5. enero, 2014 Pablo Moctezuma Barragán
Termina 1 año amargo. México va para atrás con todas las medidas que se desarrollaron en el marco del Pacto contra México
(Pacto por México) que firmaron el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), por encima del Congreso de la Unión, que ha
favorecido a los más ricos y las corporaciones extranjeras, y que
significan un ataque a los derechos del pueblo y la soberanía de la
nación. Las reformas que les dictaron desde Washington a los peleles
del PRIAN fueron impuestas este año, una a una, por los
círculos de poder imperial. Ya desde 2012 habían comenzado con la
reforma laboral, que niega todo derecho a los trabajadores, legaliza la
subcontratación, quita límites a la jornada laboral, elimina
prestaciones y derechos en materia de salud, vivienda, pensiones y
jubilación, etcétera, para luego continuar este tétrico 2013 con las
reformas educativa, financiera, fiscal, en telecomunicaciones, política
y energética, que estaban en la agenda neoliberal desde hace décadas,
con medidas de gobierno que nos han conducido al caos.
Un año con un “crecimiento” del 1.2 por
ciento, en el que se disparó el desempleo, contradiciendo las promesas
del año pasado que afirmaban que la reforma laboral
traería más de 300 mil empleos en los
meses posteriores a su aprobación. Pero la economía está estancada y la
criminalidad desatada. Hubo gran incremento en la violencia y los
homicidios que llegaron a los 19 mil asesinados en 10 meses que,
comparados con los 2 mil 826 en los primeros 10 meses de Felipe
Calderón o con los 18 mil 161 de los últimos 10 meses del sexenio
anterior, muestran que ha empeorado la situación de guerra que
sufrimos. También aumentó en 35 por ciento el número de secuestros (1
mil 802 secuestros) y en 53 por ciento los asaltos con violencia. En
Guerrero, Estado de México, Chihuahua y Michoacán, el caos es evidente
y siguen los levantones y
las extorsiones. Creció la inseguridad, a pesar de que se militariza el
país y se desarrolla un estado policiaco, que además niega garantías
individuales y colectivas en todo el territorio, a pesar del aumento en
el número de efectivos del Ejército que en todo México realizan, fuera
de sus cuarteles, labores de combate al crimen organizado. Así, su
presencia fuera de los cuarteles pasó de 50 mil a 76 mil 500, más 20
mil policías federales en las mismas labores.
En el aspecto de la violencia del
Estado contra la sociedad, en la criminalización de los jóvenes y de
las protestas, resalta la represión desatada en todo el país durante
2013, desde el 1 de diciembre pasado y que continuó en el Distrito
Federal el 10 de junio, el 2 de octubre y el 14 de septiembre. Para
justificar la criminalización de la protesta y el desprestigio de las
manifestaciones, es conocida la infiltración de provocadores vándalos
que causan destrozos y cuyas acciones pasan una y otra vez en la
televisión –y que nunca son detenidos– mientras la policía se dedica a
detener inocentes que sólo acuden a protestar.
Para el pueblo, la vida cada vez es más
difícil. Los salarios son cada vez más raquíticos, aumentaron
bárbaramente los precios de la canasta básica (huevo, pollo, carnes,
frijol, pan, etcétera), así como los precios de gas, luz, gasolina
(aumento de 8 centavos mensuales para gasolina Magna y de 6 para la
Premium), transporte, vivienda, colegiaturas, servicios de salud y,
para colmo, aumentan a 5 pesos (un 66 por ciento) el precio del boleto
del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.
Según datos de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal) dados a conocer en la prensa el
5 de diciembre de 2013, México es el único país de América Latina en el
que creció la pobreza: subió a 60.6 millones el número de mexicanos que
viven bajo la línea mínima de bienestar. La economía del país no ha
podido despegar mientras crece la desigualdad de ingresos. Más de 10.5
millones de personas indígenas (ubicadas en 871 municipios) sufren
discriminación, falta de empleo y pobreza.
El inolvidable 2013 ha sido el año de
las reformas funestas. La reforma fiscal –en la que se logró que el PRI
no incluyera un incremento al impuesto al valor agregado (IVA) en
alimentos y medicinas– aumentó impuestos en comida y venta de mascotas,
además del 16 por ciento de IVA a los transportes foráneos. Se canceló
el tratamiento preferencial en la frontera y se homologó el IVA, para
pasar del 11 al 16 por ciento. Además sube el precio de combustibles de
aviones (turbosina y querosenos) y se pagarán nuevas cuotas en el
impuesto especial sobre producción y eervicios, que ahora será de 12.4
pesos por litro. Se marca un límite del 50 por ciento en deducción de
impuestos.
La reforma de telecomunicaciones, lejos
de democratizar el acceso a los medios, los entrega al mejor postor
para que se beneficien Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Carlos
Slim e incluso inversionistas extranjeros en esta área tan delicada.
La reforma educativa, con su “autonomía
de gestión”, busca responsabilizar a los padres de familia de los pagos
para el mantenimiento de las escuelas, además de ser una reforma
laboral simulada que le niega la estabilidad en el empleo a los
maestros, no contempla planes y programas de estudio y se enfoca a un
proceso de privatización de la educación pública, que comienza por la
“evaluación” de los maestros para luego pasar (como sucede en Estados
Unidos) a la evaluación de las escuelas para cerrarlas y luego
entregarlas, con todo y presupuesto público, a corporaciones privadas.
Esta reforma ha provocado un histórico movimiento magisterial en toda
la República, que ha llevado a los maestros a la defensa de sus
derechos, con el apoyo de todos los sectores progresistas de México y
el ataque y criminalización de los medios de desinformación.
