PORTADAS:Alista el gobierno rescate de $73.4 mil millones a Pemex/Logran ciudadanos llevar 3de3 a Senado/
/Gobierno respalda a Pemex con 123 mil mdp/Comienza el rescate de Pemex; fortalecen sus finanzas/Pemex debe redefinir su futuro tras rescate/Por nuevo caso de tortura, Sedena encarceló a dos militares/Con Peña Nieto persisten la corrupción y las violaciones a derechos humanos, dice Estados Unidos/El PVEM, consentido del TEPJF; le rebaja 107 mdp a multa por spots ilegales/El reino del cobro de piso/Difunden video de tortura por parte de presunta militar y policía federal/Créditos de viviendas de sindicalistas de Cámara de Diputados, por los cielos: duplican o triplican deuda/VIDEO confirma hoy el reclamo de ayer en Washington: militares y policías torturan a mexicanos
REFORMA
El Instituto Nacional Electoral (INE) validó
las miles de firmas entregadas por ciudadanos para impulsar la
aprobación de la Ley 3de3 en el Congreso, con la que se pretende
combatir la corrupción gubernamental. Con este aval, el Senado
comenzó a procesar formalmente el proyecto que obliga a los servidores
públicos a hacer públicos sus bienes, el pago de impuestos y sus
conflictos de interés.Legisladores y representantes de la sociedad civil consideraron que se trata de un hecho histórico.
EL UNIVERSAL
EL FINANCIERO
La Secretaría de Hacienda anunció que el apoyo del gobierno federal a Pemex sumará
123 mil 500 millones de pesos y se concentrará en el pago de deuda con
proveedores, además de reducir las necesidades de endeudamiento de la
empresa.De ese total, 26 mil 500 millones de pesos se darán como
aportación patrimonial; otros 47 mil millones de pesos provienen del
apoyo que otorgó Hacienda de 50 mil millones de pesos en diciembre
pasado para pensiones, que estaban sujetos a autorización y 50 mil
millones de pesos que provendrán del ahorro por los cambios al régimen
fiscal de la petrolera. “La aportación de capital por 26 mil 500
millones de pesos, se deriva de un ajuste preventivo para 2017 de 30
mil millones de pesos, que generó un espacio de gasto para 2016”,
explicó Miguel Messmacher, subsecretario de Hacienda en reunión con medios de comunicación.En
tanto los 47 mil millones de pesos se derivaron de la autorización de
la dependencia para que la petrolera los utilice y a su vez eso permitió
que la empresa pudiera estar en condiciones de pagar esa misma cantidad
en pensiones.Lo que se permite ahora es que Pemex tome 47
mil millones para apoyo de liquidez este año”, explicó el funcionario.
Con el adelanto del pagaré, Pemex tendrá recursos líquidos por 73 mil
500 millones de pesos. “Los recursos no deben utilizarse para gasto
corriente”, enfatizó Messmacher.
EXCÉLSIOR
El gobierno federal inyectará mañana 73 mil
500 millones de pesos a Pemex, de los cuales 47 mil millones se
destinarán al pago de pensiones y jubilaciones, informó la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. La dependencia detalló que la inyección de recursos a la empresa se
hará a través de una aportación patrimonial inmediata por 26 mil 500
millones de pesos que se tomarán del “espacio presupuestal” generado por
el ajuste preventivo al gasto de 2016. Y otra de 47 mil millones de pesos que resultan del intercambio de
una parte del bono que el gobierno federal otorgó en 2015 por Ley a
Pemex por 50 mil millones de pesos, para el pago de pensiones y
jubilaciones. Estos apoyos se encuentran condicionados a que Pemex reduzca su
pasivo circulante, deuda con proveedores y contratistas en la misma
cantidad que la recibida por parte del gobierno federal, es decir en 73
mil 500 millones de pesos.El subsecretario de Ingresos de la SHCP, Miguel Messmacher, afirmó
que el apoyo financiero del gobierno federal a Pemex es una medida
responsable, prudente, y congruente con la conducción responsable de las
finanzas públicas del país.
