Mujeres y niñas indígenas peruanas son las que más sufren

Servindi

Adital

Las mujeres y niñas indígenas no solo padecen las violaciones a los derechos humanos que suelen darse contra la población originaria en general, sino que además padecen de otras vejaciones y atrocidades. Así lo sostiene el informe anual de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, presentado el 22 de setiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Múltiples formas de violencia
Un aspecto dramático que presenta dicho informe, a partir de la información que recoge, es que una de cada tres mujeres indígenas ha sido violada. En algunos casos los responsables son funcionarios estatales o autoridades militares que buscaron "socavar la determinación de las comunidades indígenas en las disputas militarizadas sobre tierras y recursos”, indica. En otros, esto se da debido a que las mujeres y las niñas indígenas que desempeñan trabajos domésticos en casas particulares se encuentran expuestas a ser abusadas por sus empleadores.


Otro gran problema expuesto es la trata de mujeres y niñas indígenas. Según el informe, al verse obligadas a dejar sus tierras y emigrar a zonas urbanas, se ven altamente vulnerables a múltiples abusos como la explotación y violencia sexual.
Lo mismo ocurre con los proyectos de turismo que se promueven en zonas de importancia para los pueblos originarios, ya que dan origen a la trata de mujeres y niñas, agrega el informe.
El estudio también habla sobre los homicidios por razones de género, crímenes que pueden darse contra las mujeres indígenas "como resultado de su marginación y opresión social, cultural, económica y política, que conduce a la violência”.
En otro párrafo, el documento se refiere a la violencia en contexto de conflicto, escenario en el que la situación de las mujeres y niñas indígenas es particularmente crítica, puesto que ya están expuestas a múltiples formas de discriminación. Países como Colombia, Filipinas, Guatemala, México, Nicaragua, Nigeria y Perú, registran mujeres y niñas víctimas de violencia por motivos de género en conflictos, precisa el informe de la relatora especial.
Otra preocupación expuesta es la violencia que se da en nombre de la tradición, como la mutilación genital femenina o los matrimonios infantiles, que además de ser una forma de violencia, viola los derechos de los niños a la educación y a la vida familiar, a la vida y a la salud.
Mujeres y libre determinación
El derecho de las mujeres a la libre determinación también es un factor que presenta el informe. "La respuesta dada por las comunidades indígenas a los ataques contra la libre determinación en ocasiones ha contribuido a subyugar aún más los derechos de las mujeres”, explica el documento.
Explica así que "en la lucha librada por las comunidades indígenas a fin de reivindicar su derecho a la libre determinación, los derechos de las mujeres a menudo se han considerado desintegradores y externos a la lucha indígena y vinculados a "valores externos” o "valores occidentales” que hacen primar los derechos individuales sobre los derechos comunales”.
"Tal falsa dicotomía entre los derechos colectivos y los derechos de las mujeres ha, paradójicamente, arraigado aún más la vulnerabilidad de las mujeres indígenas a los abusos y la violencia”, continúa.
Finaliza ese punto, señalando que "las mujeres indígenas se ven por lo tanto privadas de su derecho a la libre determinación tanto por las violaciones de sus derechos colectivos, en cuanto miembros de las comunidades indígenas, como por las violaciones de sus derechos individuales, como subcolectivo dentro de esas comunidades”.
Para acceder al informe completo hacer clic en el siguiente enlace:
Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (2015)

Criminalizar el periodismo, ¿qué sigue?

   QUINTO PODER
Argentina Casanova*


Los tiempos en México son críticos. El Alto Comisionado para la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, dijo: “Hago un llamado urgente a ofrecer mayor protección a los defensores de Derechos Humanos y a periodistas. En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje. Todos estamos de su lado. Todos queremos ayudar a México”.

Y esa frase nos pone en contexto de la gravedad de las violaciones a los derechos de las personas en este país. Especialmente de las y los periodistas.

El Estado avanza en sus formas de criminalización de la protesta, pero también de quienes cubren las protestas, de periodistas, fotógrafos y por supuesto de las defensoras y defensores de Derechos Humanos (DH) que son por excelencia población “incómoda” para el régimen totalitario que se posiciona en la medida en la que se restringen los derechos.

Hace unos días se registró un caso que poco llamó la atención, aunque de fondo entraña una situación de gravedad para la libertad de expresión y que evidencia el afán de criminalizar a periodistas, en tanto que a los protagonistas de los partidos que son señalados constantemente por realizar actos de proselitismo fuera de los calendarios electorales, no sólo no los tocan ni con el pétalo de una rosa, sino que podrían ser considerados para el gabinete si el color de su partido es bien visto en el gobierno federal, como es el caso del ex dirigente del PVEM, Arturo Escobar.

Escobar llegó a la Secretaría de Gobernación (Segob) con una larga lista de antecedentes y señalamientos respecto a actos ilícitos durante las campañas, notas al por mayor lo vinculan con diversas violaciones a las leyes electorales, pero nada sucedió.

En cambio sí sucedió cuando de periodistas se trató. Ahí sí se ejecutó acción rauda y veloz por parte de las autoridades responsables que actuaron de inmediato y continúan en el proceso.

Se dio inicio a procesos penales en contra de periodistas por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República, acusados de delitos electorales como la publicación de encuestas durante la llamada “veda electoral”.

Artículo 19, organización que defiende el trabajo de las y los periodistas, ha retomado el caso en el que se ha involucrado a informadores de varios estados del país, especialmente cuatro del estado de Campeche.

Lo que hizo la FEPADE fue, justamente, hacer lo que se le demandaba que hiciera en contra de políticos que se han enriquecido gracias a la impunidad con la que se mueven y cometen actos que claramente violan el Estado de Derecho.

“La FEPADE inició los procesos para la aplicación del artículo 403 fracción XIII del Código Penal Federal, con lo cual se iniciaron acciones penales contra periodistas presuntamente por difundir encuestas en un diario local, donde se desempeñó como editor sin que en realidad tuviera capacidad de decidir la línea o política editorial”, señala Artículo 19.

Personalmente conozco a los periodistas involucrados, al que menciona Artículo 19 especialmente: Joaquín Vargas, compañero de trabajo desde hace varios años, es lo que se conoce como un “periodista de a pie”, el que talachea diariamente en busca de la información y que en su paso por espacios de redacción trabaja hasta las horas de cierre.

Un obrero de la comunicación contra quien el Estado a través de sus fuerzas policiales inició acciones, al parecer igual que contra otros periodistas de otras entidades que aún están resolviendo estas situaciones.

Lo que hay detrás de este hecho es lo que debe preocuparnos, la criminalización de la actividad periodística que arrastra a quienes tienen la tarea diaria de informar y que es contra quienes el Estado ha puesto su fuerza a través de la FEPADE y la PGR.

¿Por qué el Estado ha sido omiso para actuar en contra de Escobedo, flamante funcionario de la Segob, contra quien la sociedad civil ha manifestado y reiterado que no es un interlocutor adecuado, además de no tener ninguna credibilidad por sus antecedentes partidistas gansteriles?

Es de preocuparse que la fuerza del Estado se centre en contra de periodistas y no en contra de los personajes que desde la política violan descaradamente el Estado de Derecho.

Retomando lo que dijo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, “no maten al mensajero”, y esto aplica para las y los periodistas que sólo tienen por delante señalar las cosas que se están haciendo mal y muy mal en el país.

Las y los periodistas no son quienes están haciendo las cosas mal, sólo nos toca escribirlo, aunque crean que callando a quienes escriben es como mejorarán la realidad. Pero ésta seguirá ahí para cuando abran los ojos, empeorando, si no asumen que las cosas andan muy mal.

*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
  Cimacnoticias | Campeche.-

En Ciudad Juárez continúan las desapariciones y los asesinatos de mujeres y niñas, advierten

Ya la encontró, ya estese quieta, 

le dijo un funcionario de Chihuahua

Desde hace tres años, Susana Montes ha recibido poco a poco los restos de su hija

Para Susana Montes Rodríguez aún no hay justicia ni descanso por el asesinato de su hija

Foto Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Ya la encontró, ya estese quieta; descanse, le dijo el funcionario a Susana Montes Rodríguez al entregarle este año restos de su hija María Guadalupe Pérez Montes, desaparecida en 2009, un proceso agónico que aún no termina: hace tres años me entregaron el cráneo, ahora me dan otro pedacito, unas costillitas de ella; así nos están abriendo la herida. Mi hija no puede descansar, como tampoco nosotros.

Susana recorre la orilla del arroyo El Navajo, en el denominado valle de Juárez, a la altura del municipio El Porvenir, a unos 77 kilómetros de esta ciudad, donde en los años recientes han sido encontrados los restos de 27 jóvenes, incluida su hija.

Retira el polvo de la cruz rosa que lleva el nombre de María Guadalupe, donde le escribió con tinta negra: Te amo con todo mi corazón. Te extrañamos mucho.

