TIEMPO DE MUJERES

Gobernador de Guanajuato propone reducir penas a mujeres presas por abortar

Verónica Espinosa GUANAJUATO, Gto., 20 de agosto (apro).- El gobernador Juan Manuel Oliva envió al Congreso estatal una iniciativa de reforma del Código Penal, con la que busca reducir la pena carcelaria a mujeres que abortaron por “razones sociales y culturales”.


Según la propuesta, con esos atenuantes la pena se reduciría de tres a ocho años, y no de 25 a 35, como actualmente prevé el Código Penal de Guanajuato.
Sin embargo, el panista Oliva Ramírez prácticamente desechó la posibilidad de revisar los casos o declarar inocentes a las siete mujeres que han denunciado que fueron injustamente procesadas por “homicidio en razón de parentesco”, y cuyos expedientes llegaron hasta la propia Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos (ONU-DH).
En una visita efectuada a principios de la semana, la ONU-DH solicitó al gobernador y al Poder Judicial del estado revisar los procesos de las siete mujeres sentenciadas a más de 25 años de cárcel, al considerar que fueron víctimas de estereotipos y discriminación y a que no recibieron un debido proceso.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU concluyó que en Guanajuato se registran graves violaciones a los derechos de las mujeres, particularmente de los sexuales y reproductivos. Y también le pidió al gobernador apliacr políticas públicas que garanticen el ejercicio de esos derechos.
Sin embargo, hoy Juan Manuel Oliva evitó referirse a la solicitud para revisar los siete procesos, y sólo dijo que con la modificación al Código Penal las mujeres que actualmente purguen una sentencia por el delito referido podrían alcanzar beneficios para quedar pronto en libertad.
Aseguró que su administración estará “en un proceso de evaluación permanente de los programas y proyectos a favor de las mujeres”, aunque en este tema tampoco dio los pormenores de esa revisión.
Oliva también dio a conocer que prepara una iniciativa “para ampliar y visibilizar los derechos de las mujeres, que permita una mejor defensa de los derechos de las mujeres en Guanajuato”. Aunque no dio detalles, afirmó que se aplicará junto con el marco legal vigente.
Hasta la fecha, Guanajuato carece de un marco legal para erradicar la violencia hacia las mujeres, y sólo cuenta con una ley contra la violencia en general.
Oliva Ramírez anunció estos compromisos luego de recibir una recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado (PEDH), que por cierto le fue notificada un par de horas antes, así como en atención a las “voces que proponen reforzar el trabajo a favor de las mujeres”.
En su recomendación, el ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera propone la reforma del Código Penal, aunque también concluye, luego de la revisión de los expedientes de las mujeres, que “hay elementos suficientes para indicar que todas las garantías de las acusadas de homicidio en razón de parentesco fueron salvaguardadas y no se advirtieron elementos de criminalización”.
También solicitó al secretario de Salud, Armando Aguirre Torres, aplicar una política institucional para que los empleados de la dependencia informen a las mujeres “para que puedan adoptar decisiones libres, fundamentadas y responsables en materia de derechos sexuales y reproductivos, asegurando la perspectiva de género… con especial énfasis en zonas rurales y urbanas marginadas”.
Y recomendó al procurador Carlos Zamarripa desarrollar indicadores y estadísticas para contar con datos objetivos de los casos en que se genere violencia hacia las mujeres, “y con ello se favorezca una cultura de la prevención, denuncia, investigación y sanción de quienes violenten los derechos de las mujeres”.