4/25/2013

Votarán si procede indagación por feminicidio en Guanajuato

ESTADOS
VIOLENCIA
   SNPASEVM admite solicitud para Alerta de Género

Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 

El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) analizará si procede o no una investigación sobre el feminicidio en Guanajuato, para eventualmente decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad.

La directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, informó a Cimacnoticias que este martes el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) –en su función de Secretaría Ejecutiva del SNPASEVM– aceptó la solicitud de investigación sobre la procedencia de la AVG para el estado de Guanajuato.

Vía telefónica, Cruz agregó que ayer se notificó por escrito que fue admitida la solicitud que presentaron Las Libres el pasado 15 de abril por violencia feminicida en la entidad, que en lo que va del año ha cobrado la vida de 24 mujeres.

Cabe recordar que en 2009 se presentó también ante el Sistema una solicitud de AVG por “agravio comparado” en Guanajuato, en contra de la reforma a la Constitución local que “protegió la vida desde la concepción-fecundación”, y derivó en que se criminalizara el derecho al aborto legal.  

Pero tal petición fue rechazada por el Sistema, negativa que se ha repetido para otros tres estados de la República.

De acuerdo con el artículo 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una vez admitida la solicitud, el Inmujeres debe convocar al Sistema “a una sesión extraordinaria para que éste resuelva en definitiva si procede o no iniciar la investigación solicitada”.

Dentro de los requisitos para presentar una petición, según el artículo 33 del citado reglamento, se requiere la afirmación por parte de las organizaciones solicitantes de que existe violencia sistémica contra las mujeres, y que ésta se traduce en delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad jurídica de la población femenina.

A decir de Cruz Sánchez, la violencia sistémica contra niñas y mujeres en el estado no puede ser cuestionada, toda vez que en menos de cuatro meses fueron asesinadas brutalmente 24 mujeres.

Sumado a ello, añadió la activista, no sólo existe un aumento en el número de asesinatos, sino también en la brutalidad con la que se cometen los crímenes.

La directora de Las Libres también destacó que dentro de las consideraciones que realice el SNPASEVM se deben investigar la omisión e inacción de las autoridades estatales para esclarecer  los crímenes.

Hasta el día en que se presentó la solicitud, según la información recopilada por la organización, sólo tres de los casos eran considerados como feminicidio; 15 de ellos, pese a que es evidente la brutalidad por razones de género, están siendo investigados como homicidio simple, y en seis casos aún no hay resultados sobre las investigaciones.

Lo anterior evidencia que las autoridades se niegan a reconocer la violencia extrema contra las mujeres, pese a que la legislación local contempla desde junio de 2011 el asesinato de mujeres como un delito autónomo (aunque no especifica que sea por razones de género), puntualizó Verónica Cruz.

Desde ayer, el Inmujeres cuenta con 30 días hábiles para convocar al SNPASEVM –integrado por dependencias federales y los institutos estatales de las Mujeres–, y votar sobre la realización de una investigación en Guanajuato.

Hasta ahora, ninguna solicitud de AVG ha prosperado y en ninguna entidad se ha procedido a una investigación sobre violencia feminicida.

La solicitud, además de lo ocurrido en 2009 para Guanajuato, ha sido negada para Oaxaca, Nuevo León, Estado de México y el viernes pasado para Hidalgo, ante lo que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha exigido que se modifique el Reglamento de la Ley General de Acceso, y se eliminen los obstáculos que impiden su procedencia.

La semana pasada, antes de que se negara la investigación para Hidalgo, las y los senadores aprobaron un punto de acuerdo para que la Secretaría de Gobernación y el Inmujeres informen sobre las razones para rechazar tales las solicitudes.

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