Raúl Carrancá y Rivas. Foto: El Sol de México
Manuel Carvallo / El Sol de México
Ciudad de México.- Pese a ser considerados casi como una fórmula mágica que realmente procure y administre la justicia en México dentro de la legislación para la reforma penal, para muchos especialistas en derecho los juicios orales todavía son luz y sombra, sobre todo por la gran lista de limitantes que se tienen dentro del Nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Experto en derecho penal y presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Manuel Fuentes asegura que el principal de todos los problemas que existen en este nuevo sistema es de carácter operativo, pese a las reformas constitucionales.
Asevera que en la mayor parte del país no se cuenta con las condiciones físicas para llevar a cabo los juicios orales, ya que de entrada, no hay una materialización como consecuencia de la limitación económica que existen.
"Es decir, al aprobarse la reforma penal que da origen a los juicios orales, no se aprobaron partidas económicas ni medidas para llevarse a cabo".
Y agrega: "Para poder realizar un juicio oral se necesita, de entrada, nuevos juzgados".
No hay abogados especialistas
Por otro lado, el también catedrático de derecho advirtió que las universidades tampoco han llevado a cabo sus reformas educativas necesarias para formar abogados especialistas en juicios orales, "lo cual es sin duda otra gran limitante de peso para el Nuevo Sistema Penal Acusatorio".
De ahí que él y muchos otros juristas reconocidos de todo el país consideren que, para que se ponga verdaderamente en marcha, y con él los juicios orales, deberán pasar al menos de 6 a 8 años, ya que para ello hace falta una verdadera integración de las múltiples necesidades.
En ese mismo sentido, Fuentes reclamó que sólo hayan destinado recursos al Poder Judicial de la Federación y de los estados, únicamente para la capacitación de servidores públicos, dejando afuera a los abogados de oficio y con mayor razón abogados particulares.
"Los abogados defensores no se han incluido en este sistema, ni particulares ni los que el mismo sistema designa", agregó.
* No existen condiciones
Para el presidente de la Unión de Juristas de México (UJM), Eduardo Miranda Esquivel, en México no sólo no existen condiciones económicas, "tampoco jurídicas, ni de identidad cultural para llevar a cabo estas reformas en materia penal que se establecen constitucionalmente en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.
De acuerdo con el jurista, estas reformas fueron publicadas el 18 de junio de 2008, y deberían entrar en vigencia ocho años más tarde, es decir, el 18 de junio de 2016.
"Entonces, a cuatro años de que tenga que integrarse este sistema, los cambios en las legislaciones locales y en las leyes reglamentarias para cumplir con este propósito no se han dado y se ve muy difícil, por no decir imposible, que se logren", adelantó.
Miranda Esquivel coincide con Manuel Fuentes, al señalar que no existe el techo presupuestal ni la infraestructura para instalar las condiciones materiales de un sistema de ese tipo; pero va más allá:
"Para la Unión de Juristas de México, el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, se estableció para dar curso a los intereses del vecino país del norte y homologar nuestras leyes en función del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pese a que no estamos preparados para ello", acusó.
De acuerdo con él, el llamado Nuevo Sistema Penal Acusatorio ya existía en México y estaba escrito en nuestra Legislatura, así como el principio de presunción de inocencia, "lo que cambia es el escenario en el que se juzga y litiga el caso que da mayor oralidad e inmediatez.
Esto -señala- para las circunstancias de México puede convertirse en un problema para los acusados, al propiciarse la improvisación y la precariedad en los juicios orales.
* Que se pronuncia la SCJN
Por ello, agregó que los representantes del Poder Judicial de la Federación, en este caso los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben romper el silencio y comenzar a opinar en el tema, por ser ellos, en teoría, los más capacitados, para hablar de él.
"Además se debe encargar y dirigir un debate público sobre las bondades y viabilidades de este sistema".
Desde su punto de vista, esto es urgente, pues tanto en el Consejo de la Judicatura Federal, como en los foros jurídicos y académicos hay un total desconocimiento del tema y lo que es peor una gran confusión.
Pero además, recomendó que el Poder Judicial de la Federación actúe en total independencia del Ejecutivo y no ser rehén de todas sus decisiones, "en las que se aprecia que por encima del estado de derecho existen intereses de grupos, y desde ahí ya comenzó la corrupción".
Por su parte, Raúl Carrancá y Rivas, uno de los abogados constitucionalistas más reconocidos de México, refiere que el llamado Nuevo Sistema Penal Acusatorio no tiene nada de nuevo ni de acusatorio, "porque lo que han hecho es alterar y darle vueltas al sistema anterior".
"Aparte de que es notoriamente inquisitorial, ya que consagra la presunción de inocencia y, a pesar de ello, continúa con la prisión preventiva y el arraigo con dedicatoria especial para la delincuencia organizada, con lo que lo vuelve una ley especial prohibida expresamente por la Constitución", advirtió.