Respira hondo, aguantando el llanto, y señala: mi lucha sigue, porque a mí me entregaron nomás el cráneo de mi hija y ahora otros huesitos, pero, ¿dónde están los demás restos? Los otros no eran de ella.

A Susana le entregaron hace tres años casi la totalidad de los restos de su hija desaparecida a la edad de 17 años, pero un análisis independiente del Equipo Argentino de Antropología Forense determinó que no eran de ella: Me habían entregado casi todo, nomás le faltaba una piernita, pero yo no los quise aceptar. Luego los antropólogos argentinos nos ayudaron a sacar el dictamen y desgraciadamente salió positivo, pero fue nomás la pura cabecita lo que resultó ser ella, lo demás no le pertenecía. A mí no me corresponde hablar de ese otro cuerpo, porque no sabemos de quién es. Por algo Dios me dijo que no aceptara esos restos.

Susana se emociona y llora. “La confianza en las autoridades de Chihuahua se pierde por todo lo que ha pasado y todas las mentiras que nos echan. ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué? ¿Quién está haciendo todo esto? Ya no queremos otro ‘Campo Algodonero’; ahora es el arroyo de El Navajo. No queremos más símbolos de feminicidios.

Ciudad Juárez sigue herida porque van a seguir los rastreos en este arroyo y siguen desapareciendo niñas y mujeres y continúan los asesinatos. ¡Ya basta de tanto dolor!

Más casos

En tan solo un fin de semana, seis mujeres fueron asesinadas en esta ciudad en los primeros días del presente mes, en distintos hechos violentos. Dos de ellas, sin identificar, aparecieron encobijadas, dijo la policía: una durante la mañana en la colonia Pedreras del Sur y la otra por la tarde en El Granjero.

De acuerdo con la Red Mesa de Mujeres, dirigida por Imelda Marrufo Nava, en lo que va del año se han registrado en esta ciudad 32 feminicidios, y en cuatro años –de 2010 a 2014– tienen contabilizados un total de 727 casos. El promedio anual es de 182, es decir, 15 mensual y cuatro a la semana.

No hay una intencionalidad institucional y las herramientas presupuestales que permitan prevenir o atender los feminicidios. Hay una minimización del problema; deberían atender la violencia contra las mujeres. Una buena parte de los agresores viven aquí en Ciudad Juárez, no son extranjeros o migrantes, dice en entrevista con La Jornada.

Comenta que en los más recientes feminicidios hay un patrón similar, en particular en los casos de las dos mujeres lanzadas a la vía pública encobijadas, porque demuestra la posible participación de integrantes del crimen organizado.

Reconoce que la ubicación fronteriza de la ciudad ayuda para la comisión de delitos, pero eso no quita la responsabilidad concreta a las autoridades de la ciudad y del estado: La mezcla de delitos es importante, el de la droga con la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Eso está claro, y hasta en juicios lo hemos probado.

La activista Marrufo Nava, lleva 23 años dedicada a la defensa de las mujeres y apoya a las madres de las niñas y jóvenes desaparecidas, cuyos restos fueron encontrados en el arroyo El Navajo y han sido parte del llamado juicio histórico celebrado este año, donde se dictó sentencia a cinco hombres por secuestrar, explotar sexualmente y asesinar a 11 jóvenes en esta ciudad durante 2009 y 2010.

El juicio histórico continúa, porque aún quedan pendientes sobre la red de trata y explotación sexual de las jóvenes que operó durante años en esta ciudad con la connivencia de las autoridades, algo que no ha sido investigado, ya que hasta ahora no hay ningún detenido ni procesado.

La policía municipal encubría a esos tratantes, de acuerdo con testimoniales que tenemos de jovencitas y algunos detenidos. Elementos del Ejército conocían de la situación y eran clientes de estos lugares de giros negros; también elementos de la Policía Federal eran asiduos a estos lugares, algunos de los cuales estaban disfrazados de tiendas de abarrotes o agencias de modelos.

Los tratantes detenidos pertenecen a un estatus bajo, así que aún faltan los jefes de la red. El tribunal oral del distrito judicial Bravo en Ciudad Juárez sentenció a 697 años de prisión a cada uno de los cinco feminicidas y a la reparación del daño por 839 mil 274 pesos para los familiares de las 11 víctimas, con lo cual César Romero Esparza, Manuel Vital Anguiano, Édgar Regalado Villa, Jesús Hernández Martínez y José Contreras Terrazas permanecerán presos de por vida en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad.

A pesar de este avance, los familiares de las víctimas siguen esperando justicia: Faltan procesos penales en contra de otros cinco hombres; tres de ellos ya están en penales federales, dos en Veracruz y uno en Jalisco, y hay otras cinco personas con órdenes de aprehensión. Falta mucho por hacer.

Faltan respuestas

Los rastreos en el arroyo El Navajo continúan. Durante el trayecto, media docena de camionetas de policías ministeriales y estatales se desplazaban a esta zona símbolo de los feminicidios.

El acceso al sitio donde encontraron los últimos restos de mujeres es difícil, porque es necesario tomar las veredas que permiten acercarse al arroyo, por la desviación que lleva al pueblo Fort Hancock, ubicado en Texas.

Este arroyo es muy grande. La misma agua fue sepultando los cuerpos, dice Susana Montes mientras retira la maleza que ha crecido entre las cruces rosas con los nombres de las víctimas, y aclara: “El ‘juicio histórico’ nos ha dejado muchas dudas. Desde el momento en que las autoridades no nos quieren ayudar, pensamos en que ellos mismos son, porque no tenemos el lugar donde las dejaron, no podemos entrar hasta allá nosotras mismas, entonces queremos saber cómo las fueron a dejar allá”.

Añade: “Se encontraron lazos, casquillos de bala. Mi hija tenía un golpe más fuerte de lo normal, fue algo contundente y no nos explicamos por qué las fueron a dejar tan lejos de donde las levantaron en el centro de la ciudad. Seguimos esperando respuestas a tantas preguntas”.

Hace unos meses, Susana testificó en el juicio y pudo mirar el rostro de los verdugos y decirles con la voz entrecortada: ¿Por qué tanta saña contra mi hija? ¿Por qué se desquitaron con una inocente? ¿Por qué me la tiraron en un lugar tan lejos? ¿Por qué le hicieron daño a tantas jóvenes inocentes? Yo no siento coraje, todo se lo estoy dejando a Dios, pero esta pena que están recibiendo no es nada para lo que Dios les tiene preparado.

Agencia de la ONU advierte crisis de refugiadas; México deporta a más mujeres desde que tiene registro

Durante la presentación del informe 'Women on the Run', el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) alertó sobre “una crisis de refugiados inminente en las Américas” debido al creciente número de mujeres de Centroamérica, y de "algunas partes de México", que huyen de sus países por la violencia de las pandillas y el crimen organizado.

octubre 30, 2015Manu Ureste (@ManuVPC) // Gráficas: Omar Bobadilla (@Obobadilla)

Larissa tiene 26 años y hace cuatro meses que salió huyendo de un pueblo de Honduras, del que prefiere no decir el nombre.
“La decisión de ir a Estados Unidos la tomé porque las pandillas están extorsionando al país entero –narra la hondureña, mientras con un cucharón de plástico mueve sin mucho ahínco el arroz blanco que fríe en un viejo sartén-. Allá en mi país hay que pagar siempre el ‘impuesto de guerra’ (la extorsión) a las maras (las pandillas). Y aunque no tengás dinero o empresa propia, ellos siempre andan cobrando a la gente ese impuesto”.
La centroamericana sonríe cansada. Lleva dos meses en el albergue de migrantes de Arriaga, en Chiapas, y aunque asegura que agradece la ayuda que le brinda el refugio, confiesa con voz sibilina que cuando junte unos cuantos pesos más reanudará el camino que la lleve hasta Virginia, en Estados Unidos. Allí, cuenta ahora con una sonrisa franca y sin reparar en los números obstáculos que aún la aguardan, espera encontrar para ella y sus dos hijas un refugio lejos de las extorsiones de las pandillas que las acosan.
“En Honduras la mara está multiplicada –explica, ahora con la mirada puesta en otra olla desconchada donde hierven un puñado de frijoles negros, que ella misma lavó hace unos minutos-. Hay maras por todo el país. Y no solamente una, son muchas. Demasiadas –puntualiza con los ojos negros muy abiertos-. Pero el gran problema son las dos principales, que son la MS13 (Mara Salvatrucha) y el Barrio 18. Entre ellos andan haciendo competencia para ver quién es más fuerte, y en todos eso enfrentamientos vamos incluidas las personas normales que nada tenemos que ver con ellos”.
A continuación, cuando se le cuestiona si en el camino se ha encontrado con otras mujeres centroamericanas que, como ella, también huyen de la violencia de las pandillas, Larissa asiente con la cabeza varias veces, y comenta bajando la voz que, además de las extorsiones, muchas de las jóvenes que vemos en albergues como el de Arriaga se han visto obligadas a huir simplemente porque un pandillero se fijó en ellas.
“En Honduras, cuando un marero le gusta una chica inmediatamente se hace dueño de ella. Así de fácil –chasquea los dedos-. No importa si no querés, porque solo tenés dos opciones: acceder a ser novia del marero, o van a por tu familia y luego a por ti. Y luego, una vez que ya seas su novia, te tatúan. Porque ya tenés que estar bien plaqueada. Allá la Mara lo identifica todo, es una mafia”, concluye la joven hondureña, que vuelve a mover el arroz en la sartén sin demasiado esmero.

