7/18/2012

Sin fallo del TEPJF, Calderón y EPN acuerdan transición “ordenada y eficiente”

Peña Nieto y Calderón en Los Pinos. Foto: Presidencia
Peña Nieto y Calderón en Los Pinos.
Foto: Presidencia
MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente Felipe Calderón recibió al candidato presidencial del PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto, en la residencia oficial de Los Pinos. Aunque la elección del pasado 1 de julio no ha sido calificada por la autoridad electoral, el priista mexiquense, recibió el respaldo de Calderón para efectuar un proceso de transición ordenado y eficiente.
Poco después de las 7:00 de la tarde, Peña Nieto arribó a Los Pinos a bordo de un camioneta Suburban negra, custodiada por otro vehículo con escoltas. Ingresó por la puerta 4, donde lo esperaban reporteros ante quienes evitó hacer declaraciones.
Cerca de las 9:00 de la noche, el priista abandonó la residencia oficial eludiendo los cuestionamientos. La oficina de comunicación de la Presidencia de la República, sólo informó que emitiría un comunicado sobre el encuentro.
Conforme a la ley, Peña Nieto aún no es presiente electo, por lo que legalmente no puede ningún candidato iniciar aún un proceso de transición con el presidente Felipe Calderón.
En el comunicado la presidencia se refiere a Peña Nieto, como el candidato que, “conforme al conteo distrital del Instituto Federal Electoral, obtuvo la mayoría de votos”, sin hacer mención que la elección no ha sido calificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En apenas 10 líneas, la Presidencia informó que Calderón y Peña dialogaron sobre la agenda nacional; destacó que abordaron los problemas en materia económica, política, social y de seguridad.
También destacó que ambos personajes acordaron iniciar el proceso de transición administrativa y política de manera ordenada, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, califique la elección y le otorgue a Peña su constancia de mayoría.
“Para tales efectos, el presidente Calderón aseguró que el Gobierno de la República ofrecerá todo el respaldo necesario, a fin de que dicho proceso se realice de manera eficaz, transparente y plenamente apegado a derecho”, se expone.
La reunión entre el priista y Calderón se da en el contexto de las denuncias que ha interpuesto la izquierda, así como de los pronunciamientos del actual presidente, porque se investiguen las irregularidades registradas en los comicios del 1 de julio, cuyo conteo dio la ventaja al candidato del PRI.

El fraude llega a Melate: empleados de Pronósticos y Just Marketing se reparten sorteo trucado


Si no bastaba la masiva compra de votos del 1 julio del 2012, la plaga de la corrupción sin control sigue apoderándose de México. Gracias a Reforma el miércoles 18 de julio se supo que hubo colusión entre empleados de Pronósticos y la empresa que videograba Melate y Revancha para simular un sorteo y repartirse el premio. ¿Qué más puede suceder cuando hasta la suerte hace trampa?


Melate fraudulento (Foto: broncoesbronco.com)


Este es el resumen que sacó Terra de tan sorprendente nota. En conclusión, empleados de una empresa contratada para grabar y transmitir en video los sorteos de Pronósticos para la Asistencia Pública tramaron un plan que derivó presuntamente en fraude donde ellos fueron los ganones.Los responsables de “tan buena suerte” se repartieron un premio de 160 millones de pesos correspondiente al monto acumulado de Melate y Revancha del 22 de enero de 2012.
Fuentes cercanas al caso, que pidieron anonimato, informaron a REFORMA que se detectó que trabajadores y directivos de Pronósticos se coludieron presuntamente con Just Marketing para simular el sorteo 2518, grabándolo anticipadamente y en privado. Lo anterior, para comprar los boletos y rellenarlos con los números exactos -que para ese día fueron 06, 12, 15, 24, 25 y 49 y 09, 20, 36, 51, 53 y 54, correspondientes al sorteo Melate y Revancha- antes de que se transmitiera por televisión el sorteo, para posteriormente pasar el video a una interventora de la Secretaría de Gobernación haciéndole creer que el sorteo se llevaba a cabo en tiempo real.
De acuerdo con Pronósticos, dos personas se dividieron el premio de 112 millones de pesos de Melate, y dos más, el de 48 millones de pesos en la Revancha. La fuente advirtió que la coordinadora Técnica y Jurídica de Pronósticos, Annie Castillo, se percató de que después de la celebración del sorteo, sólo se presentaron familiares y directivos de Just Marketing a cobrar los premios y también de que los representantes de esa empresa ya no acudieron a trabajar.
Por esta causa, la paraestatal pidió en marzo a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar el proceso del sorteo 2518, celebrado en esa fecha. Pronósticos reconoció la existencia de un informe sobre el caso a las autoridades, que pretende dar con los representantes de Just Marketing, la empresa contratada en abril de 2011 para registrar y divulgar esos juegos por televisión.
“En efecto, la actual administración de la institución detectó anomalías en uno de los sorteos, por lo que se solicitó el apoyo de la PGR, con quien se ha trabajado de forma coordinada para el esclarecimiento de este hecho en el que presuntamente está involucrada (Just Marketing)”, indicó a REFORMA María Esther Escobar Camacho, titular de Relaciones Públicas de Pronósticos.

El Colibrí y los feminicidios en EdoMex

Escrito por  
“No se trató de un ataque del crimen organizado…es sólo una pandilla. Tenemos nombres, apellidos, fotografías, retratos hablados y hasta direcciones de los responsables”, afirmó el procurador mexiquense Alfredo del Castillo sobre el caso de El Colibrí.
“No se trató de un ataque del crimen organizado…es sólo una pandilla. Tenemos nombres, apellidos, fotografías, retratos hablados y hasta direcciones de los responsables”, afirmó enfático el procurador mexiquense Alfredo del Castillo, en una ronda de entrevistas que realizó en los últimos días frente a la conmoción en la opinión pública por la violación y los abusos sexuales contra 7 jóvenes, la mayoría menores de edad, en el paraje El Colibrí, en la frontera entre Chalco e Ixtapaluca.
Del Castillo, famoso por litigar mediáticamente los casos más polémicos en el Estado de México como el de la niña Paulette, soltó también en entrevista con Milenio TV que éste no era el primer ataque de la “pandilla”. Incluso, mencionó que ya habían atacado antes a un grupo de alpinistas y violado a dos mujeres. Afirmó que cuatro de los integrantes de este grupo delictivo se encuentran detenidos.
La pregunta lógica surge después de esta “revelación” del procurador mexiquense, designado por Enrique Peña Nieto en 2010: si ya sabían las autoridades ministeriales la actividad de esta “pandilla” ¿por qué no la desarticularon? ¿porqué permitieron que siguieran actuando? ¿porqué la administración mexiquense en la procuración de justicia, sobre todo en relación con los delitos sexuales contra mujeres se caracteriza por la indolencia y la negligencia?
Mientras Del Castillo daba su ronda de entrevistas en medios electrónicos –incluso este mismo 17 de julio- un juez federal ordenó la liberación del único detenido, presunto implicado en el ataque. El juez argumentó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México no consignó la carpeta de investigación y, por esta razón, el presunto culpable, cuya identidad se mantuvo en reserva, quedó libre.
Si la procuración de justicia mexiquense mantiene este mismo nivel de ineficacia, el paraje de El Colibrí puede convertirse en otro símbolo ominoso para la entidad que gobernó Peña Nieto.
En El Colibrí 91 jóvenes pertenecientes al Movimiento de Juventudes Cristianas realizaron un campamento desde el 9 de julio. El jueves 12 fueron atacados por una pandilla formada por 12 sujetos, según los testimonios aportados en medios electrónicos por las propias víctimas. Con lujo de detalles las jovencitas dieron cuenta del menosprecio por la condición de género de cada una de las víctimas.
Sólo el escándalo  generado por este suceso provocó que el gobernador Eruviel Avila ordenara la inmediata atención y el procurador Del Castillo retornara a las pantallas televisivas y a las estaciones de radio a litigar mediáticamente sin que haya logrado demostrar su eficacia.
El Colibrí no es un caso aislado en el contexto del Estado de México. Precisamente este 17 de julio se discute en Nueva York, en el seno del Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la situación de los feminicidios, levantamientos y abusos sexuales en contra de mujeres en el Estado de México y en el gobierno federal.
El Estado de México generó la atención internacional precisamente por los abusos sexuales cometidos contra las manifestantes detenidas en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, atribuidos a agentes de la policía mexiquense, tal como consigna la reportera Gloria Leticia Díaz en esta edición de Proceso.
En el Estado de México, las organizaciones no gubernamentales han contabilizado 922 homicidios de odio hacia las mujeres desde enero de 2005 hasta agosto de 2010, periodo que comprende el gobierno de Enrique Peña Nieto, presunto triunfador de las elecciones presidenciales de este año.
El intento de minimizar o relativizar los crímenes de odio contra las mujeres mexiquenses ha sido una constante desde su gobierno y con la administración de Eruviel Avila. Tal como ha sucedido durante casi dos décadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El procurador Alfredo del Castillo negó en marzo de 2010 que la mayoría de los homicidios contra mujeres formen parte de un patrón feminicida. Según él, el 30 por ciento de este tipo de delitos son producto de “violencia doméstica” y ya están resueltos.
Del resto de los crímenes, Del Castillo “nos dijo que se tenía información de que las mujeres asesinadas tenían oficios de riesgo, que eran sexoservidoras”, según reveló María de la Luz Estrada, activista del Observatorio Nacional Ciudadano contra el Feminicidio, entrevistad por Gloria Leticia Díaz.
Si el caso de El Colibrí se convierte en un expediente más de negligencia e incapacidad para atender la impunidad de los feminicidas en el Estado de México estaremos confirmando un modus operandi de una clase política que presume su odio hacia las mujeres.

