REFORMA
Sin embargo, en los casos de Querétaro, Tabasco y Oaxaca, el
Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ya interpuso
acciones de inconstitucionalidad contra aspectos de sus reformas locales
por no ajustarse a la Constitución.La reforma en materia de transparencia de febrero de 2014 --así como
la publicación de una Ley General en mayo del año pasado-- impuso a las
32 entidades del País la tarea de armonizar sus normas en la materia,
pues ninguna cumple con lo que dice la Carta Magna.La Ley General establece, entre otros aspectos, que el acceso a la
información es un derecho humano y que la reserva de datos se dará sólo
por razones de interés público y seguridad nacional, aunque ésta no será
procedente cuando se trate de casos de corrupción, violaciones graves a
los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
EL UNIVERSAL
A pesar de los ajustes a
la baja en la economía mexicana para 2016 y 2017 realizados por el Fondo
Monetario Internacional, los pronósticos para el país son robustos,
puesto que factores como una moneda competitiva lo llevarán a una buena
posición. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó a la baja sus pronósticos de crecimiento de la economía mexicana
para 2016 y 2017. La previsión del Producto Interno Bruto (PIB) para
este año se ubicó en 2.4 por ciento, 0.2 puntos menos de lo estimado en
enero pasado y muy por debajo del 3.8 por ciento que auguraba en octubre
de 2014. Para 2017 la expectativa es de un crecimiento de 2.6
por ciento, desde un 2.9 por ciento previo y será hasta el 2020 cuando
se alcance una tasa de 3 por ciento.
Tiene más de cuatro años de haber sido
cerrado, sin embargo, el basurero Bordo Poniente es una fuente de
contaminación en momentos en que el Valle de México vive una emergencia
ambiental.Almacena 74 millones de toneladas de basura que, según el Programa
Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, expulsan
alrededor de 1.2 millones de toneladas de dióxido de carbono
equivalente al año.Las emisiones diarias son semejantes al esmog que producen un millón
de vehículos en circulación, los mismos que dejan de transitar todos los
días por el endurecimiento temporal del Hoy No Circula.Rafael Pacchiano, secretario de Medio Ambiente, dijo que el Bordo es
un tema que tiene que tratar la Comisión Ambiental de la Megalópolis.
CNN MÉXICO
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tiene en la
mira a las Afores Banorte XXI, Sura, Profuturo GNP y Principal, dentro
de su investigación por presuntas prácticas monopólicas absolutas en el
sector.Hasta el momento, la Autoridad Investigadora de la Cofece ha citado a estas cuatro Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) para que respondan a las imputaciones en su contra en este procedimiento que seguirá en forma de juicio.Este
órgano técnico, que inició la investigación en julio del año pasado,
tiene indicios de presuntas prácticas de colusión entre estas Afores,
que podrían haberse puesto de acuerdo para no quitarse afiliados en un
corto periodo de tiempo durante 2014.Ese año, la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) anunció un cambio
más en las normas de los traspasos entre Afores, para minimizar que los
ahorradores cambiaran a una de menor rendimiento sin tener conocimiento
de ello. Estas modificaciones entraron en vigor en marzo del año
pasado.Para expertos como Alejandro Turner, presidente de la
Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, es difícil que las Afores
puedan ponerse de acuerdo en traspasos y comisiones, aunque afirma
desconocer qué datos tiene la Cofece, cuyo órgano técnico puede requerir
cifras que no son públicas."Lo que sí existe es un mercado
imperfecto. Hay problemas en cuanto al diseño, que tienen que ver con
traspaso y con la forma en que se determinan las comisiones e incluso
los rendimientos", dijo Turner en entrevista."El problema por el
cual no hay una competenca como debería es que las reglas del mercado
son irregulares. Los ahorradores no tienen información adecuada, y
aunque la tuvieran no van a actuar con base en esa información, porque
es un tema complejo para ellos. Por eso están decidiendo mal, algunos
impulsados por mala información de las Afores y algunos otros por
desconocimiento, que se cambian a Afores peores”, detalló el experto,
quien ha analizado el mercado.
El presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, Pablo Escudero (PVEM), acusó a los 600 mil ciudadanos que firmaron la iniciativa ciudadana #Ley3de3 de pretender violar la Constitución mexicana.En la primera mesa de debate sobre las leyes secundarias en materia
anticorrupción, el legislador del Verde explicó que hay dudas en varios
artículos de la iniciativa ciudadana #Ley3de3, como el relacionado a la intervención de llamadas telefónicas que buscan desmontar redes de corrupción.En ese sentido, el legislador dijo que esta iniciativa adolece de
seguridad jurídica, que de aprobarla como está, especialmente el
artículo 54 relacionados al tema de escuchas, podría generar acciones de
inconstitucional.“Vienen a pedirnos que violemos la Constitución”, dijo el senado del
Verde Pablo Escudero a los representantes de la sociedad civil,
promotores de la #Ley3de3, quienes fueron invitados para participar en este debate.Al respecto, el presidente de Transparencia Mexicana, Eduardo
Bohórquez, respondió que ninguno de los 600 mexicanos que firmaron la
iniciativa ciudadana #Ley3de3 pretende violar la Constitución mexicana.Acompañado de los especialistas y académicos, Juan Pardinas, José
Roldán Xopa y Max Kaise, el titular de Transparencia Mexicana explicó
que darán respuesta puntual a las más de 30 dudas que hay de la #Ley3de3.Los senadores Armando Ríos Piter (PRD) y Martha Tagle (Independiente)
criticaron que el legislador Pablo Escudero esté denostando la
iniciativa ciudadana y que pretenda que su propia agenda de dudas sea la
parte central de la reunión.Minutos más tarde de criticar la iniciativa ciudadana, el senador
Pablo Escudero pidió disculpas por haberse referido a los miles de
ciudadanos que firmaron la #Ley3de3.
Una joven de origen Yaqui, fue objeto de un ataque sexual en la ciudad de Los Mochis, presuntamente por un adolescente estudiante de bachillerato, hijo de un empresario, durante los festejos de una posada en una vivienda, donde laboraba la víctima en tareas de tipo doméstico.La visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Aracely
Sepúlveda dijo que se integró un expediente, con el relato de la
adolescente para investigar la lentitud con que se desahogan las
investigaciones en el área judicial.Según los testimonios de la víctima, el pasado 23 de diciembre, en el
hogar donde le brindaron cobijo para continuar sus estudios y
contribuir con actividades domésticas, el hijo de su tutora, quien
estudia el segundo año de bachillerato, celebró una posada.Uno de los asistentes, identificado como Sebastián “N”, de 17 años de
edad, hijo de un empresario de la ciudad de los Mochis, se introdujo a
su cuarto, la golpeo e inmovilizó, para después violarla.Por la extensión de la vivienda, los gritos de auxilio de la joven,
cuya familia radica en el vecino estado de Sonora, no fueron escuchados,
por lo que su agresor salió tranquilamente, pero abandonó su cartera,
lo que permitió su identificación.Un día después del ataque sexual, la joven de origen Yaqui, en
compañía de la señora que le brinda cobijo, acudieron ante el ministerio
público a presentar la denuncia respectiva y presentar pruebas de la
violación.La joven, cuya identidad se mantiene en reserva, recientemente
cumplió los 18 años de edad, por lo que se encuentra bajo asesoraría
sicológica y protección de la autoridad a víctimas del delito.
ANIMAL POLÍTICO
La fiscalía de Veracruz solicitó manera formal a la Procuraduría General
de la República (PGR) su intervención para tramitar las fichas rojas,
de acuerdo a funcionarios de la fiscalía.La solicitud llegó
ayer a las 17:00 horas a la PGR y fue la Subprocuraduría Jurídica quien
inició los trámites para poder ordenar la elaboración de las fichas
rojas.Este martes, un juez federal libro órdenes de aprehensión en contra de tres de los cuatro jóvenes implicados en la violación.Dos de ellos salieron del país el mes pasado. Cruz
Alonso dejó México el 28 de marzo para viajar a Bilbao, España para
cumplir con compromisos académicos, informó su padre. Mientras que
Enrique Capitaine se encuentra en Texas, Estados Unidos, junto a su
padre. Jorge Cotaita estaría también en Estados Unidos.La violación de Daphne, menor de edad, ocurrió en enero de 2015, en el municipio de Boca del Río, Veracruz, pero fue hasta mayo de ese año que se interpuso una denuncia ante las autoridades.Su padre, Javier Fernández Gómez, relató en una carta que su hija fue subida a un automóvil en contra de su voluntad. “Fue incomunicada, fue vejada, fue sometida, fue abusada sexualmente y fue violada”.Sobre
el tiempo que ha tomado la investigación, el fiscal de Veracruz, Luis
Ángel Bravo, dijo el pasado 8 de abril que se debe cumplir un marco
legal y que a pesar de que puede parecer mucho tiempo las autoridades
han trabajado en el caso.Un día antes, el jueves 7 de abril, el fiscal dijo a la cadena Radio Fórmula que
“en horas” se tendrán resultados para que haya justicia en el caso. Sin
embargo, un día antes hizo la misma declaración a los medios, de que
solo era cuestión de horas.