Deportación de mujeres migrantes aumentó 59%

El testimonio de Larissa, que fue recabado por Animal Político durante un recorrido por la frontera sur para la elaboración de un especial sobre migrantes, es un ejemplo más de los miles de casos de mujeres, especialmente del Triángulo Norte de Centroamérica -Honduras, Guatemala y El Salvador-, que están abandonando sus países ante el aumento de la violencia perpetrada por las pandillas y el crimen organizado.
Una violencia descontrolada que, tal y como alertó ayer la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR, por sus siglas en inglés) ha llegado a tal punto que está generando “una crisis de refugiados inminente en las Américas”.
Durante la presentación en Washington DC del informe Women on the Run (Mujeres en Fuga), el cual recaba entrevistas a 160 mujeres que, como Larissa, huyeron de Centroamérica y también de “algunas partes de México”, el Alto Comisionado del ACNUR, Antonio Gutierres, advirtió que la crisis de refugiados que observa el mundo no está limitada sólo al Medio Oriente o a África, sino que también se desarrolla en las Américas.
“Este informe es una alerta temprana para crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan las mujeres refugiadas y un llamado a la acción para responder a nivel regional a una crisis de refugiados que se anuncia inminente”, subrayó Gutierres.
Sin embargo, este llamado del ACNUR a que los países de Centroamérica y Norteamérica tomen medidas ante la crisis de refugiadas, como establecer “las capacidades adecuadas” para que en las fronteras se realice una correcta “identificación de personas en necesidad de protección internacional”, choca con las cifras de detenciones y deportaciones de mujeres migrantes en México.
Especialmente, con las registradas en este 2015, año en el que las autoridades migratorias mexicanas batieron el récord de detenciones y deportaciones de mujeres desde que se tiene registro.
De acuerdo con el último reporte de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, de enero a agosto de 2015, es decir, en ocho meses, se llevaron a cabo 30 mil 165 eventos de detención de mujeres migrantes; 63% más que en todo 2014, cuando se contabilizaron 18 mil 464 eventos; y hasta 230% más que 2013 (9 mil 115), el primer año de Peña Nieto en Los Pinos.

En cuanto a los eventos de devolución de mujeres realizados por el Instituto Nacional de Migración (INM), es decir, las deportaciones, de enero a agosto de este año se realizaron 24 mil 655, 59% más que en 2014 (15 mil 502); y 171% más que en 2013 (9 mil 095).

De hecho, tanto el número de detenciones de mujeres de migrantes, como el de deportaciones registrado en ocho meses del presente año, es el mayor registrado en México desde que el INM comenzó a desagregar sus estadísticas por sexo en 2007; año que más se aproxima a las estadísticas actuales con 21 mil 633 eventos de detención (-39% en comparación con 2015) y 20 mil 121 deportaciones (-22%).

Peticiones de refugio aumentan 79%, pero 75% son rechazadas

Por el contrario, y también en contraste con la petición del ACNUR de que los países de la Región “reconozcan la creciente situación de refugiados en la región”, las peticiones de refugio en México aumentaron 79% en 2014, pero la estadística de personas extranjeras a las que se les brindó la protección del estado mexicano no aumentó de manera proporcional.
Así, de 2 mil 137 peticiones de refugio registradas en 2014, hasta el 75% (mil 607 casos) no obtuvo el reconocimiento por diversos motivos.

Análisis y propuestas al PEF 2016

   LA VOZ DE LA COALICIÓN

En México se acaba de realizar la Segunda Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, en la cual de nueva cuenta se pone al centro el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, documento que reposiciona en el marco regional los derechos sexuales y los derechos reproductivos establecidos en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en octubre de 1995.

El Consenso se ha impulsado desde la Cepal, uno de los más altos niveles de articulación en América Latina (AL) y el Caribe, y México no sólo ratifica su firma, sino que se propuso para la segunda reunión regional para su seguimiento.

A lo largo del acuerdo se señala el compromiso de los países para establecer recursos orientados a una serie de acciones de política pública nacional en salud sexual y reproductiva.

Por ejemplo se acuerda: garantizar una dotación suficiente de recursos financieros, humanos y tecnológicos para brindar un acceso universal a la salud sexual y la salud reproductiva de todas, incluidos hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, sin discriminación alguna.

Tal compromiso se articula con los principios de la Observación General 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales —pacto signado por el país— particularmente con que el derecho al disfrute de más alto nivel posible de salud está sujeto a la realización progresiva (del derecho) y a la disponibilidad de recursos.

De igual manera se vincula con otros elementos fundamentales de los Derechos Humanos (DH), como la igualdad y la no discriminación en el acceso a la salud (incluyendo la atención al VIH, a las poblaciones indígenas y migrantes, y a las personas con discapacidad).

Estos marcos normativos internacionales señalan no sólo obligaciones, sino rutas del para qué y en qué se asignan los presupuestos en salud y en salud sexual y reproductiva en particular, acciones básicas como disponibilidad de recursos humanos capacitados en el marco de lineamientos clínicos y derechos sexuales y reproductivos, infraestructura sanitaria suficiente para cubrir las necesidades en salud de la población y con espacios habilitados culturalmente, abasto de métodos anticonceptivos y antiretrovirales, medicamentos para atención de embarazo y parto, recursos para estrategias comunitarias, y para asegurar el traslado de la población, efectivos sistemas de referencia y contra referencia, recursos para mejorar los registros y para la investigación, con el fin de mejorar la calidad de la atención considerando la diversidad poblacional y determinantes sociales.

Con todas estas consideraciones y directrices sobre la mesa, no queda sino exigir que el gobierno mexicano las realice, pero además con una implementación transparente, apegada a la rendición de cuenta permanente y procesos participativos.

Al revisar el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PEF), las promesas del discurso gubernamental de garantizar derechos en salud, y en salud sexual y reproductiva prácticamente se van al suelo.

Si el Sistema de Protección Social en Salud —a su haber, la principal fuente de financiamiento para los 32 servicios estatales de salud— presenta una reducción de -5.43 por ciento con respecto al 2015 y el gasto etiquetado en salud materna, sexual y reproductiva una tasa de decrecimiento de -7.41 por ciento en relación al mismo año, igualmente el presupuesto del Ramo 12 Salud presenta una tasa de decrecimiento de -6.73 por ciento.

De la misma forma, la fusión de los programas en salud reproductiva con el de salud materna en una sola categoría en el Proyecto del PEF 2016 atenta contra los planteamientos del propio Consenso de Montevideo, en cuanto a abordar y desarrollar acciones públicas diferenciadas por cada temática en salud reproductiva.

Es de recordar que los derechos reproductivos, por ejemplo, contienen la autonomía en diversos temas como es la decisión de tener o no hijas o hijos; sólo este planteamiento requiere de acciones en salud diferenciadas y con recursos específicos.

A la par, recursos agregados conducen a opacidad en la transparencia y a una corta rendición de cuentas, contraria a cualquier gobierno que se diga democrático.

Por último, estos recortes presupuestales evidentemente profundizarán la insuficiencia presupuestaria para el desarrollo real de los seis programas de política pública en salud reproductiva e igualdad de género, y de las estrategias dirigidas al VIH en mujeres.

Los documentos internacionales de DH mencionados ubican a las niñas y mujeres como sujetas de derechos; lo que las vulneraría de manera importante son las políticas públicas económicas. La asignación y la estructura de presentación de los recursos en salud reproductiva y en salud en el Proyecto del PEF 2016, van en tal dirección.

Las organizaciones de la Coalición demandamos a la Cámara de Diputados revertir estos graves retrocesos y actúe conforme a sus facultades de contrapeso del Poder Ejecutivo, y de modificación al Proyecto de Presupuesto.

