. La táctica publicitaria retratada por Joe McGinniss en su libro The Selling of the President (en el que narra la victoria de Richard Nixon en la elección presidencial de 1968 en Estados Unidos, gracias a la “venta” del candidato republicano a través de la televisión) se convirtió en el paradigma de la estrategia de comunicación de la campaña presidencial de Peña Nieto, iniciada desde su ascenso a la gubernatura del Estado de México.
Dicha táctica se ha convertido en la biblia de todo gobernador que aspire a ostentar la máxima responsabilidad política del país, sin distingo de partidos o “ideologías”. Como lo expuso Miguel Ángel Granados Chapa en su devastador artículo Enrique Ebrard, Marcelo Peña (Reforma, 13 de octubre de 2011), en su aspiración por lograr la candidatura del PRD a la Presidencia, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal siguió a pie juntillas la fórmula usada por el exgobernador del Estado de México para convertirse en el candidato del PRI en dicha contienda. “El efecto de esa creciente exposición pública es la creación artificial de una figura que busca convertir esa apariencia en realidad”, escribió el colaborador y fundador de Proceso.
Los mismos pasos ha seguido Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas que, poseído por una desmedida autocomplacencia pueril, ha gastado una millonada en su disparatada campaña publicitaria para promover su imagen, aprovechando la presentación de su primer informe de gobierno, con miras a convertirse en presidente de México. Casos similares son los de los gobernadores del Estado de México y de Puebla.
Poco parece importar a las autoridades electorales del país que la promoción personalizada de dichos funcionarios, al igual que la compra de espacios publicitarios, sean contrarias a la letra y al espíritu de los artículos 41 y 134 de la Constitución, o que se trastoque la equidad de la contienda presidencial. Todos ellos son ejemplos flagrantes del abismo que separa a las instituciones y leyes de la realidad política del país.
Al parecer, nadie puede ni quiere detener la vorágine despilfarradora a la que conduce el culto a la apariencia.
Más que en ningún otro momento de la historia, actualmente vivimos un mundo de apariencias en el cual la realidad verdadera ha sido desplazada por la del fingimiento. En el ámbito político, lo mismo que en el social y personal, importa más cómo se es percibido que el ser real. El ser ha sido sustituido por el disimulo y el histrionismo. La humanidad se ha vuelto presa de lo que, parafraseando a Kundera, podemos llamar la insoportable liviandad del parecer.
El culto a la apariencia corrompe el lenguaje, la ley y la moral pública. Ese fenómeno, característico de la era de la ligereza en que vivimos, conduce indefectiblemente a la demagogia y al mal gobierno. En ese contexto de ilegalidad e impunidad se empezarán a elaborar las leyes secundarias de las reformas emprendidas por el presidente Enrique Peña Nieto. Veremos los resultados.
El mandato de Echeverría representó la cima del régimen que, tras una larga agonía, acaba de fenecer: el nacionalismo revolucionario. (La gestión de José López Portillo, quien se autonombró “el último presidente de la Revolución”, puede considerarse un epígono del echeverriato.) A primera vista, el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien acaba de poner fin al último bastión ideológico del régimen surgido del levantamiento armado de 1910, representaría la antítesis del de Echeverría. Sin embargo, existe cierta semejanza entre los estilos de ambos gobernantes que conviene señalar, no sólo como ensayo de analogía histórica, sino para prevenir un desenlace similar al ocurrido hace 37 años.
Aparte de la divergencia de los proyectos de gobierno de los presidentes Echeverría y Peña, es claro que la pulsión rectora del actual mandatario no es la locuacidad. Sin embargo, ambos comparten una característica distintiva del partido que los llevó al poder: el culto a la apariencia. Se trata, es cierto, de una peculiaridad más de forma que de fondo, pero no por eso desdeñable, dado que como bien dijo otro distinguido priista: “en política, la forma es fondo”.
El culto a la apariencia ha sido constitutivo del PRI desde el nacimiento de ésta hasta el presente. Con el fin de disimular su carácter de partido de Estado o de “partido casi único”, como lo llamó otro presidente salido de sus filas, se ha construido una “democracia de fachada” o “cuasi-democracia”, así definida por S.E. Finer, maestro de la Universidad de Oxford, en el apartado dedicado a la autocracia y la oligarquía de su libro Comparative Government (1970). Debido a la inconclusa transición a la democracia y al defectuoso pluralismo existente en el país, tal caracterización del régimen no ha perdido vigencia. El culto a la apariencia sigue siendo un instrumento de simulación política, como lo muestra la distancia entre la estructura institucional y su funcionamiento real, así como el amplio margen de incumplimiento de la ley que ubica al estado de derecho en un lejano futuro.
