A juzgar por el tratamiento que han recibido, no todas las Reformas
impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto y por el agonizante
Pacto por México tienen el mismo nivel de importancia ni el mismo
interés de los actores políticos que las aprobaron. Porque mientras a
algunas, como la reforma energética, se les ubicó como prioridad y
hasta se tiró “línea” para lograr una aprobación fast track en el
Congreso federal y los congresos de los estados, a otras, que tocan
intereses económicos, como la reforma de telecomunicaciones o que
afectan intereses políticos, como la reforma electoral, se les trata
sin prisas y hasta con algo de tortuguismo para retrasar su aplicación.
El más claro ejemplo de eso es la reforma de telecomunicaciones. A
pesar de haber sido la segunda reforma estructural aprobada por las dos
Cámaras del Congreso federal, en abril de 2012, han transcurrido ya
casi nueve meses sin que se logren terminar las leyes secundarias que
llevarían a la práctica los objetivos de regular el sector de
telecomunicaciones, evitar los monopolios y mejorar la calidad de los
servicios de telefonía, banda ancha y competencia en televisión abierta
que se propuso la nueva Ley de Telecomunicaciones.
Nada de eso ha ocurrido en la práctica y ni siquiera se cumplió el
plazo del pasado 9 de diciembre para emitir las leyes reglamentarias,
en buena medida por las presiones de poderosos empresarios y empresas
del sector a los que se afectarán las nuevas reglas, en donde aparecen
principalmente dos multimillonarios en pugna: Carlos Slim, de Telcel y
Emilio Azcárraga, de Televisa.
Todo el discurso del presidente Peña Nieto de regular a esas
poderosas empresas y promover la competencia y mejores servicios y
tarifas para los mexicanos ha sido postergado por las resistencias que
muestran los empresarios involucrados que han dificultado el proceso
para terminar las leyes secundarias que darían facultades al Instituto
Federal de Telecomunicaciones para poder actuar en la práctica contra
monopolios y servicios de pésima calidad.
No fue el mismo tratamiento que se le dio a la reforma educativa,
aprobada en diciembre de 2012 y en la que, a pesar de las protestas e
inconformidades de los maestros, el gobierno y los partidos apuraron la
aprobación de cambios constitucionales a los artículos 3 y 73, y tras
la aprobación de los estados, se aprobaron las leyes reglamentarias en
agosto del 2013.
El otro caso evidente donde no parece haber prisa de Los Pinos o del
PRI es la llamada reforma política o electoral. Tras su aprobación
apresurada en diciembre, porque fue puesta como condición del PAN para
dar su voto a la energética, los cambios políticos no recibieron el
mismo trato de “urgente prioridad” que tuvo la iniciativa petrolera;
mientras aprobar ésta última les tomó 72 horas a los 16 congresos
locales necesarios, la legislación electoral, que enfrentó fuertes
resistencias de los gobernadores priistas, apenas lleva el voto a favor
de 6 legislaturas estatales y no se percibe un deliberado retraso en su
aprobación.
El problema, lo dijo ya el presidente del IFE, Lorenzo Córdova, es
que el retraso en la aprobación de las leyes electorales, sumado a lo
que tardarán en elaborarse y aprobarse las leyes secundarias, puede
poner en riesgo las elecciones federales de 2015. Todos los cambios
operativos y legales que deben realizarse, advirtió Córdova, serán
imposibles si la nueva legislación no está en vigor antes de que
arranque el proceso electoral en abril próximo y aun así será un grave
problema para instrumentar todos los cambios que propone la nueva ley.
Al final es claro que entre las publicitadas y cacareadas reformas
peñistas hay iniciativas “de primera” y “de segunda”, porque ni el
gobierno ni los partidos ponen el mismo afán ni el mismo interés para
lograr la aprobación o la elaboración de leyes secundarias en unas que
en otras.
NOTAS INDISCRETAS… En lo que podría llamarse “Adopta un gobernador
cuestionado” ayer el presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de
Gobernación se desvivieron en elogios para dos mandatarios que no
tienen, precisamente, la mejor imagen por la situación de sus estados.
Mientras el presidente fue a Cochoapa, el municipio más pobre del país
y reconoció al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, en el Palacio de
Covián, el titular de Gobernación recibió en privado al gobernador de
Chiapas, Manuel Velasco, justo en momentos en que el mandatario
chiapaneco es denunciado ante el IFE por haber gastado 110 millones de
pesos en promover su imagen con motivo de su reciente informe de
gobierno. El mismo secretario Miguel Osorio se encargó de subir a
Twitter una foto en la que saluda, muy sonriente, a Velasco ¿Así o más
claro los espaldarazos políticos del gobierno peñista a los dos
gobernadores sureños?.. Se baten los dados. Tocó Serpiente.
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