Para lo cual se propone lo siguiente:

—Revertir la separación de los Programas Presupuestarios señalados.
—Recuperar la pérdida de -7.41 por ciento de decrecimiento en el  presupuesto para el Programa Presupuestario P020 (Salud materna, sexual y reproductiva).
—Desglosar las acciones para el ejercicio del gasto de los programas presupuestarios P020 (Planificación familiar y anticoncepción, Salud Materna y Perinatal, Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, Prevención y control del cáncer de la mujer, Prevención, Igualdad de Género en Salud y Atención de la Violencia Familiar y de Género), y el P016 (Prevención y atención de VIH/Sida y otras ITS).
—Destinar recursos adicionales y específicos al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH para acciones enfocadas a la prevención del VIH en mujeres.
—Fortalecer los recursos presupuestales para acciones específicas en salud con población indígena.
—Fortalecer la homologación de indicadores en las distintas herramientas del PEF.
—Fortalecer en el decreto del PEF 2016 los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, garantizando el acceso público a la Plataforma Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFASPE), mecanismo en el cual se registra el gasto etiquetado en salud sexual y reproductiva que se transfiere a las entidades federativas.
—Etiquetar recursos específicos para el levantamiento de una Encuesta de Análisis para  la población de 10 a 15 años —hoy invisible—, como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), único instrumento que permitirá evaluar la aplicación de esa política pública en ese grupo de edad, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Por último, es necesario que la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura considere la reinstalación del mecanismo “Mesas Interinstitucionales para la Discusión del Presupuesto para el Anexo de Igualdad”, en el que, además de las instituciones, puedan participar las organizaciones de la sociedad civil con experiencia en el tema.

*Daniela Díaz Echeverría es responsable del proyecto de Salud Reproductiva y Presupuesto Público, e investigadora en VIH en mujeres en Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
**Fundar, Centro de Análisis e Investigación es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Daniela Díaz Echeverría*

Cimacnoticias | México, DF.- 

El conjuro

   CRISTAL DE ROCA
Por: Cecilia Lavalle*


La pequeña iba y venía. Llegaba hasta la puerta, se detenía y regresaba a los brazos amorosos de su abuelo, hasta que ese hombre le regaló unas palabras mágicas.

Yo esperaba una cita médica, y estaba a punto de sacar mi celular, cuando decidí recuperar la antigua y buena costumbre de conectarme con el mundo. Fue cuando vi a la niña.

Se trataba de una pequeña de unos ocho años. Delgada, morena, con unos ojos de esos que cantan. Su cola de caballo ondeaba cada vez que iba y regresaba con su impotencia a cuestas.

La pequeña quería hacer algo para lo cual necesitaba empujar la puerta y salir de la clínica. Nunca supe qué quería. Pero me quedaba clarísimo que no cruzaba el umbral porque tenía miedo. Y, eso lo sabe cualquiera, el miedo es un poderoso muro difícil de franquear.

El abuelo, un hombre delgado con más de 60 años a cuestas, la miraba ir y venir, le sonreía y la abrazaba en cada regreso. Pero ni una sola vez hizo el intento de pararse y abrir la puerta.

“Abuelo, ¡no puedo!”, le dijo la niña. Y fue cuando el abuelo le regaló el poderoso conjuro: “¡Sí puedes, y que nunca nadie te diga que no puedes!”.

Cuántas veces usted ha dicho que no puede. Cuántas veces hemos estado en el mismo lugar que esa pequeña, queriendo cruzar el umbral de una puerta, sin atrevernos.

Quizás no tuvimos la voz amorosa que nos dijera palabras como las que pronunció aquel abuelo. Quizás sí nos las dijeron y las olvidamos.

Por eso creo que esa pequeña recibió un enorme regalo. No sólo le dijeron que Sí podía, sino que no permitiera que nunca nadie le dijera que no podía. Todo un conjuro contra la derrota anticipada.

Recordé un documental que vi en la televisión sobre la vida de Quincy Jones, uno de los más grandes compositores, arreglistas y productores musicales de Estados Unidos. Tuvo una vida llena de obstáculos. Era un hombre afroamericano en plena época de segregación racial, así que vida fácil no tuvo.

Pero la anécdota la escuché referida a sus ideas musicales. Solía tener ideas que a más de uno le parecían absolutamente descabelladas. Y él contaba que cuando alguien le decía “no se puede”, siempre respondía: “¿en serio?”. Y, claro, fue él quien produjo uno de los discos más vendidos de los últimos tiempos: “Thriller”, de Michael Jackson.

También recordé a una terapeuta. Llegué a ella porque tenía oportunidad para escribir un libro que implicaba un enorme reto; pero, como sucedía con la pequeña, yo llegaba a la puerta y me regresaba.

“No puedo”, le dije. Y ella me respondió “aún”. “No puedo aún”, completó. Cada vez que pienses “No puedo”, agrega “aún”. Y entonces lo que sigue es encontrar el modo, dar los pasos para que sí puedas.

Fueron palabras mágicas. Desde luego escribí ese libro y un par más. A ese conjuro me aferro cada vez que necesito cruzar algún umbral. Y ese conjuro le regalo a mi hija y a mi hijo cada vez que quieren cruzar un umbral y se detienen en la puerta.

La pequeña fue y vino de esa puerta un par de veces más, hasta que las palabras del abuelo resonaron en su corazón. Abrió la puerta, salió y regresó de inmediato. Su cara era la viva expresión de la victoria.

Entró y salió tres veces más. Y a mí no me quedó duda de que esa pequeña lograría cada sueño. Le habían regalado el conjuro más poderoso que se le puede entregar a una niña.

Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com.

*Periodista y feminista en Quintana Roo, México, e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.


CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina
Cimacnoticias | México, DF.- 

Viven afrobrasileñas bajo la violencia de un Estado racista

   Tasa de asesinatos es el doble de las mujeres caucásicas

La reciente divulgación del Ministerio de Justicia de Brasil sobre datos de homicidios y muertes de mujeres por agresión fortalece el peso social de una de las principales demandas presentadas en el manifiesto nacional de la “Marcha de las Mujeres Negras 2015”.

Es la primera movilización nacional efectuada por brasileñas afrodescendientes; la marcha se realizará el próximo 18 de noviembre en Brasilia, capital del país sudamericano, destacando la necesidad de que el Estado desarrolle políticas efectivas para enfrentar el feminicidio contra esta población.

El índice de muertes violentas de mujeres representa cerca de 10 por ciento de todos los asesinatos, según el “Diagnóstico de los homicidios en Brasil”, elaborado por la investigadora de la Universidad Federal de Río Grande do Sul (UFRGS), Estela Meneghel.

Sin embargo, cuando el análisis se enfoca en los asesinatos de afrobrasileñas se reproduce un perfil calificado en el informe como “la continuidad de las características presentadas en los (asesinatos de) hombres”.

Ellas son 68.8 por ciento de las víctimas. La tasa de asesinatos de mujeres afrodescendientes sigue representando el doble de la tasa de homicidios de las caucásicas por cada 100 mil habitantes.

En la población femenina de entre 15 y 29 años de edad, la diferencia es aún mayor. Mientras que entre las jóvenes caucásicas la tasa es de 4.6 por cada 100 mil habitantes, entre las jóvenes afro la tasa asciende a 11.5 por cada 100 mil, según el sistema de datos del Ministerio de Salud.

La mayoría de las muertes están relacionadas con la violencia intrafamiliar y los autores son, en general, sus parejas o ex parejas.

“A menudo camuflamos esta realidad, porque hablamos más de las muertes de los niños, jóvenes y hombres afrodescendientes, que siempre enlutan a mujeres, hermanas, madres, hijas. Pero esto es sólo una dimensión de cómo la violencia afecta las vidas de las mujeres afro, que a veces oculta las otras formas de violencia que ellas sufren directamente”, dice la abogada Sylvia Oliveira, presidenta de Geledés-Instituto de la Mujer Negra.

Al igual que en otros estudios, en el “Diagnóstico de los homicidios en Brasil”, la población afro aparece como la más victimizada y vulnerable a la violencia. Representando 50.7 por ciento de la población brasileña, sumaron 72 por ciento de las personas asesinadas en 2013, sobre un total de 50 mil 715 muertes registradas en las que fue marcado el dato de “raza/color”.

Hay 7 por ciento de víctimas de asesinato en los que no fue marcado el espacio referido a la condición racial.

RACISMO PATRIARCAL

En un seminario organizado por el Centro de Formación de Servicio Social de Comercio (SESC) de Sao Paulo, el pasado 15 de octubre, antes de la publicación del diagnóstico, Lucía Xavier, coordinadora de la organización civil Criola, de Río de Janeiro, recordó que “hay datos encubiertos, que no nos permiten conocer cuál es efectivamente la realidad de la violencia sufrida por estas mujeres. En qué condiciones de violencia doméstica y sexual están sumergidas las mujeres afro.

“¿Por qué hay en este proceso características tan especiales? ¿Por qué entre nosotros la violencia es parte del proceso de la opresión y la invisibilidad?”, cuestionó.

