No a la impunidad: cruzada de capacitación para los juzgadores

Escrito por Sara Lovera y Gloria Analco

Pachuca, México, mayo (SEMlac).- Para identificar avances y desafíos de la Convención de Belém do Pará hay que evaluar las prácticas judiciales en los Estados de América Latina y el Caribe que la han suscrito. En muchos países se siguen liberando feminicidas y es un imperativo hacer una cruzada de capacitación, sensibilización y educación para quienes integran las instituciones de justicia. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, Olga Sánchez Cordero, afirmó que "juzgar con perspectiva de género no es opcional, es una obligación" y explicó que, en ese poder, tal responsabilidad está legislada. Llamó a todos los poderes a adoptar las medidas de la Suprema Corte. En su intervención en el Foro Hemisférico Belém do Pará +20, bajo el tema "Prácticas promisorias desde el ámbito nacional: El sector de la justicia", la titular de la SCJN dijo que el Poder Judicial de México se ha echado a cuestas el compromiso de poner en ejercicio el "Protocolo para juzgar con perspectiva de género: haciendo realidad el derecho a la igualdad", publicado en agosto de 2013, para que quienes imparten justicia lo apliquen en términos de igualdad de género. En la misma mesa de trabajo del Foro Hemisférico, organizado en la capital del estado mexicano de Hidalgo, Flora Ascelrad, de la Oficina de la Mujer de la Suprema Corte de Justicia en Argentina, expresó que el poder judicial en su país es una estructura patriarcal que hoy se está reformando. "Somos más habitantes mujeres que varones, pero ¿dónde están las mujeres en la impartición de justicia?, se preguntó. A su vez, Xóchitl María Benedeck Rivera, directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, manifestó que en su país han implementado un protocolo para la fiscalía con perspectiva de género, pero ha encontrado mucha resistencia para su aplicación en el aparato judicial. En el panel, que tuvo como moderadora a la comisionada de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negret Marayta, la Ministra de la SCJN de México precisó que el protocolo del organismo judicial que representa surgió, entre otras razones, para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales contraídas por México. También para atender las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, algunas trascendentes y de obligada atención. Agregó que dicho protocolo ofrece una metodología de análisis que facilita la implementación de la perspectiva de género en la solución de un conflicto, que desde su publicación y traducción a varias lenguas originarias había sido descargado para consulta en más de 15.000 ocasiones. Sánchez Cordero dijo que, hasta el momento, se han recibido 17 sentencias en las que se evalúa la aplicación del protocolo y se advierte la implementación de la perspectiva de género, tanto en el cuerpo de la sentencia como por parte de las autoridades jurisdiccionales que intervinieron en los casos. Informó que el Protocolo para juzgar con perspectiva de género solo ha sido implementado, hasta la fecha, por siete entidades federativas, de las 32 de México, incluido el Distrito Federal, capital de la República; por lo que Hidalgo, estado donde tuvo lugar este foro, tendría que adoptarlo mediante su Tribunal Superior de Justicia. Por su parte, el poder judicial de Argentina ha guiado su marco normativo sobre la base de lo establecido por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), según precisó Ascelrad. Explicó que los juzgadores se enfrentan a una sobrecarga de trabajo, lo que ha hecho difícil que se pongan los "lentes de género"; de ahí, al igual que México, se hicieron protocolos en formatos pequeños con el contenido de los talleres para incorporar la perspectiva de género, además de que el material teórico se distribuyó en discos compactos, acompañado de ejercicios prácticos vinculados a la tarea judicial. El resultado de este proceso ha sido, dijo, que jueces y juezas comenzaron a enviar sentencias en las que aplicaban la perspectiva de género y se empezaron a crear oficinas en diferentes provincias para jerarquizar las cuestiones de género con casos de trata, violencia doméstica y todos los asuntos que tienen que ver la violencia hacia las mujeres. Flora Ascelrad señaló que "lenta, pero irreversiblemente, la perspectiva de género se va instalando en nuestras vidas". Benedeck Rivera, de El Salvador, habló de la práctica de la igualdad entre hombres y mujeres como un ejercicio que todavía no es aceptado en su país: hay resistencias, puesto que los hombres siguen viviendo su relación social desde la superioridad y las mujeres están en una situación de subordinación. Dijo que, a pesar de lo que establece la Convención Belem do Pará sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, este flagelo en El Salvador es múltiple, dependiendo de la edad, la etnia, el espacio o ámbito donde se desarrollan y se ha dejado de pensar que se trata únicamente de la violencia en las relaciones familiares: hoy es claro que se trata de violencia contra las mujeres. Agregó que el mandato de la Convención Interamericana creó las condiciones para que el Estado salvadoreño avance en la transformación, especialización y profesionalización de las instrucciones para la detección, prevención, protección, sanción y reparación del daño para las mujeres que enfrentan violencia, discriminación y/o desigualdad. Dijo que lo más imperativo en su país es avanzar en el combate a la impunidad y la violencia institucional, por lo que se han girado lineamientos a todos los gobiernos municipales para la elaboración de sus planes de prevención de la violencia contra las mujeres, así como de mapas municipales de prevención de violencia para identificar municipios de alto riesgo, zonas de mayor peligrosidad y lugares seguros para las mujeres.