México y Colombia
“No saben el problema en el que se están metiendo,
desactívenlas de inmediato, de verdad no saben...”
Mayor de la Policía Nacional de Colombia,
Bogotá, noviembre, 2013
Primera estación: Colombia
El Mayor –en aquél entonces todavía Capitán- de la Policía Nacional de
Colombia hablaba viendo el fenómeno de las llamadas “autodefensas” en
México a través del cristal colombiano.
En Colombia el concepto autodefensa indica algo diferente -muy diferente- de lo que se entiende en México.
En Colombia se habla de autodefensas para referirse a los grupos que
alcanzaron una fama sombría bajo el liderazgo de personajes como
Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. El primero cobró una fama siniestra
por su costumbre de despedazar campesinos con motosierras mientras que
el segundo terminó torturado a muerte, según palabras de su verdugo,
por órdenes de su hermano, Vicente Castaño.
En Colombia
cuando se habla de autodefensas, se habla principalmente de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y cuando se habla de las AUC se
habla de grupos paramilitares, no en el sentido sociológico del término
–es decir, como un grupo armado paralelo a las fuerzas armadas
oficiales- sino en el sentido político clásico de la contrainsurgencia:
paramilitares son aquellos entrenados, equipados y protegidos
extraoficialmente por el Estado pero en la sombra –como lo llegó a
reconocer Mancuso- como parte de una estrategia de Guerra de Baja
Intensidad.
En Colombia cuando se habla de autodefensas
–aunque tras las “desmovilizaciones” de tiempos de Álvaro Uribe ya es
un término en desuso- se habla, básicamente, del grupo responsable
–según Amnistía Internacional- de cerca del ochenta por ciento
de las atrocidades en la tragedia colombiana: las masacres de El Tomate
y la de la Mejor Esquina en 1988; la de La Rochela en 1989; las de
Mapiripán y El Aro en 1997; las de El Salado y Macayepó en el año 2000;
la de Chengue en 2001; la de Bahía Portete en 2004 y la de San José del
Apartadó en 2005 son apenas algunas de las muchas atrocidades
atribuidas al paramilitarismo de ultraderecha de las AUC en alianza con
grupos de narcotraficantes y en alianza también –como acusan
organizaciones de los derechos humanos- con sectores de las fuerzas
armadas del Estado.
* * *
Dicho todo lo anterior se hacen comprensibles las palabras del Mayor cuando decía “No saben el problema en el que se están metiendo, desactívenlas de inmediato, de verdad no saben...”
Segunda estación: México
Pero
Colombia no es México, y tampoco es claro –como muchos creen tanto en
el país norteamericano como en el sudamericano- que sus senderos sean
el mismo con algo más de diez años de diferencia.
Hay
similitudes, sí, pero sus diferencias son más importantes y en el caso
de lo que genéricamente se ha llamado el fenómeno de las “autodefensas”
esas diferencias son abismales: sencillamente no hay punto de
comparación más allá de que se les cuelgue la misma etiqueta.
Vale la pena destacar tres.
Primero.- Origen y financiamiento
Las Autodefensas Unidas de Colombia fueron financiadas desde sus
inicios por algunos de los sectores sociales más fuertes –como el
ganadero, el transportista y el político- de las regiones económicas
más importantes -como Antioquia- del país, tal como reportó el diario El País de Colombia en una nota cuyo título no deja lugar a dudas: “Masivo mea culpa por apoyo a las AUC” (El País. Dic. 18, 2006).
En el caso de México, los grupos de autodefensa han surgido y se han
desarrollado como iniciativas populares en regiones como Michoacán y
Guerrero –poniendo de lado iniciativas como la del grupo rudo
del ex alcalde Mauricio Fernández en Monterrey, Nuevo León, por ser más
la excepción que la regla- que se encuentran entre las de más alta
marginación del país. Si bien no es claro todavía su financiamiento,
parece evidente que –al menos por el momento- es precario. Juzgando
sobre la base de lo que muestra la evidencia fotográfica disponible no
cuentan con vehículos ni armamento de última generación que no pueda
ser explicado como resultado de la apropiación de los abastecimientos
de enemigos derrotados, un fenómeno por demás común en áreas de
conflicto violento. ¿Qué tienen fusiles AK-47? Sí, muy parecidos –o
hasta iguales- a los que utilizan los grupos de narcotraficantes a los
que dicen combatir, lo que, de suyo, confirma los dichos por ejemplo de
Arturo Román -coordinador de las autodefensas en Tepalcatepec- en
conversación con Javier Solórzano (Ene. 14, 2014). O como lo dijo un
día antes, Estanislao Beltrán, vocero de las autodefensas de Michoacán
al escuchar el señalamiento que se les hace de quemar vehículos
“Nosotros, como autodefensas, jamás vamos a destruir algo que nos
sirve.” (La Jornada en línea. Ene. 13, 2014).
