Autor: Flor Goche / @flor_contra D,
De 2008 a la fecha, la sociedad civil ha promovido 13 solicitudes de Alerta de Violencia de Género para 10 entidades del país. No obstante, el mecanismo de emergencia para combatir la violencia feminicida en un territorio determinado jamás ha sido declarado, facultad que compete a la Segob. Sintomático de su inoperancia, los recursos etiquetados para la Alerta presentan subejercicios. La Conavim refiere que en 2011 y 2014 sólo erogó el 49 por ciento de los 7 millones de pesos destinados a este fin. Para el ejercicio fiscal en curso se espera un subejercicio mayor, ya que de un total de 8 millones sólo se han gastado 180 mil pesos
Las autoridades mexiquenses les aseguraron que los
dos fémures y el cráneo encontrados al interior de una bolsa plástica
que flotaba en el Río de los Remedios eran de su hija Mariana Elizabet
Yáñez Reyes. El 17 de septiembre de 2014, la joven de 18 años salió de
su casa ubicada en la colonia Héroes de Tecamac, en el Estado de
México, con rumbo a la papelería; desde entonces, nada se sabe de ella.
Una supuesta prueba de ADN a cargo del
personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México
(PGJEM) respaldaría el dicho oficial. Palabrería en tanto que la
autoridad no brindó a Bernardo Yáñez y Guadalupe Reyes, padres de la
muchacha, evidencia siquiera de la aplicación del estudio genético.
Por ello, Guadalupe y Bernardo solicitaron la exhumación de los restos óseos que ya antes habían sido sembrados,
sin su autorización, en la fosa común del panteón municipal de
Nextlalpan, al Oriente del Estado de México. Seis meses tardó en
concretarse su petición, dada la resistencia del personal de la
procuraduría local que en algún momento quiso llevar a los tribunales
la decisión de emprender o no el desentierro.
Llegó el día. Plantada a las afueras
del lugar del sepulcro, Guadalupe exigía certezas. Saber de una vez por
todas y sin posibilidad de equívoco si los huesos encontrados en aguas
negras correspondían o no al cuerpo de su hija, aquella muchachita que cursaba el primer semestre de la carrera de ingeniería.
Ella y su esposo fueron los primeros en
llegar al mausoleo, seguidos de la comitiva de funcionarios locales
encabezada por Irma Millán Velázquez, titular de la Fiscalía Especial
en Feminicidios del Estado de México. Minutos después de las 08:00
horas del 19 de abril de 2015, una mañana de calor seco, harían
presencia también representantes de organizaciones civiles, un reducido
grupo de periodistas, en su mayoría corresponsales de la prensa
internacional, así como integrantes del Equipo Mexicano de Antropología
Forense (EMAF) que participarían en el procedimiento de exhumación.
La reja de acceso al panteón de
Nextlalpan ya estaba asegurada cuando arribó el tercer grupo. La
presencia de una reportera local alertó a las autoridades. Hombres
armados, algunos de ellos vestidos con chamarra azul con el logotipo de
la procuraduría local, impedían la entrada al cementerio. La tensión
brotó desde ese primer momento. A las autoridades mexiquenses les
incomodó la presencia de defensores de derechos humanos y de medios de
comunicación.
Los padres de Mariana en compañía de
sus abogados lograron traspasar la valla oficial; también el equipo de
peritos independientes. Minutos más tarde, después del cabildeo con la
sociedad civil, la autoridad aprobó el ingreso de la sicóloga
particular de la familia Yáñez Reyes.
Dado que la fosa común se ubica en la
parte frontal derecha del panteón de Nextlalpan, los representantes de
la prensa lograron algunas panorámicas del desentierro. Hubo incluso
quien se trepó en una silla para librar la barda que delimita el territorio de muertos.
El enojo oficial brotó de inmediato acompañado de la amenaza de
cancelar la exhumación. Esto no ocurrió. No obstante, a la orden, un
grupo de policías acordonó el área con el objetivo de restringir el
paso de los presentes.