PROCESO
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto llegó al nivel más bajo de aprobación registrado en los cuatro últimos sexenios. Sólo 30% de la población aprueba su gestión y el 75% percibe que el
país va por mal camino, según la reciente encuesta del diario Reforma. La encuesta divide la opinión entre ciudadanos y líderes, y en ambos
casos la aprobación va en descenso. Mientras el 66% de los ciudadanos
desaprueban el trabajo que hace Peña Nieto como presidente de la
república, el 78% de líderes está en esa condición.De acuerdo con Reforma, a la mitad de su sexenio, Peña Nieto
registra un índice más bajo de aprobación que Ernesto Zedillo tras la
crisis económica de 1995, cuando la aceptación del priista se ubicó en
31%.La calificación más baja de Peña Nieto antes de la registrada en la reciente encuesta, la obtuvo tras la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en julio de 2015, cuando llegó a 31% de aprobación.Y es la actual situación económica la que tiene contra la pared
también a Peña Nieto pues el 68% califica como desfavorable la actuación
del gobierno en ese rubro, 12 puntos porcentuales más respecto la
medición anterior de diciembre pasado.La encuesta, destaca el diario, refleja un fuerte desgaste de la
percepción ciudadana respecto de la situación económica del país, pues
66% reprueba la actuación del gobierno en materia de empleo y el 68% en
combate a la pobreza.El 56% de los ciudadanos considera que en los últimos 12 meses la
situación económica del país ha empeorado y el 69% de líderes tiene esa
misma percepción.Peor aún, 73% de los ciudadanos desaprueban la gestión de Peña Nieto
en materia de combate a la corrupción. En el caso de los líderes ese
porcentaje se incrementa al 92%.
A la gira del presidente Enrique Peña Nieto por Alemania lo
“acompañaron” los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa con
protestas en Berlín y Hamburgo para denunciar que “la crisis de derechos
humanos en México ha adquirido dimensiones catastróficas”.Así lo dijeron la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en
México e integrantes de Initiative Mexiko en un comunicado en el que le
hicieron saber al presidente Joachim Gauck y a la canciller federal
alemana Angela Merkel que el caso Ayotzinapa es “sólo la punta del
iceberg sobre las graves violaciones a los derechos humanos”. Desde
ayer y hoy, agregaron, la sombra de los normalistas y las masacres de
Apatzingán y Tlatlaya persiguieron a Peña Nieto en su visita de Estado. El colectivo de organizaciones alemanas resaltó que, de acuerdo con
cifras oficiales, se desconoce el paradero de casi 27 mil personas
desaparecidas en México y las autoridades “casi no han adoptado medidas
para aclarar estos crímenes”.
Como ejemplo de esta inacción, citó el caso de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, que desde septiembre del 2014 desaparecieron y que “ha
desatado un gran desconcierto en México y a nivel internacional, pues ha
revelado la colaboración entre las autoridades estatales con el crimen
organizado”.
Según los activistas, las autoridades mexicanas comenzaron la
investigación, tras la fuerte presión internacional. Sin embargo,
dijeron, los resultados fueron refutados por el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI) y el destino de los estudiantes
“permanece sin ser aclarado”.
Para ellos, “no únicamente el crimen organizado sino también las
fuerzas estatales de seguridad son responsables de graves violaciones de
derechos humanos en México… La impunidad es de un 98% y la corrupción
alcanza hasta los niveles más altos de la política nacional. Por eso no
parece ser probable recibir una sanción por crímenes de violaciones de
derechos humanos”.
Este martes el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) alertó sobre el
preocupante aumento del número de fosas clandestinas halladas durante la
gestión de Enrique Peña Nieto, así como la opacidad para conocer
cuántos cuerpos se han encontrado, y la ausencia de tecnología para
identificar a las víctimas.Francisco Rivas, director del ONC, dijo que “hemos visto un aumento
en el hallazgo de estas fosas y ha tenido una particular relevancia en
el aspecto del crimen organizado”.También precisó que es en Guerrero donde se ha hallado el mayor
número de fosas, “y sabemos que lo que más llama la atención en este
caso son los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa”.De acuerdo con el Observatorio, sólo de 2006 a 2014 se han encontrado
“587 cuerpos o restos humanos en 164 fosas clandestinas, principalmente
en Guerrero y Tamaulipas”.Además, deploró que pese al llamado a fiscalías y procuradurías para
atender ese fenómeno, persiste la opacidad en entidades como el Estado
de México, Colima, Nayarit, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, donde no se
transparenten los hallazgos, lo que se traduce en un profundo dolor
para las familias en búsqueda de sus seres queridos.“Desafortunadamente no todas las procuradurías se suman en esto,
tengo que hacer un llamado de atención muy doloroso al Estado de México,
que una vez más nos ha dado atole con el dedo”, denunció Rivas.Enseguida precisó que aunque por dos años se ha intentado trabajar
con la PGJEM, “no han hecho absolutamente nada, y es una pena porque esa
entidad está sumida en una crisis de inseguridad y violencia, aunque
quieran aparentar en cifras otra cosa”.