Asistente social y miembro del Comité Técnico de Salud para la Población Negra del Ministerio de Salud, Lucía Xavier señaló que “la esclavitud marca una experiencia en nuestra sociedad, estableciendo los lugares donde vivimos hasta hoy en día, lo que constituye un elemento de la ideología, que refuerza los roles sociales que tenemos, e inscribe en la sociedad brasileña un ‘modus operandi’ de justicia, de derecho, una forma de vida, ayudando a perpetuar una jerarquía”.

Como ejemplo de esta realidad, Lucía observó que las trabajadoras del hogar sólo conquistaron plenamente sus derechos laborales en 2015. En 2012, según la PNAD/IBGE, 63.4 por ciento de las trabajadoras del hogar se declararon afrodescendientes.

“Esta dimensión histórica no sólo trajo como consecuencia la opresión que vivimos hoy en día, sino que también permite a la violencia establecer las relaciones de la pobreza, que no es sólo un fenómeno económico, también está asociada a las condiciones de género, la raza y generación en las que vivimos.

“Nos niega el acceso a bienes y servicios de todos los órdenes, facilita y ayuda a violar derechos, precariza y paga muy mal por su trabajo realizado, o nos deja sin trabajo. Además de establecer para nosotras los niveles inicuos de morbilidad y mortalidad”, señaló.

“Actualmente llamamos a este racismo, racismo patriarcal porque entendemos que en el caso de las mujeres afro estas dimensiones se combinan en esta opresión”, señaló Lucía en el seminario, subrayando que el genocidio de la juventud no sólo afecta a los hombres.

“Las afrobrasileñas mueren en el parto como palomitas. Es evidente que hay un Estado racista. Y un Estado racista propicia acciones racistas y la ideología no está formada sólo por consensos. No basta hacer creer a una persona que tiene un defecto, es necesario aplicar una dimensión de fuerza para mostrar cuál es su lugar y su posición en la sociedad. Esta dimensión de fuerza se expresa en la mortalidad”, enfatizó.

DETONANTES DE VIOLENCIA

El “Diagnóstico de los homicidios en Brasil” apunta categóricamente a la cultura patriarcal y a la falta de redes de protección, como factores de riesgo para la victimización de las mujeres a través de la violencia en el hogar, que puede llevar al feminicidio.

El abuso sexual y las agresiones en el entorno familiar también se mencionan como elementos que pueden influir en la “búsqueda por parte de los jóvenes de pertenecer a grupos como las pandillas y a las facciones del narcotráfico, además de tener un comportamiento agresivo”, según el informe.

Elementos como el alcohol y las drogas son referidos como potenciadores de la violencia, especialmente en el hogar, pero no como una causa primaria. El reporte señala que varios estudios anteriores sobre este tema no permiten la inferencia de una relación causal entre las sustancias psicoactivas y la agresión.

El fácil acceso a las armas de fuego en una sociedad violenta como la brasileña, la acumulación de vulnerabilidades sociales y las condiciones de educación, salud e ingresos, también son señalados como factores transversales que contribuyen al aumento de las tasas de homicidio.

OMISIÓN Y COMPLICIDAD

“Atribuyo a este proceso de la violencia contra las mujeres, en cierto modo, una ‘autorización’ de la sociedad, cuando ella no rechaza vehementemente esas prácticas. Las mismas objeciones a la Ley Maria da Penha, de que habría excesos en la ley, el haber sido necesario que estos cuestionamientos llegaran hasta el Supremo Tribunal Federal, para que fuera definida de hecho como una ley justa, habla un poco acerca de esta cultura de que la violencia contra las mujeres sería un mal menor”, dijo Lucía.

La especialista advirtió también que las muertes de las mujeres de alguna manera nos victimizan a todas, porque “todas estamos en el blanco de esa sociabilidad violenta (naturalizada), que va desde el acoso sexual en el transporte público, pasando por la violencia intrafamiliar, llegando hasta la muerte”, dijo.

Y en el caso de las mujeres afro, se agrega una representación (social) negativa, de que ellas “no sirven”, “son lascivas”, “afectas a una sexualidad exacerbada”, son “objetos”.

Esta visión sigue siendo muy fuerte en la sociedad brasileña, a tal punto que se puede ver este tipo de situaciones reflejadas en diferentes contextos. Lucía también apuntó el hecho de que la violencia contra las mujeres aún es clasificada como un dato de “la esfera de las discordias, celos, locura, alcoholismo”, muchas veces hace que incluso los agentes del Estado, especialmente las policías, aborden simplistamente una situación tan grave.

“Falta una respuesta a la altura. Y no basta decir que el tipo al final va a la cárcel. Es necesario reconocer este comportamiento como un crimen que la sociedad no tolera, como algo que no puede seguir ocurriendo”, demandó.

*Este artículo fue retomado de la agencia internacional de noticias Adital.

Por: Luciana Araújo*

Cimacnoticias | Fortaleza, Bra.- 
  

En vez de profesores, ¿por qué no 100 órdenes de aprehensión contra funcionarios de gobierno por ladrones y asesinos?

Pedro Echeverría V.

1. Publicó hoy viernes La Jornada: “Son en total 29 las órdenes de aprehensión contra maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por lo que faltan 26, señaló el subprocurador de Control Regional de la Procuraduría General de la República (PGR), Gilberto Higuera. Aclaró que sólo tres se cumplieron la víspera y una más es una orden emitida por un juez del fuero común. “En todos los casos hay delito grave”, porque son opositores al gobierno, son peligrosos y llevan muchos años protestando.

2. Con ello el maldito gobierno, particularmente la SEP, se cuelga una medalla más para demostrar su enorme capacidad represiva. Pero cada vez que respira ese funesto gobierno recibe una mentada de madre de los maestros y el pueblo. ¿Qué importa que le recuerden cada segundo a su mamacita si al parecer nunca las han tenido? Gozan reprimiendo, persiguiendo, torturando a quienes desde el campo, la fábrica, la escuela, las calles, reclaman condiciones de trabajo, libertad para vivir y salarios adecuados. Y los profesores han sido el máximo ejemplo de luchadores sociales estos años.

3. Si hubiese un fuerte y justiciero movimiento de trabajadores, publicaríamos: “Hemos aprehendido a cinco de los principales ladrones y asesinos mexicanos encabezados por Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Fernández de Ceballos, Vicente Fox, Felipe Calderón y al actual presidente de la República, señor Peña. Nosotros no inventamos acusaciones porque hace muchos años que los tenemos bien señaladitos; sin embargo hemos preparado el Zócalo para que cada mexicano –cuidando de que no sean linchados- sólo acuda a hacer su acusación.

4.  ¿Cuál es la diferencia entre los profesores y esos funcionarios? En que los profesores son queridos por niños y padres de familia en sus comunidades porque trabajan y luchan defendiendo los intereses de los pobres, miserables, desempleados. Los funcionarios, por el contrario, se dedican a cobrar fabulosos salarios, a esquilmar el presupuesto público, a encarcelar a los que protestan y a asesinarlos si es posible. Pero no se olvida que los maestros sólo tienen la razón en sus luchas; los funcionarios, al contrario, cuentan con el ejército.

5. Por ello se dice que el mundo capitalista está de cabeza y nuestra obligación como trabajadores en lucha es ponerlo de pie. ¿No es acaso un mundo al revés cuando vemos que el 90 por ciento de la población es explotada y mal pagada mientras un puñado de grandes empresarios y altos políticos exprimen y desangran el presupuesto público? Todo lo malo del sistema es para la población mayoritaria y todos los privilegios son acaparados por un pequeño grupo que controla el poder. Pero el pueblo que se da cuenta acumula descontento que muy pronto estallará.

6. Los gobernantes tienen la obligación de respetar y tratar bien al pueblo porque él con su trabajo los mantiene. Empresarios y gobierno usan a los medios de información, las novelas, el futbol y a la religión, para tener engañado y domesticado a los trabajadores. Dado que los profesores y trabajadores con sus protestas en las calles están enseñando a luchar al pueblo, entonces los reprimen, encarcelan o asesinan para que no sigan abriéndole la mente y los ojos al pueblo. Por ello el poder quiere profesores dóciles, miedosos, que no se metan en nada. Pero empiezan a despertar.

7. Nadie debe dejarse engañar: a los profesores sólo se les puede acusar de luchadores sociales a favor de los explotados y por una buena educación; lo demás son inventos para detenerlos. A los altos funcionarios, al contrario, se les puede probar que saquean el país cobrando gigantescos salarios y haciendo negocios junto a los funestos empresarios y dueños de los medios de información. En conclusión: ellos tienen el poder, la fuerza, el dinero y el control de la conciencia. Los profesores tenemos la razón y pronto la fuerza para derrotarlos. (30/X/15)

http://pedroecheverriav.wordpress.com

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Admite su autor que #LeyFayad contó con asesoría de la Policía Federal

El senador priista Omar Fayad se toma una selfie con diputadas. Foto: Benjamin Flores Jenaro Villamil

MÉXICO, DF (apro).- Considerada por activistas y expertos en internet como una ley que criminaliza a los casi 54 millones de internautas en el país, que limita la libertad de expresión y permitiría la persecución de periodistas y medios digitales, la llamada #LeyFayad, del senador priista Omar Fayad, fue defendida hoy por su autor, quien admitió que contó con la asesoría de la Policía Federal Preventiva para elaborarla.

