Autor: Flor Goche / @flor_contra
De 2001 a mayo de 2015, la CNDH recibió 10 mil 688 quejas por tortura y otros tratos crueles; en promedio, dos cada día. A partir de 2008, estos hechos comenzaron a repuntar y alcanzaron su punto más crítico en 2011. Uno de esos casos, el de Moisés Cordero, es acompañado por Amnistía Internacional México y ya es de conocimiento de la CNDH, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. El exescolta habría sido torturado en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Puebla con el objetivo de que se confesara partícipe de un feminicidio que, asegura, no cometió
María Juana aún guarda el trozo mal
cortado de papel de estraza que alguna vez fue envoltorio de torta. La
caligrafía de puño que tiene impresa por ambos lados ha resentido la
marcha del tiempo: algunas de las letras escritas en tinta negra lucen
escurridas. A pesar de ello, el mensaje de mayúsculas ligeramente
recargadas hacia la derecha resulta legible. El escaso empleo de signos
de puntuación o su atropellada ortografía, quizá producto de las
circunstancias, no interfieren con su significado:
“moises cordero fui torturado fisica y
sicologicamente para que firmara la declaracion estoy incomunicado
desde el 25. feb. me detuvieron por falta de portacion de arma segun
ellos y luego me torturaron 6 ocaciones para que dijera loque ellos
querian tambien me acusaron de cohecho no es cierto me arraigan para
que se me quitaran las huellas de golpes yo no hice nada…” (sic).
Una flecha de punta alargada indica que
la escritura continúa en la parte posterior del papel marrón: “…y nunca
me han dejado hacer una llamada solicito me dejen utilizar abogado y
acudan alguien de derechos humanos la tortura se hizo con agua toques
sin ropa bendado y esposado con manos atras, golpes con sus puños
asficia con una bolsa en la cabeza me pusieron franelas en la boca y
nariz para ahogarme y todos los conosi” (sic). Un punto bien ennegrecido marca el fin del mensaje.
Como el acordeón que se
comparte, discreto en periodo de exámenes escolares, así depositó
Moisés Cordero este trozo de papel en las manos de su esposa. No se
estaba jugando una calificación; urgía ayuda luego del tormento al que
fue sometido por servidores públicos.
María Juana ya lo sabía. La escritura
sólo le brindó los detalles. Lo descubrió unos minutos antes cuando
Moisés, quien se encontraba arraigado en una habitación del hotel Kyoto
de la ciudad de Puebla, le rehuyó al abrazo y, ella, desconcertada,
nerviosa, le levantó la playera. Entonces pudo constatar el lienzo de violencia
en que se había convertido el cuerpo de su marido y que erosionaba en
un gran hematoma plantado a la altura de la boca del estómago.
El lienzo se prolongaba en la
parte trasera del tronco del hombre con quien María Juana procreó
cuatro hijos, todos varones. Ahí, sin embargo, las marcas eran
distintas, como si la técnica de grabado hubiera sido otra.
Parecían como pellizcos, como pequeñas quemadas, como si a la espalda
se hubieran aplicado choques eléctricos, relata la mujer.
—¿Qué te hicieron? –le preguntó ella, consternada y en voz baja, con los ojos clavados en cada pincelazo de violencia.
Él no respondió. La agente del Ministerio Público que atestiguaba el encuentro se mantenía alerta.
“¿Te golpearon, verdad?”, insistió ella, esperando que el dicho confirmara la evidencia visual.
“Sí”, alcanzó a decir Moisés, con voz
diminuta. También, aunque de forma escueta, señaló que la tortura
practicada en el sótano de las instalaciones de la Procuraduría General
de Justicia de Puebla le arrancó la confesión de culpabilidad de un
crimen que, asegura, no cometió: el homicidio de una mujer de nombre
Karla.
La entrega del papel de estraza terminó
con el tema. Después vino la advertencia: “Cuídate de la [agente del]
ministerio público. Ella estuvo presente durante la tortura”, dijo
Moisés a su esposa.
Tortura, práctica vigente
De 2001 a mayo de 2015, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 10 mil 688 quejas por
tortura y trato cruel, inhumano o degradante, en promedio dos cada día.
Así consta en sus Informes de actividades anuales y en su Sistema Nacional de Alerta.
Durante el mismo periodo, el organismo
autónomo emitió 973 recomendaciones en total por diversos hechos
violatorios de derechos humanos, dentro de los cuales se documentan 240
de tortura y trato cruel, inhumano o degradante.
En diciembre de 2014, Juan E Méndez,
relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), dijo que la “tortura es generalizada en México” y que ocurre
especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la
justicia, con motivo de castigar y extraer confesiones e información
incriminatoria.
