Tan sólo entre septiembre de 2013 y junio de este año, 122 mil 393
militares asistieron a 17 conferencias sobre respeto a los derechos
humanos.
1.- El caso Tlatlaya es,
sin duda, la crisis de seguridad más delicada que ha enfrentado hasta
ahora el presidente Enrique Peña Nieto en un sexenio que comienza a
acercarse rápidamente a una espiral de violencia similar a la del
panismo de Felipe Calderón.
La muerte de 22 civiles en un enfrentamiento que derivó en ejecución sumaria por parte de integrantes del 102 Batallón de Infantería, echa por tierra toda o casi toda la estrategia civil-militar de defensa y promoción de los derechos humanos en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
2.-
Conforme pasan los días y el gobierno mexicano no atina a definir con
seriedad la ruta que tomará el asunto, otros hechos relacionados con la
seguridad se complican y abren caminos que preludian una nueva etapa de
violencia, enmarcada ahora por la inminencia de procesos electorales
estatales y federales.
3.- Personajes como el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Christof Heyns,
advierte que la muerte de 22 personas en Tlatlaya podría constituir una
ejecución sumaria y que por lo tanto debe ser investigada hasta el
fondo por el gobierno de Peña Nieto.
La presión va en aumento desde el exterior y en algunos sectores de la prensa nacional.
4.-
Pero en la Sedena los vientos indican otra cosa. Para el gobierno
federal y para la institución consentida del régimen peñista, el tema
Tlatlaya se transforma no en un parteaguas o una crisis insalvable: Es
un asunto en el que no debe quedar en entredicho la institución armada.
La
Sedena tiene listos dos escenarios para sacar adelante el escollo que
amenaza con manchar los festejos centenarios de las fuerzas armadas
(que continuarán en 2015 con más celebraciones, ahora en torno a la Fuerza Aérea Mexicana).
El primero contempla la exoneración de los militares del 102 Batallón de Infantería que participaron en los hechos del 30 de junio en la comunidad de Tlatlaya.
6.-
La Sedena sólo se ocupará de demostrar que la tropa y el teniente que
la encabezaba, desobedecieron toda una cadena de procedimientos y
normativas que los militares deben aplicar para moderar el uso de la
fuerza en situaciones en las que sean atacados por civiles y estos
hayan depuesto las armas.
La dependencia le dejará a la PGR el
paquete de demostrar, con pruebas fehacientes, que la tropa ejecutó
sumariamente a sus atacantes en las siguientes dos o tres horas luego
de haberse rendido.
Para lograrlo, la Procuraduría dependerá de
los buenos oficios de sus peritos y, sobre todo, de la cooperación y
seguridad que le puedan ofrecer a las dos o tres sobrevivientes y
testigos de lo que sucedió la madrugada del 30 de junio.
El
detalle es que la PGR está tan golpeada e inverosímil como el resto de
las instituciones del gabinete de seguridad. La institución que
encabeza Jesús Murillo Karam está urgida de un buen
golpe mediático que le devuelva la credibilidad perdida en el sexenio
panista de FCH, en donde la fabricación de culpables y las venganzas
personales marcaron el paso de la procuración de justicia en el país.
7.- El prestigio del Ejército, de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Armada de México,
severamente desgastados en el sexenio anterior, no puede quedar de
nuevo en tela de juicio, pese a los abusos que estas instituciones
cometan en la era del nuevo PRI.
Enrique Peña Nieto
carece de una política verdadera en materia de seguridad. El presidente
ha mostrado su desdén hacia esta agenda, centrando sus esfuerzos y
energía en una dinámica reformista que haga trascender su mandato como
ningún mandatario lo ha hecho.
Hoy, los escenarios y variables a los que se debió haber dado seguimiento preventivo, le estallan en las manos y en la cara.
Por
eso, el segundo escenario preparado por la Sedena prevé la consignación
de ocho o diez militares a quienes se responsabilizará de la ejecución
de los 22 civiles que aparentemente pertenecían a grupos de la
delincuencia organizada y operaban en Guerrero y el Estado de México.
Pero,
por encima de todo, la Sedena buscará dejar perfectamente claro –como
ya lo adelantó el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong–, que
si hubo ejecución se debió a una indisciplina y a la toma de decisiones
de manera aislada por un puñado de malos militares.
Es decir, la Sedena no anda por ahí, como institución, ejecutando paisanos en horas de la madrugada y montando escenografías como parte de una política de Estado o como un método para deshacerse de presuntos narcotraficantes en una suerte de reedición de guerra sucia.
8.-
Por lo demás, ni la Sedena ni el gobierno federal están dispuestos a
aceptar que la política de respeto y promoción de los derechos humanos
instrumentada por las fuerzas armadas desde hace más de 15 años es, en
realidad, un barril sin fondo.
En ese lapso, todo un ejército ha
recibido cursos, seminarios, cátedras, pláticas, sesiones,
actualizaciones, talleres, conferencias y toda clase de información
especializada sobre el respeto a los derechos humanos.
El Segundo Informe de Labores de la Sedena indica en su página 43 que entre el 7 de septiembre de 2013 y el 7 de junio de este año, 122 mil 393 militares asistieron a conferencias sobre el respeto a los derechos humanos.
9.-
Esto significa que la capacitación en la materia es constante y se da
durante todo el año. De acuerdo con el informe de labores, la primera
conferencia de 2013 se tituló El uso indebido de la información, y asistieron 7,201 elementos.
Paradójicamente,
la última conferencia consignada en el documento, la del 7 de junio de
2014 (23 días antes de los hechos de Tlatlaya) se tituló Imputación indebida de hechos, y fue seguida por 6,745 militares.
10.- Así, en el peor de los escenarios, la Sedena terminará librando las acusaciones y señalamientos en su contra como institución, entregando a los responsables del agravio.
Si
algo terrible sucedió en el camino, fueron hechos aislados; soldados,
tropa, oficiales, algún jefe quizá, quienes se excedieron… por cuenta
propia.
En el barril sin fondo de los derechos humanos en las fuerzas armadas mexicanas, los daños colaterales marcan la agenda subterránea, siempre.
@JorgeMedellin95
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