Por Emilio Godoy
MÉXICO, 23 abr (IPS) - Organizaciones sindicales de los tres países de América del Norte
preparan movilizaciones y acciones legales contra la filial mexicana de
la cadena estadounidense de tiendas Walmart, acusada de pagar sobornos y
violar derechos laborales.
Las medidas decididas por los sindicatos de comercio de Estados
Unidos, Canadá y México buscan que la empresa sea castigada por las
autoridades de este último país y que se le prohíba abrir más locales
en sitios considerados patrimonio artístico o natural.
"Lo que hace falta es actuar en México. Estamos un poco desfasados respecto del proceso en Estados Unidos", dijo Héctor de la Cueva, coordinador del no gubernamental Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. "Por eso vamos a explorar las vías para iniciar un proceso legal en contra de la empresa y luego valorar las instancias internacionales", añadió a IPS.
El escándalo alrededor de Walmart estalló el 21 de abril de 2012 cuando el diario The New York Times divulgó que esa firma había pagado 24 millones de dólares en sobornos en México entre 2002 y 2005 para facilitar la instalación de nuevas tiendas, una posible violación de la ley estadounidense contra Prácticas Corruptas en el Extranjero.
En su país de origen, la corporación transnacional es investigada desde diciembre de 2011 por el Departamento de Justicia y por la Comisión de Comercio y Valores, en un proceso que ya le ha costado a la compañía millones de dólares y cuya conclusión también será cuantiosa.
La empresa Walmart es la mayor empleadora privada en México, con más de 240.000 trabajadores, a quienes se les prohíbe formar sindicatos o reclamar la protección de sus derechos laborales so pena de ser despedidos. Casi 20 por ciento de las más de 10.000 tiendas que tiene en el mundo se ubican en este país.
"Estamos profundamente preocupados por este escándalo, conscientes de que Walmart ni siquiera ha aplicado su propio código de ética", indicó Eduardo Pérez de San Román, director regional para América de la UNI Global Union, con sede en la ciudad suiza de Nyon.
"Tenemos muchas dificultades para promover la libertad sindical y de negociación colectiva en la empresa", expuso a IPS este dirigente de la federación de sindicatos que representa a unos 20 millones de trabajadores de 1.000 organizaciones de 150 países, en sectores como el comercio, las finanzas, las telecomunicaciones y los servicios postales.
UNI Global Union, que ejecuta una campaña para denunciar las prácticas de Walmart y formó una red global en su contra, ya presentó una queja ante la Oficina Global de Ética de la cadena, por el incumplimiento de su propio código.
La investigación mexicana del pago de sobornos ha marchado con lentitud y casi no hay resultados pese a que ya ha pasado un año de la publicación original del escándalo. La extinta Secretaría (ministerio) de la Función Pública reveló el 21 de noviembre que las primeras pesquisas arrojaron que no hubo irregularidades susceptibles de sanción de parte de los altos ejecutivos de la empresa en este país.
"No debe permitírsele a Walmart dañar el patrimonio cultural ni los derechos laborales. Debe ser regulada por parte del Estado, o si no expulsada del país", clamó ante IPS el dirigente Luis Gálvez, del Sindicato de Trabajadores del estatal Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Gálvez participó en 2003 y 2004 en la fallida lucha popular contra la apertura de una tienda de la transnacional en un área aledaña a la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los sitios emblemáticos del país situado unos 50 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, en el estado de México.
Ese negocio es uno de los señalados de pagos anómalos para poder operar. En ese entonces, el gobernador de ese distrito era Enrique Peña Nieto, quien es el presidente de México desde el 1 de diciembre.
Historia muy diferente ocurrió en la localidad indígena de Cuetzalan, en el sureño estado de Puebla, donde la movilización fue fructífera, pues impidió en 2012 la construcción de una filial de la transnacional, alegando que constituía una amenaza para el trabajo local, la agricultura agroecológica y las costumbres de la zona.
Alentados por ese expediente, los activistas libran una batalla similar en las ciudades de Xalapa y Orizaba, ambas en el sudoriental estado de Veracruz, donde la compañía estadounidense pretende edificar dos tiendas. En el primer caso, está en riesgo un área verde y, en el segundo, un asilo construido en la década del 30 y considerado edifico artístico.
En ambos proyectos, organizaciones de la sociedad civil han pedido a las administraciones municipales que niguen el permiso de construcción y operación.
"La expansión de Walmart ha sido a costa de los derechos más elementales de los trabajadores, lo que les impide organizarse libremente. Las autoridades mexicanas lo han permitido y solapado. Si la Secretaría del Trabajo quisiera actuar, tiene todos los elementos para hacerlo", subrayó De la Cueva.