La inyección de 73,500 millones de pesos (mdp) y la modificación del
régimen fiscal a Pemex por parte de Hacienda, ayudará a que en el corto
plazo mejore su posición financiera y la percepción de los mercados.
Sin embargo, para resolver sus problemas estructurales, la petrolera
requiere enfocarse solo en actividades redituables, comentan analistas.Los recursos que inyectará el gobierno federal vía la Secretaría de Hacienda,
son vistos como una noticia positiva, aunado a que la dependencia ha
dicho que no será la última intervención. No obstante, para los
analistas resulta necesario que Pemex se limite a las actividades que le
resultan rentables, como la exploración y extracción de petróleo y deje
a un lado los negocios que le generan pérdidas.El director
general de la consultoría GMEC, Gonzalo Monroy, indicó que la petrolera
debe deshacerse de negocios sin sentido como el de fertilizantes.
Tras darse a conocer un video en el que se observa a dos militares y
policías federales torturando a una mujer, la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) informó que por esos hechos fueron detenidos un
Capitán y una Soldado Policía Militar por el delito de “desobediencia”.Los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2015 en el municipio de
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, y la Sedena se enteró el pasado 10 de
diciembre 2015.El Ejército puntualizó que ambos militares se encuentran internados
en la prisión militar por lo que respecta a los delitos del orden
militar, habiéndoseles dictado auto de formal prisión el 11 de enero de
2016 y están a disposición del Juez Quinto Militar.Además, subrayó la Sedena en un comunicado, el 4 de enero de este año
se dio vista de la averiguación previa a la PGR, para que, en el ámbito
de su competencia, determine la responsabilidad en cuanto a las
afectaciones a la civil.La Policía Federal informó, por su parte, que apenas se enteró de los hechos y que inició una investigación.
ANIMAL POLÍTICO
Con Peña Nieto persisten la corrupción y las violaciones a derechos humanos, dice Estados Unidos
Tan solo un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto aseverara durante su visita a Alemania que “México es un país que protege la defensa de los derechos humanos”, el gobierno de Estados Unidos publicó ayer un informe que cuestiona lo dicho por el mandatario.Se trata del informe anual Country Reports on Human Rights Practices for 2015, en el que el Departamento de Estado de la administración Obama evidencia que a tres años de gobierno de Peña Nieto las violaciones a derechos humanos, así como la corrupción y la impunidad, continúan siendo una constante en el país.En el informe, que incluye 34 páginas dedicadas a México, el gobierno estadounidense expone que “persisten” problemas en materia de derechos humanos, como la participación de militares en “abusos graves” como homicidios, tortura y desapariciones forzadas de ciudadanos; los asesinatos de periodistas; los secuestros y agresiones a migrantes; la impunidad; la colusión de funcionarios con el crimen organizado; así como la violencia contra las mujeres.“La impunidad de los abusos contra los derechos humanos sigue siendo un problema en todo el país, con tasas extremadamente bajas de delitos procesados”, refiere el informe.Agentes del gobierno mexicano cometieron homicidios con impunidad”En el primer capítulo dedicado al respeto a la integridad de las personas, el informe apunta varios casos donde habrían ocurrido graves abusos de fuerzas de seguridad del estado mexicano, como los enfrentamientos de Tanhuato, en Michoacán –donde policías mataron a 42 presuntos criminales-, y Tlatlaya, en el Estado de México –cuando en junio de 2014, elementos del Ejército mataron a otros 22 sospechosos-.“Hay numerosos informes de que el Gobierno mexicano o sus agentes cometieron homicidios ilegítimos o arbitrarios, a menudo con impunidad”, señala el Departamento de Estado en su análisis, en el que también expone que grupos del crimen organizado estuvieron implicados en numerosos homicidios en el país “actuando con impunidad y en ocasiones en contubernio con autoridades locales corruptas y con funcionarios de seguridad”.