En rueda de prensa, realizada en el Senado, el senador hidalguense afirmó que todavía falta que su iniciativa sea dictaminada en comisiones, y aclaró que se organizarán foros y se citará a expertos para que opinen sobre la llamada Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, presentada en el pleno el martes pasado.

Fayad afirmó que retiraría de la iniciativa aquellas partes que “se presten a una interpretación que pudiera creerse que limita la libertad de internet o la libertad de expresión”.

“El objeto de esta ley es proteger a nuestros hijos de personas que están haciendo mal uso de la libertad de internet para cometer delitos o para cometer conductas ilícitas”, reiteró.

Sin embargo, Fayad negó que tanto los artículos 17, como los del 21 al 24 de su propia iniciativa, puedan constituir absurdos o permitir la criminalización de las actividades en las redes sociales.

Por ejemplo, el artículo 17 estipula que “a todo aquel que dolosamente destruya, inutilice, dañe o realice cualquier acto que altere el funcionamiento de un sistema informático o alguno de sus componentes, se le impondrá una sanción de cinco a quince años de prisión y multa de hasta mil días de salarios mínimos”.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha considerado que este ordenamiento puede constituir una criminalización el uso de la computadora personal o a considerar delito el tirarla a la basura.

Fayad afirmó que este artículo habla de “actitud dolosa”. “Si la actitud no es dolosa, si tú tiras la computadora ¿por qué se va a interpretar que cometes esta conducta?”, abundó sin explicar quién determinará el uso “doloso”.

En los artículos 21 al 24 hay una amplia interpretación respecto de lo que puede ser intimidación, hostigamiento y agresión en las redes sociales. Al ser cuestionado sobre estos artículos, Fayad afirmó que “habrá que cambiar la redacción a injerencias ilícitas de información sensible de carácter personal, de credo, información patrimonial, siempre y cuando se considere personal y que para su divulgación requiere autorización”.

Un párrafo de su artículo 21 advierte:

“A quien, a través de medios informáticos acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de internet de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ochenta días de salario mínimo”.

Fayad dijo que se ha “descontextualizado” este y otro párrafo de su iniciativa que, afirma, advierte lo siguiente:

“Actividades como el comercio electrónico, el periodismo digital, la publicidad y las opiniones y mensajes o elementos vertidos en las redes sociales, pueden derivar en menoscabo del patrimonio, la reputación, el honor o la actividad profesional”.

En respuesta, Fayad dijo que “efectivamente” hay conductas que “te llevan a entrometerte en la privacidad de las personas”.

“No tratamos de coartar al periodista absolutamente nada, ni a la libertad de expresión”, sentenció, pero también admitió que consultó con la Policía Federal Preventiva y con “algunos organismos empresariales” para redactar esta iniciativa.

Tanto al R3D, como Artículo 19 y especialistas en libertad de internet han desacreditado esta iniciativa del senador y aspirante a gobernador de Hidalgo, por el PRI.

Estado de chueco

Carton de Rocha Héctor Tajonar

MÉXICO, D.F. (Proceso).- ¿Por qué es tan baja la calidad de la democracia mexicana? ¿Cómo explicar que pese a los avances institucionales México sea el país más insatisfecho con el desempeño de su democracia y que ocupe el último lugar respecto a la precepción de limpieza en los procesos electorales en toda Latinoamérica? ¿A qué se debe que los partidos políticos en México estén peor evaluados que la policía y que sólo el 17% de los ciudadanos se sientan representados por los diputados y senadores surgidos del pluralismo que acabó con la septuagenaria hegemonía del PRI? ¿Por qué con la democracia no disminuyeron sino aumentaron la violencia y la corrupción?

La respuesta a estas interrogantes es múltiple y compleja, pero puede sintetizarse en la expresión surgida de la inteligencia e ingenio de Gabriel Zaid que da título a este texto. Estado de chueco es la más concisa y certera descripción de la realidad política nacional. La falta de un auténtico Estado de derecho merecedor de ese nombre es la mayor carencia de nuestro sistema de gobierno. Ahí se ubica el origen de la mediocridad de nuestra democracia y de muchos de los graves problemas que aquejan al país.

Sin Estado de derecho no hay democracia. Este principio inamovible de la teoría democrática explica que a pesar de la transición iniciada en 1997 México no haya superado un nivel de primitivismo político y endeble moral pública en el cual la trampa y el engaño, la arbitrariedad y la codicia, la corrupción y la barbarie mantienen su primacía sobre la legalidad. En ese sentido somos todavía una democracia de fachada, sólo que con un vestuario institucional más sólido. Hemos pasado de un sistema autoritario a secas a un autoritarismo electoral (Schedler). En este régimen híbrido y paradójico conviven de manera abierta y complaciente el pluralismo, comicios libres, mayores libertades políticas y una estructura institucional formalmente democrática con una idiosincrasia y prácticas propias del régimen despótico al que supuestamente se había sustituido. No desdeño los indudables avances democráticos, enfatizo la futilidad y riesgos de esa evolución si no va acompañada del gobierno de la ley y de una cultura política de la legalidad.

Un Estado de derecho deformado como el que tenemos pervierte el sustento normativo y el funcionamiento de la democracia. Las consecuencias son nefastas. Mientras el instituto electoral organiza los comicios, cuenta los votos y ofrece resultados expeditos y precisos de la contienda, los partidos políticos violan impunemente las leyes electorales, dilapidan los recursos que les otorga el Estado y se exceden de los límites en los gastos de campaña utilizando dinero a veces de procedencia ilícita. De una pluralidad convertida en mercado podrido surgen gobernadores, presidentes municipales, legisladores locales y federales con escasa o nula representatividad de sus electores y dudosa vocación de servir el interés de los ciudadanos por encima de los propios y los de sus benefactores o socios, algunos de ellos vinculados al crimen organizado. Parafraseando a Rousseau, en nuestra democracia “representativa” los ciudadanos sólo elegimos a quien habrá de esquilmarnos.

Ayotzinapa es un caso emblemático de los niveles de barbarie a los que puede conducir la connivencia entre las autoridades y el narcotráfico. La ausencia de Estado de derecho es caldo de cultivo para el desarrollo del crimen organizado y de su infiltración en los tres poderes y niveles de gobierno. Como lo muestra la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera, el poder corruptor del narcotráfico parece no tener límite y revela una presunta colusión con altos mandos del Sistema Nacional de Seguridad Pública cercanos a Miguel Ángel Osorio Chong que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) pretende encubrir con el encarcelamiento de la excoordinadora general de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) y del ex director del Penal de El Altiplano. El ocultamiento del video con sonido de la celda de El Chapo antes de su fuga, filtrado a una televisora, exhibe en toda su ineptitud a un sistema de seguridad infectado por la corrupción y el encubrimiento.

De acuerdo con el Índice de Paz Mundial 2015, México es el segundo país más violento de América, sólo superado por Colombia, y ocupa el lugar 144 entre 162 países medidos. La violencia y el poder del crimen aumentan mientras se profundiza el desplome del sistema de justicia. Asimismo, el Estado de chueco permite y protege la corrupción a gran escala en la cima del poder político por conflicto de interés, tráfico de influencias y abuso de autoridad, lo cual ha causado hartazgo e indignación en una ciudadanía más politizada y mejor informada a pesar del control de los medios ejercido a través de la dirección de comunicación de la Presidencia.

Todo lo anterior ocurre bajo el manto protector de una impunidad inconmovible. Democracia fallida, violación de los derechos humanos, violencia e infiltración crecientes del crimen organizado, corrupción avasallante y un sistema de justicia colapsado, son algunos de los costos por la carencia de un auténtico Estado de derecho en México. “Con toda razón, los ciudadanos claman por un Estado de derecho que supere al Estado de chueco. Pero ¿cómo llegar a un Estado de derecho retrocediendo a donde ni siquiera hay Estado?” –se pregunta Zaid.

En tanto no se imponga la supremacía del gobierno de las leyes sobre el gobierno de los hombres, se evite la arbitrariedad y discrecionalidad en el ejercicio del poder y se garantice la igualdad de todas las personas ante la ley, la gobernabilidad democrática estará en riesgo. Seguirá debilitándose la capacidad del país de establecer y definir políticas y resolver sus conflictos de manera pacífica dentro del orden jurídico vigente. Por ello, en medio de la peor crisis de credibilidad y legitimidad de los últimos 18 años, la construcción de un verdadero Estado de derecho es el mayor y más urgente reto político que enfrenta la nación.

