5. enero, 2014 Nancy Flores / @Nancy_Contra
La crisis humanitaria en el país no cesa: en el primer año del actual gobierno, más de 17 mil civiles fueron asesinados; una veintena de ellos eran defensores de los derechos humanos y otros seis, periodistas; en ese mismo lapso se registraron 68 desapariciones de carácter político. Aunado a esto, la CNDH investiga más de 7 mil violaciones consideradas por convenciones internacionales como crímenes de lesa humanidad, ocurridas desde diciembre de 2006, tras la militarización del territorio. La violencia que asuela a la población preocupa a 87 países, advierte el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU en México
Más de 90 mil militares “patrullan”
ciudades y áreas rurales… carreteras, calles, plazas. Lejos de combatir
la criminalidad, la presencia de esos 76 mil 546 soldados y 17 mil 25
marinos en labores de seguridad pública ha incrementado las violaciones
graves a los derechos humanos.
Privación de la vida, desaparición
forzada, tortura y tratos crueles son algunas de las consecuencias
directas de la militarización del territorio mexicano. Ésta junto con
el incremento de la violencia atribuida al crimen organizado son las
secuelas vigentes de la “guerra” contra el narcotráfico que impulsó el
expresidente Felipe Calderón durante su administración, y que se ha
continuado en la actualidad.
En ese contexto, más de 17 mil civiles
fueron asesinados en el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto,
indica información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De esas víctimas mortales, al menos una
veintena eran defensores de los derechos humanos. En esa lista se anota
el nombre de Luis Olivares Enríquez, líder de la Organización Popular
de Productores de Costa Grande, y su esposa Ana Lilia Gatica Rómulo,
asesinados el 10 de noviembre pasado en Coyuca de Benítez, Guerrero.
Ambos eran opositores a la actividad minera y a la tala clandestina.
Rocío Mesino Mesino es otra activista que integra esa lista. La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur fue ejecutada el 20 de octubre en Atoyac, Guerrero. También se apunta a Herón Luciano Sixto López,
integrante del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas,
asesinado el 20 de julio en San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Oaxaca.
Entre los activistas victimados están
los dirigentes de la Unidad Popular. Arturo Hernández Cardona, Rafael
Banderas Román y Ángel Román Martínez fueron asesinados a inicios de
junio de 2013 en Iguala, Guerrero.
Para Abel Barrera, director del Centro
de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, la crisis que aún
enfrenta el país se debe, en parte, a la militarización: es un problema
que se complica sobre todo en los pueblos originarios.
Agrega: “no ha cedido; al contrario, se
ha incrementado la presencia de militares y esto ha hecho que los
abusos y los casos que siguen afectando la situación de los pueblos
indígenas [de Guerrero] se sigan dando”.
Respecto del actual gobierno federal,
el defensor de derechos humanos indica: “en este año se han
incrementado la violencia y la inseguridad, y el sistema de justicia no
ha podido garantizarle a las víctimas acceso real y, sobre todo,
apropiado para que tengan justicia”.
Tales son los casos de los seis periodistas que
se cuentan entre las víctimas de 2013, y que continúan impunes. Se
trata de los crímenes de Jaime Guadalupe González, cuyo homicidio
ocurrió en Chihuahua el 3 de marzo; Alonso de la Colina Noriega,
asesinado el 14 de abril en Puebla; Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa,
ejecutado en Coahuila el 24 de abril; Mario Ricardo Chávez
Jorge, victimado el 26 de junio en Tamaulipas; Alberto López Bello,
asesinado en Oaxaca el 17 de julio; y Alberto Angulo Gerardo, cuya
muerte violenta ocurrió el 6 de noviembre en Sinaloa.
Crisis humanitaria, vigente
En materia de derechos humanos hay
muchos temas pendientes, asegura Jaqueline Sáenz Andujo, coordinadora
del Programa de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis e
Investigación. Uno de ellos, indica, es la crisis humanitaria que vive
el país.
“La militarización sigue y la violencia
sigue, y pareciera que lo que ha cambiado es el discurso: que en la
CNDH [Comisión Nacional de los Derechos Humanos] tenemos menos quejas
ahora, menos recomendaciones.”
Y es que aunado a los miles de asesinatos, la población continuó sufriendo desapariciones forzadas, levantones,
secuestros. El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta
Encontrarlos señala que en este año ocurrieron 68 desapariciones de
carácter político.