La tensión crecía. Adentro del
cementerio, los abogados intentaban convencer a la fiscal de
feminicidios de la importancia de trasladar los restos extraídos a un
laboratorio con el objeto de evitar su contaminación y, así, garantizar
la cadena de custodia. La fiscal, en tanto, insistía en tomar las
muestras ahí mismo, aludiendo primero a una cuestión de “sanidad” y,
después, ya más abiertamente, a un acuerdo previo entre autoridades
federales y locales.
Con la pretensión de desempantanar
la discusión que se prolongó por varias horas, las integrantes del
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) –quienes desde
la sociedad civil acompañan la lucha de los padres de Mariana por la
verdad y justicia–, contactaron, vía telefónica, con Dilcya Samantha
García Espinoza de los Monteros, subprocuradora para la Atención de
Delitos Vinculados a la Violencia de Género del Estado de México. Ésta
cerró filas en torno a la fiscal. Aludió a la imposibilidad de hacer
más ya que, según dijo, mucho se había logrado con la aprobación de la
exhumación, hecho sin precedentes para el caso del Estado de México.
Después de varias llamadas, gestiones y
enfados, las funcionarias cedieron ante la insistencia de la sociedad
civil y el ojo vigilante de organizaciones de derechos humanos y medios
de comunicación. Así, poco antes del mediodía del 19 de abril, los
restos que, se presume, corresponden a Mariana Elizabet Yáñez Reyes
fueron extraídos, con el apoyo de peritos independientes, de la fosa
común del panteón de Nextlalpan y trasladados al Servicio Médico
Forense de Toluca para la toma de las muestras pertinentes y su
posterior estudio antropológico y genético.
Bernardo y Guadalupe están a la
expectativa del resultado científico del análisis de los restos
mortales para, así, con la certeza como guía, definir el camino a
seguir.
En 7 años, más de 30 millones de pesos para la Alerta de Género
El episodio de exhumación es
significativo no sólo porque, como lo manifestó Dilcya García, sería el
primero en su tipo en practicarse en la entidad, sino porque refleja
con claridad la dinámica del desencuentro, que en el contexto mexicano
se ha vuelto común, entre autoridades y víctimas de delitos y
violaciones a los derechos humanos, estas últimas acompañadas por
organizaciones de la sociedad civil. Ese constante golpeteo porque la autoridad cumpla a cabalidad y con trasparencia su deber.
En el tema de la Alerta de Violencia de
Género (AVG), mecanismo de emergencia concebido en 2007 para enfrentar
y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado,
ocurre algo similar. De abril de 2008 a la fecha, la sociedad civil ha
promovido 13 solicitudes de Alerta para 10 entidades del país (Oaxaca,
Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Morelos, Chiapas,
Colima, Michoacán y Baja California); pero ésta jamás ha sido
declarada, facultad que compete al gobierno federal a través de la
Secretaría de Gobernación (Segob).
De la información proporcionada por la
Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, que encabeza
Martha Lucía Mícher Camarena, y por la Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de
la Segob, se desprende que de 2008 a 2015 se han destinado entre 32 y
34 millones de pesos de las arcas públicas para la operación de la AVG.
Cabe apuntar que las cifras reportadas
por la Comisión de Igualdad y por la Conavim distan entre sí. La
diferencia radica en que mientras la primera reporta 2 millones de
pesos para el ejercicio fiscal 2012 y 2013 (1 millón cada año), la
segunda manifiesta que en este periodo no se etiquetaron recursos para
el programa en cuestión.
Sintomático de la inoperancia del
mecanismo, se advierte un subejercicio presupuestario desde 2008, año
en que éste fue del ciento por ciento de los recursos destinados al
mecanismo. Asimismo, en respuesta a la solicitud de información pública
0000400156615, la Conavim refiere que de los 7 millones de pesos que
recibió para este fin en 2011 y 2014, sólo erogó el 49 por ciento, es
decir, 3 millones 406 mil 978.77 pesos.
En 2011, la instancia de la Segob
ejerció tan sólo la mitad de los 2 millones de pesos con que contó; los
empleó para la elaboración de un estudio sobre su rectoría en la
política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y sobre
el procedimiento de la declaratoria de Alerta. En 2014, respecto de los
5 millones etiquetados en el tema, erogó únicamente 2 millones 406 mil
978.22 pesos en una investigación sobre los niveles, tendencias y
contexto de los distintos tipos de violencia contra las mujeres en el
Estado de México y Chiapas; en viáticos y pasajes; así como en gastos
para la atención de la Alerta de Guanajuato.