Para Gálvez, es necesario cerrar la tienda de Teotihuacán. "Representa un elemento más respecto a la razón de lo que defendíamos, de que esa tienda no debería estar en la zona arqueológica. Hay que eliminarla, porque es una ofensa a México", aseguró.
"Lo que hace falta es actuar en México. Estamos un poco desfasados respecto del proceso en Estados Unidos", dijo Héctor de la Cueva, coordinador del no gubernamental Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. "Por eso vamos a explorar las vías para iniciar un proceso legal en contra de la empresa y luego valorar las instancias internacionales", añadió a IPS.
El escándalo alrededor de Walmart estalló el 21 de abril de 2012 cuando el diario The New York Times divulgó que esa firma había pagado 24 millones de dólares en sobornos en México entre 2002 y 2005 para facilitar la instalación de nuevas tiendas, una posible violación de la ley estadounidense contra Prácticas Corruptas en el Extranjero.
En su país de origen, la corporación transnacional es investigada desde diciembre de 2011 por el Departamento de Justicia y por la Comisión de Comercio y Valores, en un proceso que ya le ha costado a la compañía millones de dólares y cuya conclusión también será cuantiosa.
La empresa Walmart es la mayor empleadora privada en México, con más de 240.000 trabajadores, a quienes se les prohíbe formar sindicatos o reclamar la protección de sus derechos laborales so pena de ser despedidos. Casi 20 por ciento de las más de 10.000 tiendas que tiene en el mundo se ubican en este país.
"Estamos profundamente preocupados por este escándalo, conscientes de que Walmart ni siquiera ha aplicado su propio código de ética", indicó Eduardo Pérez de San Román, director regional para América de la UNI Global Union, con sede en la ciudad suiza de Nyon.
"Tenemos muchas dificultades para promover la libertad sindical y de negociación colectiva en la empresa", expuso a IPS este dirigente de la federación de sindicatos que representa a unos 20 millones de trabajadores de 1.000 organizaciones de 150 países, en sectores como el comercio, las finanzas, las telecomunicaciones y los servicios postales.
UNI Global Union, que ejecuta una campaña para denunciar las prácticas de Walmart y formó una red global en su contra, ya presentó una queja ante la Oficina Global de Ética de la cadena, por el incumplimiento de su propio código.
La investigación mexicana del pago de sobornos ha marchado con lentitud y casi no hay resultados pese a que ya ha pasado un año de la publicación original del escándalo. La extinta Secretaría (ministerio) de la Función Pública reveló el 21 de noviembre que las primeras pesquisas arrojaron que no hubo irregularidades susceptibles de sanción de parte de los altos ejecutivos de la empresa en este país.
"No debe permitírsele a Walmart dañar el patrimonio cultural ni los derechos laborales. Debe ser regulada por parte del Estado, o si no expulsada del país", clamó ante IPS el dirigente Luis Gálvez, del Sindicato de Trabajadores del estatal Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Gálvez participó en 2003 y 2004 en la fallida lucha popular contra la apertura de una tienda de la transnacional en un área aledaña a la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los sitios emblemáticos del país situado unos 50 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, en el estado de México.
Ese negocio es uno de los señalados de pagos anómalos para poder operar. En ese entonces, el gobernador de ese distrito era Enrique Peña Nieto, quien es el presidente de México desde el 1 de diciembre.
Historia muy diferente ocurrió en la localidad indígena de Cuetzalan, en el sureño estado de Puebla, donde la movilización fue fructífera, pues impidió en 2012 la construcción de una filial de la transnacional, alegando que constituía una amenaza para el trabajo local, la agricultura agroecológica y las costumbres de la zona.
Alentados por ese expediente, los activistas libran una batalla similar en las ciudades de Xalapa y Orizaba, ambas en el sudoriental estado de Veracruz, donde la compañía estadounidense pretende edificar dos tiendas. En el primer caso, está en riesgo un área verde y, en el segundo, un asilo construido en la década del 30 y considerado edifico artístico.
En ambos proyectos, organizaciones de la sociedad civil han pedido a las administraciones municipales que niguen el permiso de construcción y operación.
"La expansión de Walmart ha sido a costa de los derechos más elementales de los trabajadores, lo que les impide organizarse libremente. Las autoridades mexicanas lo han permitido y solapado. Si la Secretaría del Trabajo quisiera actuar, tiene todos los elementos para hacerlo", subrayó De la Cueva.
Para Gálvez, es necesario cerrar la tienda de Teotihuacán. "Representa un elemento más respecto a la razón de lo que defendíamos, de que esa tienda no debería estar en la zona arqueológica. Hay que eliminarla, porque es una ofensa a México", aseguró.
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