La estadística de la CNDH muestra un
incremento considerable de los hechos de tortura y trato cruel,
inhumano o degradante a partir de 2008, año en que esta instancia
recibió 1 mil 8 quejas en la materia respecto de las 399 que procesó en
2007. La problemática, sin embargo, se agudizó en 2011, con 1 mil 668
quejas, lo que representa el registro más elevado.
Durante el sexenio de Felipe Calderón
Hinojosa, el total de quejas por tortura y trato cruel, inhumano o
degradante fue de 7 mil 55, es decir, 466 por ciento más que las 1 mil
514 reportadas en el gobierno de Vicente Fox Quesada.
A la fecha, estas prácticas continúan
latentes. En poco más de 2 años de la gestión de Enrique Peña Nieto, la
CNDH ha recibido un total de 2 mil 119 quejas en la materia, entre
ellas la de Moisés Cordero. Ésta fue presentada con anterioridad, el 5
de marzo de 2014, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla (expediente 2460/2014-C), instancia que, según refiere María
Juana Bautista, esposa de Moisés, le dio carpetazo.
La mujer comenta que días después de la
visita que el personal de la Comisión estatal realizó a su esposo, el
licenciado asignado al caso, José Luis Morales, le comunicó, vía
telefónica, “que todo estaba bien y que no podía hacer nada”.
Si bien algunos casos de tortura y
malos tratos se atribuyen a autoridades policiales y ministeriales –ya
sean federales o locales–, en los últimos 14 años es el Ejército el
que ocuparía el primer sitio.
Como puede corroborase en los informes
de actividades anuales de la CNDH, de 2001 a la fecha, la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena) ha recibido un total de 103 señalamientos
en los expedientes de queja por tortura, seguida de la Procuraduría
General de la República, con 63, y la Policía Federal, con 20. La
Sedena también destaca como la dependencia con más recomendaciones en
la materia.
En su Informe de actividades 2014,
la CNDH, que preside Luis Raúl González, concluyó que México atraviesa
por un “periodo de crisis” como consecuencia de “un espiral de
violencia”. Entre las graves violaciones a los derechos fundamentales
que, a decir de la CNDH destacan en este periodo, se encuentran las
detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, mismas que, asevera, “han lastimado sensiblemente el tejido social”.
Protocolo de Estambul confirma tortura
La tarde del 25 de febrero de 2014,
cuando transitaba por el Periférico de la capital poblana, Moisés
Cordero, quien en ese momento se desempeñaba como escolta y chofer de
la esposa de Enrique Agüera Ibáñez, exrector de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), sería interceptado por una
cuadrilla de policías ministeriales.
Los servidores públicos lo obligarían a
detener la marcha del Chevy rojo que conducía, propiedad de sus
patrones, y, por la fuerza, lo treparon en una camioneta Jeep Patriot
para, posteriormente, trasladarlo a las instalaciones de la
Procuraduría General de Justicia de Puebla, ubicada entre Boulevard
Héroes del 5 de Mayo y 31 Oriente. Ahí, en el sótano del recinto
público, viviría seis episodios de tortura.
Moisés cargaba una pistola .380, la
herramienta que empleaba para su oficio de escolta. Esa situación sería
el pretexto de su detención. “Algo anda mal con tu portación”, le
habrían dicho los agentes que lo privaron de su libertad, sin importar
que él les mostrara el permiso que lo autorizaba para portar un arma de
fuego, además de un oficio expedido por la corporación de seguridad
privada Grupo Maya, que acreditaba que en ese momento se encontraba
comisionado al servicio del exrector universitario.
Casi 1 año y medio ha transcurrido
desde esa tarde de febrero. Moisés permanece recluido en la celda 203
del Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, procesado por
los delitos de feminicidio, aborto y robo. Durante su estancia en este
lugar, se le ha aplicado, en dos ocasiones, el Protocolo de Estambul,
manual que contiene las líneas básicas con estándares internacionales
en derechos humanos para determinar, a partir de la valoración médica y
sicológica, si una persona fue víctima de tortura o algún mal trato.
El 29 de mayo de 2014, Moisés Ramírez
Briones, perito médico legista certificado por el Consejo Mexicano de
Medicina Legal y Forense, concluyó, luego de la confronta entre el
examen médico que le practicó y el Protocolo de Estambul, que
efectivamente “hay indicios de tortura”.
Esto porque a pesar de no encontrar en
el cuerpo de Moisés Cordero evidencia de lesiones externas visibles,
como equimosis o excoriaciones –lo que se explica por el tiempo
transcurrido entre su detención y el momento en que se le practicó la
prueba médica: 93 días–, sí le detectó síntomas crónicos, como cefalea,
lumbalgia y dolor muscular, mismos que, de acuerdo con el Protocolo de
Estambul, son indicativos de tortura.
El perito a cargo, también catedrático
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tuvo acceso a los
resultados de un examen médico practicado a Moisés Cordero el 1 de
marzo de 2014, cuando aún se encontraba arraigado en el hotel Kyoto.