PROCESO
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) disminuir la multa por
322.4 millones de pesos impuesta al Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) el año pasado, por la transmisión de spots ilegales.En mayo de 2015, el INE resolvió que el PVEM violó la ley al recibir
aportaciones en especie de sus grupos parlamentarios en el Congreso
quienes pagaron spots en medios electrónicos para difundir informes de
sus gestiones que en realidad promocionaban al partido.En total, la autoridad electoral acreditó la difusión de 293 mil 321
spots ilegales que el PVEM y sus legisladores transmitieron en tiempos
electorales durante 2014 y 2015.Así, el INE planteó una multa de 107 millones de pesos que se
incrementó al doble por considerarla una falta grave y luego volvió a
duplicar la multa al señalar que el partido actuó con dolo al l momento
de violar la ley, con lo que la multa quedó en 322.4 millones de pesos.Sin embargo, en su sentencia, el TEPJF acotó al INE a sancionar con
un tope de 200% del monto involucrado, lo que significa que la multa
quedaría en 214.8 millones de pesos o menos.El tribunal electoral consideró que la decisión del INE de multar con el 300% del monto, fue una resolución “indebida”.Los magistrados argumentaron que el INE sancionó el dolo del partido
por duplicado al considerar la falta como “grave especial”, lo que
supone una multa de 200% del monto y ya incluía el dolo, pero
adicionaron otro 100% por dolo.
El gobierno estadunidense denunció la violación de los derechos
humanos cometidos en México por militares y fuerzas de seguridad, entre
ellos ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones.En su informe anual sobre la “Situación de los derechos humanos en el
mundo en 2015”, el Departamento de Estado en el capítulo de México
insiste en que como parte del deterioro de las garantías individuales,
“la impunidad y la corrupción en las agencias de la aplicación de la ley
y el sistema judicial se mantienen como problemas serios”.En
el mismo casillero donde coloca a las violaciones a los derechos
humanos que en México cometen las fuerzas militares y de seguridad, el
gobierno del presidente Barack Obama ubica los cometidos por los grupos
criminales.“Secuestros, intimidación a los ciudadanos, a los migrantes, a los
periodistas y a los defensores de los derechos humanos” son algunas de
las violaciones a las garantías individuales que le achaca el
Departamento de Estado al crimen organizado mexicano.Como añadido al deterioro de la situación de los derechos humanos en
México en el año pasado, el reporte del gobierno estadunidense enlista a
la decadente situación de las prisiones, los arrestos y detenciones
arbitrarias, amenazas y violencia contra defensores de derechos humanos y
a periodistas, a migrantes, la violencia contra la mujer, el abuso
doméstico, a las personas con discapacidades físicas y amenazas y
violencia contra los indígenas, además del abuso y explotación de
menores de edad.
REPORTE ÍNDIGO
Los cobros por derecho de piso del crimen organizado hacia los
comerciantes y empresarios de México, desde los más pequeños hasta los
de índole trasnacional, se han extendido por todo el país; hoy no hay
estado ni ciudad relevante donde esta forma de extorsión no esté
presente. Pero a diferencia de la Procuraduría General de la República (PGR),
la Policía Federal sí está elaborando una estadística delictiva
exclusiva sobre los cobros de piso de los que tiene conocimiento, y en
la que ha registrado 4 mil 674 de estos delitos en el país, en el
periodo de 2007 a 2015, aunque fue hasta 2009 que inscribió los primeros
seis. Sus registros constatan que se trata, en efecto, de una problemática
nacional, aunque tiende a relacionarse con el Michoacán de Los
Caballeros Templarios, o el Guerrero desgarrado por la pugna de