La situación que enfrenta el país es tal que preocupa a los 87 países que intervinieron en el Examen Periódico Universal de México, ocurrido en octubre de 2013,
considera Javier Hernández Valencia, representante en México de la
Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Ésta no es una preocupación de
personas, de individuos y en particular de mi persona, sino de 87
países. El Consejo [de Derechos Humanos de la ONU] tiene 47 miembros,
esto quiere decir que muchos más países de los que sólo participan del
Consejo han tenido interés en el tema mexicano. Entre esos 87 países
estuvieron 14 de América Latina y el Caribe. Es decir, no son sólo
europeos y del Norte, del mundo industrial o del primer mundo
quienes tienen preocupación y quieren mantener un diálogo vivo para
mejorar la situación de los derechos humanos en México; son también
países hermanos de sangre, de cultura, de lengua. También intervinieron
los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad.”
Consultado el 27 de noviembre de 2013 al término de su participación en la presentación del reporte Jurisdicción militar y derechos humanos: elementos para las reformas pendientes
–editado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña,
Tlachinollan–, Hernández Valencia señaló que la situación de México en
materia de derechos humanos sí sigue siendo una preocupación para la
Oficina de la Alta Comisionada. Por ello dijo: “Estamos tratando de
ayudar a que estos debates produzcan, tanto a nivel legislativo como a
nivel de conductas, de cambio institucional, de reformas en políticas
públicas, los cambios que las ciudadanas y ciudadanos han pedido desde
hace mucho tiempo”.
Crímenes de lesa humanidad
Ese tiempo del que habla Hernández
Valencia se remonta a la Guerra Sucia, pero sobre todo se centra en el
sexenio pasado. Y es que de 2007 a 2012 se registraron más de 100 mil
asesinatos de civiles, 30 mil desapariciones y 250 mil desplazamientos
por violencia, entre otras consecuencias de la militarización y la
criminalidad.
Desde diciembre de 2006, cuando se
inició la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos ha investigado y documentado más de 7
mil quejas por presuntas violaciones en las que incurrieron agentes del
Estado –federales, estatales y municipales– en contra de civiles.
Los reportes generales de las quejas –de los que Contralínea
obtuvo copias por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental– refieren que hasta enero de 2013
ese organismo autónomo abrió 210 expedientes por los delitos de
“privación de la vida” y “violación al derecho a la vida”, es decir,
asesinatos cometidos por servidores públicos de los tres niveles de
gobierno, pero en su mayoría por las fuerzas federales.
El primer expediente relacionado con
una ejecución extrajudicial en este gobierno implicó a personal de la
Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Sinaloa. De acuerdo con el Reporte general (quejas)
de la CNDH, se trata del archivo 2012/10930-Sin-2, abierto el 18 de
diciembre de 2012 por tres presuntas violaciones: emplear
arbitrariamente la fuerza pública, imputar indebidamente hechos y
privar de la vida.
De diciembre de 2006 a enero de 2013,
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también integró 437
expedientes por desaparición forzada; 95 por tortura; y 6 mil 667 por
tratos crueles, inhumanos y degradantes, que también pudieron
constituir hechos de tortura. Cada expediente se refiere a una o más
víctimas y siempre implica a servidores públicos.
Las tres primeras quejas por
desaparición forzada que recibió la CNDH en este sexenio presuntamente
involucran a integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la
Secretaría de Marina y la Policía Federal. Así lo indican los
expedientes 2012/138613, 2012/ 139959 y 2013/10633.
El primero de ellos, que se registró el
17 de diciembre de 2012, indica: “Manifiesta el quejoso que
aproximadamente a las 19:00 horas del 4 de diciembre de 2012 arribaron
a su domicilio un regimiento de militares y navales debidamente
uniformados y encapuchados en varios vehículos, introduciéndose al
mismo con lujo de violencia deteniendo arbitrariamente a [la víctima],
sin mostrar ninguna orden para ello; que la golpearon, la envolvieron
en una sábana y se la llevaron, sin conocer su paradero, ya que no ha
sido puesta a disposición de ninguna autoridad”.
Respecto de las presuntas autoridades
responsables de esa violación, la CNDH identifica a la Secretaría de la
Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.