Segundo .- Objetivos tácticos y estratégicos
Las AUC en Colombia tenían un fin no sólo instrumental –el combate a la
guerrilla- sino también una meta más general -“el combate a las
guerrillas comunistas”- que permitió y en un cierto sentido
“legitimó” –así haya sido sólo de forma discursiva aprovechando las
inercias de la guerra fría- su crecimiento y consolidación.
Tácticamente la tarea –al menos nominalmente y de acuerdo con sus
propios dichos- era detener los abusos de la guerrilla mientras que
estratégicamente amparaban sus acciones en el marco del gastado
argumento de la defensa del “mundo libre” contra la “penetración
comunista” -argumentos dicho sea de paso, no muy distantes de los
utilizados por prácticamente todas las dictaduras de los años sesentas,
setentas y ochentas en el cono sur.
El caso de México, una
vez más, es diferente. Las metas tácticas son elocuentes, transparentes
y en más de un sentido, irrefutables: “Nosotros no queremos pagar
cuotas, no queremos extorsiones, no queremos robo, no queremos [andar]
con la cabeza agachada todo el tiempo, queremos levantar nuestra
cabeza.” Así explicó un integrante de las autodefensas de Tepalcatepec
al diario El Universal las metas tácticas del movimiento (El Universal.
Ene. 14, 2014). Y sus palabras son respaldadas también en su dimensión
estratégica por lo dicho por el vocero de las autodefensas en la
conversación con el diario La Jornada que hemos referido cuando
señala, “Nosotros no queremos ser policías, no queremos ser
comandantes. Nuestro interés no es agarrar un puesto. Nuestro interés
es tener a nuestras familias protegidas.”
Tercero.- El papel gubernamental
Dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su Sentencia en
el Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca
del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia:
“Por
unanimidad, la Corte declaró que el Estado de Colombia es
internacionalmente responsable por haber incumplido con su obligación
de garantizar los derechos a la integridad personal y a no ser
desplazado forzadamente, en perjuicio de los miembros de las
Comunidades del Cacarica, en Riosucio, Departamento del Chocó,
desplazados por acción de grupos paramilitares en colaboración con integrantes de las Fuerzas Armadas Colombianas…”
El subrayado es nuestro, aunque por si quedara alguna duda -y para evitar confusiones- detalla:
“Los hechos del caso también se refieren a la desposesión ilegal de los
territorios ancestrales pertenecientes a las comunidades
afrodescendientes de la cuenta del rio Cacarica. Del mismo modo, la
Corte declaró que los actos crueles, inhumanos y degradantes a que fue
sometido el señor Marino López en el poblado de Bijao, así como la
privación de su vida, cometidos por miembros de grupos
paramilitares, son atribuibles al Estado por la aquiescencia o
colaboración que prestaron agentes de la fuerza pública para las
operaciones de esos grupos, lo cual les facilitó las incursiones a las comunidades del Cacarica y propició o permitió la comisión de este tipo de actos.”
Para decirlo en pocas palabras: contra lo que el gobierno colombiano
está dispuesto a reconocer –por razones obvias- instancias autorizadas
como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han determinado
que las operaciones de las AUC han sido respaldadas por elementos de la
fuerza pública civil y militar. En qué medida se dio este respaldo
puede ser ilustrado por la vida y muerte de la Unión Patriótica (UP),
partido político que fue ahogado en sangre por el paramilitarismo y que
incluso diarios oficialistas como El Tiempo –del que incluso la familia presidencial era co-propietaria hasta hace poco- describe en los siguientes términos:
“…conviene recordar que en ese entonces la UP, que surgió en 1985,
durante el proceso de paz que sostuvo el gobierno de Belisario Betanur
con las FARC, ya se encontraba bastante diezmada por la atroz campaña
de exterminio de la que fue objeto y en la cual, según lo han
determinado numerosos fallos, participaron agentes estatales, además de
narcotraficantes y organizaciones paramilitares.
Y ofrece un recuento de los daños:
“Es importante rememorar el saldo que dejó tal persecución, que se hizo
más intensa a finales de los 80 y comienzos de los 90. Alrededor de
5,000 de sus militantes murieron, entre ellos, dos candidatos
presidenciales: Jaime Pardo Leal, en 1987, y Bernardo Jaramillo Ossa,
en 1990; además de 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11
alcaldes.” (El Tiempo. Jul. 10, 2013)
Así, no es extraño que sectores críticos en Colombia se refieran la tragedia descrita como el genocidio de la UP.