Ambas figuras continuarán operando mucho antes de que se dicte sentencia definitiva. Entonces, ¿cuál presunción de inocencia?, reclama de frente a la reforma.
Carrancá y Rivas advierte también que la nueva reforma penal omite el párrafo segundo del Artículo 14 constitucional, el cual ordena que "nadie podrá ser privado de sus derechos -y la libertad es un derecho-, sino mediante juicio seguido ante los tribunales".
"Repito, ¿cuál sistema penal acusatorio? ¡Es un sistema inquisitorial! Y desde luego tan grave deficiencia favorece y favorecerá la corrupción e impunidad que hay en México", afirma.
" México no está preparado para ese tipo de juicios orales, porque nuestra idiosincrasia es otra, y éstos aparte de la oralidad, supone manejo y hasta dominio de la palabra hablada", critica.
"Falta que haya responsabilidad y conocimientos básicos del derecho en esos que pretenden hacer 'nuevas' leyes, lo mismo que en los legisladores que aprueban las iniciativas", continuó reclamando.
Y remata: "Yo no veo ninguna bondad en este llamado Nuevo Sistema Penal Acusatorio, habida cuenta de las barbaridades y contradicciones que hay en la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública".
Proponen tipificar el feminicidio como delito
Patricia Torres / El Sol de México
Ciudad de México.- La presidenta de la Comisión Especial en relación a Feminicidios, la diputada del PRD, Teresa Incháustegui Romero, resaltó la importancia de que se tipifique como delito el feminicidio, a fin de sacarlo de la invisibilidad, exista penalmente y se le pueda nombrar en términos de registro y de formas especiales para su tratamiento.
De darse lo anterior, dijo, se avanzará en la construcción de un acto de jurisprudencia; es decir, se puedan considerar agravantes, circunstancias y otros elementos. Además de impulsar reformas para que no prescriban los actos de omisión de derechos humanos por funcionarios.
Destacó que hay varias propuestas que ya están tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores "estamos haciendo un estudio de cómo presentarlas. Lo importante es lograr consenso para sacarlas adelante".
Recordó que el Estado mexicano no ha cumplido con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto al caso conocido como Campo Algodonero, por lo que llamó a funcionarios a que tengan un gran sentido de responsabilidad y cumplan con los compromisos internacionales.
"La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que el Estado mexicano era responsable por no haber procurado justicia ni reparación del daño a las víctimas y sus familiares, por errores, fallas, omisiones e incluso, por actos de discriminación en la integración de los expedientes y en la averiguación de los casos", externó.
El Gobierno mexicano afirmó también es responsable por la falta de capacidad de las instituciones encargadas de procurar justicia y del clima sistemático de discriminación, misoginia y violencia en contra de las mujeres.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, agregó, fijó plazos para la indemnización inmediata a las víctimas, la construcción de un memorial para emblematizar la disculpa pública que el Estado mexicano y el Gobierno estatal.
La parte medular de la sentencia, explicó, supone reponer las investigaciones para dar con los responsables y aprehenderlos y cumplir con el derecho a la verdad de los hechos.
Ciudad de México.- La presidenta de la Comisión Especial en relación a Feminicidios, la diputada del PRD, Teresa Incháustegui Romero, resaltó la importancia de que se tipifique como delito el feminicidio, a fin de sacarlo de la invisibilidad, exista penalmente y se le pueda nombrar en términos de registro y de formas especiales para su tratamiento.
De darse lo anterior, dijo, se avanzará en la construcción de un acto de jurisprudencia; es decir, se puedan considerar agravantes, circunstancias y otros elementos. Además de impulsar reformas para que no prescriban los actos de omisión de derechos humanos por funcionarios.
Destacó que hay varias propuestas que ya están tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores "estamos haciendo un estudio de cómo presentarlas. Lo importante es lograr consenso para sacarlas adelante".
Recordó que el Estado mexicano no ha cumplido con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto al caso conocido como Campo Algodonero, por lo que llamó a funcionarios a que tengan un gran sentido de responsabilidad y cumplan con los compromisos internacionales.
"La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que el Estado mexicano era responsable por no haber procurado justicia ni reparación del daño a las víctimas y sus familiares, por errores, fallas, omisiones e incluso, por actos de discriminación en la integración de los expedientes y en la averiguación de los casos", externó.
El Gobierno mexicano afirmó también es responsable por la falta de capacidad de las instituciones encargadas de procurar justicia y del clima sistemático de discriminación, misoginia y violencia en contra de las mujeres.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, agregó, fijó plazos para la indemnización inmediata a las víctimas, la construcción de un memorial para emblematizar la disculpa pública que el Estado mexicano y el Gobierno estatal.
La parte medular de la sentencia, explicó, supone reponer las investigaciones para dar con los responsables y aprehenderlos y cumplir con el derecho a la verdad de los hechos.
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