Guerreros Unidos con Los Rojos, y las 50 bandas de las que han hablado
sus autoridades. Si bien la Policía Federal ha recibido denuncias de cobros de piso en
las 32 entidades federativas, sin excepción, hay una decena donde se
concentra el 92 por ciento de todos estos delitos, o 4 mil 305 para ser
precisos, a saber:El Estado de México, con 2 mil 295; Chihuahua, con 659; la Ciudad de
México, con 551; Michoacán, con 168; Guerrero, con 162; Veracruz, 146;
Tamaulipas, 108; Guanajuato, 93; Morelos, 64 y Jalisco, con 59. Como se ve, tan solo el Estado de México, concentra la mitad de todas estas extorsiones sobre actores de su vida económica. También destaca el caso de la Ciudad de México, el tercer lugar en la
incidencia de la Policía Federal, y aunque los medios han dado cuenta
de cuotas de hasta 5 mil pesos mensuales en zonas como su Centro
Histórico, el fenómeno ha sido negado por sus autoridades que no
reconocen la operación del crimen organizado en lo local.En su extracción de rentas sociales para el sostenimiento de sus
actividades delictivas, las organizaciones criminales han cubierto
prácticamente todas las ciudades de importancia de México, así lo ha
confirmado esta institución policial de la Comisión Nacional de
Seguridad. Toluca, León, Aguascalientes, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua,
Torreón, Colima, Pachuca, Morelia, Cuernavaca, Ciudad Juárez, Tepic,
Monterrey, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Ciudad
Victoria, Guadalajara, Tlaxcala, Xalapa, Mérida, Zacatecas… no hay lugar
a salvo.
ARISTEGUI NOTICIAS
A través de Facebook, un usuario publicó un video
donde una mujer es torturada por una presunta militar y una supuesta
policía federal. "Para que vean que también las mujeres torturan y
asesinan", comentó quien difundió las imágenes en un inicio que ya
fueron retomadas en Youtube y que este jueves son revisadas por las
autoridades.
El gobierno mexicano ha insisto en la salida del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos; sobre ello, Édgar Cortez,
integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia,
dijo que “vale la pena poner esta decisión en perspectiva. Yo sí creo
que en una historia, del año pasado para acá, de cerrazón y mayor dureza
de la política general del gobierno en temas de derechos humanos… hay
un proceso en donde la política general de derechos humanos se viene
cerrando, algunos de los cambios en el gabinete también mandan ese
signo, una política de mucha más confrontación, cuestionamiento e incluso de descalificación”.“Creo que esta decisión se inscribe en ese proceso. Un grupo que no acaba de gustar
y que hay una alta probabilidad de que por parte del gobierno haya una
persistencia de su decisión de no ampliar el mandato, es cierto que va a
ser decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero
tampoco podemos perder que en el origen hay una petición de asistencia,
entonces eso va, sin duda, a pesar. No es una decisión unilateral e
impuesta por la CIDH, sino una respuesta a una petición en el origen del
gobierno”, aseveró en entrevista para Aristegui CNN.Esta política “en lugar de buscar soluciones, más bien está negando los problemas... nos pone en un escenario de ‘no vamos a resolver este problema, no vamos a resolver problemas más grandes’.Recordó “que en nuestra Constitución está establecido desde 2008, que
los objetivos de la justicia penal, la que investiga delitos, es esclarecer los hechos, proteger a los inocentes
y procurar que los culpables sean sancionados y se repare el daño. Si
ponemos estos aspectos como el propósito y obligación del Estado, lo que
decimos es que no tenemos satisfechos esos cuatro elementos”.Además “el papel del grupo de expertos no es resolverlo, eso es una obligación del Estado, era una cooperación, un apoyo, una coadyuvancia para lograr que finalmente el Estado cumpla”.