¿Y en México? En México algunos medios deslizaron la posibilidad de que
la formación y crecimiento de las autodefensas fuesen una estrategia
política oficial. Sin embargo, ante la incompetencia e inoperancia de
los poderes locales, el gobierno federal, por vía de sus voces más
autorizadas –Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa y
Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República y
básicamente todo el gabinete de seguridad- ordenó el desarme de las
autodefensas y su integración formal –a modo de policías o, lo que a
nivel local se conoce como guardias comunitarias- a las tareas de
seguridad pública.
¿Está el gobierno a favor de una
estrategia de proinsurgencia –en el sentido que da al mismo la obra
clásica sobre la materia de Peter Kornbluh y Michael T. Klare Contrainsurgencia, Proinsurgencia y Antiterrorismo en los 80: El arte de la guerra de baja intensidad (Grijalbo. México, 1990)? Lo lo parece.
En primer lugar las estrategias de proinsurgencia se utilizan para
desestabilizar al gobierno en turno: los Estados Unidos articularon la
proinsurgencia mujaidin en Afganistán durante la invasión
soviética de 1979, del mismo modo en que los soviéticos hicieron lo
propio –aunque de un modo diferente- en la Nicaragua bajo el régimen de
Somoza, régimen que fue derrocad ese mismo año por el movimiento
revolucionario.
¿Qué ocurre en México? En este caso lo que se
tiene es que tanto el gobierno local como el federal pertenecen al
mismo partido político. ¿Qué ganaría la federación o la autoridad local
con socavar su único –y último- patrimonio político que es aquello que
incluso las teorías políticas más conservadoras identifican como la
característica distintiva del Estado (“el monopolio de la violencia
legítima”)?
El surgimiento de grupos civiles armados
–independientemente de si uno está de acuerdo o no con ellos- apunta a
una conclusión incontrovertible –tal vez la única con que podría ser
calificada así: que la autoridad formalmente establecida es incapaz de
cumplir con su función, es incompetente en la tarea de proporcionar
seguridad, es inútil como órgano regulador de la vida social y es
impotente cuando se trata de hacer valer el estado de derecho.
Eso es lo que hace evidente la gestación, crecimiento y consolidación
de las autodefensas. Qué ganaría con esto el gobierno federal –o para
lo que todavía pueda contar, el gobierno local- más allá del
desprestigio y la exhibición de su inoperancia total -e incluso de su
inexistencia de facto- es algo que escapa a la lógica. De tal
suerte que la idea de las autodefensas como una estrategia
proinsurgente del gobierno –federal o estatal- no tiene sentido, ¿por
qué? porque no tiene asidero.
Al menos por el momento.
Aunque la hipótesis contraria, si las acusaciones que se han hecho
contra la autoridad estatal -de haber llegado al poder con el apoyo del
grupo del narcotráfico contra el que combaten las autodefensas- son
reales, parece tener sentido. Y en ese caso, que el gobierno local
decida despachar, justo ahora y no antes, en el corazón mismo en el que
opera el grupo conocido como “los Caballeros Templarios” –Apatzingán-
puede leerse no tanto como un compromiso del gobernador de atender la
crisis en su epicentro, sino como un esfuerzo para proteger a sus
financiadores de campaña del avance de las autodefensas.
Pero
una vez más, esa lectura sería válida sólo si las acusaciones de
vínculos entre el gobierno local con los traficantes de drogas –como
acusa, entre otros el reportero Álvaro Delgado en su artículo
“Michoacán al fracaso: Complicidades intactas” (Proceso. Ene. 14, 2014) resultan ciertas.
* * *
Las autodefensas en México no son las autodefensas de Colombia del
mismo modo en que el sendero que camina México no es el mismo que
recorrió Colombia.
Y sólo para sumar otro elemento: allá el desarme de las autodefensas fue lo último que hicieron, aquí, lo primero.
Tercera estación.- Una cuestión conceptual
En Colombia, los conceptos son importantes. El paramilitarismo de las
Autodefensas Unidas de Colombia denominaba eufemísticamente a las
masacres que cometían como “hechos militares” –del mismo modo en que,
supongo, denominarían a los despojos de tierra, a la extorsión, el robo
y el secuestro “hechos económicos.
Pero no son los únicos que juegan con las palabras.
El gobierno colombiano dice que ya las autodefensas no existen, que lo que vino a ocupar su lugar ahora son las bacrims (abreviación de “Bandas Criminales”) de entre las que destaca una, la de las Águilas Negras.
Eso dice y tal vez tenga la razón, sin embargo, más allá de los cambios
bautismales, al día de hoy, los matones del pasado no parecen muy
diferentes de los asesinos del presente.