Dicho dictamen, en el que constan tres equimosis –una en la región
lumbar y dos en la espalda–, así como una excoriación en la palma de la
mano izquierda, le permitió confirmar su diagnóstico. Ello porque,
según señala, las lesiones que entonces se le detectaron tienen una
“enorme similitud” con los síntomas crónicos que él le descubrió.
A decir del médico legista, la
evidencia de tortura recae también en el trastorno de estrés
postraumático que Moisés Cordero padece, y que se desprende de su
reexperimentación del trauma (con frecuencia escucha las voces de los
policías ministeriales que lo golpearon) y de la depresión en que se
encuentra sumido (se siente desganado, sin interés por la vida e
incluso ha contemplado la posibilidad del suicidio).
El 24 de febrero de 2015, a Moisés
Cordero se le aplicó, por segunda ocasión, el Protocolo de Estambul.
Esta vez a cargo de María del Carmen Castaneira, perita médica
criminalista. El resultado fue similar. La especialista determinó que
“la ausencia de signos físicos no excluye la posibilidad de que se le
hayan infligido torturas o malos tratos”. Y es que, según asienta en el
dictamen que emitió a 11 meses de la detención de Moisés Cordero, por
el tiempo transcurrido “ya no es factible encontrar lesiones o la
presencia de dolor”, no así secuelas sicológicas, mismas que, acota,
“son difíciles de desaparecer”.
De acuerdo con la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
–instrumento de derechos humanos de la ONU firmado y ratificado por el
Estado mexicano–, se entenderá por tortura “todo acto por el cual se
inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves,
ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un
tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya
cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a
esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo
de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos
por un servidor público u otra persona en el ejercicio de funciones
públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
La tortura en México, impune y sin registro
En México no existe un registro
nacional que refleje la totalidad de casos de tortura y trato cruel que
se comenten. Así lo verificó Juan E Méndez, relator especial sobre la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la
ONU, durante la visita de trabajo que realizó al país entre el 21 de
abril y el 2 de mayo de 2014.
La estadística oficial existente obra
en los registros de la CNDH, las comisiones estatales de derechos
humanos –26 de las cuales recibieron para el periodo 2008-2013 un total
de 2 mil 323 quejas por tortura y otros malos tratos que derivaron en
392 recomendaciones, según revela Amnistía Internacional México– y las
contadas denuncias que se presentan ante las instancias de procuración
de justicia dado que, como observó Juan E Méndez, “muchos casos no se
denuncian por temor a represalias o desconfianza, y existe una
tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de
menor gravedad”.
De 2006 a 2014, la sociedad civil
mexicana ha documentado alrededor de 500 casos de tortura y trato
cruel, inhumano o degradante.
En su informe Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México,
Amnistía Internacional México alude a 25 casos de tortura: Claudia
Medina; Alejandro Lugo; Jorge González; Wilbert Terán; Bárbara Italia
Méndez y otras; José Esqueda y Gustavo Fuentes; Inés Fernández y
Valentina Rosendo; Ramón y María Guadalupe Durán y Javier Delgado;
Ángel Colón; Israel Arzate; Adrián Vázquez; Luis Ángel Zazueta; Juan
Gerardo Sánchez; Germán Heredia; 25 policías municipales de Tijuana;
Óscar Valle; Benjamín y Juan Pablo Ortiz; Luis Adrián, Jesús Iván y
Juan Antonio Figueroa; Noé Fuentes, Rogelio Amaya, Ricardo Fernández y
Gustavo y Víctor Manuel Martínez; Jethro Ramsés Sánchez; Miriam López;
Ramiro y Rodrigo Ramírez, Ramiro López y Orlando Santaolaya; Cristel
Piña; Gerardo Torres y otros; y Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y
Teresa González. Además, en fechas próximas, la organización dará a
conocer cinco nuevos casos que acompaña, entre ellos el de Moisés
Cordero.
Por su parte, el Colectivo Contra la
Tortura y la Impunidad (CCTI), en voz de Raymundo Díaz Taboada, su
coordinador estatal en Acapulco, refiere que, en los 10 años que tienen
de existencia, han acompañado 416 casos de tortura y trato cruel
inhumano y degradante. Detalla que en 282 de ellos las víctimas son
mujeres.
En entrevista con Contralínea,
Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional
México, coincide, pese a la postura oficial, en que la tortura en el
país es práctica generalizada. Esto porque, como explica, se da a lo
“largo y ancho del territorio nacional”, es decir, no hay una sola
entidad de la República exenta de estos casos. Además, porque no hay
corporación policial, judicial o cualquier otra fuerza encargada de
hacer cumplir la ley, que no haya sido señalada como responsable de
esta práctica.