Cosío Villegas consideraba que “ningún otro presidente nuestro se ha expuesto tanto a la mirada pública” como Echeverría, debido a su “desmedido vigor físico y su inclinación irrefrenable a predicar”. Al mismo tiempo, el historiador criticaba el hecho de que la televisión había resultado absolutamente impermeable al espíritu democrático pregonado por dicho mandatario, quien mantuvo una relación tensa con Televisa e incluso intentó, sin éxito, nacionalizar el consorcio. En contraste, durante la campaña del actual presidente hubo una alianza abierta con la televisora, que no parece haberse fracturado pese a la reforma en materia de telecomunicaciones. No obstante esas diferencias, hay algo que no ha variado en las cuatro décadas que dividen a ambos gobiernos: la utilización del poder de la pantalla televisiva para promocionar la imagen presidencial (y, ahora, la de los aspirantes a ese cargo).
Antes, los concesionarios de la televisión confesaban públicamente ser “soldados del presidente”. Hoy, la comunidad de intereses entre el poder político y el mediático es un secreto a voces que se ha intentado mantener oculto, tratándose de un amasiato de conveniencia en el que ambas partes se han beneficiado del “negocio de la democracia”. Más allá de esas diferencias, la televisión sigue siendo el instrumento idóneo para el cultivo de la apariencia.
En México y en otras partes del mundo, la mercadotecnia política ha alcanzado su máxima meta: “vender” a un presidente. La táctica publicitaria retratada por Joe McGinniss en su libro The Selling of the President (en el que narra la victoria de Richard Nixon en la elección presidencial de 1968 en Estados Unidos, gracias a la “venta” del candidato republicano a través de la televisión) se convirtió en el paradigma de la estrategia de comunicación de la campaña presidencial de Peña Nieto, iniciada desde su ascenso a la gubernatura del Estado de México.
Dicha táctica se ha convertido en la biblia de todo gobernador que aspire a ostentar la máxima responsabilidad política del país, sin distingo de partidos o “ideologías”. Como lo expuso Miguel Ángel Granados Chapa en su devastador artículo Enrique Ebrard, Marcelo Peña (Reforma, 13 de octubre de 2011), en su aspiración por lograr la candidatura del PRD a la Presidencia, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal siguió a pie juntillas la fórmula usada por el exgobernador del Estado de México para convertirse en el candidato del PRI en dicha contienda. “El efecto de esa creciente exposición pública es la creación artificial de una figura que busca convertir esa apariencia en realidad”, escribió el colaborador y fundador de Proceso.
Los mismos pasos ha seguido Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas que, poseído por una desmedida autocomplacencia pueril, ha gastado una millonada en su disparatada campaña publicitaria para promover su imagen, aprovechando la presentación de su primer informe de gobierno, con miras a convertirse en presidente de México. Casos similares son los de los gobernadores del Estado de México y de Puebla.
Poco parece importar a las autoridades electorales del país que la promoción personalizada de dichos funcionarios, al igual que la compra de espacios publicitarios, sean contrarias a la letra y al espíritu de los artículos 41 y 134 de la Constitución, o que se trastoque la equidad de la contienda presidencial. Todos ellos son ejemplos flagrantes del abismo que separa a las instituciones y leyes de la realidad política del país.
Al parecer, nadie puede ni quiere detener la vorágine despilfarradora a la que conduce el culto a la apariencia.
Más que en ningún otro momento de la historia, actualmente vivimos un mundo de apariencias en el cual la realidad verdadera ha sido desplazada por la del fingimiento. En el ámbito político, lo mismo que en el social y personal, importa más cómo se es percibido que el ser real. El ser ha sido sustituido por el disimulo y el histrionismo. La humanidad se ha vuelto presa de lo que, parafraseando a Kundera, podemos llamar la insoportable liviandad del parecer.
El culto a la apariencia corrompe el lenguaje, la ley y la moral pública. Ese fenómeno, característico de la era de la ligereza en que vivimos, conduce indefectiblemente a la demagogia y al mal gobierno. En ese contexto de ilegalidad e impunidad se empezarán a elaborar las leyes secundarias de las reformas emprendidas por el presidente Enrique Peña Nieto. Veremos los resultados.
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