Sin embargo, al anunciar la nueva estrategia que arrancó el lunes
con el envío de miles de soldados, policías federales y agentes de la
PGR a la región de la Tierra Caliente michoacana, el secretario de
Gobernación, Miguel Osorio Chong, enfocó su discurso sólo a los grupos
de autodefensa, a los que acusó de actuar fuera de la ley y debilitar
el Estado de Derecho y les pidió, en un claro tono de ultimátum,
entregar las armas, regresar a sus actividades y “dejar la seguridad en
manos de las autoridades federales”.
Hasta ahí el mensaje de Osorio y del gobierno federal respondía a la
presión pública nacional e internacional que veía en los grupos armados
de autodefensa, fuerzas paramilitares que, en ejercicio legítimo de
defenderse de los criminales, habían cruzado la frontera de la
ilegalidad al tomar en sus manos la justicia y disputarle al Estado el
monopolio de la violencia.
Pero cuando se esperaba que la misma advertencia de la fuerza
federal se lanzara también a los criminales y narcotraficantes que
también han ejercido la violencia de las armas contra la sociedad
michoacana, el discurso del secretario de Gobernación se quedó cojo y
nunca especificó que el operativo de soldados, policías, tanquetas y
helicópteros que desde ayer tomaron el control de Tierra Caliente
también iba dirigido a someter a los Caballeros Templarios o a los
narcos de Nueva Generación y no sólo a desarmar a los grupos de
autodefensa.
La respuesta de los grupos comunitarios acusó claramente ese extraño
olvido o descuido del gobierno federal. Al sentir que eran el único
blanco del despliegue armado de la Federación, los michoacanos
autoarmados y sus líderes respondieron con una negativa a deponer las
armas y, en algunos puntos como Antúnez, en Parácuaro, repelieron y
rechazaron la presencia de los soldados con un saldo trágico de al
menos un civil muerto y versiones no confirmadas de otros tres guardias
comunitarios caídos por tiros del Ejército.
Hubo quien interpretó que el olvido en el mensaje del secretario
Osorio se debió a que el problema de las autodefensas se había
convertido en el principal motivo de crítica y en fuente de desgaste
para la imagen del presidente Peña Nieto e incluso del país, por la
inacción del gobierno, por lo que se convirtió en prioridad del nuevo
operativo federal. Pero como haya sido, el grave error de no incluir al
crimen organizado entre los objetivos explícitos del impresionante
despliegue federal, despertó ayer toda clase de reclamos y suspicacias
sobre las intenciones y la efectividad del gobierno central con esta
nueva estrategia.
Porque aun cuando se hayan convertido en parte del problema y en una
expresión de la ilegalidad y el caos en que vive Michoacán, donde se
vieron obligados a defenderse ante las agresiones de los narcos y la
ausencia de autoridades de todo tipo, los grupos de autodefensa no son
la causa del problema sino uno de sus efectos. En el origen de la
violencia que convirtió a la región de Tierra Caliente en una zona sin
ley están los criminales de la Familia Michoacana, hoy llamados
Caballeros Templarios, y los narcos de Nueva Generación que llegaron a
disputar el territorio. Fueron ellos los primeros que, con el uso de
las armas y el miedo del asesinato, las violaciones, el secuestro y las
extorsiones, convirtieron a la zona en un auténtico infierno en el que
a los ciudadanos se les fue orillando a tomar las armas y defenderse
ante el abandono del gobierno estatal y federal que nunca detuvieron,
en más de dos décadas, los crímenes de los narcotraficantes.
Por eso ahora que las tanquetas y los camiones militares avanzan por
municipios como Apatzingán y los helicópteros surcan los cielos de la
región calentana, el gobierno está obligado a confirmar que, junto a la
petición de desarme de los pobladores que integran las autodefensas,
irá una embestida de igual o mayor nivel contra las cabezas y los capos
de Los Templarios y el cártel Nueva Generación, y contra las redes
políticas y económicas que permitieron su expansión por más de una
década. Porque si eso no sucede, estaremos ante un nuevo montaje
coyuntural y momentáneo que no resolverá la guerra de fondo que sufre
Michoacán y que tiene por único origen la indolencia y la complicidad
entre autoridades y narcotraficantes en ese estado.
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