“Prisión política como método político”, artículo de Pablo Gómez

"Así era bajo el porfiriato; así era bajo Díaz Ordaz; así era bajo Salinas; así es bajo Peña. Parece que México es un país que se muerde la cola...".

Redacción AN

Por Pablo Gómez
La aprehensión de cuatro dirigentes del magisterio de Oaxaca, más las que se lleven a cabo en las próximas horas, son parte de una táctica política del gobierno.
Esto quiere decir dos cosas: la justicia se utiliza como instrumento de la gobernanza y esta misma se encuentra sometida a las órdenes de la rama ejecutiva.
Así era bajo el porfiriato; así era bajo Díaz Ordaz; así era bajo Salinas; así es bajo Peña. Parece que México es un país que se muerde la cola como perro enloquecido.
Los delitos que se dicen fueron cometidos por los ahora encarcelados tuvieron lugar hace meses. Por lo visto el Ministerio Público averigua cuando quiere y concluye a la hora que se lo ordenan. El delito político de la acusación es motín aunque en este caso se trata de manifestaciones a la entrada de una refinería de Pemex que no es una autoridad (el motín es una conducta tendiente a evitar el cumplimiento de la ley por parte de la autoridad). El motín no es un delito grave pero la PGR ya lo declaró de esa manera.
Luego viene el robo pero de ejemplares de libros de texto gratuito lo cual es algo absurdo. ¿Para qué robar algo que carece de precio en el mercado? Como todo es una puesta en escena, entonces aparecen otros delitos varios pero jamás de afirma cuando fueron cometidos y de que manera. El juez que concedió las órdenes de aprehensión será el mismo que declare la formal prisión (sujeción a proceso penal) y niegue la libertad bajo de fianza. Todo está ya resuelto.
Pero además de las patrañas antes referidas existe otra que no es menor: los acusados han sido conducidos a una cárcel de máxima seguridad, a la del Altiplano, en Almoloya, seguramente para volver a usar la celda que dejó vacía el Chapo Guzmán en su peliculesca huida. Pero esa clase de prisiones –se dijo antes y se dice ahora—funcionan para reos de la más alta peligrosidad acusados siempre del delito de delincuencia organizada. Ahora han sometido a la máxima seguridad a dirigentes sociales, uno de los cuales está acusado sólo de delitos del orden local de Oaxaca cuyo juez tendrá que enviar a su secretario hasta Almoloya para tomar la declaración preparatoria.
Esta puesta en escena nos está diciendo que el gobierno de Peña ya no tiene ningún límite para usar como antes se hacía todo el aparato de justicia y poner a ésta a su servicio político directo. La PGR no ha mejorado por lo visto sino que ha empeorado en estas últimas semanas. No es que esta forma de actuar sea nueva sino que en los últimos años se había realizado con cierta cautela y sobre todo con enredos de tal manera que no fuera tan difícil negar el uso político de la justicia.
Con estas aprehensiones hemos regresado de lleno al descaro diazordacista. El secretario de Educación se ha referido a la conducta de los cuatro inculpados. El subprocurador federal ha dicho que se trata de personas contrarias a la reforma educativa (así llamada). Todos los periodistas del país dan cuenta del estrecho vínculo entre los procesos penales que se va a abrir y la actividad sindical y política de los acusados.
Se trata, sí, del uso de la prisión política como método político. El diálogo y las negociaciones se van a un plano secundario. Ante esto, el pronóstico es que en México habrá más violencia política procedente de todos lados.

Padecen abusos miles de trabajadores mexicanos en Canadá: UFCW

Mathieu Tourliere 

Destacado

La página web de la UFCW.

MÉXICO, DF (apro).- Por su condición de migrantes temporales, decenas de miles de trabajadores agrícolas en Canadá –entre ellos mexicanos– se encuentran vulnerables ante los abusos laborales que la propia legislación canadiense permite, denunció hoy el Sindicato de Trabajadores Unidos de la Alimentación y el Comercio (UFCW, por sus siglas en inglés).
“Los ambientes de trabajo niegan las protecciones laborales, los derechos y la capacidad de organizarse de manera efectiva y de negociar colectivamente”, planteó el sindicato, al precisar que “estas limitaciones han creado una relación muy desigual entre la industria agrícola y los trabajadores agrícolas migrantes”.
Canadá y México ratificaron en 1973 el Programa de Trabajadores Agrícolas de Temporada (SAWP, por sus siglas en inglés) –creado en 1966–, a través del cual el gobierno mexicano recluta y envía jornaleros a las regiones del país que carecen de una mano de obra escasa, por periodos de ocho meses reconducibles al otro año, explicó el UFCW.
El sindicato indicó que, con el argumento de proteger a las pequeñas explotaciones familiares, la legislación canadiense niega derechos laborales, de salud y de seguridad a los trabajadores agrícolas, pero subrayó que “la granja familiar es en gran parte una reliquia del siglo XIX y principios del siglo XX”, e insistió en que el modelo de producción agrícola se acerca hoy en día más al modelo industrial.
A consecuencia de lo anterior, los trabajadores canadienses “no están dispuestos a hacer el trabajo agrícola por los salarios ofrecidos”, lo que permite a los operadores “importar” una cada vez mayor mano de obra barata del extranjero: de acuerdo con el UFCW, más de 45 mil migrantes de distintos orígenes laboran actualmente en el campo canadiense de manera temporal, tres veces más que hace una década.
El UFCW lamentó que los programas de empleo temporal en el campo asignen a cada migrante a un empleador específico, lo que lo convierte en “una fuerza de trabajo cautiva legalmente construida”, pues el miedo a perder el trabajo desincentiva la denuncia de los abusos laborales o las lesiones que suele provocar la actividad en el campo.
“Los trabajadores agrícolas migrantes deben tener la opción de solicitar la residencia permanente bajo programas provinciales nominados y sus permisos de trabajo deberían estar abiertos, permitiendo el empleo a través de un sector en una región”, estimó el sindicato.
Entre otros abusos, el UFCW destacó el seguro de empleo, que se deduce de la nómina de todos los trabajadores para supuestamente cubrir los periodos de interrupción de trabajo, pero del que no se benefician en la práctica.
El sindicato explicó que, al terminarse la temporada de cosecha, los empleadores suelen retornar a los trabajadores a sus países de origen y no esperan a que se agote el periodo de residencia temporal otorgado por el programa. Por lo anterior, no gozan de este fondo al que, en teoría, tendrían derecho

Grupo de expertos que investiguen masacres en Apatzingán y Tanhuato, propone HRW en CNN

Human Rights Watch sostiene que hay evidencia de que la Policía Federal cometió ejecuciones extrajudiciales de al menos 50 civiles, en dos masacres distintas cometidas en Michoacán en 2015: una el 6 de enero en Apatzingán y la otra el 22 de mayo en los límites entre Tanhuato y Ecuandureo.