La CNBV, muy “cordial” y “benigna” con HSBC


Un reporte del Senado de Estados Unidos sobre la falta de control del banco en México, que permitió lavado de dinero del narco, revela laxitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo que contribuyó a las irregularidades
ENRIQUE HERNÁNDEZ
julio 18, 2012  12:45 am
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aceptó ayer que desde hace años conocía la debilidad de los controles antilavado del banco HSBC en México y dijo que sería muy relevante para el país que este capítulo fuera cerrado.

“Que este capítulo fuera cerrado en los términos en los que el banco lo comenta, con la actitud con que el banco comenta en sus comunicados acerca de reconocer los errores que se cometieron”, dijo el presidente de la CNBV, Guillermo Babatz, en entrevista con Radio Fórmula.

Cuando le preguntaron si en México iban a sancionar a HSBC, no quiso responder.

“En ese tema particular es muy importante decir que (…) desgraciadamente el marco legal en México no nos permite a la CNBV comentar acerca de casos donde las sanciones no hayan quedado firmes”, señaló.

EXTERNA PREOCUPACIÓN

El 26 de noviembre de 2008, Guillermo Babatz Torres externó su preocupación a los directivos del banco británico HSBC por el envío de tres mil millones de dólares a Estados Unidos, eso representaba el doble de lo que había enviado Banamex, el banco más grande de México.

De acuerdo con un informe elaborado por el Subcomité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, Babatz Torres sostuvo una reunión con Michael Geoghegan, director general del Grupo HSBC; Emilson Alonso, presidente del banco en América Latina, y Luis Peña Kegel, director de la institución bancaria en este país, para discutir las medidas adoptadas para combatir el lavado de dinero. También participaron en la reunión Patricio Bustamante, vicepresidente del organismo antilavado y Pablo Gómez del Campo, director general de Prevención Operaciones Ilícitas de la CNBV (quien falleció el 1 de abril de 2012 jugando tenis en Ixtapa, Guerrero).

“Tuvimos diversas reuniones con todas las autoridades financieras y con el banco a lo largo de todos estos años, con la insistencia absoluta en la necesidad de que había de mejorar los controles antilavado en el banco”, recordó Babatz Torres en una entrevista con Radio Fórmula ayer.

“En México, la falta de controles, de diligencia para prevenir estos temas son faltas administrativas o pueden resultar en faltas administrativas que no están todavía completamente resueltas al no haber quedado firmes”, explicó el responsable del ente antilavado.

“Los funcionarios de la CNBV reconocieron el progreso realizado por el banco para detectar las anomalías, pero les preocupaban las cuentas en dólares de HSBC en islas Caimán”, dice el documento de la Cámara Alta de Estados Unidos.

“El email daba cuenta de que, entre enero y septiembre de 2008, HSBC repatrió tres mil millones de dólares a Estados Unidos, lo cual representaba 36% del mercado y era el doble de lo que el banco más grande en México, Banamex, había repatriado, a pesar de que HSBC es solamente el quinto banco más grande en el país”, cuenta la investigación de los legisladores.

Al organismo mexicano también le inquietaba la implicación de HSBC México en el lavado de dinero, ya que las autoridades estadunidenses habían encontrado la salida de millones de dólares a su país, expresa la indagación del Senado.

Tras la reunión con los reguladores de la República Mexicana, Michael Geoghegan, director general del Grupo HSBC, pidió tomar medidas a Luis Peña Kegel, director del banco, para evitar el blanqueo de dinero.

En diciembre de 2008, Warren Leaming, jefe adjunto del Grupo HSBC, escribió una carta después de su última visita a México para Luis Peña Kegel, la cual exponía que desde hacía ocho meses la CNBV había solicitado cancelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero.

El correo electrónico, con copia a Michael Geoghegan y a Emilson Alonso, ambos directivos del banco británico, detallaba que había más de tres mil 600 cuentas, de las cuales 675 tenían sospecha de lavado de dinero, y que la CNBV había ordenado cerrar. Sin embargo, todavía estaban abiertas en diciembre de 2008, añade.

Según el documento del Senado, Leaming manifestó que a sus supervisores: “Peña Kegel dijo que las medidas adoptadas podría resultar en la pérdida de ganancias de muchos miles de millones de dólares, pero nada vale el riesgo, cuando está en juego la reputación”.

Warren Leaming manifestó que “las acciones adoptadas fueron consideradas por HSBC México como extremadamente sensibles, por lo cual no se puede dar mayor difusión del tema”, explica la investigación.

EL ÚNICO QUE PUEDE HABLAR

24 HORAS buscó a Babatz y a su vocero, Carlos López Moctezuma, pero ninguno estuvo disponible para entrevistas. Aurelio Bueno, otro de los portavoces, quien dijo que no podía hablar al respecto, señaló que en breve darán una conferencia de prensa para aclarar el tema.

“El único que puede hablar de estos temas antes de que las sanciones queden firmes o sean cosa juzgada es el propio banco”, añadió el máximo responsable del regulador mexicano.

“La falta de controles, de diligencia para prevenir estos temas son faltas administrativas o pueden resultar en faltas administrativas que no están todavía completamente resueltas al no haber quedado firmes”, agregó.

Al cierre de esta edición, HSBC México no podía emitir comentarios al respecto.

México: tenemos un problema


 Detrás de la noticia
Por Ricardo Rocha 
ddn_rocha@hotmail.com
En el corazón de San Salvador Atenco, en el Estado de México, se celebró la Convención Nacional contra la Imposición. No es casual que en este celebérrimo pueblo rebelde —famoso por sus machetes como símbolo de lucha— se haya dado la revuelta popular más significativa de los años posteriores al zapatismo, cuando sus pobladores se opusieron a la construcción de un nuevo aeropuerto que hubiera sido la más importante obra del sexenio foxista.

Ahora, desde aquí mismo, líderes de 300 organizaciones sociales anuncian movilizaciones en todo el país con un objetivo último: impedir que Enrique Peña Nieto rinda protesta como Presidente de México el 1 de diciembre. En el inter, anticipan otras acciones igualmente radicales: el 22 de julio nuevas marchas anti Peña; el 27, la toma de instalaciones de Televisa; el 1 de septiembre una megamarcha del TRIFE a la Cámara de Diputados en protesta por el Sexto Informe del Presidente Calderón y contra la toma de posesión de diputados y senadores de todos los partidos; entreveradas, tomas de casetas en carreteras y boicots a las tiendas Soriana. Y el 1 de diciembre, el cerco total al Congreso.