Respecto de si, en el contexto
mexicano, es posible o no definir a la tortura como una violación grave
a los derechos humanos, el defensor explica que aunque ésta consta
entre los delitos contenidos en el Estatuto de la Corte Penal
Internacional, para que pueda considerarse como violación grave debe
cumplir con dos requisitos técnicos: ser generalizada y sistemática.
En ese sentido, acota, “desde Amnistía
Internacional decimos que hay una práctica generalizada y tolerada por
el Estado mexicano, pero no tenemos la evidencia suficiente para
comprobar una práctica sistemática”.
Para Díaz Taboada, la tortura en México
resulta, igualmente, generalizada, dado que “se da en toda la geografía
del país”. Se trata, asimismo, de un mal endémico en el sentido de que
se encuentra profundamente arraigado al actuar de los servidores
públicos, quienes no sólo son verdugos sino, en algunos casos, víctimas
también de tortura con el objeto de deshumanizarlos.
La tortura, asegura el coordinador
estatal del CCTI, cumple también con características de sistematicidad,
ya que, por ejemplo, sus víctimas predilectas cumplen con determinado
perfil, en el que destaca –como también lo señaló el relator de la ONU–
la condición de pobreza o de sector social marginado; además de que la
forma de proceder en los casos de tortura parece responder a un patrón
específico.
En México la tortura se tolera,
permite, fomenta y, para rematar, se mantiene en la impunidad, asevera
Díaz Taboada. Su dicho cobra sentido a la luz de la estadística oficial
–revelada en el Informe del relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
Juan E Méndez, documento fechado el 29 de diciembre de 2014–, según la
cual, sólo se dictaron cinco sentencias condenatorias por tortura entre
2005 y 2013.
Asimismo, se observa que es mínimo el
número de recomendaciones que la CNDH emite respecto de las quejas por
tortura y malos tratos que recibe. Por ejemplo, frente a las 8 mil 746
quejas que en la materia registró entre 2005 y 2013, el organismo
autónomo tan sólo determinó 223 recomendaciones.
Moisés Cordero
El 25 de febrero de 2014, minutos
después de su detención, Moisés Cordero, expolicía auxiliar, fue
ingresado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia
del estado de Puebla por un supuesto problema con su portación de arma
de fuego, según se le dijo.
La preocupación del hombre de 43 años
de edad iba en ascenso. El tiempo transcurría y traía consigo un
panorama cada vez más irregular. Ya no era sólo la detención
arbitraria, si no la negativa de permitirle hacer una llamada; las
esposas con las que le fueron sujetadas ambas muñecas.
El interrogatorio empezaría ese mismo día, en
una pequeña habitación, al margen de todo ruido. Un hombre de traje
oscuro sentado frente a un escritorio; dos personas sujetando a Moisés
Cordero por ambos costados. En este contexto, emanaría el primer golpe
en su contra: un puñetazo directo al estómago. Después, y ante su
negativa de responder a un listado de preguntas que no alcanzaba a
comprender, un puñetazo más que lo dejaría tendido, boca arriba, con
todo y silla, sobre el piso del sótano de la Procuraduría.
Éste sería apenas el preámbulo de la
tortura. Lo peor estaba por venir: la bolsa de plástico, transparente y
gruesa, que le colocaron sobre la cabeza con el fin de obstaculizarle
el aliento; la sensación de desprotección y sometimiento que le produjo
la obligación del desnudo –un cuerpo a expensas–; el episodio en el
que, estando tendido boca arriba, le cubrieron la boca y la nariz con
una franela sobre la cual le vaciaron agua a chorros; el terror
sicológico que le infundieron las amenazas de violación sexual y de
daño a su familia; los constantes golpes sobre los riñones, el
estómago, los muslos, los codos; y, para rematar, la prolongada sesión
de descargas eléctricas con blanco en los riñones y testículos.
De acuerdo con la versión de Moisés
Cordero, la tortura de la que fue objeto se prolongaría a seis sesiones
suministradas durante varios días y noches. Sus verdugos: cuatro
policías y un comandante de nombre Rafael.
Como consecuencia del daño físico y
sicológico infligido, Moisés Cordero habría orinado sangre en cuatro
ocasiones y firmado una declaración en la que acepta su participación
en el feminicidio de Karla López Albert, mujer de 31 años de edad y en
condición de embarazo que, a principios de febrero de 2014, apareció
muerta en la vía pública de la delegación Tláhuac, en la Ciudad de
México.
María Juana Bautista comenta que a la
fecha no ha interpuesto denuncia penal por la tortura a la que fue
sometido su esposo, puesto que desconocía que podía hacerlo.
Para la realización de este trabajo se
solicitó entrevista con Luis Raúl González Pérez, presidente de la
CNDH, así como con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, hasta el cierre
de esta edición no hubo respuesta.
Flor Goche, @flor_contra
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