9/30/2014

Ley de Infancia desprotege a las niñas

Vacíos en materia de derechos sexuales y reproductivos
Reportaje - 

El dictamen de la propuesta para resguardar a la niñez omite el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las menores de edad.

El pasado 1 de septiembre el Ejecutivo federal envió al Senado la iniciativa de Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue criticada por organizaciones civiles que advirtieron que la propuesta no atiende las prioridades de la niñez, además de carecer de perspectiva de género.

En opinión de especialistas, la iniciativa debió priorizar el respeto a los Derechos Humanos y atender problemáticas como el embarazo en adolescentes, los matrimonios infantiles, la violencia sexual, la trata de personas, el feminicidio, el trabajo infantil, y la niñez migrante y en situación de calle.

Las agrupaciones destacaron que la discusión del proyecto sería la oportunidad para desarrollar un instrumento legal que otorgara garantías a las niñas y las adolescentes.

La propuesta final dictaminada el jueves 25 de septiembre en las comisiones de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género, Educación, Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, recogió observaciones de activistas respecto a la igualdad y derecho a la no discriminación, pero dejó fuera la atención a los embarazos tempranos.

Con la dictaminación, la iniciativa ahora se llama Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

SIN GÉNERO

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), entre otras agrupaciones, aseguraron que la propuesta inicial no reconocía los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, y además no hacía transversal el enfoque de género.

Rebeca Ramos, abogada de GIRE, señaló que la propuesta del Ejecutivo suponía que las niñas, niños y adolescentes están en las mismas condiciones. Además, los artículos correspondientes a la atención médica de las niñas no incluían servicios de salud reproductiva.

Asimismo, los artículos referentes al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información no incluían la difusión de métodos anticonceptivos, y en los artículos sobre la deserción escolar no se establecían los embarazos prematuros como una de las causas principales del abandono de la escuela.

Juan Martín Pérez García, director de la Redim, criticó que la ley tenía un enfoque “paternalista” y no promovía la participación de las niñas en la toma de decisiones. Agregó que la creciente desaparición de adolescentes en el país y la violencia sexual en las escuelas son temas que quedaron “invisibles”.

No obstante, según la senadora por el PRI Lucero Saldaña, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, el dictamen aprobado ya cuenta con un enfoque de género e incluyó como principio rector la igualdad sustantiva con base en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y el derecho a una vida libre de violencia.

Además, destacó, se agregaron otras consideraciones, como mandatar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a adoptar medidas de protección especial a los derechos de las niñas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo el dictamen establece que las autoridades deberán adoptar medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas culturales, religiosas, estereotipos sexistas o prejuicios, y privilegia el uso de un lenguaje incluyente en los medios de comunicación.

También establece que se busca “prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes, y violencia obstétrica”.

De la iniciativa enviada originalmente por el Ejecutivo se rescató la propuesta de elevar a 18 años la edad mínima para el matrimonio en el Código Civil Federal (CCF), y la obligación de cumplir con la Ley General de Víctimas, que dice que las víctimas de violencia sexual pueden acceder a anticonceptivos de emergencia y a la interrupción del embarazo.

Si bien el dictamen rescató varias consideraciones de activistas y expertas, en lo que compete a las niñas dejó fuera algunas propuestas como la de homologar los códigos civiles estatales con el CCF para elevar la edad mínima del matrimonio a l8 años.

Asimismo, dejó fuera lo referente a los servicios de salud reproductiva para las niñas, tales como la interrupción legal del embarazo y atenciones postparto.

Además no se reforzaron temas que según las y los expertos, ya existen en algunas normas dentro de los códigos civiles y penales, pero que son débiles y no protegen los derechos de niñas, adolescentes y jóvenes.

Entre ellos, el delito de estupro que se define en el Código Penal Federal como una relación sexual consentida entre un adulto y una persona mayor de 15 años y menor de 18, y que a decir de activistas puede ocultar casos de violación sexual.

Otro tema que no se amplió es la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo que aumentó la edad mínima de empleo a 15 años; ya que esta modificación fue calificada por organizaciones como “insuficiente” por no combatir con acciones integrales la explotación laboral de menores de edad.

PROPUESTAS EXCLUIDAS

Con motivo de la conmemoración por el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, con una sesión especial en la ONU este 29 de septiembre, la Redim presentó su informe que enumera los desafíos del gobierno y la sociedad en el tema de infancia, y en el que reconoce retos específicos para las niñas y las adolescentes, sobre todo en el tema de embarazos en adolescentes y feminicidio.

Tales propuestas no fueron plasmadas en el dictamen aprobado en comisiones, como la creación de un Sistema de Garantías para la Infancia que articule y coordine las acciones de los diferentes sectores de la administración pública federal, estatal y municipal en materia de protección y difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del país.

Igualmente, la Redim sugirió implementar acciones que brinden asistencia médica, psicológica y social para atender a las menores de edad víctimas de violencia sexual, y realizar un diagnóstico que indague las causas del feminicidio de niñas y adolescentes. Todo ello tampoco se integró al dictamen aprobado.


CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.

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