Hasta ahora, se han congregado agrupaciones tan diversas como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los comuneros de Cherán, Michoacán, el Sindicato Mexicano de Electricistas y desde luego los de Atenco, organizados en el Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra. Por supuesto que hubo una numerosa representación del #YoSoy132, pero ellos me aclaran que será en sus propias asambleas cuando decidan en qué grado se involucran con los acuerdos de la Convención, en qué acciones habrán de participar y en cuáles se abstendrán. Por cierto, hablando de jóvenes, se presume ya una natural conexión de los 50 mil frustrados y furiosos rechazados de nuestra UNAM y el #Yo soy 132, con todo lo que ello puede implicar.

En cualquier caso, si se llevaran a cabo la mitad de las acciones previstas, ya tendríamos de qué preocuparnos. No se necesita recurrir al catastrofismo para avizorar días de truenos en más de un sentido. En los que los riesgos de violencia se multiplican dada la propia naturaleza de las movilizaciones sociales. Es verdad que hasta ahora no ha habido siquiera heridos graves. Pero también es cierto que el peligro de una pérdida de control estará ahí, latente, en cualquier lugar del territorio donde tendrán lugar estas manifestaciones.

Por lo pronto, lo asombroso es que ninguno de los gobiernos, federal o estatales, parecen muy intranquilos al respeto. No para reprimir, que es el escenario indeseable, sino para intentar desactivar los estallidos que vienen. Tenemos un Gobierno débil, de salida y aparentemente fatigado. Incapaz e inhabilitado para sentar a los opuestos en la mesa e intentar alcanzar acuerdos entre ellos. Tampoco se ve a nadie con la fuerza moral suficiente para contener enconos y privilegiar el diálogo.

Por lo pronto, Jesús Zambrano del PRD asegura que no están detrás de estas movilizaciones. Ahora, la expectativa es qué va a anunciar Andrés Manuel López Obrador cuando hoy explique su Plan Nacional para la Defensa de la Democracia, en qué consistirá exactamente y si se vinculará o no a las acciones anunciadas por la Convención de Atenco.

Por el lado del PRI alienta ver que, en los tres primeros cargos de su equipo más cercano, Enrique Peña Nieto haya designado a un coordinador de Diálogo y Acuerdo Político para el que nombró a Miguel Ángel Osorio Chong, uno de sus operadores más confiables.

Y es mejor saber que, en entrevista, le dice al director de El Universal, Roberto Rock, que “ha iniciado la construcción de puentes de diálogo con todos los actores del país, incluyendo el #YoSoy132, en busca de consolidar los acuerdos que la nación requiere”.

Y yo creo que está muy bien, pero que no es suficiente. Son demasiadas las heridas y los agravios. Así que todos deberíamos estar haciendo algo por evitar la crónica de una confrontación anunciada.


Nueva visión geoestratégica de Brasil, según Ronaldo Carmona (Universidad de Sao Paulo)

Bajo la Lupa
Alfredo Jalife-Rahme
 
Foto
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, saluda durante el acto de clausura del 18 Foro de Sao Paulo, celebrado en Caracas el pasado 6 de julioFoto Xinhua
 
En el encuentro 18 del Foro de Sao Paulo, en Caracas, el geopolitólogo Ronaldo Carmona –coordinador del grupo de trabajo temático sobre defensa e investigador de la Universidad de Sao Paulo– me había invitado a su panel, al que por premuras no pude asistir.
El documento matricial de Ronaldo Carmona aborda la nueva visión estratégica que se desarrolla en Brasil, en particular, desde el establecimiento de la Estrategia Nacional de Defensa (END) en 2008, que comporta tres aspectos nodales:
La definición de tres áreas estratégicas de defensa: nuclear, espacial y cibernética. A mi juicio, este rubro es insuficiente y pertenece a la etapa de la guerra fría; hoy el enfoque debe ser también en los rubros de GNR (genoma, nanotecnología y robótica), sin descuidar la segunda generación informática y, en especial, la ciberguerra y sus supercomputadoras, donde Estados Unidos goza una primacía disuasiva.
La delimitación geográfica mas nítida de las áreas claves de interés estratégico: el Atlántico Sur (SisGAAz, submarino con propulsión nuclear) y la Amazonia, blanco de creciente codicia (Sisfron, desplazamiento de unidades militares de sur a norte). Aquí agregaría la Antártida (tan pletórica en materias primas), cuyo control –en la etapa del cambio climático y su descongelación– definiría el dominio geopolítico a los dos lados del Atlántico Sur, lo cual afectaría los intereses de los bloques BRICS, BASIC (unos BRICS sin Rusia) e IBSA (unos BRICS sin Rusia y China).
“El concepto de tomar como base de la defensa de Brasil la identificación de la nación –¡supersic!– con las fuerzas armadas y de las fuerzas armadas con la nacional”. Este concepto debe multiplicarse en hipótesis de confrontación con una potencia muy superior (nota: ¿será Estados Unidos/OTAN/Israel?) en el esquema de guerra asimétrica, el cual se volvería el principal escenario, y cuya victoria sólo es posible en profunda fusión con el pueblo. Ronaldo Carmona aduce que “en gran medida, se trata de una reiteración del espírito de Guararapes, que forjó la nacionalidad brasileña”.
El significado simbólico y patriótico, casi espiritual, del espíritu de Guararapes, según su interpretación por el portal del Ejército brasileño: El nacionalismo del espíritu de Guararapes es el nacionalismo racional, estratégico, seguro, traducido en la práctica por una Petrobras, una Transamazónica, el decreto de las 200 millas de mar territorial, nuestra política de fletes marítimos y tantas otras realizaciones como Volta Redonda (la Ciudad de Acero), hitos del progreso material de Brasil.
Sería recomendable que los teólogos neoliberales proponentes de un espurio modelo Petrobras en México entiendan sus alcances nacionalistas vinculados a la geopolítica soberana y a la grandeza de Brasil.
Justamente en mi encuentro con Ronaldo Carmona en Caracas coincidimos en que el espurio modelo Petrobras de los teólogos neoliberales arcaicos y entreguistas de México no tiene nada que ver con el modelo original brasileño en su quintaesencia nacionalista que han caricaturizado: una desinformación más de los hijos putativos de Televisa.
El taller de defensa que coordina Ronaldo Carmona exhibe la creciente preocupación de las fuerzas de izquierda en relación con el tema, como producto de la tensión cada vez mayor sobre temas como soberanía e independencia, es decir, la cuestión nacional, que rebasan los temas clásicos de la izquierda, como la lucha por la justicia social, la democratización del Estado y la centralidad del desarrollo.
Comenta que en fechas recientes, los cuatro partidos de izquierda brasileños que participan en el gobierno de Dilma Rousseff realizaron un seminario en Brasilia sobre la relación entre la política de defensa y el proyecto nacional de desarrollo, en el que participaron el ministro de Defensa, Celso Amorim, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Marco Antonio Raupp.
Por cierto, el anterior canciller Celso Amorim, hoy ministro de Defensa –a mi juicio, uno de los mejores geoestrategas de Latinoamérica (baste comparar con el foxiano Castañeda Gutman)–, explica luminosamente las razones geopolíticas del éxito multipolar de Brasil (ver Bajo la Lupa, 18/1/12). Para mí, el Brasil de Lula/Dilma simboliza la esencia del nuevo orden multipolar.
Ronaldo Carmona tiene muy claro el panorama geopolítico y estratégico global: Vivimos un escenario internacional cada vez más cercano a los pronósticos de las visiones realistas y de la teoría del imperialismo, y arguye que existen tres aspectos que ejemplifican las nubes cargadas en la situación internacional: 1) redefinición estratégica de Estados Unidos para extender su hegemonía en el tiempo con el blanco centrado en la contención de China (sic), lo cual rehabilita las tres tesis geopolíticas clásicas (Mahan, Mackinder y Spykman); 2) rehabilitación del imperialismo humanitario (intervención en guerras civiles provocadas desde el extranjero: Libia, Siria e Irán, y en países con bajo nivel de cohesión interna, incluso en Sudamérica), y 3) control de los recursos naturales escasos que abundan en Sudamérica.
Considera que la situación en Sudamérica, que busca mayor cohesión y unidad en su pensamiento geoestratégico, es bastante distinta (¡supersic!) a Centroamérica y el Caribe, más pegados (sic) a Estados Unidos en el área de su perímetro de seguridad, o Mediterráneo americano, como lo denominó Mahan.
Aborda en forma específica a Sudamérica y su principal vulnerabilidad: el bajo nivel de desarrollo, que contrasta con su enorme potencialidad, lo cual aboga por un proyecto de integración regional. ¿Lo dejará Estados Unidos?
Agregaría otras dos vulnerabilidades para que florezca el desarrollo: finanzas (controladas por la banca israelí anglosajona) y tecnología de punta (Estados Unidos).
Destaca los avances en el proyecto de integración en defensa de Sudamérica en la Unasur y apunta al nuevo pensamiento estratégico común del Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) y sus dos tesis: el enemigo interno (¡cómo abundan las mulas de Troya!) y guerra del vecino como enemigo.
El CDS/Unasur preconiza un escenario de amenazas o búsqueda de sometimiento por parte de las potencias centrales debido a las características sudamericanas de poseer excedentes en bienes estratégicos claves en: a) energía (petróleo, gas, uranio, etcétera), b) recursos minerales, incluso estratégicos o raros, c) excedentes acuíferos, d) biodiversidad, en especial la concentrada en la Amazonia, y e) capacidad de producción de alimentos, y proteína animal y vegetal en general.
Aduce que la integración común sudamericana exige una actitud de cooperación hacia adentro y de disuasión hacia afuera frente a amenazas de naturaleza extrarregional.
Concluye que “la presencia de fuerzas extrarregionales en la región sudamericana se convierte en cuestión clave: Guyana ‘francesa’; bases militares o acuerdos para franquear acceso a bases nacionales; presencia marítima en el Caribe y en el Atlántico sur”.
¿Podrá salvar el espíritu de Guararapes a la Sudamérica emergente?
www.alfredojalife.com
@AlfredoJalife