Para el ejercicio fiscal en curso, bajo
el rubro de “acciones de coadyuvancia para las alertas de género”, la
Conavim recibió un total de 8 millones de pesos, de los cuales ha
gastado apenas 179 mil 949.71 pesos para el pago de viáticos y pasajes
de los expertos que participan en la investigación de las diversas
solicitudes de Alerta.
La gestión de los 17 millones de pesos
otorgados hasta 2010 (15 millones en 2008 y 2 millones entre 2009 y
2010) corrió a cargo de la Unidad para la Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos de la Segob. A partir de 2011, la administración de
los dineros públicos recayó en la Conavim.
Malú Mícher comenta que ni el gobierno
de Felipe Calderón Hinojosa ni el de Enrique Peña Nieto han brindado al
Poder Legislativo un informe desglosado que refleje en qué se ha
empleado el dinero de la Alerta de Violencia de Género.
Declarar la alerta por municipios, la nueva pretensión
El encono entre la sociedad civil y las
autoridades encargadas de declarar la Alerta de Violencia de Género ha
llegado a los tribunales.
Luego de la negativa institucional de
emprender siquiera la investigación para determinar la procedencia o no
de la Alerta para el Estado de México, Nuevo León y Chiapas, las
organizaciones peticionarias impugnaron mediante recurso de amparo la
decisión del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contras las Mujeres (SNPASEVM), integrado sólo
por representantes gubernamentales, que resolvió la improcedencia del
mecanismo para estos territorios.
En los tres casos, los peticionarios
(la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el OCFN,
en el Estado de México; Arthemisas por la Equidad, en Nuevo León; y el
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas y el Centro de Derechos
Humanos de la Mujer de Chiapas, respectivamente) ganaron la batalla
legal. El Poder Judicial ordenó al SNPASEVM emprender la investigación
en cada entidad. El fallo, sin embargo, no ha sido acatado. Hasta el
momento no se han emitido los resultados de las investigaciones
mandatadas.
En el cuerpo de su respuesta a la solicitud de información realizada por Contralínea
para conocer el presupuesto destinado y ejercido por concepto de la
AVG, la Conavim, presidida por Alejandra Negrete Morayta, revela que
los informes correspondientes a las investigaciones del Estado de
México y Chiapas están en etapa de integración y se encuentran próximos
a su conclusión.
Para el caso de Nuevo León, la Conavim
informa que el 17 de abril pasado se instaló el grupo
interinstitucional y multidisciplinario que realizará la investigación
de la solicitud de Alerta.
Durante una reunión reciente con
integrantes del OCNF, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos
Humanos de la Segob, se pronunciaría en el mismo sentido. Según refiere
María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva de la alianza
constituida por 36 organizaciones de derechos humanos y de mujeres, el
funcionario les aseguró que el combate a los feminicidios es prioridad
del gobierno federal, por lo que en el trascurso de este mes harán
públicos los informes pendientes, seguidos de las respectivas
declaratorias de AVG.
No obstante, el subsecretario de
Derechos Humanos les planteó, sin mayor detalle, que las alertas se
declararían por municipio y no por entidad, lo que, a decir de Estrada
Mendoza, diluye la responsabilidad de los gobiernos estatales y de la
federación en el tema.
En la reunión con las integrantes del
OCNF, quienes, a su vez, son las peticionarias de la Alerta para el
Estado de México, Campa Cifrián se habría comprometido, igualmente, a
convocar a un encuentro entre gobernadores para establecer un plan de
acción conjunto de combate a los feminicidios.
El referido interés gubernamental
contrasta con lo ocurrido en la recta final del segundo periodo de
sesiones ordinarias de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
En diciembre de 2014, Martha Lucía
Mícher Camarena, diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de
Género, presentó ante el pleno de representantes una iniciativa de
reforma integral a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia (LGAMVLV). El proyecto en el que contribuyeron
especialistas y organizaciones de la sociedad civil aborda temas
diversos como las órdenes de protección, los refugios, los centros de
justicia y la AVG. En el último caso prevé un proceso de
reestructuración al ampliar, por ejemplo, el plazo para la integración
de la investigación y al crear el Comité de Expertas, mismo que, según
se argumenta, contribuiría a profesionalizar y otorgar imparcialidad al
mecanismo.