REPORTE ÍNDIGO
Los perredistas enfrentarán las próximas elecciones como mejor saben hacerlo: divididos y peleados entre ellos.El proceso de selección de candidatos y la conformación de las
alianzas electorales con el PAN hicieron más profunda la fractura
interna que enfrenta el partido representante de la izquierda mexicana.El próximo 5 de junio cada tribu y corriente del PRD traerán su
propio juego y harán sus propias alianzas de facto, independientemente
de las respaldadas por la dirigencia nacional del Sol Azteca.En Chihuahua, por ejemplo, la corriente de Los Galileos está apoyando
abiertamente al candidato del PAN a la gubernatura, Javier Corral, por
encima del aspirante perredista Jaime Beltrán del Río, impulsado por la
corriente de Izquierda Unida o Los Chuchos.En Puebla, los alcaldes del PRD han anunciado que apoyarán en la
próxima elección al candidato del PAN a la gubernatura, Antonio Gali, en
lugar de la candidata oficial del Sol Azteca, Roxana Luna Porquillo,
impulsada por el grupo Alternativa Democrática Nacional.En los estados Zacatecas y en Oaxaca hubo fracturas hacia el interior
del PRD, una vez que se designaron a los candidatos del Sol Azteca.Esta situación adversa no impide que el dirigente nacional
perredista, Agustín Basave, asegure a Reporte Indigo que el PRD será
competitivo en 6 de las 12 elecciones que se celebrarán el 5 de junio
con posibilidades reales de ganar las gubernaturas en Quintana Roo y
Tlaxcala.El PRD se está jugando su futuro en las urnas, después de su
rompimiento con sus líderes históricos como Andrés Manuel López Obrador y
Cuauhtémoc Cárdenas.Pero también está en juego la supervivencia de sus tribus: Nueva
Izquierda (Los Chuchos) Alternativa Democrática Nacional, Izquierda
Democrática Nacional, Vanguardia Progresista, Los Galileos y Foro Nuevo
Sol.
ARISTEGUI NOTICIAS
El hallazgo de fosas clandestinas se ha incrementado
en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a la par de la falta de
transparencia para conocer el número de cuerpos encontrados en ellas y
de tecnología para identificarlos, coincidieron activistas.“En la administración de Enrique Peña Nieto hemos visto un aumento en
el hallazgo de estas fosas y ha tenido una particular relevancia en el
aspecto del crimen organizado“, expuso Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).“Guerrero es hoy donde encontramos el mayor número de fosas y sabemos que lo que más llama la atención en este caso son los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa”.Cifras dadas a conocer por Rivas refieren que de 2006 a 2014 en el
país fueron hallados 587 cuerpos o restos humanos en 164 fosas
clandestinas, principalmente en Guerrero y Tamaulipas.Lamentó que existan entidades como el Estado de México, Colima, Nayarit, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, que se nieguen a transparentar el hallazgo de cuerpos
en fosas clandestinas, lo cual dificulta la generación de estadísticas
para crear bases de datos y dar celeridad en respuestas para familiares
de las víctimas.“Desde el ONC hemos ofrecido a las Procuradurías mecanismo para fortalecer la manera
en que se atiende a las víctimas, la manera en la que se registran los
delitos, la manera en la que se construye estadísticas y se genera
transparencia y rendición de cuentas”.Rivas criticó la falta de disposición y colaboración de algunas procuradurías en específico, como la del Estado de México.“Desafortunadamente no todas las procuradurías se
suman en esto, tengo que hacer un llamado de atención muy doloroso al
Estado de México, que una vez más nos ha dado atole con el dedo”, acusó.El activista llamó a las autoridades a capacitar a su personal
y a invertir en tecnología para contar con bases de datos que faciliten
no sólo la identificación de personas, sino la investigación de los
homicidios y sus modus operandi.
