Jesusa Cervantes
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| Un panista muestra una de las supuestas tarjetas Monex. Foto: Tomada de Twitter |
Los
hombres de negocios que incurrieron en lavado de dinero,
triangulaciones y delitos fiscales y financieros para asegurarse de que
el beneficiario de sus apuestas, Enrique Peña Nieto, llegara a la
Presidencia de la República, se encuentran muy atareados: Ahora
tramitan amparos contra los actos que deriven de las investigaciones
del SAT, la CNB y la PGR en torno al llamado Monexgate.
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Personajes presuntamente involucrados en lavado de
dinero y en delitos fiscales y financieros relacionados con el
Monexgate que llevó a Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la
República promueven una serie de amparos para impedir que continúen las
investigaciones en su contra.
Los recursos presentados han sido
interpuestos contra actos del Sistema de Administración Tributaria
(SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Fiscalía
de Delitos Fiscales y la Subprocuraduría Especializada en Investigación
de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR.
La pasada
administración federal, encabezada por Felipe Calderón Hinojosa,
identificó a varias empresas “virtuales” y a otras de fachada que
venden comprobantes fiscales a personas físicas y morales para que
realicen deducciones fraudulentas ante el SAT, de acuerdo con un
reporte publicado por el diario Reforma el 11 de diciembre.
Algunos
de los nombres revelados aparecieron en la investigación que la Unidad
de Fiscalización del Instituto Federal Electoral realizó sobre el
llamado caso Monexgate. Dicho organismo respaldaba con documentos la
denuncia del PAN y el Movimiento Progresista, los que en junio, julio y
agosto de 2012 fueron revelando varios nombres de empresas que
conformaron el entramado financiero del PRI y su entonces candidato
presidencial.
Pero también se dio a conocer que una de las
compañías que participaron en el Monexgate, el Grupo Comercializador
Cónclave, S.A. de C.V., lo mismo ofreció sus servicios a Caminos y
Puentes Federales (Capufe) el 16 de diciembre de 2010 que al PRI en
2011, cuando pasó a formar parte de sus proveedores.
Uno de los
dueños de dicha empresa, César González Rodríguez, también es socio de
Servicios y Desarrollo Akropolis, otra de las que presuntamente
intervino en el entramado Monexgate aportando 1.4 millones de pesos a
la firma Inizzio, según se desprende de los registros públicos de ambas.
Como
se recordará, ante las evidencias aportadas, el 24 de julio de 2012 el
PRI aceptó haber recurrido a los monederos Monex para la campaña
presidencial, aunque rechazó utilizar la ilegal triangulación de
recursos. Se justificó alegando que Akropolis contrató a Alkino que, a
su vez, pidió los servicios de Atama, la cual, “por falta de recursos”,
contrató a Inizzio para que la financiara.
El PAN había
denunciado el empleo de tarjetas Monex por parte del PRI, y semanas más
tarde Andrés Manuel López Obrador destapó los nombres de Inizzio y Efra
como adquirentes de las tarjetas. Esta última firma es propiedad de la
familia Fraga, reconocida como militante priista.
Tanto Inizzio
como Atama y Diseños Artísticos Industriales, presuntamente
involucradas en el Monexgate, tienen como apoderado a Alejandro Jaén
Pérez Lizárraga. Éste es el nombre falso con el que José Luis Lozada
Neyra opera en sus más de 30 empresas, de acuerdo con información dada
a conocer por Proceso, medio al que algunos colaboradores de él
–quienes pidieron el anonimato por temor a represalias– declararon que
dichas firmas las utiliza para la venta de facturas “a todos los
partidos, no sólo al PRI”.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1941 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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