El Departamento de Estado, de Estados Unidos, publicó su informe anual sobre el estado de los derechos humanos, e identificó claras violaciones en México.Según el reporte, el principal problema radica en que en los abusos graves están implicadas las fuerzas militares,
que participan en homicidios, torturas y desapariciones. “La impunidad y
la corrupción en el sistema de aplicación de la ley y la justicia
siguen siendo problemas graves”, afirma el texto.Menciona casos emblemáticos como el de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato, en los que fuerzas federales fueron señalados como perpetradores de matanzas.Además, enumera la proliferación de grupos criminales organizados que “asesinan, secuestran, intimidan a los ciudadanos, migrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos”.El documento afirma que persisten problemas de años anteriores, como las malas condiciones de reclusión; detenciones arbitrarias; amenazas y violencia contra los defensores de derechos humanos y periodistas; amenazas y violencia contra los migrantes; violencia contra la mujer; abuso de las personas con discapacidad; amenazas y violencia contra algunos miembros de la población indígena;
amenazas contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e
intersexuales (LGBTI); trata de personas; trabajo infantil, incluido el trabajo forzoso de los niños.“La impunidad de los abusos contra los derechos humanos sigue siendo un problema en todo el país, con tasas extremadamente bajas de procesamiento para todas las formas de delincuencia”, grafica el informe.
REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO
El secretario general del Sindicato del Poder Legislativo, José Luis
Nieto Moiré, solicitó la intervención de la Vocalía Ejecutiva del Fondo
de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (Fovissste), luego que cientos de trabajadores
de la Cámara de Diputados observaran que sus deudas por solicitar
créditos, aumentaran sustancialmente.Durante la reunión de trabajo de Luis Antonio Godina Herrera -titular
de la Vocalía Ejecutiva del Fovissste- con el pleno de la Comisión de
Vivienda, el dirigente sindical expuso que son “bastantes casos” (aunque
no precisó el número) los de trabajadores que se percataron, desde hace
por lo menos dos años, que arrastraban una morosidad considerable,
luego de que los intereses por los créditos adquiridos se duplicaran o
triplicaran, en función del monto original.La mayoría de los casos, corresponde a trabajadores que tramitaron su crédito de vivienda a partir de 2006.“Al revisar sus expedientes personales se dieron cuenta de que el monto que se les descontaba por parte de la retenedora, o sea Cámara de Diputados,
no cubría con lo mandatado por la ley para cubrir la capacidad de su
crédito y eso generaba que ese pago se utilizara únicamente para los
intereses y no pagaban capital, de tal suerte que; por ejemplo, si un
trabajador adquirió un crédito de vivienda por 300 mil pesos, en la
actualidad, tiene un adeudo de más de un millón de pesos”, sostuvo
Nieto.Explicó que en los dos sindicatos -en el del Poder Legislativo y en
el de la Cámara de Diputados- hay trabajadores afectados por esta
problemática y aunque han buscado una solución al tema a través de la
directora de Recursos Humanos de San Lázaro, Abril Aguayo, es
indispensable la intervención de la dependencia federal para que se
analice cada uno de los casos.El representante sindical solicitó a Godina Herrera, abrir un espacio
para analizar los casos, uno por uno, entre las tres partes
involucradas: trabajadores, la vocalía y los representantes sindicales.
No hay claridad en el destino de casi 400 mil televisores que entregó el gobierno de Enrique Peña Nieto en el año 2014, declaró la Auditoría Superior de la Federación (ASF).La ASF revisó los resultados de la cuenta pública de ese año y
analizó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) hasta
la fecha debería saber sobre el paraderos de las pantallas entregadas durante el programa para la transición de análogo a digital.Juan Javier Pérez Saavedra, auditor especial de Cumplimiento Financiero, detalló para Reforma que
en un inicio del programa todo fue muy desordenado y hasta la fecha se
desconoce en dónde terminaron casi 400 mil de los 1.7 millones aparatos
digitales que se entregaron en 2014.“Por la celeridad con que se fue planteando el programa, cayó en una
serie de vicios, como fue no realizar una investigación de mercado, lo
que propició, obviamente, la adquisición de grandes cantidades de
televisores en precios que no garantizaban las mejores condiciones para
el Estado”, declaró y agregó que la SCT debe aclarar el destino de los
televisores ya que en contraste con 2015 hubo mayor cantidad de aparatos repartidos.Por su parte las diputadas de Movimiento Ciudadano, Claudia Corichi y
la panista Minerva Hernández se cuestionan si el reparto de las
pantallas tuvo algún fin electoral o si hubo criterios para seleccionar a los sectores de la población a la cuales se iban a entregar los televisores.