La aprobación del presidente Enrique Peña Nieto es
del 30 por ciento entre ciudadanos y 22 por ciento entre líderes, de
acuerdo con la encuesta que publica este miércoles el diario Reforma.Esto significa una nueva baja para el mandatario e incluso un “mínimo histórico, no sólo en lo que va de su gestión, sino en comparación con los tres” ex presidentes que lo anteceden, indicó el rotativo.El periódico detalló que “nunca antes un presidente había tenido un
nivel tan bajo de aceptación, incluyendo a Ernesto Zedillo durante la
crisis económica de 1995, cuando su aprobación se ubicó en 31 por
ciento”.La encuesta muestra también una calificación reprobatoria para el
titular del Ejecutivo: los ciudadanos lo califican con 4.4 y los líderes
con 3.7.El estudio aplicado a mil 200 adultos en todo el país, del 7 al 10 de
abril, incluyó también preguntas específicas sobre temas que preocupan a
la ciudadanía. “En los últimos 12 meses, ¿diría que la situación
económica del país…?”, se les preguntó, a lo que un 56 por ciento de
ciudadanos concluyó que “ha empeorado”.En tanto, el combate a la corrupción es de los temas peor evaluados por ciudadanos y líderes.
REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, por segunda vez en el mes planta a las madres desaparecidos en Veracruz.La primer reunión se realizaría el primero de abril pero la pospuso
para el día de ayer, marte 12, cita a la que tampoco llegó debido a que
argumentó que tenía asuntos que atender en Washington; el mensaje fue
enviado a través de Whatsapp por la tarde de lunes a funcionarios de la
Fiscalía General de Veracruz quienes avisaron a los familiares de
desaparecidos.“Ha sido un funcionario omiso, negligente, indolente y cruel”, declaró para La Jornada
Lucía de los Ángeles DíazHenao, del colectivo El Solecito Veracruz,
quien además expresó que el funcionario no ha sido cortes al dejar
plantadas a madres que han gastado dinero para desplazarse, pierden
citas con dependencias que atienten sus casos y es un permiso menos en
sus trabajos.Ayer se presentarían a la reunión con Campa 70 madres provenientes de Cardel, Alvarado, Medellín, Isla, Córdoba, Potrero Nuevo, Huatusco, Orizaba y Córdoba.“Cuando fijamos una reunión lo hacemos de acuerdo con sus tiempos; él
escoge la fecha. Sabemos que es una persona ocupada, pero las víctimas
somos primero”, detalló para La Jornada Rosario Castro.Los colectivos como el Solecito de Veracruz denunciaron que por cada
caso de desaparición que sí se denuncia en la entidad hay en promedio 7
que no, es decir, de la mil 550 denuncias de personas desaparecidas,
podría haber entre 10 mil y 12 mil casos.A ello se suma que alrededor del 70 por ciento de los casos de
desaparición está involucrada la policía estatal, ejemplo de ello, es el
caso más reciente de la desaparición forzada de los 5 jóvenes en Tierra Blanca, donde los policías estatales estuvieron involucrados en el delito.
La guerra contra las drogas
que ha dejado miles de víctimas también ha dejado enormes ganancias al
poder político declararon integrantes de la Caravana por la Paz, la Vida
y la Justicia, mientras que su dirigente Alejandro Solalinde, el pasado domingo denunció que es una política utilizada para justificar el Ejército en las calles y reprimir a la gente.La Caravana que realiza un recorrido desde Honduras y llegará hasta
Nueva York para llegar Sesión Especial de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, es acompañada por religiosos, académicos,
investigadores, intelectuales y activistas quienes también exigen fin a
la guerra contra las drogas, la cual es impulsada por los intereses
económicos de países poderosos.La guerra contra las drogas ha dejado que en países centroamericanaos
y México la militarización, el desplazamiento interno forzado,
desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones
arbitrarias, corrupción e impunidad, lo cual los posiciona como de las
naciones más violentas a nivel mundial, declaró la Caravana durante un
foro en el Museo de la Ciudad de México.El objetivo de llegar a la Asamblea General de Naciones Unidas el
próximo 18 de abril es para exigir a la ONU un diálogo para discutir
políticas alternativas a la guerra contra las drogas, priorizando el
respeto a los derechos humanos y la disminución de la violencia,
declararon integrantes de la Caravana como Laura Carlson, directora
del Programa de las Américas; Martín Baraona, obispo emérito de la
Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador, y Alex Sierra, de Global
Exchange.‘‘Basta ya de muerte, de violencia y de control militar y policiaco
en los territorios y en las personas’’, sentenció el sacerdote Miguel
Concha, quien además, cuestionó a Enrique Peña Nieto después
que declaró que no asista a la sesión especial de la ONU donde se
abordará el tema de la lucha contra las drogas, pese a que él fue quien
solicitó que se adelantara.Para la Caravan uno de sus objetivos es recuperar la solidaridad
entre los pueblos y que el trabajo colectivo trascienda fronteras,
posicionándose contra la muerte y trabajando por la paz y la justicia.
