"Brecha brutal" entre lo que México ha aprobado en reformas institucionales, leyes, planes nacionales... y la dificultad de acceso de justicia, señaló Emilio Álvarez Icaza.
En su visita a México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató que el país pasa “por una grave crisis de derechos humanos”, sentenció James Cavallaro, relator para México y primer vicepresidente de la CIDH, en entrevista para Aristegui CNN.
Expuso que “estuvimos en el Distrito Federal, nos reunimos con autoridades, sociedad civil y víctimas”, ”después nos dividimos en varios estados, en el norte Coahuila, Nuevo León. También Veracruz, Guerrero, Tabasco, cada equipo que fue a un lugar diferente, volvió muy impresionado con la gravedad de la situación”.
“En el tema de la desapararición forzada recibimos decenas de testimonios; con las ejecuciones extrajudiciales, casos gravísimos, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato; casos gravísimos de tortura…”, agregó.
Luego “volvimos a la capital con un impacto muy fuerte, no hay otra conclusión. La situación es muy grave, crisis grave describe la situación que vive el país”, subrayó.
Ante la postura del gobierno que dice no compartir que de manera generalizada haya una crisis grave en derechos humanos en nuestro país, señaló que “son cinco días (de visita), pero la Comisión se divide en grupos, fuimos a seis estados, con un grupo de profesionales que viene acompañando la situación en México de forma permanente, hace meses y años. Tenemos también los documentos y estudios que analizamos antes de venir. En el terreno lo que conseguimos hacer fue comprobar lo que estamos estudiando y analizando en semanas y meses previas”.
Además la Comisión “lleva décadas de hacer este tipo de visitas, pero otras entidades internacionales hacen lo mismo. Pudimos corraborar, y de hecho lo que obtuvimos en el terreno fue más contundente… muy impactante“.
En el grave caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, “se encontraron fosas con decenas de otras personas desconocidas, hay un total de 400 personas, los llamados ‘otros de Iguala’. Pero tan grave ha sido la situación, de tanto que no le han hecho caso a esas personas, una mujer nos contó que ‘cuando supimos del horror de Ayotzinapa, dijimos gracias a Dios, porque ahora nos van a a hacer caso. Estamos años buscando a nuestras familias…’, sin que las autoridades le dieran importancia”.
Por su parte, Emilio Álvarez Icaza, secretario Ejecutivo de la CIDH, aseveró que “hubo una agenda muy intensa, reuniones con más de 60 u 80 funcionarios, vimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a su presidente, presidentes de las salas. Al Senado, Cámara de Diputados, vimos a seis gobernadores, organismos internacionales, periodistas, organizaciones de la sociedad civil”.
Detalló que “por una parte se le pidió al Estado mexicano una serie de informaciones, para tener elementos de estadísitica. Información oficial que nos permitiera docuememtar de mejor manera. También se le pide a las organizaciones de la sociedad civil y a las víctimas, no sólo testimonios, sino análisis y documentos. Hablamos con académicos y periodistas… de manera que tendremos elementos para hacer un foco específico en las violaciones graves a los derechos humanos”.
“En el ánimo de generar un documento que le brinde un horizonte de trabajo a México… bajo la hipótesis que se reconoce que el gobierno invitó a la Comisión, pero que tiene que tener un correlato en el seguimiento a las recomendaciones. Cuando venga el informe tendrá que haber un trabajo de como se cumplen las recomendaciones, de manera que no sólo el gobierno federal, sino los poderes de la República y los gobiernos estatales de manera principal, pongan condición y atención”, opinó.
Explicó que “preparar una visita de esta naturaleza, nos llevó por lo menos ocho meses de trabajo sistemático, hay un diagnóstico donde se dialoga por las audiencias, por la información recibida, hay todo un proceso de investigación previo. No fue este el único viaje, gente de la secretaría Ejecutiva vino antes a prepararla”.
Además de que “el fénomeno de un informe de esta naturaleza, tiene un calado, inclusive, de qué tipo de informe va a hacer. ¿Por qué vamos a trabajar estos temas?, porque ya hay un diagnóstico previo que se sustenta y se soporta”.
Lo que es evidente, comentó Álvarez Icaza, es que el fenómeno de las violaciones graves “está en una condición donde hay una distancia tan extraordinaria entre lo que México ha aprobado de reformas institucionales, de leyes, de planes nacionales y la dificultad de acceso de justicia. La brecha es brutal”.
“En 15 de 32 estados no está tipificada kla tortura, ni siquiera puedes calificarlo como delito”, recordó.
“Hay un contexto de violencia generalizado, un fenómeno de inseguridad. Tienes la afectación del delito, pero también un fenómeno de permear las intenciones de seguridad, donde hay funcionarios públicos que participan en el delito”, aseguró.
Además, existe “un fenómeno donde las procuradurías estatales ni siquiera investigan y hay quienes reciben amenazas por buscar a su familia”.
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