La reforma financiera le da poder a los
bancos y deja en la indefensión a los deudores, a quienes se les podrá
criminalizar, arraigar en sus domicilios, embargar y encarcelar por
deudas bancarias; además de legalizar que más del 85 por ciento del
capital financiero esté en manos extranjeras. Por supuesto que no se
impiden los abusos de los bancos, la mayoría extranjeros.
Este negro 2013 culmina con el
robo del siglo, el peor de los crímenes que significa la entrega de
nuestro sector energético a las grandes corporaciones extranjeras y
nacionales. A pesar de que prohíbe la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en los artículos 25, 27 y 28 los contratos y
concesiones, Enrique Peña y el Congreso de la Unión, dominado por el PRIAN,
cambiaron la Constitución en un acto ilegal y anticonstitucional, que
no es otra cosa más que una vil y descarada entrega y una traición a la
patria que será juzgada en el momento en que el pueblo de México pueda romper
las cadenas actuales de opresión y tome el destino en sus propias
manos. Y todavía tienen el cinismo de culminar su atentado a la
soberanía el 12 de diciembre, día en que se festeja a la Guadalupana, que ha sido un símbolo de la Independencia desde tiempos de Miguel Hidalgo y José María Morelos.
No sólo se ataca la soberanía energética, sino también la soberanía alimentaria. Este año continuó el desastre agrario y fue acrecentada la dependencia del exterior, al dejar de producir aquí nuestros alimentos y desalentar la producción de
maíz, arroz, frijol, soya, algodón, etcétera, lo que implicó en la
importación de más del 50 por ciento de los alimentos. Todo lo cual
provoca la migración hacia Estados Unidos y otras partes del mundo. Y
encima están los abusos contra los mexicanos en Estados Unidos,
víctimas de maltrato, deportaciones y hasta de la separación arbitraria
de las familia, debido a las nuevas prácticas que ha llevado a cabo
Barack Obama para retener a miles de niños mexicanos alejados de sus
familias en guarderías del gobierno del país del Norte.
Contra los ataques del mal gobierno se
ha organizado un movimiento que va en ascenso en lo social, con los
maestros, electricistas, mineros, en las comunidades con la
organización de su autodefensa. Por otra parte, crecen los conflictos
en las comunidades que se niegan a la ocupación de sus territorios por
parte de las compañías mineras (nacionales y extranjeras), que con los
nuevos métodos de extracción provocan la destrucción del medio ambiente
de su región, sus terrenos de siembra, de vivienda, envenenan la tierra
y el agua, al igual que el rechazo a las corporaciones que para
producir energía eólica afectan a comunidades enteras.
En lo político se desarrolla una
alternativa de lucha para rescatar derechos y soberanía con un nuevo
proyecto de nación, con la organización del Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) que lleva 23 asambleas en todo el país con más de 3
mil asistentes y casi medio millón de afiliados, y que demanda su
registro como partido político para derrotar al PRIAN. La
organización que impulsa Andrés Manuel López Obrador desarrolló
intensas movilizaciones, cinco en el Distrito Federal en esta coyuntura
y se convirtió en la principal organización política que se enfrentó al
pacto de Peña (Pacto por México) y a sus reformas nefastas.
En la vida hay épocas buenas y malas,
avances y retrocesos, épocas de esplendor y de decadencia; día y noche.
El año que termina ha sido de oscuridad, retroceso e ignominia. La rueda de la historia ha ido para atrás, y el mal gobierno del PRIAN se confirma al servicio de las grandes corporaciones extranjeras y nacionales y del imperio yanqui.
Sin embargo todo es cambio y movimiento: hemos de ver de nuevo la luz y
hemos de organizarnos para recuperar todo lo que nos han arrebatado. El
siglo XXI será el de la conquista de la plena independencia y del
establecimiento en México de una sociedad justa, soberana y
democrática. Para lograr estas metas hemos de revertir este proceso de
neocolonialismo, neoesclavismo y neofascismo que estamos atravesando,
un momento en el que las grandes corporaciones imponen su dictadura
disfrazada de “democracia a la gringa”. Es necesaria la
renovación democrática que conduzca a que los representantes populares
sean seleccionados, electos y controlados por sus electores, para que
respondan a la voluntad popular y la expresen y que nunca más aprueben
disposiciones de espaldas al pueblo, como la reforma energética
privatizadora que aprobaron a pesar de que el 80 por ciento de los
mexicanos está en contra de la privatización del petróleo.
Para culminar se realiza una reforma
política en la que se permite la reelección de los legisladoras hasta
por 12 años, con lo que garantizan que los actuales congresistas, que
se han subordinado a los dictados de Peña y sus patrones extranjeros,
puedan permanecer en su puesto y continuar colaborando con la venta y
desmantelamiento de México, y que aumenta del 2 al 3 por ciento el
porcentaje de votos para que un partido conserve su registro, lo que
busca consolidar al bipartidismo representado por el PRIAN. Toda la política elaborada por el PRIAN en
2013, y en particular la reforma energética, ha significado una clara
traición a la patria. Los mexicanos conscientes hemos de trabajar para
hacer justicia en este país, restablecer el derecho, desarrollar la
educación, la organización y la movilización para que el pueblo tome en
sus manos el poder de decisión y lleve a juicio, por violación de la
Constitución y traición a la patria, a Peña y a todos sus cómplices en
el Congreso y el gobierno federal.
*Politólogo y urbanista. Dirigente de Mexteki y vocero del Congreso de la Soberanía
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