SIN EMBARGO
El candidato de Morena a la Gubernatura de Veracruz afirma
que en la entidad se registran al menos cuatro asesinatos y un
secuestros por día. La pobreza y la falta de oportunidades, afirma, es
el resultado de la corrupción que durante años se ha gestado por la
falta de alternancia política. Cuándo se le pregunta
que haría con un grupo criminal como Los Zetas, que desde hace años
mantiene operaciones en su estado, el candidato del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) a la Gubernatura de Veracruz, Cuitláhuac
García Jiménez, sólo tiene una respuesta: “Borrarlos del abecedario”.Y es que, afirma que el problema de inseguridad en la entidad, donde
se registran cuatro asesinatos diarios –según sus cifras– ha crecido por
un mal que se ha generalizado en todo el país: la corrupción.Pero dentro del país, en materia de corrupción considera que Veracruz
tiene un lugar aparte debido a que tiene un Gobierno “muy corrupto y
asesino que no ha aclarado los 17 asesinatos de periodistas –registrados
durante la gestión del Gobernador Javier Duarte de Ochoa– y hace poco
el asesinato de un profesor, amén de otros dirigentes sociales que han
muerto en circunstancias muy sospechas y como el Gobierno no interviene
para aclararlos, se sospecha de una complicidad por eso, es una cuestión
de lamentar”.En entrevista con SinEmbargo dibujó un escenario de
una entidad con una “pobreza muy grande que se ha extendido a varios
estratos sociales, las microempresas están quebrando, el desempleo va
galopante, los profesionistas no encuentran empleos bien pagados y, ante
la inseguridad, se ha presentado un abandono del campo.Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), muestran que en 2014, 4 millones 632 mil
veracruzanos estaban en situación de pobreza, es decir, 58 por ciento de
la población.
De haberse cumplido la meta del plan al 100 por ciento — medio año
de arduo trabajo, no es poco — esta cantidad de votos significaría el 20
por ciento de la diferencia con la que Peña Nieto, del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), ganó a Andrés Manuel López Obrador
del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) las
elecciones Presidenciales.El
operativo fue quirúrgico, y a juzgar por los documentos que VICE News
tiene en su poder, ideado por una mente experta. La fecha para llevar a
cabo el plan iba de febrero a julio de 2012, cuando Enrique Peña Nieto
recorría México, en medio de una intensa campaña electoral que
finalmente lo llevaría a la Presidencia el 1 de diciembre de ese mismo
año. El objetivo de la operación, orquestada desde dentro de uno de los
sindicatos más poderosos del país, el Sindicato Único de Trabajadores
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), fue muy claro:
conseguir 700 mil sufragios a favor de Peña Nieto.La estrategia fue denunciada ante la Fiscalía Especializada para
Delitos Electorales (Fepade) según consta en el documento en poder de
este medio, y el caso fue desechado una vez que Peña Nieto llegó al
poder. El especialista René Torres Ruiz, profesor-investigador de tiempo
completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la
Universidad Iberoamericana — quien accedió a revisar el reportaje —
opina que la operación, según los testimonios que ofrecen los
trabajadores, caería en el ámbito del delito.De haberse cumplido la meta del plan al 100 por ciento — medio año de
arduo trabajo, no es poco — esta cantidad de votos significaría el 20
por ciento de la diferencia con la que Peña Nieto, del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), ganó a Andrés Manuel López Obrador
del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) las
elecciones Presidenciales.