Clínicas rurales realizan esterilizaciones forzadas

CAMPAÑA PERIODISTAS POR EL RESPETO DE LOS DSyR DE LA JUVENTUD

Nula política de uso de anticonceptivos en Oaxaca

Por Citlalli López, corresponsal

Oaxaca, 17 jul 12 (CIMAC).- Las oaxaqueñas que viven en comunidades rurales enfrentan un rezago de 25 años en derechos sexuales y reproductivos, con respecto de las mujeres de zonas urbanas.

Sólo 46.4 por ciento de las mujeres indígenas en edad reproductiva utiliza algún método anticonceptivo, porcentaje equivalente al promedio nacional hace 25 años, y 40 por ciento menor al de las mujeres no indígenas en el presente.

La baja utilización de los métodos anticonceptivos en zonas rurales está directamente relacionada con la prohibición ejercida por los hombres sobre las mujeres, y mantiene vigente las prácticas de esterilización forzada en los centros públicos de salud, señaló la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso de Oaxaca, Ivonne Gallegos Carreño.

Basada en datos de la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas, la legisladora indicó que alrededor de tres quintas partes de las mujeres encuestadas tuvo su primer embarazo entre los 11 y 19 años de edad. Al llegar a los 30 años, tres era el promedio de hijos.

La diputada local cuestionó que en las clínicas ubicadas en zonas rurales los médicos incurran en esterilización forzada como una forma de contener más embarazos en las mujeres, en lugar de priorizar la entrega de métodos anticonceptivos, así como la sensibilización de los varones.

Debido a su cultura y creencias, las mujeres no se realizan la salpingoclasia (ligaduras de las trompas de falopio), ya que piensan que “deben tener los hijos que Dios les mande”, mientras que es prácticamente nulo el acceso a métodos anticonceptivos entre las jóvenes y las adolescentes, explicó Ivonne Gallegos.

La víspera, la legisladora presentó ante el Congreso local un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo estatal a que instruya a la Secretaría de Salud a garantizar el derecho a la información de las mujeres rurales indígenas, y en zonas urbanas marginadas en la aplicación de anticonceptivos.

La problemática está ligada a la muerte materna (MM), que en el caso de las jóvenes indígenas de zonas rurales es tres veces más alto que entre las jóvenes del resto del país.

El 13 por ciento de las MM ocurridas en 2006 correspondieron a jóvenes menores de 20 años. Las principales causas fueron las hemorragias, la hipertensión y otras complicaciones ocurridas en el trabajo de parto.

Las cifras son más altas en regiones indígenas y se asocian a los altos índices de desnutrición. El 60 por ciento de las mujeres indígenas embarazadas tienen deficiencias de hierro, cuatro de cada 10 presentan anemia, el doble que en la población en general.

En Oaxaca, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2010 el promedio de hijos nacidos vivos por mujer es de 1.9.

Difamación y falta de recursos impiden a mujeres llegar al poder

INTERNACIONAL

Apenas 8.3 por ciento de curules femeninas en Ghana

Por Jonathan Migneault y Jamila Akweley Okertchiri*

Accra, 17 jul 12 (CIMAC/IPS).- Beatrice Boateng, legisladora del Nuevo Partido Patriótico, opositor del gobernante Nuevo Congreso Democrático en Ghana, se ganó a pulmón un lugar en el Parlamento.

Boateng pudo ocupar un asiento tras superar los numerosos obstáculos que debe sortear toda mujer que pretenda dedicarse a la política en Ghana, entre ellos difamación y dificultades económicas.

No sorprende entonces que al observar la composición del Parlamento salte a la vista que hay muy pocas mujeres.

La Unión Interparlamentaria ubica a Ghana en el lugar 120, entre 189 países, por la representación femenina, que aquí es de 8.3 por ciento. Sólo 19 de los 230 escaños legislativos están ocupados por mujeres.

“No fue fácil”, dijo Boateng a IPS/Cimacnoticias, refiriéndose a su segundo intento fallido de llegar al Parlamento en 2004. “Los hombres se confabulaban contra mí”, recordó.

Ese año, compañeros de su propio partido la difamaron en los medios. “Dijeron que como era maestra y no tenía dinero, estaba coqueteando con miembros de otros partidos para conseguirlo. Creyeron que como era mujer podían manipularme para que hiciera lo que ellos quisieran”, explicó.

Boateng fue a juicio y ganó el caso. Obtuvo una retractación en los periódicos, una disculpa y una indemnización. Pero no antes de que el caso fuera aplazado 11 veces. Ese año no llegó al Parlamento.

Tuvo que esperar hasta 2008 para tener la posibilidad de representar a su distrito de New Juaben, en la región oriental. Pero para las elecciones de 2012 no fue designada por su partido para representar a su distrito, y no se presentará para una segunda legislatura.

El triunfo de Boateng en política es una rareza. La organización no gubernamental Abantu para el Desarrollo trabajó con el Departamento de Mujeres para redactar un proyecto de ley de acción afirmativa que abra las puertas a otras interesadas en seguir sus pasos.

“Si no ponemos en práctica medidas temporales especiales, las mujeres nunca ocuparán cargos públicos”, indicó Hilary Gbedemah, abogada y rectora del Instituto de Leyes de Accra, quien participa en la redacción del proyecto.

La organización Leadership and Advocacy for Women in Africa (Liderazgo y Defensa de las Mujeres en África) realizó hace ocho años una serie de recomendaciones para un proyecto de ley de acción afirmativa.

Pero no fue hasta mayo de 2011 que el Departamento de Mujeres creó el Comité de Trabajo sobre una Ley de Acción Afirmativa, con cuatro personas encargadas de redactar un proyecto.

El comité todavía debe comenzar a redactar el borrador y a estudiar las variadas recomendaciones, pero trabaja hacia una distribución equitativa según la cual ni hombres ni mujeres ocupen más de 60 por ciento de los cargos públicos o políticos.