El dictamen de reforma fue aprobado por
la Comisión de Igualdad, pero a mediados de abril pasado, cuando estaba
a punto de ser sometido a la discusión del conjunto de legisladores,
Mícher Camarena lo retiró por “prudencia política” –según comenta–,
luego de que las diputadas del Partido Revolucionario Institucional se
lo solicitaran con la justificación de que la Segob no lo había
estudiado a profundidad.
La Alerta se reforma
El 25 de noviembre de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación
las reformas al Reglamento de la LGAMVLV que, de acuerdo con la versión
oficial, apuntaban al “fortalecimiento” de la AVG, cuyo objetivo
fundamental es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la
violencia en su contra, así como eliminar las desigualdades producidas
por una legislación que agravia sus derechos humanos.
Desde entonces, cinco solicitudes han
sido promovidas: para Guanajuato, Morelos, Colima, Michoacán y Baja
California. Igual que ocurría con el antiguo reglamento, ninguna de
éstas ha terminado en declaratoria.
La Conavim informa, vía respuesta a
solicitud de información pública, que en estos cinco casos ya se han
publicado los informes dispuestos en el nuevo reglamento. Dichos
documentos elaborados por un Grupo de Trabajo –conformado por un
representante del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), uno de
la Conavim, uno del Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres de la
entidad de que se trate, uno de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) y cuatro de instituciones académicas o de investigación
especializadas en violencia contra las mujeres– lograrían, a partir del
análisis y estudio del contexto de violencia contra las mujeres en el
territorio en alusión, la interpretación científica de los hechos y
emite propuestas de acciones preventivas, de seguridad y de justicia.
Las solicitudes de Guanajuato y
Morelos, promovidas por el Centro Las Libres de Información en Salud
Sexual y por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos,
respectivamente, se encuentran en una etapa más avanzada del
procedimiento puesto que fueron las primeras en ingresar bajo las
nuevas reglas.
En ambos casos, el Ejecutivo local
aceptó las conclusiones del informe a cargo del Grupo de Trabajo y
contó con un plazo de 6 meses para operar las propuestas contenidas en
éste. Ahora, según refiere la Conavim, los informes que los
gobernadores elaboraron para dar cuenta de las acciones emprendidas en
este periodo “se encuentran bajo análisis para emitir el dictamen
respectivo del cumplimiento o incumplimiento de las propuestas y
conclusiones”.
En caso de que el dictamen resulte
negativo, es decir, que el Grupo de Trabajo determine que las
propuestas de su informe no han sido satisfechas, lo que procedería es
la declaratoria de AVG emitida por la Segob, por conducto de la Conavim.
Uno de los principales obstáculos del
antiguo reglamento, elaborado por el gobierno de Felipe Calderón, es
que el fallo de la declaratoria recaía en el SNPASEVM, integrado sólo
por funcionarios: los titulares de 10 dependencias de la administración
pública federal y de los 32 mecanismos para el adelanto de las mujeres
en las entidades federativas. Ello propiciaba la politización y
partidización del mecanismo. Ahora, quien decide es el Grupo de
Trabajo, en el que participan tres autoridades y un representante de la
CNDH, pero también cuatro de instituciones académicas o de
investigación especializadas en violencia contra las mujeres (dos
nacionales y dos locales).
La experiencia de Guanajuato
A finales de marzo de 2014 fue admitida
la solicitud de declaratoria de Alerta para Guanajuato. De 2013 a marzo
de 2014, 85 mujeres habrían sido asesinadas en la entidad por razones
de género.
Ésta es la tercera ocasión que la
sociedad civil solicita la activación del mecanismo para Guanajuato.
Las otras dos, procesadas bajo las reglas del antiguo reglamento,
fueron denegadas por el SNPASEVM, igual que ocurrió con las del Estado
de México, Nuevo León, Hidalgo y Chiapas.
La solicitud promovida por el Centro Las Libres de
Información en Salud Sexual libró las primeras etapas entre altibajos:
fue admitida por la Conavim y el Inmujeres una vez que cumplió con los
requisitos dispuestos; se conformó un grupo de trabajo que, de cara a
la realidad guanajuatense, determinó su viabilidad y, en tanto, dirigió
13 propuestas de acciones al Ejecutivo local, mismo que las aceptó y
contó con un plazo de 6 meses –que se venció en enero pasado– para
cumplirlas.
Verónica Cruz Sánchez, fundadora y
directora del Centro Las Libres, habla de esta experiencia. Refiere
que, aunque en los hechos las modificaciones al Reglamento resultaron
benéficas en tanto que se conformó un Grupo de Trabajo con la
participación de académicas especialistas y que se emitieron
recomendaciones al gobierno de Guanajuato que “lo movieron del lugar de
inacción al de acción”, los representantes de la Conavim y el Inmujeres
que participaron en el proceso representaron un obstáculo para el mismo
dada su ignorancia en el tema de violencia de género y, por tanto, su
incapacidad de aportar en el rubro de las soluciones.
A la fecha, aún no se hace de
conocimiento público el dictamen que valorará si el gobierno de
Guanajuato satisfizo en el plazo de 6 meses las 13 recomendaciones que
le dirigió el Grupo de Trabajo. No obstante, la sociedad civil tiene su
propio balance, que se deriva de su permanente monitoreo.
A decir de Cruz Sánchez, la
administración de Miguel Márquez, gobernador de la entidad, cumplió en
un 50 o 60 por ciento el conjunto de recomendaciones. Dicho en sus
palabras: “Lo que hizo fue apenas empezar a trabajar en ruta de lo que
tienen que hacer para efectivamente prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres”.
Así, y con estricto apego a lo que
establece el Reglamento vigente, el siguiente paso consistiría en la
inminente emisión de la declaratoria de AVG por parte de la Segob, lo
que, según refiere la directora del Centro Las Libres, implicaría que
el Estado mexicano y el de Guanajuato hagan “todo por eliminar el
problema”. Activar el mecanismo sería, además, oportuno, pues mientras
éste permanezca como instrumento decorativo, será imposible valorar su verdadero alcance y, así, determinar si requiere o no de ajustes.
De esta experiencia, Cruz Sánchez concluye que sí hubo avances. Señala que la solicitud procesada bajo el reglamento vigente desnudó
al Estado mexicano en su conjunto –no sólo a Guanajuato–, puesto que
propició el reconocimiento oficial de la existencia “de un extremo de
violencia contra las mujeres que es el feminicidio; esto como
consecuencia de la inexistencia, a nivel nacional, de una política en
materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres, lo que implica leyes, presupuesto, política
pública, programas, proyectos”.
Otro aporte es que permitió a la
sociedad civil el acceso a la estadística oficial sobre los crímenes
violentos contra mujeres perpetrados en la entidad, información a la
que había intentado acceder sin éxito el Centro Las Libres desde su
creación, hace 15 años.
En aras de mejorar el actual
procedimiento del mecanismo de declaratoria de AVG, Verónica Cruz
propone cuatro modificaciones derivadas de su experiencia como
peticionaria de la solicitud para el caso de Guanajuato: que se amplíe
el plazo de 30 días con que cuenta el Grupo de Trabajo para elaborar su
informe; que las organizaciones de la sociedad civil peticionarias
participen en todas las etapas del proceso; que, en tanto las
académicas especialistas del Grupo de Trabajo no reciban un pago por
sus servicios, su participación sea sólo deliberativa; y que se
transparenten los recursos destinados al mecanismo de AVG pues “nadie
sabe en qué se gastan”.
Para la realización de este trabajo, se
solicitó entrevista desde el 15 de mayo con Alejandra Negrete Morayta
–titular de la Conavim–, a través de la Dirección General de
Comunicación Social de la Segob. El enlace se hizo con la funcionaria
Karla Olmos vía telefónica y escrita, con quien se mantuvo comunicación
hasta el cierre de edición, sin que se concretara la entrevista.
Flor Goche, @flor_contra
[PORTADA]
[SOCIEDAD]