Por segundo día consecutivo policías estatales arribaron a un
poblado del municipio de Lerma, en el Estado de México, para impedir que
la población obstruya del proyecto carretero Toluca-Naucalpan. El
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) alertó que la
problemática podría ir más allá y deberse a un asunto político
relacionado con la llamada “Ley Eruviel”. “Les están agrediendo para
justificar que la ‘Ley Eruviel’ adquiera vigencia, precisamente con el
argumento de que los pueblos tengan que ser reprimidos”, denunció el
Centro.La demolición de casas
en San Francisco Xochicuautla es una provocación del Gobernador Eruviel
Ávila Villegas para legitimar el uso de la fuerza, apuntaron autoridades
de la comunidad, quienes ya se apoyan en acciones legales para frenar
el tramo de la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan, que pasa
por la comunidad.Esta mañana, un grupo de alrededor de 300 policías estatales, de
acuerdo con pobladores, llegó a la comunidad con el fin de continuar la
custodia de la obra que realiza la empresa Autovan-Teya, filial del
Grupo Higa. Los elementos se retiraron aproximadamente a las 16:30 horas
de este martes.“Tienen prácticamente sitiado al pueblo”, dijo Nicolás Ramírez
Domínguez, tercer delegado del Consejo Supremo de la comunidad, un
órgano de autoridad local.Desde ayer la población se vio alterada con el derribo de la
propiedad de Armando García, primer delegado del poblado. Pese a la
resistencia de alrededor de 50 personas para abandonar el hogar,
elementos de la policía terminaron por desalojarlos por medio del uso de
la fuerza.Los pobladores lamentaron que alrededor de 700 elementos de seguridad
fueran enviados para garantizar el derribo una sola propiedad, sin
antes buscar el diálogo.No buscaron negociación. Hoy nos han vuelto a decir que
los amparos interpuestos no detienen los trabajos. Ellos nada más
muestran un oficio donde Autovan, lo que es la empresa, pide 160
granaderos para continuar las labores“, relató Sergio García, oriundo
del lugar.
El candidato de Morena a la Gubernatura de Veracruz afirma
que en la entidad se registran al menos cuatro asesinatos y un
secuestros por día. La pobreza y la falta de oportunidades, afirma, es
el resultado de la corrupción que durante años se ha gestado por la
falta de alternancia política. Cuándo se le pregunta
que haría con un grupo criminal como Los Zetas, que desde hace años
mantiene operaciones en su estado, el candidato del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) a la Gubernatura de Veracruz, Cuitláhuac
García Jiménez, sólo tiene una respuesta: “Borrarlos del abecedario”.Y es que, afirma que el problema de inseguridad en la entidad, donde
se registran cuatro asesinatos diarios –según sus cifras– ha crecido por
un mal que se ha generalizado en todo el país: la corrupción.Pero dentro del país, en materia de corrupción considera que Veracruz
tiene un lugar aparte debido a que tiene un Gobierno “muy corrupto y
asesino que no ha aclarado los 17 asesinatos de periodistas –registrados
durante la gestión del Gobernador Javier Duarte de Ochoa– y hace poco
el asesinato de un profesor, amén de otros dirigentes sociales que han
muerto en circunstancias muy sospechas y como el Gobierno no interviene
para aclararlos, se sospecha de una complicidad por eso, es una cuestión
de lamentar”.En entrevista con SinEmbargo dibujó un escenario de
una entidad con una “pobreza muy grande que se ha extendido a varios
estratos sociales, las microempresas están quebrando, el desempleo va
galopante, los profesionistas no encuentran empleos bien pagados y, ante
la inseguridad, se ha presentado un abandono del campo.Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), muestran que en 2014, 4 millones 632 mil
veracruzanos estaban en situación de pobreza, es decir, 58 por ciento de
la población.De haberse cumplido la meta del plan al 100 por ciento — medio año
de arduo trabajo, no es poco — esta cantidad de votos significaría el 20
por ciento de la diferencia con la que Peña Nieto, del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), ganó a Andrés Manuel López Obrador
del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) las
elecciones Presidenciales.El
operativo fue quirúrgico, y a juzgar por los documentos que VICE News
tiene en su poder, ideado por una mente experta. La fecha para llevar a
cabo el plan iba de febrero a julio de 2012, cuando Enrique Peña Nieto
recorría México, en medio de una intensa campaña electoral que
finalmente lo llevaría a la Presidencia el 1 de diciembre de ese mismo
año. El objetivo de la operación, orquestada desde dentro de uno de los
sindicatos más poderosos del país, el Sindicato Único de Trabajadores
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), fue muy claro:
conseguir 700 mil sufragios a favor de Peña Nieto.La estrategia fue denunciada ante la Fiscalía Especializada para
Delitos Electorales (Fepade) según consta en el documento en poder de
este medio, y el caso fue desechado una vez que Peña Nieto llegó al
poder. El especialista René Torres Ruiz, profesor-investigador de tiempo
completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la