La Plataforma de Acción sobre Equidad, Desarrollo y Paz de Beijing, surgida de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en 1995 en China, que fue suscrita por Ghana, recomienda un mínimo de 30 por ciento de representación femenina en cargos de decisión.

Hasta ahora 37 países cumplieron con esa meta. De ellos, sólo tres lograron la hazaña sin medidas de acción afirmativa.

“Esperamos que cuando tengamos la ley para apoyar las políticas que tenemos, podamos hacer que los partidos asuman su responsabilidad de apoyar a las mujeres”, dijo Patience Opoku, oficial de programa y directora del Departamento de Mujeres.

Ruanda, Sudáfrica, Tanzania y Uganda están entre los países africanos con leyes de acción afirmativa. Todos tienen más de 30 por ciento de representación femenina en el Parlamento. Ruanda encabeza la lista con 56.3 por ciento.

Pero en Ghana hay varios factores que atentan contra la participación femenina en cargos de decisión. Cuando Boateng se presentó al Parlamento por primera vez en 1996, su mayor obstáculo fue la falta de recursos económicos. “Sabía que necesitaba dinero y no lo tenía”, recordó.

Pero en 2004 tuvo mejores condiciones económicas y pudo pedir un préstamo bancario. Además, sus hijos habían terminado la escuela y tenía más disponibilidad.

Ghana es una sociedad patriarcal tradicional. Las mujeres deben criar a sus hijos, y tienen menos oportunidades para acceder a educación superior y obtener logros profesionales.

“Los hombres tienen el dinero”, señaló Hamida Harrison, responsable de movilizaciones de Abantu. “La distribución de roles creó una relación basada sobre superioridad versus inferioridad”, apuntó.

En la enseñanza primaria, niños y niñas tienen igual representación. “Pero en el nivel superior, los varones triplican la cantidad de mujeres”, indicó Gbedemah.

Según un estudio de ActionAid International citado por ella, la percepción sobre la educación femenina, las tareas domésticas y el embarazo precoz son factores que han contribuido a la disparidad.

Para aumentar la cantidad de mujeres en el nivel terciario, los requisitos para ellas son menos exigentes que para los varones.

La acción afirmativa en Ghana se remonta al primer presidente Kwame Nkrumah, quien reservó 10 escaños para las mujeres a principios de los años 60. Pero la iniciativa fue abandonada tras su derrocamiento mediante un golpe de Estado en 1966.

“Cuando se aumenta la representación femenina, ellas tienden a concentrarse en temas de salud, saneamiento, educación y servicios sociales”, explicó Gbedemah.

Otros temas específicos, como la mortalidad materna y la violencia doméstica, también reciben más atención cuando un país tiene una mayor proporción de mujeres en cargos de decisión.

El Departamento de Mujeres y Abantu quieren realizar consultas a escala nacional sobre el proyecto de acción afirmativa para fines de este año, antes de que vaya al Parlamento.

El texto no estará pronto para las elecciones de diciembre próximo, pero sus promotores esperan que esté listo para las de 2016.

*Este artículo fue publicado originalmente por la Agencia Internacional IPS.

Responden versión oficial con 18 informes alternos

Activistas informarán fallas del Estado en materia de género

Por la Redacción

México, DF, 17 jul 12 (CIMAC).- Como respuesta al informe que hoy presentó el Estado mexicano ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), 113 grupos civiles tienen listos 18 informes “sombra” o alternos al oficial, con lo cual buscan demostrar que el gobierno ha incumplido las recomendaciones de esta Convención.

Durante la 52 sesión del Comité de Expertas de la CEDAW, las 113 organizaciones ciudadanas dividirán sus informes en cuatro principales temas: impacto de las estrategias de seguridad pública y la violencia contra las mujeres; feminicidio; desapariciones, trata y explotación de la prostitución; así como acceso a la justicia.

Respecto al primer eje, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) acusaron el aumento de la discriminación y violencia hacia las mujeres, como consecuencia del combate de la delincuencia organizada y la militarización en México.

También criticaron que los mecanismos de protección no han sido efectivos, pues en las cuatro ocasiones en las que se solicitó la Declaración de Alerta de Violación de Género (AVG) –la cual entró en vigor el 2 de febrero de 2007–, el gobierno federal se negó a otorgarla.

En cuanto a los casos de feminicidio, las OSC dijeron que entre 2007 y 2009 se incrementaron en promedio 68 por ciento en todo el país y continúan impunes.

En 2005 en Ciudad Juárez se asesinó a una mujer cada 12 días; para 2010 ya era una mujer ultimada por día. En Nuevo León hubo un incremento de 298 por ciento en los casos.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en el Estado de México, en el periodo 2005-2010 se registraron 922 homicidios dolosos de mujeres y niñas. En 56.7 por ciento de estos casos se desconoce al asesino.

En lo que se refiere a las desapariciones y trata de mujeres, también se ha mostrado un incremento, y el 60 por ciento de las víctimas son menores de edad.

Según las OSC, la trata tiene ahora como fines que las mujeres sirvan de guardias, sicarias, “mulas” y esclavas sexuales para los cárteles de la droga.

Sobre acceso a la justicia, las agrupaciones advirtieron que el sistema mexicano reproduce estereotipos patriarcales, por lo que existe 98 por ciento de impunidad en los delitos cometidos.

Añadieron que las indígenas son compradas y vendidas como novias, y se les niega el derecho a la propiedad y a la participación política.

La CEDAW es un instrumento internacional que vigila y evalúa a los Estados Partes, mismos que se comprometieron a tomar medidas contra la violación de los derechos de las mujeres.

Este año se evalúa la administración de Felipe Calderón. La vocera de la delegación mexicana, la también presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, explicó que el informe abarca acciones desde 2006 hasta lo que va de 2012.

Aumentan en cinco años agresiones contra las mexicanas

Prevalece visión de que violencia “es normal”: Endireh 2011


Por Anayeli García Martínez

México, DF, 17 jul 12 (CIMAC).- El gobierno mexicano ha fallado en sus estrategias para hacer frente a la violencia contra las mujeres, pues el 46.1 por ciento de las mexicanas de 15 años y más sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyugal.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (Endireh) revela que lejos de disminuir, la violencia en la pareja o la familia aumentó en los últimos cinco años, al pasar de 43.2 en 2006 a 46.1 por ciento hasta el año pasado.

La cultura de violencia en la pareja –así como en la familia, el hogar, la comunidad, el trabajo y en el ámbito escolar– persiste pese a las instituciones y leyes creadas para favorecer la igualdad, la no discriminación y contra de la violencia de género.

Los resultados de la encuesta que se presentó ayer fue realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Contempló –al igual que en 2006– una muestra de 128 mil viviendas en las 32 entidades federativas.

LEYES INSUFICIENTES

En México existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y cada estado cuenta con una legislación sobre no discriminación y violencia familiar.
 
Pese a este marco jurídico, la Endireh 2006 reveló que cuatro de cada 10 mujeres vivieron algún tipo de maltrato físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por parte de su pareja; condición que según los datos persiste y en algunos casos se agravó.

En 2006 el 37.5 por ciento de las mujeres entrevistadas dijo haber sufrido violencia emocional; cinco años después, el 42.4 por ciento declaró haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su actual o última relación.

Otro indicador muestra que en 2006 el 23.4 por ciento de las mujeres padeció algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de sus recursos monetarios, o bien fue cuestionada por cómo gastaba sus ingresos. Para 2011 la cifra aumentó a 24.5 por ciento.

Los datos revelan que actualmente el 13.5 por ciento de las mujeres confesó haber vivido algún tipo de violencia física que les provocaron daños permanentes o temporales, es decir el porcentaje de mujeres agredidas físicamente se redujo, pues en 2006 el indicador era de 19.2 por ciento.

Las víctimas de violencia sexual cometida por sus propias parejas representan el 7.3 por ciento, indicador que también fue a la baja, ya que en 2006 el 9 por ciento de ellas declaró haber sufrido alguna forma de intimidación o dominación para tener relaciones sexuales sin su consentimiento.