SIN EMBARGO
Apenas ayer, el Departamento de Estado estadounidense dio a
conocer en un informe que la participación de la Policía y de las
Fuerzas Armadas en “graves abusos”, como “ejecuciones ilegales, tortura y
desapariciones”, es uno de los “problemas más significativos” de
México. Hoy, un video aterrador lo confirma. La agresión ocurrió en
Ajuchitán, Guerrero, en febrero de 2015. La Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) supo de lo sucedido en diciembre de ese año. El pasado 5 de enero dos de los cuatro elementos que participaron fueron detenidos.Dos elementos de las
fuerzas federales fueron captados en un video cuando torturan a una
mujer, supuestamente detenida por pertenecer a un grupo del crimen
organizado.La grabación, filtrada a algunos medios mexicanos, así como al sitio estadounidense Breitbart Texas,
muestra a una integrante de la Policía Militar y a un agente de la
Policía Federal, interrogar a una mujer con una bolsa en la cabeza.La persona detenida, en medio del llanto, pide clemencia a los
uniformados mientras que ellos le retiran la bolsa sólo para
cuestionarla sobre otra persona e incluso la amenazan con sus armas, al
parecer de cargo.En las imágenes se distingue, además de los dos elementos que llevan a
cabo los actos de tortura, a otro integrante de la Policía Militar que
presencia todo lo ocurrido sin intervenir. La persona que grabó el video
pertenece a una de estas corporaciones de seguridad.En el tramo final del video se aprecia cuando el presunto policía
federal se aproxima a la mujer para colocarle otra bolsa en la cabeza y
asfixiarla por unos segundo, acto que deja a la mujer tendida sobre el
suelo, mientras que la mujer militar le pregunta: “¿Ya te acordaste, o
quieres más?”De acuerdo con información difundida en Radio Fórmula, la
agresión ocurrió en Ajuchitán, Guerrero, en febrero de 2015. La
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) supo de lo sucedido en
diciembre de ese año y el 4 de enero de 2016 dio vista y desglose del
caso a la Procuraduría General de la República (PGR).La Sedena confirmó en el mismo espacio que un cabo y un capitán del
Ejército fueron detenidos el pasado 5 de enero por abuso de autoridad.
La víctima, quien deberá rendir su declaración, no ha sido identificada.
El Instituto que realizó el Índice de Paz México 2016 y que
sorprendió al colocar a Veracruz como el tercer estado más pacífico del
país dice que hay discrepancias entre las cifras nacionales y estatales,
y que en un análisis de los ocho puntos para evaluar el Índice de Paz
Positiva, la entidad que gobierna el priista Javier Duarte de Ochoa está
en los últimos lugares.Las cifras oficiales de
Veracruz no reflejan la realidad que vive la entidad gobernada por el
priista Javier Duarte de Ochoa en materia de derechos humanos,
corrupción, funcionamiento del Gobierno local, entorno empresarial y
libre flujo de información , dijo Patricia de Obeso, coordinadora en
México del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), en entrevista con SinEmbargo.La coordinadora del Instituto que desarrolló por tercer año el índice
de Paz México 2016 expuso que para construir el índice se tomaron
varios indicadores, pero el principal fue la tasa de homicidios de cada
entidad que arrojó que los estados más pacíficos son: Hidalgo, Yucatán,
Veracruz, Tlaxcala y San Luis Potosí y los menos pacíficas Guerrero,
Sinaloa, Morelos, Baja California y Baja California Sur.Fue Veracruz la entidad que sorprendió a los mismos investigadores
del Instituto debido a que sus cifras en las tasas de homicidios en los
últimos 13 años mostraron cambios mínimos, a pesar de la ola de
violencia e inseguridad que se generó a partir de 2006 y se recrudeció
entre 2009 y 2011.“En particular si vemos los niveles de paz en los últimos
13 años en Veracruz, vemos que permanecen igual, ni siquiera en los
mayores momentos de inseguridad, entre 2009 y 2011, hubo un cambio en
Veracruz. Entonces un estado que permanece igual en sus niveles de paz
llama la atención, porque a todos los estados del país les afectó la
violencia, menos a Veracruz”, explicó.