* * *
En México los conceptos también son importantes. Autodefensas no es lo mismo que guardias comunitarias y éstas no son lo mismo que guardias blancas. Ciertamente hay también un mundo de diferencia entre autodefensa –como se entiende hoy en México- y guerrilla
del mismo modo en que no es sin controversias acaloradas –como es
debido- que se busque criminalizar a los integrantes éstas últimas
asimilándolas como delincuentes a rajatabla, o peor aún, como
algo todavía más torcido mediante el uso de concepto engañosos,
imprecisos sociológicamente y manipulables políticamente como el de terroristas.
Todas son formaciones armadas y todas son diferentes, no sólo entre sí,
sino también, dentro de sí (no es lo mismo el EPR que el EZLN en el
caso de las guerrillas), y reconocer y hacer justicia a esta
complejidad –que no se limita al ámbito semántico- puede ser un buen
comienzo.
No hacerlo puede abrir una puerta que tal vez no podamos cerrar más tarde.
Última estación.- Última oportunidad
Pedir el desarme de las de las autodefensas parece algo lógico desde la
óptica del Estado, pero sería imprudente –y hasta insensato- para un
padre de familia cuya hija ha sido violada, como otras tantas en el
pueblo, por delincuentes a quienes la autoridad no sólo no ha castigado
y con quienes –una vez, más si la acusación resulta cierta- tiene
connivencia.
Solicitar confianza a las personas que integran
las autodefensas con promesas de que ahora sí se hará el trabajo que se
tenía que hacer y que por alguna razón no se hizo sin ninguna garantía
más que una palabra que ya de por sí estaba empeñada es pedir todo
–porque la confianza de la ciudadanía en la autoridad en materia de
gobernabilidad lo es todo- sin dar nada a cambio. Una solicitud aquí,
ahora y así, es, por decir lo menos, una tontería.
Exigir a
las autodefensas que respeten a las instituciones parece natural desde
la óptica de la normalidad democrática, en la que -según el contrato
social- la autoridad velará por la protección de los gobernados. Sin
embargo aquí eso es precisamente lo que no existe, normalidad democrática:
para comunidades enteras que desde hace años sólo han visto la
autoridad de la delincuencia organizada como eje articulador de la vida
y la muerte social, la demanda es sencillamente ridícula.
* * *
¿Más armas –así sean las del ejército y la policía- van a resolver la
crisis? Las primeras que llegaron mataron al menos a tres personas
inocentes, civiles desarmados –y cuentan las crónicas que entre los que
perdieron la vida había una niña de apenas 10 años.
¿Menos
armas entonces –así sean las de las autodefensas? Las primeras que se
fueron sólo sirvieron para ahondar la desconfianza: “¡Regresen las
armas que nos quitaron! ¡Por qué nos desarman a nosotros y no a Los
Caballeros Templarios! Si no nos devuelven nuestras armas ¡les vamos a
quitar las suyas!” (Montes, Rodolfo. “Chocan militares y pobladores por
desarme de autodefensas.” Milenio, Ene. 14, 2014).
Aunque es uno de los aspectos más visibles del conflicto, las armas
aquí –como en cualquier otro lugar- no son un factor absoluto: Suiza es
tal vez la sociedad más armada per capita del mundo y no es
necesariamente la más violenta. ¿Se ven mucho? Sí, ¿son importantes?
también. ¿hay que hacer algo con ellas? sin duda. Pero no son un factor
absoluto y mucho se esconde debajo de su fulgor y su estruendo.
Más importante es atender las causas que provocaron la crisis –y la
crisis no es que las autodefensas se organizaran, crecieran y
emprendieran la toma de la comunidad de Nueva Italia y otras. No, la
crisis cuyas causas hay que atender es la de la ausencia del Estado y
la subsecuente instauración de la delincuencia organizada gobierno de facto. Las autodefensas son apenas el síntoma superficial de problemas más profundos: la corrupción, el desdén y la opacidad..
Pero ni en México ni en Colombia se atienden estos fenómenos
endureciendo la política de seguridad, cosa que por cierto lo único que
consigue es hacerla más brutal, pero no más efectiva.
* * *
En Colombia la vinculación entre paramilitares de las AUC,
narcotraficantes y políticos involucró a casi 1 de cada 4 congresistas
(68 –a 2008- de un total 268) en lo que se conoció como el Escándalo de la parapolítica
que llevó al arresto de más de 30 congresistas –equivalente a
encarcelar en México a 55 de 500 legisladores), que produjo también la
renuncia de la Canciller y que puso bajo sospecha a decenas de
gobernadores, concejales y otros funcionarios públicos.
El
nivel de podredumbre del sistema político colombiano quedó al
descubierto. Internacionalmente fue una vergüenza, sí, pero también fue
importante y más aún: fue necesario para comenzar a enderezar el
camino.
Pero eso ocurrió en Colombia.
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