EDOMEX: FOCO ROJO

Es de resaltar que el Estado de México tiene los porcentajes más altos de violencia contra las mujeres desde hace cinco años. Actualmente el 56.9 por ciento de las mexiquenses de 15 años o más sufrió violencia de pareja cuando en 2006 era el 54.1.

La Endireh 2011 muestra que en el caso de violencia física, el 15.5 por ciento de las mexiquenses fueron violentadas, lo que les ocasionó daños permanentes o temporales. En contraste, Sinaloa alcanzó el 9.7 por ciento de mujeres maltratadas físicamente.

En un acercamiento a las raíces culturales de la violencia, la encuesta indagó sobre el acuerdo o desacuerdo de las mujeres, frente a ciertos “roles socialmente esperados”: Se encontró que entre las mexicanas aún hay quienes ven normal la violencia.

El 29 por ciento de las encuestadas dijo estar de acuerdo en que “si hay golpes o maltrato en casa es un asunto de familia y ahí debe quedar”, mientras que el 16.8 por ciento estuvo de acuerdo en que “una esposa debe obedecer a su esposo o pareja en todo lo que él ordene”.

Además el 14.7 por ciento expresó estar de acuerdo con que “es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo o pareja”, lo que alerta sobre la normalización de la violencia de género pese a las esfuerzos institucionales por erradicarla.

México incumple mayoría de recomendaciones de CEDAW

ran deuda en materia de derechos femeninos


Por la Redacción

México, DF, 17 jul 12 (CIMAC).- Durante la 52 sesión del Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Coalición CEDAW ciudadanía declaró que México está en deuda con las mujeres al incumplir la mayoría de las recomendaciones de la Convención.

La Coalición CEDAW ciudadanía, integrada por 113 organizaciones civiles, expuso en un comunicado que en los últimos 11 años México ha recibido más de 66 recomendaciones del Comité CEDAW, y 248 de otros mecanismos internacionales, las cuales en su mayoría no fueron cumplidas por el Estado mexicano, y por tanto fueron violados los derechos femeninos.

Respecto a los derechos políticos, la Coalición reconoció un avance en las últimas elecciones debido a que creció la presencia de las mujeres a 37.2 por ciento en cargos de elección popular.

En 2011 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) obligó a los partidos políticos a postular un mínimo de 40 por ciento de candidatas a diputadas federales y senadoras.

La Coalición advirtió que es necesario garantizar que no haya ningún tipo de discriminación contra las mujeres en materia electoral.

En materia educativa, las organizaciones civiles dijeron que las acciones gubernamentales son “precarias”, ya que carecen de medidas para atender y sancionar la violencia de género, el acoso y hostigamiento sexual dentro de las escuelas. De la misma forma, agregaron, no se ha implementado el Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos.

Sobre derechos reproductivos, calificaron como “alarmantes” los altos índices de mortalidad materna, especialmente en mujeres indígenas que no tienen fácil acceso a los centros de salud, como es el caso del estado de Oaxaca.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la práctica de la cesárea, comparada con el parto vaginal, aumenta tres veces el riesgo de que las mujeres mueran o se enfermen. También incrementa los problemas respiratorios en el recién nacido.

Sin embargo, según el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), en este estado sureño sólo 6 de cada 10 partos, en promedio, son por vía vaginal, el resto son cesáreas y en buen porcentaje innecesarias.

La Coalición CEDAW ciudadanía reconoció los esfuerzos del gobierno mexicano para difundir el uso del condón como medida para prevenir embarazos no planificados, e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Sin embargo, criticó la elevada necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA), sobre todo en comunidades rurales.

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, la NIA en las mujeres de 15 a 19 años de edad es de 25 por ciento; y en las que hablan una lengua indígena es de 21.5 por ciento, frente al 9 por ciento de las que no hablan este idioma.

La Coalición consideró como un acierto de la autoridad la despenalización del aborto en la Ciudad de México (2007). No obstante y a pesar de que el aborto por violación es legal en todo el país, el acceso en este caso es casi nulo, acotó.

El Comité de la CEDAW es un instrumento internacional integrado por 23 expertas, que analiza que los Estados cumplan con las recomendaciones de la Convención a favor de los derechos de las mujeres.

México firmó la CEDAW el 17 de julio de 1980 y la aprobó el 23 de marzo de 1981; un año después presentó su primer informe al Comité de esta Convención.

Expertas de CEDAW exigen respuestas al Estado mexicano

Critican “ambigüedad” de acciones a favor de las mujeres

Por Lucía Lagunes Huerta, enviada

Nueva York, 17 jul, 2012 (CIMAC).- El Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), criticó al Estado mexicano por la ambigüedad de sus respuestas sobre los supuestos avances de las políticas implementadas a favor de los derechos de la población femenina. 

Dubravka Šimonović, una de las 23 mujeres de diversos países que integran el Comité de Expertas de la CEDAW, pidió a las y los representantes del Estado mexicano respuestas concretas y no sólo la enumeración de leyes aprobadas en beneficio de las mujeres.

Y es que hoy la delegación de funcionarias y funcionarios mexicanos, encabezada por el embajador de México ante Organismos Internacionales, Luis Alfonso de Alba Góngora, presentó en la sede de la ONU un informe de las acciones emprendidas para eliminar la discriminación contra la población femenina, como parte de la evaluación internacional sobre el cumplimiento de los compromisos de la CEDAW.

“¿Cual es el nivel de reducción de las diversas formas de violencia contra las mujeres, para pensar que realmente se ha garantizado que ellas vivan seguras? Pido respuestas, no sólo leyes. ¿Cuál es el objetivo que se han trazado? ¿Cuántos asesinatos menos hay? ¿Cuántas desapariciones menos hay para decir que sí han logrado su objetivo?”, cuestionó severamente Šimonović.

Las expertas del Comité restantes tampoco ocultaron su insatisfacción por las extensas, pero “imprecisas” respuestas de la delegación oficial mexicana.

Soledad Murillo de la Vega, también integrante del Comité de evaluación, manifestó su indignación ante la impunidad en torno a las violaciones sexuales cometidas por fuerzas policiales contra 26 mujeres en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006.

“¿Cómo es posible que cuando las mujeres fueron violadas en el traslado realizado por la propia policía, al día de hoy no haya un solo detenido?”, cuestionó la especialista.

Ante la ambigüedad de las respuestas de las y los representantes gubernamentales, la presidenta del Comité de Expertas, Silvia Pimentel, exigió información puntual y concreta.

La jefa alterna de la delegación mexicana, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) Rocío García Gaytán, pidió al resto de funcionarias y funcionarias que dieran respuestas claras a las preguntas que hicieran las expertas de la ONU.

DISCURSOS VACÍOS

Las primeras representantes del Estado mexicano en comparecer ante el Comité de la CEDAW fueron la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Senado, María Serrano, y la responsable de la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres (Conavim), Dylcia García.

Ésta última dijo al Comité de Expertas que la Conavim tiene “acciones de impacto” para enfrentar la violencia contra las mexicanas, y presumió los bancos de datos para el registro de mujeres desaparecidas, el Protocolo Alba, la Alerta Amber, los Centros de Justicia, entre otras medidas.

En sus respectivos turnos, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, y el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Facundo Rosas, sólo enlistaron leyes, programas, cursos de capacitación y hasta informes de trabajo de sus dependencias.

La secretaria de Seguimiento de los Programas de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación, Mónica Maccise Duayhe, dio a conocer el número de talleres impartidos en formación de la perspectiva de género, y el número de funcionarios beneficiados.

Rocío García Gaytán tuvo que insistir a la delegación del Estado mexicano en que se aterrizaran las respuestas. “Estamos perdiendo un tiempo valioso”, lamentó.

Sobre la violencia contra defensoras de Derechos Humanos y mujeres periodistas, Dylcia García aseguró que se ha actuado de “manera contundente y rápida” ante este “fenómeno”, ya que –informó– se han iniciado 228 averiguaciones previas sobre esos casos, y que 66 se refieren a violencia contra comunicadoras.