El segundo expediente, 2012/139959,
señala: “El quejoso expresó que en la madrugada del 15 de diciembre de
2012, el agraviado, su hermano Antonio González Bañuelos, se encontraba
en una fiesta con varios amigos y estaban tomando bebidas embriagantes
y al terminarse éstas fueron a comprar más, por lo que abordaron un
coche y cuando se encontraba circulando sobre la avenida Prolongación
San Isidro, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, se encontraron con
varias patrullas de la Policía Federal; y los elementos les marcaron el
alto, pero el conductor hizo caso omiso y emprendió la huida, por lo
que comenzaron a dispararles y el conductor perdió el control del
vehículo, chocando contra un poste de teléfono y estando [la víctima] y
otros en el interior del coche, los elementos policiacos les siguieron
disparando; luego sacaron [a la víctima] y [a] sus amigos del interior
de esa unidad y los introdujeron a una de las patrullas y se retiraron,
y desde entonces no sabe nada del paradero de su familiar ni de los
otros que lo acompañaban. Agregó que lo ha buscado en las policías
municipales, estatales y federales, en las diversas procuradurías
generales de justicia y en la Procuraduría General de la República, sin
resultados positivos”.
Como autoridad responsable, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos identifica a la Policía Federal,
dependiente de la Secretaría de Gobernación.
El tercer expediente –el 2013/10633,
registrado el 30 de enero de 2013– indica: “Manifiestan los quejosos
que el 28 de diciembre de 2012, aproximadamente a las 13:30 horas, [las
víctimas] transitaban en un vehículo por la avenida Ejército Mexicano,
colonia Primero de Mayo, en Boca del Río, Veracruz, siendo intervenidos
[sic] para que detuvieran la marcha, llevándose detenidas a las
dos personas, motivo por el cual han solicitado información sobre el
paradero de los agraviados en distintas instancias estatales y
federales, pero aún desconocen dónde se encuentren, que presentaron
denuncias ante las autoridades competentes, iniciándose la
investigación ministerial en la Agencia Séptima del Ministerio Público
Investigador de Veracruz, Veracruz, y la investigación ministerial en
la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador de Boca del Río,
Veracruz”.
La Secretaría de Marina figura como la autoridad presuntamente responsable de dichas desapariciones forzadas.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, de
la Corte Penal Internacional, entre los crímenes de lesa humanidad se
encuentran el asesinato, el desplazamiento forzoso, la tortura, la
violación, la encarcelación o persecución por motivos políticos, la
desaparición forzada, el secuestro o cualquier acto inhumano que cause
graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien
los sufre, cuando dichas conductas se cometan como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil y con
conocimiento de dicho ataque.
En el tema de tortura, el primer
expediente (2012/ 201) integrado por la CNDH en este sexenio implica a
funcionarios del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la
Secretaría de Gobernación, y de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Veracruz.
Además de la tortura, las víctimas
sufrieron otras violaciones: “acciones y omisiones que transgreden los
derechos a los migrantes y de sus familiares; detención arbitraria;
efectuar una detención sin contar con la orden correspondiente fuera de
los casos de flagrancia; faltar a la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos,
cargos o comisiones; prestar indebidamente el servicio público; trato
cruel, inhumano o degradante”.
Defensores de los derechos humanos
consideran que la militarización ha ido de la mano de la impunidad. En
breve entrevista, Santiago Cantón –director del Centro Robert F Kennedy
para la Justicia y los Derechos Humanos– señala que es importante que
el Estado mexicano tome acciones decisivas y concretas de avanzar en la
lucha contra la impunidad.
Al respecto, dice, es necesario lograr
un efectivo control civil sobre las Fuerzas Armadas y que no haya
impunidad por las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido.
“El debate sobre la impunidad militar es fundamental y esperemos que el
gobierno tenga la voluntad política de avanzar en la aprobación de la
ley [sobre el fuero militar] este año, porque sería un avance muy
importante para lograr una supervisión civil sobre las Fuerzas Armadas”.
Jaqueline Sáenz Andujo considera que
“si hubiera habido de verdad una decisión por parte del Ejecutivo
federal de retirar al Ejército también hubiera avanzado la parte del
fuero militar, es decir, parece que va en un pacto político una cosa
con la otra”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario