En
el aeropuerto de la Ciudad de México el mal clima se vive dentro. La
disputa por espacios comerciales y un negocio de aproximadamente 900
millones de pesos anuales, está apenas por comenzar
A principios del 2013 Fumisa interpuso en el Juzgado 29 civil un recurso llamado “Interdicto”
De acuerdo a Comunicaciones y Transportes, el juez polémico podría ser
removido en los próximos días
Se le acusa de no haber pagado esa cantidad de dinero por concepto del
Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores
El despacho Gastelum Abogados se relacionó también con Mexicana de
Aviación, que pretendía rescatar pero no lo logró
El
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está pasando por una
turbulencia comercial que podría representar una pérdida de
aproximadamente 900 millones de pesos anuales.
Una de sus principales zonas comerciales se encuentra en litigio con la empresa Fumisa, que pertenece al grupo Advent, un consorcio internacional con conflictos legales en varios países del mundo.
A principios de la década de los 90 se le concesionó a esa empresa la construcción de una parte del aeropuerto, a cambio de que explotara comercialmente esa zona hasta que recuperara la inversión. La concesión tenía un límite de tiempo.
Y aunque por el momento el AICM recuperó la posesión de los locales de la zona internacional, la empresa que llevó el conflicto a los tribunales, está dispuesta a todo.
Por eso, para las autoridades aeroportuarias, el conflicto no ha terminado.
Y tener la administración de esa área no es poca cosa: incluye la comercialización de los locales de la Terminal 1, el ambulatorio público, salas de última espera, el Hotel Hilton, los principales restaurantes y áreas de comida rápida.
Además de que explotan todos los espacios publicitarios de toda esa zona, la operación y administración del estacionamiento público de la Terminal 1, y la comercialización de los pasillos telescópicos.
El contrato firmado entre la empresa Fumisa y el AICM se venció el 31 de diciembre del 2013.
“Conforme a la evaluación económica financiera autorizada por el Comité de Coinversiones, el arrendamiento al que se refieren los contratos mencionados en los antecedentes I y VI y sus correspondientes convenios, tienen una vigencia de 20 años contados a partir del primero de enero de 1994”, dice el documento firmado el 25 de mayo de 1994 por Guillermo Ruiz de Teresa como director general de ASA, y Alfredo Hakim Aburto como presidente del Consejo de Administración de Fumisa.
Sin embargo la empresa consiguió que el juez 29 civil les otorgara un interdicto de prolongación de la posesión.
Este juzgador tiene una serie de antecedentes que lo hacen cuestionable, entre ellos el haber aceptado una demanda contra el periodista Miguel Ángel Granados Chapa por escribir la introducción a un libro.
Además, a quien las autoridades ubican como el principal beneficiado con este conflicto, es al empresario Jorge Gastelum, quien fue detenido en Alemania acusado de evasión fiscal.
El argumento de Fumisa es que en 20 años no ha logrado recuperar la inversión de las obras que realizó, y por eso requiere de más años de ser el administrador de los locales comerciales.
Para el aeropuerto las ganancias ni siquiera pueden ser calculadas pues fue hasta el 2007 se entregó toda la información financiera para poder computar la ganancia.
Sin embargo, para esa fecha ya existía un conflicto legal entre ambas partes y toda la información fue entregada al Juzgado 67 Civil, en donde inició el pleito.
Los locatarios están entre la espada y la pared. Fumisa no les avisó del conflicto que había con el AICM y que sus facultades administrativas vencían el 31 de diciembre del año pasado.
Las autoridades del aeropuerto han tenido que establecer contacto con los arrendatarios explicando el problema y haciendo convenios de colaboración al margen de Fumisa.
Otro de los problemas es que durante todos los meses anteriores a que el aeropuerto pudiera tener la posesión legal de los locales comerciales, Fumisa no permitió darle mantenimiento a la zona que administraba.
Es una anarquía en un espacio federal. Con los antecedentes del empresario Jorge Gastelum y el financiamiento económico del grupo Advent, la historia apenas comienza.
El litigio podría irse a otras instancias.
Y el aeropuerto más importante de la Ciudad de México sería parcialmente propiedad de un particular y no de la nación, como lo establece la ley.
El conflicto
En 1991 el AICM decidió contratar a la empresa Inmobiliaria Fumisa S.A. de C.V. para realizar la ampliación del área de vuelos internacionales y salas de última espera de la Terminal 1.
Para 1994 se amplió este contrato a 20 años de duración y se implementó la forma de recuperación que tendría Fumisa, mediante un mecanismo financiero determinado por Banobras.
Este mecanismo determinó que tendría una tasa interna de retorno del 12. 82 por ciento. Si había un excedente de esta tasa se repartiría en partes iguales entre la empresa y el AICM.
En esa época la administración del aeropuerto estaba a cargo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
En 1998 se crea el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de la Ciudad de México como empresa de participación estatal mayoritaria, y se transfirió a esa entidad la concesión del aeropuerto capitalino.
Fue en 2007 cuando los problemas empezaron. Se presentaron una serie de demandas en contra del AICM además de que presentaron datos financieros sobre la TIR sin permitir a las autoridades del AICM ver los documentos que sustentaban esa información.
El argumento de la empresa siempre ha sido que en los 20 años que lleva administrado los locales comerciales del área de vuelos internacionales no ha recuperado el porcentaje que se fijó en el contrato.
Por eso es que requiere seguir administrando esos locales.
Por el lado de las autoridades calculan que las ganancias anuales son de aproximadamente 900 millones de pesos y ya recuperó su inversión por mucho.