Abundó que entre 2010 y 2012, nueve informadoras han sido asesinadas, y que se han emitido 108 medidas cautelares para periodistas y sus familias, incluso dentro de las instalaciones de los medios de comunicación.

Mujeres en la sombra

Lydia Cacho Plan b*


Por Lydia Cacho

México, DF, 17 jul 12 (CIMAC).- Pocas veces en la historia, más de 50 organizaciones de mujeres se habían preparado tan bien para contrarrestar las mentiras que, por órdenes presidenciales, se plantean ante organismos internacionales sobre los avances de México en el cumplimiento de sus compromisos para asegurar el bienestar y la justicia.

Representando a miles de mujeres, se llevaron a Nueva York 18 informes perfectamente documentados sobre cómo los gobiernos locales y el federal han dejado en la indefensión a millones de mujeres y niñas.

Cuando Felipe Calderón, representando al país entero, firmó la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), comprometió a su gobierno ante la comunidad internacional a llevar a cabo prácticas pro-igualitarias que asegurasen el cumplimiento de este mecanismo.

Los fallos son irrefutables aunque el representante gubernamental lleve cifras alegres. A estos documentos de la sociedad civil se les denomina “informes sombra”. A la luz van los oficiales y tras ellos la realidad que la sociedad no está dispuesta a callar.

No cabe duda de que en el contexto de la guerra, la violencia contra mujeres y niñas ha agravado la situación, particularmente en estados como Chihuahua.

Las organizaciones Justicia para Nuestras Hijas, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Mukira A.C., documentan que entre enero y febrero de 2012 por lo menos 12 cuerpos de mujeres y niñas se encontraron en un terreno en el Valle de Juárez, lo que evidencia que los asesinatos seriales de mujeres y niñas basados en la violencia de género no son cosa del pasado.

En todos los casos documentados se había solicitado ayuda de la autoridad que con total ineficacia, ni siquiera comenzó las búsquedas.

Entre 2007 y 2011 se registraron 92 denuncias de desapariciones forzadas, en varias de ellas se ha señalado al Ejército mexicano y a la Policía Federal como responsables.

Chihuahua tiene, según cifras oficiales, la tasa de homicidios de mujeres más alta en el mundo, con 34.73 asesinatos por cada 100 mil mujeres; 17.15 veces más alta que la tasa de homicidios femeninos a nivel mundial.

Sin embargo, el gobernador César Duarte sigue negando la grave problemática, mientras que el gobierno federal la descalifica argumentando, falsamente, que es resultado de las pugnas entre cárteles.

No sólo Enrique Peña Nieto evitó que se aplicara la Alerta de Violencia de Género (AVG) mientras era gobernador. Equis revela que desde 2008 hasta 2011 se han otorgado 19 millones de pesos para el Fondo Nacional para la Declaración de la AVG, pero únicamente se han ejercido 1.3 millones de pesos.

Los gobiernos estatales impiden que se aplique dicha alerta y a su vez quienes conforman el Consejo imposibilitan su operación adecuada y transparente de un mecanismo que bien podría proteger a las mujeres y niñas de cada estado en riesgo.

Todo parece indicar que quienes determinan las Alertas de Género se preocupan más por proteger la imagen de los gobernadores y procuradores que la vida de las mujeres.

En el país el feminicidio ha aumentado un 68 por ciento. En 15 meses desaparecieron 3 mil 140 mujeres y niñas en nueve estados del país; las procuradurías no hacen efectivos sus mecanismos de búsqueda, aludiendo que ellas se fueron “por su voluntad”.

No ha caído ni el mínimo peso de la ley contra quienes ultimaron la vida de 13 mujeres periodistas, ni sobre quienes amenazaron de muerte, encarcelaron y persiguieron a 100 reporteras. Tampoco se han esclarecido las muertes de 11 defensoras de Derechos Humanos que protegían la vida e integridad de personas de su comunidad.

El Estado tampoco ha invertido recursos suficientes para implementar programas para la educación de igualdad de género; mientras que en un grave retroceso 17 estados aprobaron leyes contra la interrupción legal del embarazo, incluso en casos de violación, provocando un clima de persecución contra las mujeres.

Estos informes son de vital importancia porque evidencian que los políticos, sin importar el partido al que pertenezcan, siguen demostrando que la violencia de género es un asunto menor al que se acota con medidas parciales y presupuestos ínfimos, negando que casi 52 por ciento de la población la constituyen las mujeres que merecen vivir en un ambiente de igualdad y justicia.

Luego de que este martes 17 presenten sus informes, las organizaciones volverán a México a seguir trabajando para la defensa de los Derechos Humanos, a enfrentar problemas y buscar soluciones ante un sexismo perenne y transexenal que se perpetúa desde todos los partidos políticos y en buena parte de la sociedad.

Twitter: @lydiacachosi

*Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.

Defensora chiapaneca sale del estado por amenazas de muerte

Desde hace 3 años es hostigada y autoridades no la protegieron


Por Patricia Chandomí, corresponsal

Tuxtla Gutiérrez, 17 jul 12 (CIMAC).- Luego de dar testimonio de las violaciones a los derechos humanos (DH) cometidas en México ante el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) la defensora Margarita Martínez, informó que saldrá de Chiapas al no existir garantías para su integridad y la de su familia.

Dijo que ante la ineficacia del gobierno de Chiapas encabezado por Juan Sabines Guerrero y del gobierno federal para proteger su vida y su seguridad, dejará de vivir en el sureño estado.

Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien ha acompañado a Margarita desde 2009, criticó la incapacidad del Estado mexicano para proteger a la activista pues pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió medidas cautelares para ella y su familia, las amenazas de muerte continúan.

La última fue recibida el pasado 30 de junio, previo a su participación ante el Comité de Expertas de la CEDAW. Cabe recordar que desde 2009 Margarita y su familia comenzaron a ser amenazados, después de que denunció un cateo ilegal a su domicilio en Comitán de parte de elementos policiacos. De ese año a la fecha suman ya 6 amenazas de muerte, además ha sido secuestrada y violentada.

En el marco de la 52 sesión de la CEDAW, Margarita Martínez, junto con otras defensoras de derechos humanos pertenecientes a la Red Nacional de Defensoras de México denunciaron la situación de violencia contra las defensoras en el país. "En México se ha producido un aumento alarmante de violencia en contra de defensoras de Derechos Humanos. Una violencia invisibilizada y disminuida en su gravedad, características y consecuencias en el contexto generalizado de impunidad, violencia y criminalización de la protesta social que vive el país” dijo Margarita.

Las medidas de protección que el gobierno de Chiapas ha implementado a favor de Margarita Martínez como parte de las medidas cautelares solicitadas por la CIDH han sido deficientes y no han logrado inhibir las amenazas ni reducir el riesgo, por lo que ella y su familia han decidido abandonar el estado.

“Cuando las amenazas son de tal magnitud y las defensoras y defensores de derechos humanos se ven obligados a abandonar su lugar de residencia se vulnera el derecho a la residencia y a la circulación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que se violan estos derechos cuando un defensor o defensora es víctima de amenazas y el Estado no provee las garantías necesarias para que pueda transitar y residir libremente en el territorio de que se trate, incluso cuando las amenazas provengan de actores no estatales” argumentó el Frayba.

Violencia endémica viven mexicanas dicen expertas de ONU

Sorprende a Comité de CEDAW falta de cifras de asesinadas


Por Lucía Lagunes Huerta, enviada

Nueva York, 17 jul 12 (CIMAC).- Expertas de Naciones Unidas reconocieron que la situación de violencia e impunidad que se vive en México se ha convertido en una situación peligrosa para las mujeres y señalaron que los índices de violencia contra ellas han alcanzado niveles endémicos.

Así lo manifestaron el día de ayer durante la sesión pública en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, tras escuchar a las representantes de 113 organizaciones de mujeres quienes denunciaron la grave situación de violencia que enfrentan las mexicanas.

Las feministas, defensoras, indígenas, académicas y periodistas que representan a 113 organizaciones de mujeres en México, denunciaron ante el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) la política de simulación del Estado Mexicano en el cumplimiento de la aplicación de dicha Convención.

Las 30 representantes mexicanas tuvieron dos momentos de reunión, uno privado y otro público, y  fueron acompañadas de la presidenta del Comité, Silvia Pimentel y la relatora para México, Soledad Murillo. En ambas sesiones las expertas expresaron su preocupación e interés por entender lo que está sucediendo en México.

Esto ocurrió a un día de que el Estado mexicano rinda cuentas sobre las acciones adoptadas para la eliminación de la discriminación contra las mujeres, las representantes de las ONG mexicanas informaron sobre el contenido vertido en 18 informes sombra.

Al Comité de Expertas le sorprendió la ausencia de datos confiables sobre feminicidio y desapariciones de mujeres, así como la falta de consulta de las ONG por parte del gobierno mexicano para la elaboración del Informe Oficial, lo cual es un mandato del propio Comité.

Las organizaciones denunciaron el aumento de violencia contra las mujeres producto de la militarización generalizada en México. En particular destacaron que entre 2007 y 2009 el feminicidio se incrementó en promedio un 68 por ciento a nivel nacional, y que entre 2010 y 2011 desaparecieron 3 mil 149 mujeres en nueve estados de la República.

Otro tema que llamó la atención de las expertas es la situación de inseguridad que viven las periodistas y defensoras de derechos humanos en México, quienes informaron que, de 2005 a 2012, trece mujeres periodistas han sido asesinadas y más de 100 denunciaron algún tipo de violencia en el ejercicio de su labor.

En el caso de las defensoras en los últimos dos años, once fueron asesinadas. Los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Veracruz son los más peligrosos para defensoras y mujeres periodistas.

En relación a Derechos Reproductivos, las representantes mexicanas informaron que en 2007 en la Ciudad de México se despenalizó el aborto hasta las 12 primeras semanas de gestación, y pese a que fue un cambio positivo, generó que 16 estados de la República modificaran sus constituciones para proteger la vida desde la “concepción-fecundación”.

En respuesta a estos cambios legislativos, el Comité mostró preocupación por el clima de persecución penal hacia las mujeres y por las denuncias por parte del personal de salud de quienes abortan, con intención o sin ella.

Otro de los temas que se abordaron en la sesión fueron el acoso y hostigamiento sexual, los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, y los derechos de las mujeres indígenas y en este sentido las defensoras de los derechos de las mujeres indígenas recomendaron realizar un diagnóstico sobre las secuelas de la militarización y del despojo de los recursos naturales en sus comunidades.

A pregunta expresa del Comité sobre las expectativas que las organizaciones de mujeres mexicanas tienen sobre el nuevo gobierno, éstas clarificaron que existe una impugnación a la elección presidencial y por lo tanto no existe todavía certeza de quién gobernará México.

Al referirse al ex-gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, las representantes apuntaron que es precisamente ese estado el que registra el mayor índice de feminicidio (922 asesinatos durante su administración).

Destacaron la impunidad respecto al caso Atenco, ocurrido en 2006 cuando él era gobernador de la entidad, así como su negativa para realizar una investigación sobre la violencia contra las mujeres en el Estado de México y declarar así una Alerta de Violencia de Género estipulada en la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, que entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países, entre ellos México.

El Comité de expertas está compuesto por 23 mujeres de varios países y recibe informes de los Estados cada cuatro años para estudiarlos, formular propuestas y recomendaciones.

México “presumirá” logros para abatir discriminación contra mexicanas

Ante CEDAW destacará avance en participación política


Por la Redacción

México DF, 17 jul 12 (CIMAC).- Este día el Estado mexicano rendirá ante el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) un informe de las acciones emprendidas para eliminar la discriminación contra las mexicanas entre las que destacará el incremento de la participación política de las mujeres y la armonización  legislativa.

En un comunicado, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) cuya titular Rocío García Gaytán encabeza la delegación oficial mexicana en Nueva York, señaló que el informe oficial es de 2006 a lo que va de 2012 y contiene tres ejes principales: igualdad, combate a la violencia y eliminación de la discriminación.

Los resultados del gobierno mexicano se mostrarán ante el  comité de 23 expertas de la CEDAW, quienes vigilan y siguen las acciones emprendidas por los Estados que han suscrito la Convención, para eliminar la discriminación contra las mujeres.

El gobierno mexicano informará de los avances del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad), así como las acciones desarrolladas por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), de Salud y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

También hablará del avance en representación y participación política el cual fue resultado de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en noviembre de 2011, con la cual se obligó a los partidos políticos a postular por lo menos un 40 por ciento de candidatas a diputadas y senadoras.

Cabe recordar que dicha sentencia fue impulsada por un grupo plural de mujeres académicas, feministas, políticas, quienes promovieron la cuota al interior de los partidos políticos para estas elecciones.

Respecto al eje de violencia, se darán a conocer los nuevos marcos derivados de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.

Por su parte, 113 organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DH) aglutinadas en la Coalición Cedaw Ciudadana que se encuentran en Nueva York, presentaron 18 informes alternos al oficial donde advierten de la simulación del Estado mexicano para decir que ha cumplido y donde documentan la violencia y graves violaciones a derechos humanos que continúan enfrentando las mexicanas.

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, que entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países, entre ellos México.

El Comité de expertas está compuesto por 23 mujeres de varios países y recibe informes de los Estados cada cuatro años para estudiarlos, formular propuestas y recomendaciones.

Violencia contra indígenas: producto de militarización, dicen ante CEDAW

Representantes de mujeres indígenas recuerdan Castaños y Ernestina Ascencio

Por Lucía Lagunes Huerta, enviada  

Nueva York, 17 jul 12 (CIMAC).- Mujeres Indígenas mexicanas  denunciaron en Naciones Unidas  la violencia que viven por la militarización de sus territorios, la violencia sexual, tortura y encarcelamiento arbitrario de la que son víctimas cotidianamente.

Representantes  de Oaxaca y Guerrero quienes acuden por primera vez ante el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), informaron que producto de la militarización que se vive en el territorio mexicano las indígenas están viviendo el acoso sexual, la prostitución forzada y la servidumbre obligatoria en los espacios ocupados por militares.

En su informe sombra titulado “Mujeres Indígenas en México: por un cambio de paradigma”, las representantes de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, documentaron las graves secuelas de la militarización de sus territorios en la vida de las mujeres.

Recordaron las indignantes violaciones sexuales cometidas por 20 militares contra 13 mujeres, en la zona de de tolerancia de Castaños, Coahuila, durante las elecciones presidenciales del 2006.

La violación de la indígena náhuatl Ernestina Ascencio por elementos castrenses en febrero de 2007 en Zongolica, Veracruz, quien no sólo no recibió justicia sino que se encubrió desde la máxima autoridad del país a sus violadores.

Las representantes indígenas aseguraron que los objetivos de la ocupación militar en contra de las mujeres indígenas es neutralizar la oposición indígena para incautar sus tierras y territorios.

Afirmaron que la estrategia militar busca desmoralizar y debilitar a los pueblos indígenas a través del terror y del rompimiento de su composición étnica territorial y que la violación sexual es considerada como un arma de guerra.

Exigieron dejar de ser caracterizadas como grupos vulnerables, o a los cuales hay que beneficiar o ayudar pues reivindicaron su contribución a las economías nacionales con el manejo y protección de los recursos naturales, la producción de alimentos y la soberanía alimentaria, la atención a la salud sexual y reproductiva, la transformación de saberes tradicionales, el cuidado de niñas, niños y mayores.

Por ello solicitaron al Comité de la CEDAW la elaboración de un diagnóstico sobre violencia militarizada contra mujeres indígenas y la adopción de medidas específicas para éstas.

El día de hoy el Estado mexicano será cuestionado sobre las acciones tomadas para eliminar todas las formas de discriminación hacia las mexicanas.

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, que entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países, entre ellos México.

El Comité de expertas está compuesto por 23 mujeres de varios países y recibe informes de los Estados cada cuatro años para estudiarlos, formular propuestas y recomendaciones.