Universidad Iberoamericana — quien accedió a revisar el reportaje —
opina que la operación, según los testimonios que ofrecen los
trabajadores, caería en el ámbito del delito.De haberse cumplido la meta del plan al 100 por ciento — medio año de
arduo trabajo, no es poco — esta cantidad de votos significaría el 20
por ciento de la diferencia con la que Peña Nieto, del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), ganó a Andrés Manuel López Obrador
del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) las
elecciones Presidenciales.Por segundo día consecutivo policías estatales arribaron a un
poblado del municipio de Lerma, en el Estado de México, para impedir que
la población obstruya del proyecto carretero Toluca-Naucalpan. El
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) alertó que la
problemática podría ir más allá y deberse a un asunto político
relacionado con la llamada “Ley Eruviel”. “Les están agrediendo para
justificar que la ‘Ley Eruviel’ adquiera vigencia, precisamente con el
argumento de que los pueblos tengan que ser reprimidos”, denunció el
Centro.La demolición de casas
en San Francisco Xochicuautla es una provocación del Gobernador Eruviel
Ávila Villegas para legitimar el uso de la fuerza, apuntaron autoridades
de la comunidad, quienes ya se apoyan en acciones legales para frenar
el tramo de la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan, que pasa
por la comunidad.Esta mañana, un grupo de alrededor de 300 policías estatales, de
acuerdo con pobladores, llegó a la comunidad con el fin de continuar la
custodia de la obra que realiza la empresa Autovan-Teya, filial del
Grupo Higa. Los elementos se retiraron aproximadamente a las 16:30 horas
de este martes.“Tienen prácticamente sitiado al pueblo”, dijo Nicolás Ramírez
Domínguez, tercer delegado del Consejo Supremo de la comunidad, un
órgano de autoridad local.Desde ayer la población se vio alterada con el derribo de la
propiedad de Armando García, primer delegado del poblado. Pese a la
resistencia de alrededor de 50 personas para abandonar el hogar,
elementos de la policía terminaron por desalojarlos por medio del uso de
la fuerza.Los pobladores lamentaron que alrededor de 700 elementos de seguridad
fueran enviados para garantizar el derribo una sola propiedad, sin
antes buscar el diálogo.No buscaron negociación. Hoy nos han vuelto a decir que
los amparos interpuestos no detienen los trabajos. Ellos nada más
muestran un oficio donde Autovan, lo que es la empresa, pide 160
granaderos para continuar las labores“, relató Sergio García, oriundo
del lugar.
LA JORNADA
Sumaban 80 mil 577 millones de dólares en enero: Fed
El monto de recursos es 47% superior al registrado al cierre de 2012
Equivale a la deuda externa federal reportada en diciembre pasado
Le siguen con cantidades muy lejanas Brasil, Chile, Venezuela y Perú
Roberto González Amador
También plantea asesoría en la reforma de cuerpos policiacos mexicanos
La canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente Enrique Peña Nieto firmaron en Berlín acuerdos en los ámbitos energético, cultural y educativo Foto Xinhua
Fotoportada
La empresa Autovan, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa, dueño del grupo Higa, demolió ayer una casa por donde pasará la autopista Naucalpan-Toluca. Igual amenaza pende sobre una capilla, pese a la resistencia de cientos de comuneros. Policías mexiquenses fueron desplegados en la zona en apoyo de la constructora Foto Agencia MVT
Con resguardo policiaco continuó la construcción de la vía Naucalpan-Toluca
Destruye una casa y campamento de comuneros, pese a la presencia de Alto Comisionado de la ONU
Colonos de Xochicuautla exigen parar la devastación de bosque y viviendas
El excesivo burocratismo orilla a esas prácticas, consideran especialistas
Una de cada cinco ha dado sobornos para obtener licencias o agilizar trámites
Rayuela : Impasible y amparado por sus padrinos, Hinojosa se ríe de todo mundo desde su intocable Higa.
Dilma y la oposición se centran en atraer a "indecisos"
Vive Brasil turbulencia que no deja ver el futuro de la mandataria
Rompen 2 partidos menores con el gobierno; se afianza idea del golpe
Será el próximo domingo la votación decisiva sobre el impeachment
Eric Nepomuceno, especial para La Jornada
Marcharon ayer de la SG a las oficinas de Hacienda en avenida Constituyentes
Será hasta el próximo martes cuando les darán posible cita con Videgaray
"Lucha permanente", el llamado tras acordar el retorno a sus comunidades
Incursionaron los soldados en una tanqueta por terrenos ejidales
Con valla, comuneros impidieron el paso; hubo riesgos de enfrentamiento
Se reducirán límites de emisiones contaminantes por automóvil: Müller
Elaboran nueva norma para que las motocicletas también sean verificadas
Fotocontraportada
Cientos de campesinos agrupados en 17 organizaciones se manifiestan por avenida Constituyentes rumbo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los jornaleros exigen mejores precios para sus productos y rechazan intentos de privatizar el agua Foto Yazmín Ortega Cortés
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