Redacción AN

Tras señalar las evidencias que apuntan a que en Apatzingán y Tanhuato, Michoacán, hubo ejecuciones extrajudiciales y “clarísimos abusos” por parte de la Policía Federal, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, indicó que propondrá al gobierno que un grupo de expertos indague y esclarezca ambos hechos, repitiendo lo que sucede en el caso Ayotzinapa, donde interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En entrevista para Aristegui CNN -programa en el que también fue entrevistada la periodista Laura Castellanos, quien investigó a fondo y reveló la masacre en Apatzingán-, Vivanco planteó:
“Nuestra propuesta, y vamos a formulársela al actual gobernador de Michoacán (Silvano Aureoles) es que se busque colaboración internacional, que exista la participación de un pequeño grupo de expertos y que repitamos la experiencia de Ayotzinapa y que esos expertos puedan tener acceso a todas las evidencias, a todos las investigaciones, a los testigos que existen, algunos protegidos, para dictaminar qué es lo que se ha hecho hasta ahora, por qué no hay ningún policía consignado, qué ocurre con la investigación, y hacer unas recomendaciones muy concretas tanto a las autoridades del estado de Michoacán como a las autoridades federales”.
Recordó que en el informe de HRW, que dio a conocer esta semana, se expone el “fracaso, falta de credibilidad del sistema de justicia en México, donde da la impresión de ser incapaz o realmente no quiere que miembros de las fuerzas de seguridad rindan cuentas por los abusos que cometen”.
Por ello, “es que el próximo paso es proponerle tanto al gobierno federal como al estado de Michoacán que se conforme una comisión similar al grupo de expertos que evaluó el caso Ayotzinapa”.
Vivanco aseguró que “las evidencias que nosotros hemos podido recopilar, en Apatzingán y Tanhuato, ambos en Michoacán y ambos ocurridos durante el curso de este año, nos permiten asegurar que allí se cometieron ejecuciones extrajudiciales, por parte de policías federales, en estos dos casos murieron al menos 50 civiles y no cabe duda alguna que hubo participación y responsabilidad en estos casos de policías federales”.
Lo grave, dijo, “es que han transcurrido varios meses de la comisión de estos hechos y hasta ahora ningún policía ha sido consignado por actuación indebida, por exceso del uso de la fuerza en relación con estos incidentes… (pese a que) las evidencias muestran que en estos 2 casos se produjeron clarísimos abusos”. 
El director de HRW expuso que han revisado “con mucho cuidado las versiones oficiales, hemos tenido reuniones al más alto nivel con el gobierno federal, por ejemplo en el caso de Apatzingán luego de ocurridos los incidentes”.
Rememoró cómo “apenas había arrancado la investigación oficial, el comisionado para la seguridad de Michoacán, designado por la Presidencia, el señor Alfredo Castillo, sostuvo que la mayoría de los 8 civiles que perdieron la vida habían muerto a raíz de fuego cruzado provocado por las armas de los mismos civiles, y mostró para ello un video que según afirmaba o demostraba que los policías habían sido atacados por civiles”.
Empero, “posteriormente, la Secretaría de Gobernación difundió el video a los medios de comunicación, que pudimos revisar… lo cierto es que en el mismo video que se utiliza para justificar el argumento de la legítima defensa por parte de los policías, no proporciona evidencia en ese sentido, en el video no se ve que civiles ataquen a policías, y los civiles que aparecen en él no portan armas de fuego, de tal modo que la famosa evidencia, que hasta ahora ha existido, que consiste fundamentalmente en estos videos, no permiten mínimamente siquiera avalar la tesis del gobierno”.
El ex comisionado Castillo siempre ha negado la masacre en Apatzingán.
José Miguel Vivanco dijo lo que, en el sentido contrario de la versión oficial, se han encontrado: “Testimonios de personas que nos señalan que se abrió fuego contra civiles que no estaban armados, que dispararon a dos de ellos en la cabeza, mientras se encontraban en el suelo, intentando resguardarse, y luego colocaron armas junto a sus cuerpos, son declaraciones que nosotros hemos recogido directamente, y otras que hemos podido recibir de testigos presenciales de los hechos, incluyendo un médico que atendió a las personas heridas durante los incidentes en Apatzingán y declaró a los medios de comunicación que algunos de los policías no permitieron que los heridos recibieran atención médica, y por ello habrían muerto”.

“Estos dos hechos (las masacres en Apatzingán y Tanhuato) sumados a las masacres anteriores, Tlatlaya y Ayotzinapa, muestran que aquí pareciera que estamos ante otras  dos graves atrocidades cometidas por fuerzas de seguridad mexicanas, en este caso policías federales, pero si bien el gobierno insiste en que la policía actuó correctamente, de acuerdo a la ley en ambos casos los hechos, las evidencias con las que se cuenta, que han recabado Laura Castellanos y otras entidades, el trabajo periodístico y el trabajo nuestro y otras entidades, demuestra que estamos ante más violaciones a derechos humanos, que si no existe atención y debate público, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, estos hechos pueden quedar impunes”, alertó. 
En el caso de lo ocurrido en Tanhuato, en mayo pasado, “el sólo aceptar que existan 42 civiles muertos de un lado y un policía del otro, la desproporción, cuenta creer que allí se dio un enfrentamiento y lo cierto es que existe un informe elaborado por la procuraduría local, del estado de Michoacán, de más de 80 páginas con fotografías, al que ha tenido acceso Carlos Loret de Mola, corrobora además lo que nosotros hemos conocido por fuentes independientes, y que demuestra que allí efectivamente se habría producido un ajusticiamiento y no enfrentamiento”. 
Masacres merecen atención: Castellanos
La periodista Laura Castellanos reconoció la importancia de que “finalmente una organización internacional de derechos humanos visibilice estas 2 masacres porque desafortunadamente no han tenido la atención que merecen”. Mencionó que la ONU envió una misión a Apatzingán para conocer los hechos, y ellos decidieron no hacer público su informe.
“La gravedad del tema de Ayotzinapa ha llamado la atención de organizaciones internacionales que han arropado esta exigencia justa de los padres de familia, de que se aclare el paradero de los normalistas, sin embargo en este país ha habido otras masacres, aparte de Tlatlaya, la de Apatzingán, Tanhuato-Villa Purificación (Ecuandureo) y no han tenido la misma atención o arropamiento, por eso es tan importante que este informe de esta organización internacional visibilice estas dos”. 
Recordó que el gobierno dijo que investigaba presuntos abusos de la policía federal en Apatzingán, “eso se dijo en abril (horas antes de la investigación ‘Fueron los Federales‘) y no sucedió absolutamente nada. No hay un solo policía detenido“.
Además, mencionó lo que evidenció una investigación de Univision, sobre que la ex subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) y actual diputada federal priista, Mariana Benítez Tiburcio, mintió al anunciar en enero pasado la destitución de Alfredo Becerril, delegado de esa dependencia en Michoacán, debido a su conducta irregular en la masacre de 16 civiles ocurrida en Apatzingán, Michoacán, el 16 de enero.
Un reportaje realizado por Peniley Ramírez para Univision Investiga muestra que Becerril no fue destituido, sino que renunció con un saludo de agradecimiento a la PGR, y luego fue nombrado como fiscal para los Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE). Castellanos apuntó que este mismo funcionario como fiscal de delitos de alto impacto fue ratificado por el actual gobierno de Silvano Aureoles.
Escucha la entrevista con Vivanco y Castellanos en Aristegui CNN:

El gobernador de Michoacán,Silvano Aureoles Conejo, dijo el miércoles que respeta la investigación realizada por Human Rights Watch (HRW) en la que que asegura tener evidencia de que elementos de la Policía Federal ejecutaron a civiles en Apatzingán y Tanhuato, Michoacán.
Aureoles Conejo se pronunció a favor de que se deslinden responsabilidades, a la vez de que pidió que dichos sucesos no deben denostar a las fuerzas federales, quienes han coadyuvado al restablecimiento del orden y de la paz social del estado.
El gobernador michoacano mostró disposición de su administración para que la investigación se realicen de forma profesional, y remarcó que se debe combatir al crimen organizado con respeto a los derechos humanos.

Gasolinas aumentarían su precio hasta 18% el próximo año: CIEP

Juan Carlos Cruz Vargas

29 de octubre de 2015
Destacado

Una gasolinería en la Ciudad de México. Foto: Hugo Cruz

MÉXICO, DF (apro).- Contrario al discurso de la Secretaría de Hacienda, el precio máximo promedio de las gasolinas podría dispararse hasta 18% en el siguiente año, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
De acuerdo con un análisis del organismo dirigido por Juan Héctor Villarreal Páez, el costo de cada litro de gasolina Magna ascendería a 15.97 pesos en 2016, lo que representaría un aumento de 18% respecto de 2015, y de ese precio, un 42.6% correspondería al impuesto.
Por el lado de la Premium, que es de mayor calidad por su elevado octanaje, subiría 6.9% respecto de este año para comercializarse en 15.37 pesos por litro en 2016.
Según el CIEP, estos precios toman en cuenta la cuota fija a las gasolinas que aprobó la Cámara de Diputados y otros supuestos, como el precio de referencia con el que se vende el combustible en la Costa del Golfo de Estados Unidos, el tipo de cambio aprobado por los diputados en la Iniciativa de Ley de Ingresos (LIF), la inflación esperada para 2016 según los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), el Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS) al carbono, un IVA de 16% y la cuota estatal de IEPS.
La modificación en la tributación de las gasolinas consiste en reemplazar la tasa IEPS de gasolinas por una cuota fija para que la recaudación de impuestos no se vea afectada por la caída de los “petroprecios”.
La cuota fija dependerá del octanaje de gasolina y, aunque falta que sea aprobada por el Senado, se establece como 4.16 pesos por litro de gasolina menor a 92 octanos (Magna) y 3.52 pesos por litro de gasolina mayor o igual a 92 octanos (Premium).
Este incremento tendrá repercusión en las familias mexicanas, ya que según el CIEP todos los hogares con ingresos diferentes se verán afectados por la nueva forma de recaudación y fijación de precios en las gasolinas.
Si se considera el consumo promedio de gasolina Magna por decil, en el decil uno –que representa a los más pobres— se pagarán 122.96 pesos más; para los hogares que pertenecen a la clase media, el costo se disparará a 470.89 pesos; mientras en el décimo decil, en donde están los más ricos, tendrán que pagar 3 mil 719 pesos adicionales en 2016.
Por ello, lejos de lo propuesto por la SHCP, el precio de las gasolinas se trasladará al consumidor final