A principios del 2013 Fumisa interpuso en el Juzgado 29 civil un recurso llamado “Interdicto” para retención de posesión.
La firma que presentó el recurso fue Gastelum Abogados, también propiedad de Jorge Gastelum, representante del consorcio Advent en México. Y el juez Miguel Ángel Robles Villegas se lo concedió.
Una de sus principales zonas comerciales se encuentra en litigio con la empresa Fumisa, que pertenece al grupo Advent, un consorcio internacional con conflictos legales en varios países del mundo.
A principios de la década de los 90 se le concesionó a esa empresa la construcción de una parte del aeropuerto, a cambio de que explotara comercialmente esa zona hasta que recuperara la inversión. La concesión tenía un límite de tiempo.
Y aunque por el momento el AICM recuperó la posesión de los locales de la zona internacional, la empresa que llevó el conflicto a los tribunales, está dispuesta a todo.
Por eso, para las autoridades aeroportuarias, el conflicto no ha terminado.
Y tener la administración de esa área no es poca cosa: incluye la comercialización de los locales de la Terminal 1, el ambulatorio público, salas de última espera, el Hotel Hilton, los principales restaurantes y áreas de comida rápida.
Además de que explotan todos los espacios publicitarios de toda esa zona, la operación y administración del estacionamiento público de la Terminal 1, y la comercialización de los pasillos telescópicos.
El contrato firmado entre la empresa Fumisa y el AICM se venció el 31 de diciembre del 2013.
“Conforme a la evaluación económica financiera autorizada por el Comité de Coinversiones, el arrendamiento al que se refieren los contratos mencionados en los antecedentes I y VI y sus correspondientes convenios, tienen una vigencia de 20 años contados a partir del primero de enero de 1994”, dice el documento firmado el 25 de mayo de 1994 por Guillermo Ruiz de Teresa como director general de ASA, y Alfredo Hakim Aburto como presidente del Consejo de Administración de Fumisa.
Sin embargo la empresa consiguió que el juez 29 civil les otorgara un interdicto de prolongación de la posesión.
Este juzgador tiene una serie de antecedentes que lo hacen cuestionable, entre ellos el haber aceptado una demanda contra el periodista Miguel Ángel Granados Chapa por escribir la introducción a un libro.
Además, a quien las autoridades ubican como el principal beneficiado con este conflicto, es al empresario Jorge Gastelum, quien fue detenido en Alemania acusado de evasión fiscal.
El argumento de Fumisa es que en 20 años no ha logrado recuperar la inversión de las obras que realizó, y por eso requiere de más años de ser el administrador de los locales comerciales.
Para el aeropuerto las ganancias ni siquiera pueden ser calculadas pues fue hasta el 2007 se entregó toda la información financiera para poder computar la ganancia.
Sin embargo, para esa fecha ya existía un conflicto legal entre ambas partes y toda la información fue entregada al Juzgado 67 Civil, en donde inició el pleito.
Los locatarios están entre la espada y la pared. Fumisa no les avisó del conflicto que había con el AICM y que sus facultades administrativas vencían el 31 de diciembre del año pasado.
Las autoridades del aeropuerto han tenido que establecer contacto con los arrendatarios explicando el problema y haciendo convenios de colaboración al margen de Fumisa.
Otro de los problemas es que durante todos los meses anteriores a que el aeropuerto pudiera tener la posesión legal de los locales comerciales, Fumisa no permitió darle mantenimiento a la zona que administraba.
Es una anarquía en un espacio federal. Con los antecedentes del empresario Jorge Gastelum y el financiamiento económico del grupo Advent, la historia apenas comienza.
El litigio podría irse a otras instancias.
Y el aeropuerto más importante de la Ciudad de México sería parcialmente propiedad de un particular y no de la nación, como lo establece la ley.
El conflicto
En 1991 el AICM decidió contratar a la empresa Inmobiliaria Fumisa S.A. de C.V. para realizar la ampliación del área de vuelos internacionales y salas de última espera de la Terminal 1.
Para 1994 se amplió este contrato a 20 años de duración y se implementó la forma de recuperación que tendría Fumisa, mediante un mecanismo financiero determinado por Banobras.
Este mecanismo determinó que tendría una tasa interna de retorno del 12. 82 por ciento. Si había un excedente de esta tasa se repartiría en partes iguales entre la empresa y el AICM.
En esa época la administración del aeropuerto estaba a cargo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
En 1998 se crea el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de la Ciudad de México como empresa de participación estatal mayoritaria, y se transfirió a esa entidad la concesión del aeropuerto capitalino.
Fue en 2007 cuando los problemas empezaron. Se presentaron una serie de demandas en contra del AICM además de que presentaron datos financieros sobre la TIR sin permitir a las autoridades del AICM ver los documentos que sustentaban esa información.
El argumento de la empresa siempre ha sido que en los 20 años que lleva administrado los locales comerciales del área de vuelos internacionales no ha recuperado el porcentaje que se fijó en el contrato.
Por eso es que requiere seguir administrando esos locales.
Por el lado de las autoridades calculan que las ganancias anuales son de aproximadamente 900 millones de pesos y ya recuperó su inversión por mucho.
A principios del 2013 Fumisa interpuso en el Juzgado 29 civil un recurso llamado “Interdicto” para retención de posesión.
La firma que presentó el recurso fue Gastelum Abogados, también propiedad de Jorge Gastelum, representante del consorcio Advent en México. Y el juez Miguel Ángel Robles Villegas se lo concedió.
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