Mientras
la oligarquía no se solidarice con la sociedad nacional, y viva sólo
para acumular más ganancias y privilegios, la crisis tan grave que
estamos viviendo seguirá agravándose
Si
algo ha quedado bien claro en el actual sexenio es que la violencia no
se combate con más violencia. Las cifras dadas a conocer ayer por el
Inegi, son por demás ilustrativas de tal afirmación, ya que después de
cinco años de mantener a las fuerzas armadas en las calles,
desempeñando labores policiacas, el fenómeno sigue al alza. Según dicho
instituto, en los últimos cinco años se registraron más de 95 mil
asesinatos en el país, y tan solo en el 2011 se documentaron 27 mil 199
homicidios, datos que demuestran el rotundo fracaso de la principal
política diseñada por el “gobierno” de Felipe Calderón.
Sin embargo, para la cúpula empresarial lo que hace falta es la promulgación de una ley de seguridad nacional que otorgue certidumbre jurídica a la actuación de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada, como lo señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani. Afirmó que “la crisis está vigente, muy lejos de ser prueba superada. No es el momento de bajar la guardia, sería irresponsable”. Puntualizó la necesidad de “perfeccionar la actual estrategia por medio de una mayor coordinación de los distintos poderes”.
Ni una sola palabra sobre la responsabilidad que les compete a los miembros de la clase empresarial, en la conformación de condiciones sociales que favorezcan un estado donde la violencia sea la excepción y no la regla. Es oportuno recordar a uno de los empresarios mexicanos que más contribuyó al progreso no sólo de Monterrey, sino del país, gracias a su visión humanista y democrática de las relaciones laborales, don Eugenio Garza Sada. En la actualidad sería considerado un “comunista” por su visión social, pues en vez de favorecer métodos y sistemas para explotar inmisericordemente a sus miles de trabajadores, ponía en práctica políticas que contribuyeran a su bienestar, tales como viviendas subsidiadas, salarios justos, prestaciones superiores a las del propio Estado.
Paradójicamente, la única violencia que hubo en esa época en la capital regiomontana fue la que le costó la vida, pero por motivos políticos, no de la profunda descomposición del tejido social que ahora vive la sociedad en su conjunto. Paradoja que ahora se observa en la actualidad, tal como lo hizo notar el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez: “Es paradójico que es precisamente en las ciudades donde hay mayor presencia militar o policíaca donde se mantienen los elevados niveles de violencia”.
Por su parte, la Liga Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se refirió a que el actual “es un sexenio luctuoso que pasará a la historia por generar la más grave crisis humanitaria que haya tenido el país después de la Revolución”. Sin embargo, para la oligarquía lo primordial es que se promulgue una ley de seguridad nacional que ponga a salvo sus negocios, no que corrija las condiciones objetivas que propician la descomposición imperante, como lo demuestran las declaraciones del dirigente del CCE.
Así lo patentiza el denodado interés en que se pongan en marcha las reformas estructurales, sobre todo la laboral, la energética y la hacendaria, con las cuales se agudizaría aún más la dramática realidad de violencia y descomposición social que estamos viviendo. Podría asegurarse que el primero en oponerse a éstas, si viviera, sería el empresario Garza Sada, pues se contraponen al objetivo fundamental de favorecer un crecimiento económico generalizado que a su vez propicie un desarrollo social sustentable y duradero, la mejor solución a los dramáticos problemas de inseguridad y violencia que estamos viviendo en el país.
Mientras la oligarquía no se solidarice con la sociedad nacional, y viva sólo para acumular más ganancias y privilegios, la crisis tan grave que estamos viviendo seguirá agravándose. Esto no lo entienden sus principales dirigentes, motivo por el cual siguen empeñados en cerrar el paso a la democracia real en el país, como se demostró en los comicios del primero de julio. Quieren seguir por la misma ruta trazada por Calderón, de querer acabar con la violencia mediante la violencia “legítima” del Estado, no con políticas públicas orientadas a superar las causas estructurales de la crisis social que estamos padeciendo desde hace tres décadas, mismas que se agudizaron en los últimos seis años.
En vez de reformas estructurales de corte neoliberal, lo que urge implantar es un modelo que combata a fondo las causas profundas de la crisis brutal que nos está aniquilando como sociedad organizada. Pero desgraciadamente, tal objetivo no parece estar en la agenda de la oligarquía, de ahí su decidido rechazo a la democratización de la vida nacional, como lo patentiza su firme apoyo a Enrique Peña Nieto. Luego se van a andar quejando de la terrible realidad nacional, cuando son ellos los principales causantes de los graves problemas cuya única salida es más violencia y más firme descomposición social.
Sin embargo, para la cúpula empresarial lo que hace falta es la promulgación de una ley de seguridad nacional que otorgue certidumbre jurídica a la actuación de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada, como lo señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani. Afirmó que “la crisis está vigente, muy lejos de ser prueba superada. No es el momento de bajar la guardia, sería irresponsable”. Puntualizó la necesidad de “perfeccionar la actual estrategia por medio de una mayor coordinación de los distintos poderes”.
Ni una sola palabra sobre la responsabilidad que les compete a los miembros de la clase empresarial, en la conformación de condiciones sociales que favorezcan un estado donde la violencia sea la excepción y no la regla. Es oportuno recordar a uno de los empresarios mexicanos que más contribuyó al progreso no sólo de Monterrey, sino del país, gracias a su visión humanista y democrática de las relaciones laborales, don Eugenio Garza Sada. En la actualidad sería considerado un “comunista” por su visión social, pues en vez de favorecer métodos y sistemas para explotar inmisericordemente a sus miles de trabajadores, ponía en práctica políticas que contribuyeran a su bienestar, tales como viviendas subsidiadas, salarios justos, prestaciones superiores a las del propio Estado.
Paradójicamente, la única violencia que hubo en esa época en la capital regiomontana fue la que le costó la vida, pero por motivos políticos, no de la profunda descomposición del tejido social que ahora vive la sociedad en su conjunto. Paradoja que ahora se observa en la actualidad, tal como lo hizo notar el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez: “Es paradójico que es precisamente en las ciudades donde hay mayor presencia militar o policíaca donde se mantienen los elevados niveles de violencia”.
Por su parte, la Liga Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se refirió a que el actual “es un sexenio luctuoso que pasará a la historia por generar la más grave crisis humanitaria que haya tenido el país después de la Revolución”. Sin embargo, para la oligarquía lo primordial es que se promulgue una ley de seguridad nacional que ponga a salvo sus negocios, no que corrija las condiciones objetivas que propician la descomposición imperante, como lo demuestran las declaraciones del dirigente del CCE.
Así lo patentiza el denodado interés en que se pongan en marcha las reformas estructurales, sobre todo la laboral, la energética y la hacendaria, con las cuales se agudizaría aún más la dramática realidad de violencia y descomposición social que estamos viviendo. Podría asegurarse que el primero en oponerse a éstas, si viviera, sería el empresario Garza Sada, pues se contraponen al objetivo fundamental de favorecer un crecimiento económico generalizado que a su vez propicie un desarrollo social sustentable y duradero, la mejor solución a los dramáticos problemas de inseguridad y violencia que estamos viviendo en el país.
Mientras la oligarquía no se solidarice con la sociedad nacional, y viva sólo para acumular más ganancias y privilegios, la crisis tan grave que estamos viviendo seguirá agravándose. Esto no lo entienden sus principales dirigentes, motivo por el cual siguen empeñados en cerrar el paso a la democracia real en el país, como se demostró en los comicios del primero de julio. Quieren seguir por la misma ruta trazada por Calderón, de querer acabar con la violencia mediante la violencia “legítima” del Estado, no con políticas públicas orientadas a superar las causas estructurales de la crisis social que estamos padeciendo desde hace tres décadas, mismas que se agudizaron en los últimos seis años.
En vez de reformas estructurales de corte neoliberal, lo que urge implantar es un modelo que combata a fondo las causas profundas de la crisis brutal que nos está aniquilando como sociedad organizada. Pero desgraciadamente, tal objetivo no parece estar en la agenda de la oligarquía, de ahí su decidido rechazo a la democratización de la vida nacional, como lo patentiza su firme apoyo a Enrique Peña Nieto. Luego se van a andar quejando de la terrible realidad nacional, cuando son ellos los principales causantes de los graves problemas cuya única salida es más violencia y más firme descomposición social.
Guillermo Fabela - Opinión EMET
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