La inyección de capital por 73 mil 500 millones de pesos a Pemex es
insuficiente para sacarla de su problema financiero, coincidieron
especialistas en el sector energético. Además, destacaron, no hay un
plan para atacar sus grandes males: la corrupción, las malas gestiones
y la enorme plantilla laboral, protegida en su mayoría por un sindicato
cuestionado y que lidera el priista Carlos Romero Deschamps, considerado
por diversos medios y organizaciones civiles como uno de los políticos
más corruptos de México.El anuncio del rescate
temporal de Petróleos Mexicanos (Pemex) por parte del Gobierno federal,
con una inversión de 73 mil 500 millones de pesos, fue considerado por
analistas como una inyección que sólo reducirá la fiebre del enfermo
pero, de ningún modo, acabará con la grave infección que se ha propagado
en todo el corporativo, y que es generada principalmente por la
corrupción y las malas gestiones.La capitalización por 73 mil 500 millones de pesos a Petróleos
Mexicanos permitirá a la empresa resolver su problema de liquidez de
corto plazo y pagar parte de la deuda por 147 mil millones de pesos a
sus proveedores, dijo el especialista en sector energético Arturo
Carranza . Sin embargo, destacó, la petrolera tiene problemas más
importantes que incluso la falta de dinero.La firma, añadió, necesita revisar su gestión y transparentar sus
cuentas. También restituir sus reservas petroleras y revertir la caída
en su producción, y para eso necesita “asociarse con particulares en el
desarrollo de proyectos de exploración”.En el primer bimestre de 2016, Pemex produjo 2 mil 267 millones de
barriles diarios frente a los 2 mil 302 miles de barriles diarios que
produjo en el mismo periodo del año pasado.Asimismo, como parte de la reducción de su pasivo circulante
solicitada por el Gobierno federal, la compañía deberá buscar acuerdos
con su plantilla laboral para dar pensiones y jubilaciones acordes con
la realidad que vive. Esa adaptación, expuso Carranza, le permitirá no
absorber todo el costo de este tipo de cuentas.
LA JORNADA
Busca resolver los problemas de liquidez de la empresa
Recibirá 2 partidas; la mayor será para cubrir pensiones y jubilaciones
Cambiará el esquema fiscal para disminuir la elevada carga tributaria
SHCP condiciona el apoyo a reducir adeudos y no usarlo en salarios
Víctor Cardoso
Fotoportada
Llama Cristina Fernández a crear frente contra Macri
La ex presidenta de Argentina habló ante una multitud luego de comparecer en tribunales por una acusación de operaciones ilícitas cambiarias durante su gestión. Afirmó que el cargo es una acción "armada, sin el menor asidero jurídico". Luego instó a conformar un frente ciudadano para reclamar derechos arrebatados. "Este gobierno no cuida a la gente; tenemos industrias en crisis, comercios cerrados y tarifazos en servicios públicos. Nunca vi tantas calamidades en tan sólo 120 días", expresó Foto Afp
El esquema de asistencia acordado siempre fue temporal, subraya Campa
El término del mandato del grupo de expertos es nuestra potestad: CIDH
Participan militares y policías, dice informe del Departamento de Estado
Grupos criminales secuestran y asesinan a ciudadanos y migrantes
Se analizaron los municipios en los que podrían existir "riesgos"
Establecen mecanismos para que en los próximos comicios prevalezca el orden
Se les acusa de violación y abuso sexual de una menor de edad en Veracruz
Rayuela : De acusada pasó a acusadora y, lejos de arrugarse ante la embestida de Macri, llamó a la sociedad a defenderse del zar privatizador.
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